En concreto
Este año se conmemoran ya cuatro décadas del movimiento estudiantil de 1968. Sin duda un parteaguas en la lucha por la democracia en nuestro país. Tristemente, a pesar de reconocer su importancia en la historia reciente de México, lejos de avanzar existe en nuestro país un peligroso retroceso a causa del autoritarismo de Felipe Calderón y su partido.
Hay que reconocer que en el 68 los estudiantes no luchaban por reivindicaciones exclusivas de su condición, pues su pliego petitorio exigía la libertad de los presos políticos, entre los que destacaban Demetrio Vallejo y Valentín Campa, así como la eliminación del artículo 145 del Código Penal, relativo al delito de disolución social, el cual finalmente fue suprimido.
No obstante, si esto representó un avance, resultado de esa lucha, con las reformas aprobadas por el Congreso, el pasado diciembre, existe un fuerte retroceso al anular las garantías individuales consagradas en la Constitución y por ende los derechos humanos. Tal es el caso de dejar a criterio de la policía el ingreso a cualquier domicilio sin orden judicial, cuando se sospeche que existe riesgo inminente a la vida o a la integridad de las personas.
En estos días miles de voces se alzaron a favor de otra garantía fundamental para los ciudadanos: la libertad de expresión.
En México, la derecha ha tomado también los pocos espacios de comunicación confiables para acallar la verdad y coartar las libertades sociales. Lamentablemente, nuestro país es de los contados en el mundo en que es una penosa realidad aquello de que los medios son el cuarto poder.
La salida de Carmen Aristegui es parte de ese plan del gobierno espurio para cerrar toda posibilidad a la libertad de expresión e imponer la visión única, intolerante y autoritaria que caracteriza a la derecha. Se diga lo que se diga, no hay justificación de haberle apagado el micrófono. Su única “falta” fue seguir los principios de la comunicación: imparcialidad y objetividad. Siempre cuidó el equilibrio dándoles voz a todos los actores y evitó contaminarla con juicios o líneas editoriales con otros intereses. El seguimiento al fraude de 2006, el asesinato de Ernestina Ascencio, la presunta complicidad del cardenal Rivera con pederastas, marcaron la agenda nacional y originaron la molestia de la derecha.
Pero con esta decisión reprobable también se viola la garantía individual que tenemos de escuchar a Carmen Aristegui. En otras palabras, también se nos arrebató el derecho a informarnos como nosotros lo decidamos. Nos quieren obligar a escuchar, ver y leer lo que ellos quieren. No debemos permitirlo.
Este año se conmemoran ya cuatro décadas del movimiento estudiantil de 1968. Sin duda un parteaguas en la lucha por la democracia en nuestro país. Tristemente, a pesar de reconocer su importancia en la historia reciente de México, lejos de avanzar existe en nuestro país un peligroso retroceso a causa del autoritarismo de Felipe Calderón y su partido.
Hay que reconocer que en el 68 los estudiantes no luchaban por reivindicaciones exclusivas de su condición, pues su pliego petitorio exigía la libertad de los presos políticos, entre los que destacaban Demetrio Vallejo y Valentín Campa, así como la eliminación del artículo 145 del Código Penal, relativo al delito de disolución social, el cual finalmente fue suprimido.
No obstante, si esto representó un avance, resultado de esa lucha, con las reformas aprobadas por el Congreso, el pasado diciembre, existe un fuerte retroceso al anular las garantías individuales consagradas en la Constitución y por ende los derechos humanos. Tal es el caso de dejar a criterio de la policía el ingreso a cualquier domicilio sin orden judicial, cuando se sospeche que existe riesgo inminente a la vida o a la integridad de las personas.
En estos días miles de voces se alzaron a favor de otra garantía fundamental para los ciudadanos: la libertad de expresión.
En México, la derecha ha tomado también los pocos espacios de comunicación confiables para acallar la verdad y coartar las libertades sociales. Lamentablemente, nuestro país es de los contados en el mundo en que es una penosa realidad aquello de que los medios son el cuarto poder.
La salida de Carmen Aristegui es parte de ese plan del gobierno espurio para cerrar toda posibilidad a la libertad de expresión e imponer la visión única, intolerante y autoritaria que caracteriza a la derecha. Se diga lo que se diga, no hay justificación de haberle apagado el micrófono. Su única “falta” fue seguir los principios de la comunicación: imparcialidad y objetividad. Siempre cuidó el equilibrio dándoles voz a todos los actores y evitó contaminarla con juicios o líneas editoriales con otros intereses. El seguimiento al fraude de 2006, el asesinato de Ernestina Ascencio, la presunta complicidad del cardenal Rivera con pederastas, marcaron la agenda nacional y originaron la molestia de la derecha.
Pero con esta decisión reprobable también se viola la garantía individual que tenemos de escuchar a Carmen Aristegui. En otras palabras, también se nos arrebató el derecho a informarnos como nosotros lo decidamos. Nos quieren obligar a escuchar, ver y leer lo que ellos quieren. No debemos permitirlo.
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