Asonada empresarial contra el Senado
Como si no hubiera sido bastante y excesivo el rosario de chantajes y distorsiones exhibidos el martes en cadena nacional, los propietarios de los grandes consorcios de medios electrónicos abusaron ayer nuevamente de las concesiones del espectro radioeléctrico que detentan y exigieron, una vez más en transmisión encadenada, que el Senado de la República no aprobara el proyecto de reforma electoral al que llegó por consenso. Los concesionarios televisivos y radiales, respaldados en esta ocasión por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), esgrimieron la libertad de expresión para realizar una defensa altisonante y mentirosa de sus negocios; una vez más, los representantes históricos de la censura, la desinformación y la exclusión se ostentaron como demócratas y pluralistas.
Para ponderar el grado de incongruencia del discurso empresarial, basta con recuperar las palabras del titular del CCE, Armando Paredes Arroyo, quien llamó a defender “avances que tanto costó construir como la libertad de expresión”, declaración que sería risible si no fuera grotesca, habida cuenta de que los avances a los que hace referencia se han conseguido a contrapelo de intereses políticos, económicos y corporativos como los que representa el CCE. En ese sentido, también es deplorable que Ismael Plascencia Núñez, presidente de la Concamin, afirme que el Poder Legislativo “está tomando al país en rehén”, toda vez que son los concesionarios televisivos y parte de los radiales quienes, por décadas, han mantenido secuestrada a la libre expresión y han cancelado sistemáticamente el derecho a la información de los ciudadanos.
Pero, más allá de los argumentos falaces que presentaron, los dueños del dinero dieron ayer un paso más en su afán por subvertir el orden institucional del país: reiteraron su rechazo a la remoción de Luis Carlos Ugalde y el resto de los consejeros electorales, condición fundamental para la limpia del Instituto Federal Electoral (IFE), y llamaron a poner en manos de ese organismo desprestigiado e insostenible la realización de un “referéndum por la libertad”, con el argumento inverosímil de poner al tanto a la sociedad de las modificaciones constitucionales que contempla la reforma electoral en ciernes, pero con la intención de fondo de echar abajo cambios legales que les significan la pérdida del jugosísimo negocio de la propaganda electoral.
La exigencia de esa consulta pública sin sustento legal alguno es, en los hechos, la convocatoria a una asonada contra la soberanía del Poder Legislativo. Para colmo, la campaña empresarial de desprestigio, presión y desconocimiento de las facultades y atribuciones del Senado se lleva cabo mediante el empleo indebido y faccioso de la banda de radiofrecuencias que, cabe recordarlo, es un bien del dominio público. Es intolerable que los concesionarios utilicen una extensión del territorio nacional como lo es el espacio radioeléctrico para llamar a la alteración del orden institucional y a pasar por encima de las vías estipuladas en la legislación mexicana para impugnar los actos de la autoridad.
Cuando en diciembre de 2002 los propietarios de Tv Azteca se apoderaron por la fuerza, al margen de las disposiciones judiciales, y con el auxilio de pistoleros a sueldo, de un transmisor del Canal 40 ubicado en el cerro del Chiquihuite, el gobierno de Vicente Fox no sólo toleró tal situación de facto, sino que además eludió toda responsabilidad de su parte para resolverla. Cabe esperar que la actual administración no retome ahora aquel célebre y exasperante “¿Y yo, por qué?” pronunciado por el ex mandatario cuando se le preguntó si intervendría para corregir la arbitrariedad.
En otros términos, resulta inadmisible el silencio y la inacción del Ejecutivo federal frente a las intentonas empresariales contra el Senado de la República. En la circunstancia actual cabe esperar que los tres poderes de la Unión defiendan la legalidad y el orden institucional. Es el momento adecuado para demostrar de manera fehaciente que la institucionalidad política no ha sido comprada, ni sometida, ni secuestrada, por el poder del dinero.
López y Morales piden abocarse al presupuesto 2008
Legalmente, el instituto no puede organizar esa consulta
El Instituto Federal Electoral (IFE) no puede organizar ningún referéndum sobre la reforma electoral, “sencillamente porque la instrumentación de esta figura, constitucionalmente no existe a escala federal” y porque el organismo sólo está facultado para realizar lo que las leyes expresamente le confieren, sostuvo la consejera Lourdes López, quien descartó cualquier participación del instituto en el denominado “referéndum por la libertad” que impulsa la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) para confrontar los cambios constitucionales que se debaten en el Senado.
