DE LOS LECTORES

Los Círculos de Estudio invitamos:



* Presentación del libro: “Integración económica: impactos regionales, sectoriales y locales en el México del siglo XXI”



Con el autor del libro, el Dr. Alejandro Álvarez Bejar, Académico de la Facultad de Economía de la UNAM.



Cita: jueves 31 de mayo a las 19:00 hrs.

En el lugar de costumbre, Local del SITUAM (Calzada de Tlalpan 1036, a unos pasos del Metro Nativitas, salida Justina)

*El libro "Integración Económica, Impactos Regionales, Sectoriales y Locales en el México del siglo XXI" por los coordinadores de la obra, Alejandro Álvarez Béjar y Gabriel Mendoza Pichardo

Los también académicos de la Facultad de Economía de la UNAM señalaron que el libro aborda en términos teóricos y empíricos la problemática regional de México desde la perspectiva de la integración internacional al calor de los cambios que se han dado en el país a partir de los años 80´s.

Que la economía mexicana tiende a perder vínculos entre sus sectores con un crecimiento muy desigual, con saldos claros en que mientras una región crece, otras quedan rezagadas.

La obra comprende 13 ensayos cuya autoría son de investigadores en ciencias sociales de las Universidades Autónomas de Guerrero y Benemérita de Puebla, la Veracruzana, Unison y la UNAM.

Mendoza Pichardo tiene doctorado en la Nueva Escuela para la Investigación Social en Nueva York y Álvarez Béjar coordina el campo del conocimiento de la economía e integración internacional e impactos en México, con grado de doctor en sociología por la UNAM. *

El libro ya esta a la venta, es de Editorial Itaca y la UNAM.



No falten!



Visítenos y Escriban:
Redes Universitarias

redesuniversitarias@hotmail.com
http://www.redescirculodeestudios.blogspot.com
http://redesuniversitarias.blogia.com

PUBLICIDAD ENGAÑOSA EN LA RADIO:


Por radio está circulando insistentemente un comercial en el que una mujer se siente super emocionada porque, "gracias al senado" los bancos, en la actualidad "no cobrarán por apertura de cuenta, por consultar saldo y por tener acceso a efectivo". ¡Por favor, estos servicios se cobraban sólo en México! Vivo en Estados Unidos, y aquí estos servicios siempre han sido gratuitos. Que no se hagan pendejos los del Senado ni los bancos. Simplemente ya no van a cobrar lo que nunca deberían de haber cobrado. ¡Pinches rateros!


POR ALDO ZAMORA:


Enviado por Areli Carreón

(México, D.F. 16/mayo/2007) A diez días del asesinato de Aldo Zamora,
hay varias cartas pero ninguna respuesta concreta al reclamo de
justicia.

Como recordarán, Aldo era en vida hijo de Ildefonso Zamora,
presidente de Bienes comunales de San Juan Atzingo quien desde hace
varios años lucha contra la tala ilegal en los bosques de su
comunidad, pertenecientes al parque Nacional Lagunas de Zempoala, que
es una zona critica por la alarmante tasa de deforestación que sufre
debido a la tala ilegal y su importancia ambiental.

A pesar de contar con pruebas, videos y una denuncia formal en contra
de los taladores, un juez, las autoridades estatal y federal no
actuaron con prontitud para detener a los taladores, quienes abrieron
fuego contra los familiares de Don Ildefonso, asesinando a Aldo e
hiriendo a Misael, sus jóvenes hijos. No contentos con haber
provocado la muerte de un defensor de la naturaleza, las autoridades
no reaccionaron inmediatamente para detener a los asesinos, a pesar
de estar plenamente identificados.

Esta falta de acción que le ha costado la vida a un ambientalista ha
provocado diversas reacciones:

El Presidente Calderón respondió por escrito a la misiva enviada por
Greenpeace, la Red Nacional de Organismos Civiles de derechos
Humanos, El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Centro de
Derechos Humano Miguel Agustín Pro Juárez y Guardianes de los Arboles
diciendo que ya se turnó a la PGR instrucciones para tomar las
medidas conducentes.

El gobernador del Estado de México declaró que la Procuraduría de
Justicia ya entró en contacto con la familia Zamora, cosa que apenas
sucedió anoche, 9 días después del crimen. El Procurador de justicia
del Estado de México informó a Don Ildefonso que justamente ayer (24
de mayo) ya se habían librado las órdenes de aprehensión contra los
asesinos y que 'en cualquier momento van a caer'.

Contradictoriamente, el Procurador declaró a la prensa tener indicios
de que los asesinos se encuentran escondidos en el Estado de Morelos,
lo cual ayudaría a los criminales a huir.

