Jorge Zepeda Patterson
Calderón incurrió en un grave riesgo al colocar a Camilo Mouriño en la Secretaría de Gobernación. Y agravó su error al pedirle que coordinara los esfuerzos para conducir las negociaciones que sacarían adelante a la reforma energética.
Como es sabido, hace unos días Andrés Manuel López Obrador presentó copias de convenios de Pemex y Transportes Especializados firmados por Iván como apoderado de la empresa Ivancar: el 20 de diciembre de 2002, el 1 de septiembre de 2003 y el 29 de diciembre de 2003. En esas fechas fungía como asesor del entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, y se había desempeñado como presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados en la Legislatura 57 (años 2000-2003). Poco después de la firma de esos convenios, Mouriño fue designado subsecretario en la Sener.
Los convenios amparan la prestación de servicios por entre 3 y 8 millones de pesos (cada uno) en beneficio de la empresa de Mouriño y sus familiares, y López Obrador asegura que fueron entregados por adjudicación directa, sin licitaciones o concursos.
Al margen de lo que arroje la investigación sobre estos hechos, es evidente que Mouriño cometió una enorme imprudencia, por decir lo menos. Habrá quienes descalifiquen estas acusaciones por venir de López Obrador, un rival político. Pero tampoco se podrá confiar gran cosa en las averiguaciones de la Secretaría de la Función Pública, dependencia que forma parte del gabinete que Mouriño mismo coordina. Cuesta trabajo creer en la imparcialidad de una investigación contra el “jefe”.
El secretario de Gobernación se ha defendido de estas acusaciones asegurando que la relación entre su familia y Pemex se remonta a más de 20 años, y que el primer convenio se firmó cuando él tenía 14 años. Afirma también que desde 2003 está totalmente desvinculado de los negocios familiares (un consorcio con poco más de 80 empresas). Seguramente es así, pero eso no explica por qué andaba firmando en 2002 y 2003 documentos que lo convertían en juez y parte.
A pesar de la improbabilidad de que el asunto llegue a tribunales, en términos políticos queda bastante mal parado el delfín del Presidente. La presentación de los convenios firmados por Mouriño, hacen de éste un mal negociador de una reforma que se supone no está diseñada para favorecer a la iniciativa privada. El gobierno ha gastado fortunas para convencer a la opinión pública de que la entrada de capital privado bajo distintas modalidades, no entraña la privatización, ni supone entregar en manos del empresariado un recurso natural que pertenece a los mexicanos. Por lo mismo, resulta absurdo hacer “visible” en esta negociación a Mouriño, cuya familia ha hecho fortuna como concesionaria de gasolineras en el sureste y como prestadores de servicios de transporte en Pemex.
La participación del hispano mexicano en la reforma seguramente también generará suspicacias por lo que respecta a las empresas extranjeras. López Obrador también acusó a la empresa española Repsol de haberse quedado con un contrato por 16 mil millones de dólares para vender a Pemex gas peruano, gracias a la intervención de Mouriño, quien habría “llevado tajada”, según El Peje. Aun cuando esta última acusación tiene más probabilidades de ser una baladronada, lo de Repsol y el origen gallego del secretario de Gobernación dañará políticamente a Calderón. En la misma nota se aseguraba que el gobierno “le construiría” gratis a Repsol un puerto para el desembarque de gas peruano y que el convenio convertiría a la empresa española en la mayor distribuidora de este combustible en el país. Desde luego se trata de un asunto delicado y seguramente el gobierno revisó los pros y los contras financieros, pero haber involucrado a Mouriño es, a todas luces, un equívoco mayúsculo.
El gobierno de Calderón necesita prácticamente de todos los votos de los diputados priístas para alcanzar los dos tercios que requieren las modificaciones a la Constitución que exige una reforma energética de fondo. Los panistas tienen 204 de un total de 500; necesitan 331. Si bien es cierto que la descalificación de Mouriño proviene esencialmente de los militantes del PRD, hay muchos priístas para quienes resultará difícil votar en contra de los “principios nacionalistas” que han defendido durante tanto tiempo. A tales priístas les resultará más complicado votar por la reforma que impulsa un empresario de origen español.
Cuando Camilo Mouriño fue designado secretario de Gobernación, hace algunas semanas, expresé en este espacio mi percepción de que se trataba de una maniobra muy arriesgada. Desde hace varios sexenios los presidentes mexicanos colocan en “Bucareli” a un político respetado, pero no a un miembro de su círculo de confianza y nunca a su brazo derecho. De esa forma, el secretario de Gobernación puede cumplir funciones de “fusible” para soportar las tensiones políticas y hacer el trabajo sucio frente a la opinión pública, mientras la verdadera política se hace en Los Pinos. De allí la fuerza que llegaron a tener Emilio Gamboa, Córdoba Montoya, Liébano Sáenz y Ramón Muñoz-Marta Sahagún, quienes desde la residencia oficial ejercieron un poder mayor que los secretarios de Gobernación en los sexenios de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, respectivamente.
Los presidentes priístas hace mucho tiempo decidieron que no convenía colocar en Gobernación a un futuro candidato a la Presidencia, porque ello deterioraba su capacidad como mediador entre las fuerzas políticas del país (la oposición no querría otorgar triunfos políticos a un seguro rival en las siguientes elecciones). Pero Felipe Calderón hizo a un lado tales prudencias. En el pecado puede llevar la penitencia.
Al colocar a su hombre de confianza en la primera línea de fuego, el Presidente opera sin red de protección. Hubo un exceso de confianza al convertirlo en el ariete de la reforma energética. Lejos de sumar, Mouriño terminó restándole posibilidades al proyecto y permitió a López Obrador volver a “posicionarse” en la escena política nacional. Un error impensable en un hombre del oficio político de Calderón. Sin duda, el poder prohíja la soberbia.