Entrevistada sobre la viabilidad de la propuesta de la CIRT, López dijo que no existe posibilidad alguna de que se involucre el IFE, ni siquiera mediante el esquema de un convenio con el organismo empresarial. Insistió en que la autoridad electoral sólo puede hacer lo que expresamente señala la ley y nada más.
Precisó que a escala federal esta figura no procede, aunque en varias legislaciones locales las autoridades electorales están facultadas para organizar esquemas como el referéndum o el plebiscito.
Lourdes López manifestó que no se trata de desdeñar la figura de participación ciudadana, simple y sencillamente es jurídicamente inviable. Explicó que en el artículo 41 de la Constitución, donde se habla de la naturaleza del IFE, y en el 68 y el 69 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no existe referencia alguna acerca de organizar consultas o referéndums.Leer más...
La mediocracia también llora
La industria del entretenimiento montó este martes uno de sus más ambiciosos espectáculos en años. Los usufructuarios de concesiones radioeléctricas y algunos de los más destacados personajes de su segmento informativo protagonizaron, el pasado 11 de septiembre, un verdadero reality show en cadena nacional. En él, asumieron el papel de voceros públicos del interés nacional y de adalides de la libertad de expresión, amenazados, según ellos, por la reforma electoral promovida por el Poder Legislativo.
El enfrentamiento entre la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) y el Senado anuncia un nuevo capítulo de la teleguerra sucia. Las lágrimas de cocodrilo que la mediocracia ha derramado lamentando las modificaciones a la Constitución que impiden a los partidos políticos contratar tiempos pagados en medios, y prohíbe a las personas públicas y privadas contratar mensajes en radio y televisión, es el prolegómeno de un ajuste de cuentas mucho más grande con la clase política.
El pleito entre conductores, concesionarios y legisladores en cadena nacional es, por principio de cuentas, una disputa por una parte de la renta. En los pasados comicios, los partidos destinaron casi 70 por ciento de los millonarios recursos que recibieron como prerrogativas por parte del Estado para financiar sus campañas, a la contratación de espacios en radio y televisión.
Pero, el pulso entre un poder fáctico y el Congreso de la Unión va más allá de una mera cuestión monetaria. La cruzada de los señores de los medios contra la partidocracia es, también y simultáneamente, una representación de la crisis y una muestra más de la crisis de representación que vivimos.Leer más...
Devuélvanlos, y ya
Hace cosa de un mes el gobierno de la República fue advertido por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) de que los sabotajes a instalaciones estratégicas continuarían si no son presentados con vida y liberados los activistas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Los órganos de inteligencia del gobierno federal, por lo visto, desestimaron esta advertencia y, peor aún, no tienen idea del significado del EPR ni de su potencial estratégico.
En la madrugada del 10 de septiembre fueron destruidos varios puntos de los ductos de Petróleos Mexicanos, ahora en Tlaxcala y en Veracruz, afectando a cientos de empresas (y sus trabajadores) en alrededor de diez estados. En tanto, el gobierno no ha dicho nada útil y atendible sobre los dirigentes reclamados por el EPR, supuestamente en manos militares que operaban en Oaxaca (donde fueron detenidos en calidad de civiles). Tampoco ha insinuado algún tipo de negociación con el grupo guerrillero sabiendo que es humanamente imposible vigilar más de 50 mil kilómetros de oleoductos y gasoductos en la república, por lo tanto, prevenir otros daños similares que pueda ocasionar esta u otra organización armada y clandestina.
Hasta ahora los sabotajes emprendidos por el EPR han respetado vidas humanas, diferenciándose de este modo de las organizaciones terroristas que han actuado y actúan en otros países. No sabemos qué pueda ocurrir en el futuro, pero sí que mientras el grupo guerrillero no había sido tocado no hubo acciones que afectaran la economía del país y que pusieran en evidencia la ineficacia del gobierno en este rubro. Ahora sí, y ésta es un arma de dos filos.Leer más...