El Magistrado Ortiz Mayagoitia respondió a Greenpeace en relación al
extrañamiento por la inepta actuación del juez Gerardo Eduardo García
Anzures, quien no libró las 47 ordenes de aprehensión que dejaron
libres para asesinar a los talamontes denunciados por Zamora. El
Magistrado dijo que la misiva se turnó a la Secretaría Ejecutiva de
Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal 'para que se le
otorgue el trámite 'que corresponde.

Si bien tanto el Presidente, como el Gobernador, la PGR, el
procurador de justicia del Estado de México y el Poder Judicial de la
Federación están respondiendo con cartas a nuestro reclamo de
justicia, es preciso que dichas cartas se conviertan en una respuesta
clara, contundente e inequívoca de que NO SE TOLERARÁ el asesinato
impune de campesinos ecologistas y que se perseguirá a quienes talan
ilegalmente los bosques de México.

La respuesta que demandamos es la captura y castigo de los asesinos
de Aldo Zamora.

Por si esto fuera poco la noche del sábado desconocidos balearon la
presidencia municipal de Ocuilan, en lo que es interpretado por el alcalde
como una amenaza más de los talamontes que ven afectados sus intereses con
las acciones para proteger el bosque.

Los llamamos a mantener la presión alrededor de este reclamo para que
el tema no se 'pierda' entre las atroces noticias de asesinatos por
el narco y otras noticias a debate público en el ámbito nacional.

Para ello, los llamamos a participar en el ciberactivismo que
Greenpeace Internacional ha montado en nuestra página global para que
activistas de TODO EL MUNDO reclamen justicia para Aldo, Don
Ildefonso, el pueblo de San Juan Atzingo y los bosques de México que
merecen vivir.

Entra en:

http://weblog.greenpeace.org/makingwaves/?MM_URL=bloglinkfromrightmenu


PARTICIPA e invita a otras personas a participar enviándole una carta
a Felipe Calderón, para que sepa que los ojos de los mexicanos y de
los ambientalistas de todo el mundo están observando su actuación en
este caso que es, según el mismo ha declarado, uno de los temas
prioritarios de su administración, que es la defensa de los bosques.

¡Justicia para Aldo y los bosques de México!

***

Arrecian violencia talamontes
*El Alcalde Félix Alberto Linares aseguró que el ataque del sábado es un
mensaje de las bandas de talamontes que operan en las Lagunas de Zempoala*

*_Inti Vargas REFORMA_*

*Ocuilan, Estado de México (28 mayo 2007).-* La violencia de los
talamontes de las Lagunas de Zempoala creció en intensidad ayer, luego de
que fuera baleada la Presidencia Municipal, y de que el Alcalde de este
municipio denunciara amenazas.

El Edil Félix Alberto Linares atribuyó a las bandas de talabosques, que su
administración ha denunciado, el ataque ocurrido a la Alcaldía el sábado a
la medianoche.

El Palacio Municipal de Ocuilan fue baleado presuntamente desde un vehículo
en movimiento, con una escopeta de 12 milímetros con cartuchos de postas
expansibles.

Los proyectiles perforaron una ambulancia y dañaron una patrulla que se
encontraba frente al inmueble, además de que rociaron de esquirlas el portón
principal, pero no hubo lesionados.

"En el clima en el que estamos viviendo yo sí creo que fueron los talamontes
que ya antes me habían amenazado, y que ven amenazados sus intereses con
todas las denuncias y las acciones que se han hecho.

"Yo lo interpreto como amedrentación, como advertencia. Estoy nervioso y
asustado, pero esto va a seguir denunciándose", sentenció el Edil
perredista.

Apenas la semana pasada, Linares denunció que su antecesor, el priista Juan
Álvarez, protegió durante su trienio a los ecocidas, quienes -aseguró-
podían cortar y transportar árboles sin ser molestados.

José de Jesús Ortega, radiooperador de Seguridad Pública municipal y la
única persona que se encontraba dentro del inmueble atacado, explicó que
sólo escuchó un automotor.

"No sé que era, si camioneta o coche, venían de una forma sigilosa, y de
pronto se oyeron los cuatro disparos. Cuando salí a ver, ya se había dado a
la fuga, ya no pude ver qué vehículo era", explicó.

Rogelio Cortés, director operativo de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE),
del Estado de México, informó que desde la madrugada se movilizaron 60
policías mexiquenses para patrullar y tratar de ubicar el automóvil desde
donde se efectuaron los disparos.

Sin embargo, hasta anoche no se había reportado ninguna detención.

