DEL PROCESO.

Teletón pibil
jenaro villamil

México, D.F., 4 de marzo (apro).- A partir de esta semana, el programa matutino de Canal 2, Hoy, inició transmisiones en territorio yucateco, en una clara retribución mediática a la “generosidad” de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco. Esta joven funcionaria priista comprometió 340 millones de pesos del erario estatal para construir un “Centro Teletón” y hasta entregó 95 millones de pesos en efectivo y por adelantado a la fundación estrechamente vinculada a Televisa.

Sería ingenuo defender esta estrategia como parte del compromiso filantrópico de ambas partes. Existen bastantes evidencias para saber que en Televisa nada es gratis y menos ahora que el consorcio mediático busca nuevas estrategias para darle la vuelta a la reforma electoral que prohíbe la promoción de los políticos a través de spots financiados con recursos públicos.

El compromiso de Ivonne Ortega, gobernadora de la nueva generación de políticos que buscan rating a toda costa, es similar al que inauguró su socio y padrino político, el mexiquense Enrique Peña Nieto: buscar a través de “empresas pantalla” una manera de comprar tiempo-aire en Televisa para garantizar apoyo mediático y publicidad del monopolio televisivo.

Por supuesto, ni Ivonne Ortega ni Peña Nieto son los únicos que con dinero público compran tiempo-aire de promoción política de manera opaca y sin transparentar los convenios y facturas que derivan de ellos. El gobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez, o el coahuilense Humberto Moreira, tan proclive al telenarcicismo, o el propio jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, pertenecen a esta generación de políticos que ante la ausencia del “dedazo” buscan imponerse a partir del rating comprado. Otro grupo de gobernadores como el precioso Mario Marín, de Puebla, o el impugnado oaxaqueño Ulises Ruiz han destinado cuantiosos recursos para comprar los favores informativos de medios impresos y electrónicos para que los expedientes negros que los involucran desaparezcan de la agenda noticiosa.

Lo novedoso y escandaloso de la ruta inaugurada por la gobernadora Ortega Pachecho radica en la opacidad de la estrategia, en la hipocresía filantrópica que encubre los intereses políticos y en el mecanismo perverso que ha encontrado Televisa para exentar impuestos con sombrero ajeno.

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Mouriño, bajo escrutinio público
jesusa cervantes México, D.F., 4 de marzo (apro).-

El aún secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se encuentra hoy bajo el escrutinio público después que la revista Contralínea, en un trabajo de Ana Lilia Pérez, revelara la existencia de al menos ocho contratos pactados entre la empresa de la familia Mouriño, Transportes Especializados IvanCar SA, y la subsidiaria Pemex-Refinación.

Por tratarse de un tema de interés general, Apro presenta los dos últimos convenios --más uno modificatorio--, en que aparece nítidamente la firma de Mouriño Terrazo como apoderado legal de la empresa, también identificada por sus siglas, TEISA.

Una semana después que Contralínea diera a conocer la existencia de esos contratos, el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador --durante un mitin en contra de la privatización de Petróleos Mexicanos efectuado el 24 de febrero frente a la Torre de Pemex-- entregó al coordinador del PRD en Cámara de Diputados, Javier González Garza, un legajo de documentos en que, según su opinión, se sustenta un probable tráfico de influencias en el que habría incurrido el hoy secretario de Gobernación, y en cómo su empresa familiar se ha visto beneficiada desde el poder.

Los ocho contratos, que involucran unos cien millones de pesos, definen las condiciones del servicio que entrega TEISA a Pemex-Refinación; también se exhibe la decisión del Consejo de Administración de Pemex-Refinación, subsidiaria encabezada en ese entonces por el hoy senador panista Juan Bueno Torio, y se deja ver claramente que todas las operaciones se manejaron como “adjudicaciones directas” a la empresa de Camilo Mouriño.

Tan sólo en estos dos últimos contratos que presenta Apro, junto con un convenio modificatorio que no es otra cosa que una ampliación a uno de los convenios, se puede apreciar que Mouriño Terrazo firmó como apoderado de la empresa de su familia cuando aún fungía como diputado federal del PAN y presidente de la Comisión de Energía; y en otro más cuando ya se desempeñaba como asesor del entonces secretario de Energía, el actual presidente Felipe Calderón.

En el primer convenio de prestación de servicio, el GTT-00142-01/2003, firmado el 20 de diciembre de 2002, se establece que el monto involucrado será por un mínimo de 3 millones 320 mil pesos y hasta 8 millones 300 mil, y ampara “el servicio de transporte terrestre de productos derivados del petróleo mediante autotanques desde los centros de carga localizados en el país y con destino a los centros receptores y por la ruta o rutas que Pemex-Refinación indique”.Leer más...