La reforma electoral o la arrogancia mediática
La reforma electoral, cuyos términos fueron discutidos y aprobados en lo esencial por el Senado, luego de varias semanas de tormentosos debates extraparlamentarios, es la modificación más profunda introducida desde la famosa “reforma definitiva” de 1996. Queda pendiente un trecho del análisis legislativo, pero a estas alturas puede decirse que el dictamen aprobado arroja un saldo positivo en términos generales, pues ha tocado algunos de los temas espinosos que estaban pendientes, sobre todo los relativos al financiamiento de las campañas políticas y el uso electoral de los medios electrónicos de comunicación, cuestión clave si las hay. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido hace 11 años, cuando la voluntad reformadora de los partidos fue reconocida y saludada por la mayoría de los actores sociales e intelectuales como un avance, ahora, en cambio, la modificación constitucional se realiza en medio del escándalo y las acusaciones en contra de la llamada “partidocracia”, a la que se ubica como única beneficiaria del proceso de ajuste legal en curso, peligrosa falacia destinada a contaminar el ya de por sí envenenado ambiente nacional. Y es que, en rigor, tampoco se trata de ejecer la crítica necesaria a la actuación de éste o aquel partido, cuyas debilidades nadie cuestiona, sino de algo más grave y significativo: otra vez resurge en México la desafiante tendencia a imaginar el funcionamiento institucional sin mediaciones, como resultado de la hegemonía de los intereses particulares sobre el conjunto de la sociedad.
La recuperación que hizo el Congreso de sus atribuciones constitucionales, usurpadas bajo el viejo presidencialismo, es vista, a la inversa, como un retroceso “parlamentarista” y no como un imperativo de la reforma del Estado exigible hoy, actualizada por la amarga experiencia de la sucesión de 2006 y el desastre foxista, cuyas lecciones algunos no se atreven a extraer sin ocultar cierta nostalgia por el pasado. Se ha llegado al extremo de asegurar, como escribe el politólogo Luis F. Aguilar (Reforma, 12/09/07) que “la democracia sepultó el presidencialismo y engendró la partidocracia que es la dueña de las Cámaras que son las dueñas de la política nacional (...) Los legisladores de ahora, como la Presidencia de antaño, se han vuelto socialmente independientes, intocables, autónomos. Sin embargo, han comenzado ya a escuchar pasos en la azotea (sic en clara alusión a la campaña mediática en curso inaugurada contra la “remoción” del Consejo General del IFE). Septiembre puede comenzar a ser el principio del fin de la soberanía de las Cámaras”.
Ideas semejantes surgieron durante el debate sostenido el martes por los voceros de la industria de la radio con los senadores. A la propuesta de usar los tiempos oficiales en la campañas, en vez de gastar ingentes sumas para ello, algún asesor refirió que era como un “mecanismo de la era soviética para mantener el status quo de los grandes partidos”. La imprecisión como norma, la desconfianza como única fuente de credibilidad: la palabra “expropiación” se pronuncia con la boca llena, conjurando a los fantasmas del pasado. Acaso por ello el locutor Pedro Ferriz de Con fabricó la frase del día al señalar: “Estamos absolutamente en sus manos, somos de ustedes, ésta es una concesión del país y el país es suyo”. Nada que agregar a tamaña arrogancia. En una mentalidad donde solo cabe ser “dueño” o vasallo es imposible vislumbrar el “interés público”, aun cuando el tema sean las concesiones de un bien de la nación o el permiso del Estado para utilizarlo.Leer más...
Navegaciones
Impecable y diamantina
La patria de cada uno
El salario de Felipe
Como se acerca el 15 de septiembre me pregunté “¿qué es la patria?”, y mi compatriota Aura Perroni se ofreció para repetir la pregunta a gente diversa. He aquí algunas de las respuestas por ella recabadas.
Paradójicamente, la patria es “varios motivos para el exilio; un espacio al que se pertenece, en el que adquieres cultura, idioma e idiosincrasia; el sitio, la circunstancia, el contexto con el que se escribe la Historia; el mejor pretexto para obtener poder y hacer la guerra”, señala Ana Romeu.
“Patria es una cantina que estaba en el centro de la ciudad de México por los sesentas. Ahí se reunía la clase política mexicana. Servían una bebida muy famosa por sus efectos secundarios, entre ellos: daba identidad de grupo, motivaba hazañas heroicas (aunque no tenían ningún sentido), engrandecía los ánimos territoriales. De ahí salió una frase conocida, ‘La patria es primero’, grito de guerra que vociferaba la clase política para reducir las garantías individuales. La patria se ha convertido en mucho menos de lo que debería ser. Claro que me refiero a la cantina, aquella de los años sesenta, hoy una triste lonchería,” reseña Miguel Ángel Sánchez. Griselda Ramos, por su parte, dice: “Mi patria y mi guitarra las llevo en mí, como dijo Serrat, y se acabó”.Leer más...