/Con información de César Díaz/


PARA ENTENDER LA NOTICIA

Por Benjamín Castro



La militarización



CALDERON ACOPLA A MEXICO A LAS GUERRAS PREVENTIVAS DE CHENEY



La creación del “Comité Especializado de Alto Nivel en Materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Nacional” integrado por todas las secretarías del ramo y vinculado al Consejo Nacional de Seguridad y bajo el control del CISEN, es uno mas de los últimos movimientos que ha hecho el gobierno de Felipe Calderón para incorporar a México a los designios del gobierno neoconservador de Washington. Forman parte de esto también la formación del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, un organismo bajo el mando directo del presidente de la república sin la mediación de la Secretaría de la Defensa. Igualmente forman parte de este paquete la Ley Antiterrorista aprobada hace unas semanas por el congreso y las que todavía no se aprueban y que involucran reformas al código penal federal para facultar a la policía a realizar detenciones, cateos y espionaje sin la orden expresa de un juez.

Por supuesto, todas estas “reformas” se hacen al calor de la supuesta “guerra contra el narcotráfico” que actualmente se libra por parte del ejército y las policías federales. Sin embargo, el objetivo es sin duda confundir “el terrorismo con la inconformidad social” como lo dijera el analista Carlos Montemayor. Nunca ningún gobierno dictatorial en su sano juicio, ni siquiera el “derechista sin complejos” de Manuel Espino confesaría públicamente que lo quiere es reprimir la inconformidad social, siempre dirá que se trata de combatir el terrorismo o al crimen organizado etc.

La celeridad con que Calderón esta tratando de llevar a cabo estas reformas hacia un estado policíaco tiene un explicación mas bien fuera de México. Es la ofensiva renovada del vicepresidente norteamericano Dick Cheney a favor de su estrategia de “guerras preventivas” o de la “guerra perpetua”. Dado que el congreso dominado por los demócratas falló en llevarlo a un juicio político bajo la acusación de llevar a su país a una guerra en base a mentiras –lo de las armas de destrucción masiva --, Cheney esta ahora mas demente que nunca y quiere de inmediato una nueva guerra en Irán y llevar a cabo el “cambio de régimen” también en ese país. El objetivo no es el petróleo como algunos piensan ingenuamente. El objetivo es incendiar la región, destruir a las naciones de esa parte del mundo e imponer el dominio de los grandes cárteles financieros, energéticos, etc. sobre ese flanco de Rusia y China, para después lanzar un ataqué en contra de ellos. Cheney sigue de ese modo un libreto elaborado por el Imperio Británico cuyo poderío financiero tiene su base en Londres y las Islas Caimán. Según ese libreto, en esas guerras inútiles e injustas el ejército norteamericano y el propio país se destruyen y quedan a merced del dominio de este “imperio global” llamada también “globalización” que los británicos controlan. Dice el economista Lyndon H. LaRouche, que el antecedente de este fenomeno imperial, mucho antes de Adolfo Hitler o mas aun Napoleon Bonaparte, fue la alianza de la oligarquia financiera veneciana (los antiguos fondos especulativos) y la brutal caballeria normanda (los templarios rabiosos), lease www.larouchepac.com.

En este contexto es muy poco lo que puede hacer Europa. Los países de la Unión Europea esta sometidos a la dictadura financiera del Banco Central Europeo, la política del control de déficit y el mastricht, es decir, no pueden hacer nada. Además, con al triunfo electoral de Nicolás Sarkozy, el nuevo Tony Blair de Europa, la derecha europea y los fondos especulativos están integrando un eje “Paris-Berlin-Londres” para ayudar a Cheney a hostigar a Rusia y a China. Angela Merkel y los periódicos norteamericanos ya iniciaron la campaña contra Putin por supuestas violaciones a los derechos humanos.

La confrontacion con Rusia y posteriormente con China es la estrategia que han ideado los neoconservadores para tratar de mantener su colapsante sistema financiero, el sistema finaciero post 1971 de "tasas foltantes" que actualmente se derrumba.

Es en ese contexto, que las exigencias y cobro de facturas de Cheney para Calderón ha arreciado. Quieren que convertir a México en un estado policíaco antes de que pueda lograr los “consensos”, --léase negociaciones sucias con el PRI—para imponer las “reformas estructurales”.

Es por esta situación estratégica global que es indispensable que países como Rusia, China y la India, con el apoyo de naciones como Argentina, Ecuador, Venezuela etc. busquen incidir dentro de la situación interna de los Estados Unidos para que surga dentro de este país el llamado “reflejo Roosevelt” , que busque la cooperación con estas naciones en proyectos de infraestructura y desarrollo económico y así evitar una catástrofe. Solo una alianza asi puede convocar a la reorganizacion del sistema financiero en proceso de desintegracion sustituyendolo por un nuevo sistema que posibilite el crecimiento economico y la inversion a largo plazo en grandes proyectos de infraestructura. La decisión de Rusia de iniciar la construccion de el tunel en el estrecho de Bering, el cual conectara a Alaska con la Siberia rusa, ejemplifica el tipo de poryectos que piden darle una salida al actual colapso de la economia internacional que disfrazan como "globalizacion".