Jacobo Zabludovsky
03 de marzo de 2008
Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, no sólo debe ser honrado, debe parecerlo, y mientras se demuestra o no su culpa, ha perdido la apariencia de funcionario inmaculado.
Mouriño era coordinador general de Asesoría y Enlace Institucional en la Secretaría de Energía cuando, el 29 de diciembre de 2003, firmó un contrato de transporte de derivados del petróleo con duración hasta el 31 de diciembre de 2004. El 20 de diciembre de 2002 era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados cuando firmó su primer negocio con Pemex.
Además de posible tráfico de influencias, hay un evidente conflicto de intereses. Andrés Manuel López Obrador exhibió los documentos que había ofrecido en la entrevista que le hice por radio, algunos de cuyos fragmentos presenté en Bucareli de hace tres semanas.
A la publicación de los contratos millonarios y el consecuente escándalo, el secretario de Gobernación respondió a botepronto, cometiendo un error táctico tanto en la precipitación como en el contenido y el estilo de su respuesta. Apenas había concluido la reunión de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, en San José del Cabo, Baja California, cuando, sin afeitarse, sin corbata y con cierto aire de enfado y descontrol, se presentó ante los periodistas para hacer un poco de historia familiar pintoresca pero inútil ante el hecho del que se le acusa. López Obrador había dicho: ”Lo único que tiene que aclarar es si hubo o no conflicto de intereses, porque todos los contratos, de pura casualidad, se entregaron sin mediar una licitación” como lo ordena la ley. Mouriño se quejó de que es “mezquino” que lo acusen de beneficiarse de la política, “inmoral y doloso” culparlo de obtener beneficios gracias a sus puestos oficiales. “No perderé el tiempo debatiendo públicamente con mis detractores”, dijo Mouriño al perder el tiempo debatiendo públicamente con sus detractores. “Es por ello que pondré a disposición de las autoridades competentes toda información que se me requiera. Yo soy el principal interesado en que se aclare esta acusación dolosa”. Por entrar al servicio público dijo Mouriño el jueves: “El precio que pagué no fue menor. Le he arrebatado tiempo a mi familia, renuncié a las acciones de 80 empresas y dejé muchas de las comodidades que tienen los que viven en el interior del país”. Tendrá que usar argumentos más sólidos.
Mientras el secretario de Gobernación sirve en charola de plata la polémica llevándola a las primeras planas de los diarios y hasta a las mínimas y tímidas menciones de televisión y radio, los coordinadores del Frente Amplio Progresista en las dos cámaras preparan una denuncia penal por tráfico de influencias. Es inevitable la investigación a fondo por la presunción de un posible delito. A López Obrador le ha caído maná del cielo. Dijo en Nayarit el jueves pasado: “Estamos haciendo la denuncia de que Juan Camilo Mouriño con su jefe el pelele y con el director de la CFE están metidos en negocios. Que el secretario de Gobernación diga si firmó contratos que beneficiaron a su familia cuando fue presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, subsecretario de Energía y asesor de Calderón. Hoy dice que no. Lo único que pedimos es que haga una declaración de cuándo firmó los contratos, que responda que no tiene nada que ver. Pero quién sabe quién le va a creer, yo ando buscando un tonto que se lo crea”.
El daño puede ser mayor pero el ya recibido mengua la fuerza y por tanto la capacidad operativa indispensable en un secretario de Gobernación. Quien dirige la política interior del país, a la fuerza derivada de su nombramiento, debe agregar el aval de su propia conducta. Juan Camilo Mouriño está lastimado, perdió facultades con la publicación de los contratos, y después al mostrar que el colmillo crece con la experiencia de la que él carece. Su autodefensa la tarde de la denuncia de sus negocios provoca entre muchos mexicanos cierta duda sobre su madurez profesional como político. Y si eso es cuando toma la tribuna para rechazar ataques que pueden poner fin a su vida pública, es lógico dudar sobre el desempeño de su función, crucial, en los grandes problemas a los que se enfrenta México.
La ley de medios. Frente al desafío de los consorcios electrónicos que apuestan al tortuguismo para seguir en lo suyo y en lo de los demás, un grupo de senadores impulsa el proceso legislativo con el fin de llegar a conclusiones cuanto antes. Santiago Creel, quien encabeza al grupo del PAN en la Cámara Alta, destaca en esta labor convencido de que “el proceso de transición democrática que vive el país pasa necesariamente por el reordenamiento de las leyes en materia de telecomunicaciones, radio y televisión”. Manlio Fabio Beltrones, del PRI, presidente de la junta de coordinación política de los senadores, admite “un interés especial, por no decir prisa, en llegar a conclusiones en esta legislación”. Si la política es un juego de fuerzas, en éste participan las más influyentes y es necesaria la mano de un secretario de Gobernación recio y hábil para conducirlo. Mouriño se ha vuelto vulnerable.
El Estado laico. La Iglesia ha iniciado una ofensiva a fondo para intervenir en la educación pública y privada, en el uso y concesión de los medios electrónicos, en las manifestaciones de culto externo. En lo que es de Dios, que ya lo tienen, y en lo que es del César que lo quieren tener. Demasiado peso para los hombros de un secretario debilitado.
La riqueza petrolera. Ávidos negociantes se lanzan con todo para quedarse con todo. No parece Mouriño, miembro de una empresa que vende servicios a Pemex, el más indicado para defender lo que muchos consideramos patrimonio que los mexicanos no debemos enajenar.
A esto agregue la militancia del hombre que encarna la oposición y que es feliz nadando contra la corriente como los salmones. Como los pejelagartos.
Y la pelea apenas empieza.
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