México SA
Golpeadores y chantajistas
¿Apelarán los barones de los medios al veto presidencial?
Cruzados engañabobos
Los barones de los medios electrónicos y sus sonrosados jilgueros no lograron mayor cosa al enseñar el músculo en su reciente encuentro con los senadores, salvo exhibirse como lo que son, un ambicioso grupúsculo golpeador y chantajista. Por ello, se vieron en la penosa necesidad de ampliar públicamente el grupo. Ya en sus instalaciones, las de la CIRT, ayer insistieron en el tema, pero ahora con el decidido apoyo de otros organismos privados como los consejos Mexicano de Hombres de Negocios y Coordinador Empresarial (que en 2006 descaradamente violó la ley electoral, encabezó y financió la campaña negra del año pasado y recibió la bendición del IFE y Luis Carlos Ugalde, hoy con el aviso de ocasión bajo el hombro).
La CIRT no forma parte del CCE; mucho menos del selecto CMHN, pero ambos públicamente se sumaron a la “lucha por la libertad de expresión”, medida ésta en presupuesto para campañas electorales. Tal vez lo hicieron porque algunos de sus integrantes forman parte de los consejos de administración del duopolio y el oligopolio (por ejemplo, el inefable Claudio X. González Laporte, presidente en turno de esos “hombres de negocios”, quien aparece en Televisa). A la vez, los grandes medios electrónicos de la CIRT son parte activa del Consejo de la Comunicación (Televisa, Tv Azteca, Grupo Radio Fórmula, Grupo Radio Centro, Grupo Acir y, desde luego, Televisa Radio), también en “lucha”, una de las entidades de los barones creada para practicar lo que muy bien saben hacer: golpear, presionar y chantajear (recuérdese el proceso electoral de 2006).
Por lo expuesto ayer en dicha reunión, los barones de los medios electrónicos no quitarán el dedo del renglón, porque si bien el Senado aprobó la parte que les duele de la reforma electoral (los dineros públicos que no ingresarán a sus alforjas), el proceso es largo e incluye el tour por los Congresos estatales y un eventual veto de Los Pinos, en plena temporada de maíz. En resumidas cuentas, siguen utilizando las concesiones públicas otorgadas para defender sus intereses privados.
En vía de mientras, algunos comentarios de la siempre generosa lectoría sobre el mismo tema: “la cúpula de la CIRT lanzó varios desplegados para oponerse a las propuestas de reforma electoral, alegando que vulneran las libertades más elementales de todos los ciudadanos, y defendió, inusitadamente, a los pequeños radiodifusores que reciben, es cierto, importantes beneficios de las batallas electorales. Aunque, no hay que olvidarlo, esas mismas radios minoritarias hoy alabadas como ejemplo de laboriosidad y sacrificio, fueron dejadas de lado al aprobarse lo que bien se llamó ley Televisa (...) Para que no hubiera duda de sus intenciones, los conductores de los informativos nocturnos del duopolio televisivo, López Doriga y Alatorre, al unísono, leyeron sendos comunicados donde los dueños de sus empresas señalaban las malévolas intenciones de los legisladores acerca de las libertades mexicanas. Claro, todo ello sin el menor derecho de réplica, algo que se establece en las leyes mexicanas, cuando menos desde hace seis años (...) Casi todos en bola, para reclamar cuestiones realmente inconcebibles. Una muestra: Patricia Chapoy inquirió que si por no estar afiliada a un partido político ella no podría ser candidata a la Presidencia de la República, lo cual no sólo fue de mal gusto, sino parte de la desmesura, ya que antes había preguntado si por decir que un político como Enrique Peña Nieto (de los gobernadores el que más gasta en televisión: 740 millones este año únicamente en Televisa) era guapo sería censurada. Lo que manifestó su inconsciente y preferencia (...) El que no se midió fue Pedro Ferriz de Con: contra todos y sin medida, tal vez sintiéndose cancionero (...) Sirva para darnos cuenta hasta dónde los ahora cruzados por la democracia son más engañabobos que Madame Zazú y Walter Mercado juntos. (Jorge Meléndez Preciado, jamelendez@prodigy.net.mx).Leer más...
Nunca más el dinero y los espots decidirán sobre elecciones: Senado
Avala el Senado la reforma electoral; quedan prohibidas las guerras sucias
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