El autor es miembro del Movimiento Internacional del economista Lyndon H. Larouche

benjamincastro_1@hotmail.com



NI ES CARICATURA, NI TIENE MONITOS

La diferencia..


Mientras en Venezuela, el Estado en todo su derecho no le renueva la concesión a una televisora y medio mundo se le viene encima, en el "México democrático" donde vivimos, se inaugura un negocio del ramo menos democrático que existe en nuestro suelo: la televisión. Esta compañía, es una más de las conquistas empresariales del señor Olegario Vázquez Raña, con lo cual cierra el círculo en su negocio de la comunicación, pues suma lo nuevo, a las estaciones de radio y al periódico el Excelsior que ya tenía.

Lo que pareciera ser a simple vista una contraposición de actitudes, no lo es, porque, la concesión de un bien público es un préstamo que se hace para dar un servicio a la comunidad y no para participar en colusión contra del pueblo. Aquí, nos es muy familiar que la televisión haya servido a los intereses gubernamentales todo el tiempo. Y que por esas aportaciones se hayan obsequiado valiosísimos activos de la nación como lo hicieron el año pasado mediante la Ley Televisa, donde se les regaló con miles de millones de dólares por "sus patrióticos servicios" que iban a prestar más adelante. O, recuerde usted, que por capricho de una señora se les haya quitado el tiempo oficial mediante el decretazo de octubre del 2002.

Libertad de expresión es el grito de los pericos (de loro, no de otra cosa) que leen noticias; no, la nuestra al protestar una injusticia. En nuestra sociedad sabemos perfectamente que la tan cacareada libertad de expresión, no existe. O al menos, existe como quieren que sea: a su conveniencia. Es público, que cierta firma panista (nunca mejor usado el término, pues también hacen pan), tiene su propia censura y condiciona los contenidos a la moral practicada por ellos. Tal vez, sin temor a equivocarme, serán los que se jalen los pocos pelos que tienen por lo sucedido en la hermana República Venezolana.

En nombre de la libertad de expresión, se han cometido en nuestro territorio, los actos más detestables en los últimos años. Hay que recordar "el granito de arena" de los videos de Ahumada, un acto premeditado y en el que se usó la concesión estatal, para golpear al candidato que las mayorías eligieron: Andrés Manuel López Obrador.

Mediante la televisión, que fue juez y parte, los empresarios violaron las leyes electorales (y las televisoras también por ser vehículo) y sembraron campañas de odio que pusieron al borde del estallido a la población mexicana. Esa facultad, usada de mala manera, es la que reclaman esos hipócritas ahora. Ven, los defectos (para sus intereses) de un gobierno que al menos, tiene sentido común y le da voz a los que no la tienen.

Se irritan la garganta pidiendo la cabeza del presidente Chávez, por un acto muy lejano de ser un fraude como lo es el Fobaproa. En el que los poseedores de las grandes fortunas, nos traspasaron a todos los mexicanos, los cochupos y trácalas que habían hecho con sus cuates los banqueros. Tampoco he podido escuchar a esos adalides de la democracia decir, que le quiten la concesión a Grupo México por haber permitido que las condiciones de trabajo de los mineros sepultados en Pasta de Conchos, llegara a esos niveles de inseguridad.

Esos defensores de la libertad de expresión, son los que aprovechando el medio que controlan, le pegan al que intenta asociarse para abrir otra televisora que les quitaría miles de millones de dólares en ventas, como lo vimos con el dizque "periodismo de investigación" en el asunto de las medicinas donde le pegaban a Isaac Saba que pretendía unirse a Telemundo, aquí en nuestro país.

Esos éticos guardadores de la libertad de expresión, son los que "queman" al ex Senador Javier Corral (y no le dan derecho de réplica los defensores de la libertad de expresión), diciendo que debe un dinero, cuando la misma dirigencia estatal en Chihuahua del Partido Acción Nacional, ha dicho que el adeudo es de ellos y no, de Javier. Todo, por ser uno de los impulsores de la demanda para echar pa´tras, la Ley Televisa.

Son los mismos de: "si no votas, cállate" y después a los que votaron y protestaron por el fraude, criticaban por protestar. Esos intolerantes, son los primeros en gritar por las manifestaciones y cómo no van a ser así; si en la más indignante de las circunstancias, hay nueve señores (llámele ministros o como usted prefiera), deliberando si es anti constitucional haber regalado un bien del pueblo, a dos hombres de los más ricos del mundo. Hágame usted el favor.


"No termino de comprender, porqué critican al presidente Chávez. La gasolina, allá, cuesta 50 centavos el litro; el gas, vale el 15% de lo que cuesta aquí, la electricidad, el 25% de lo que nosotros pagamos por kilowatt/hora. La telefonía, también es más barata. El salario mínimo, es casi del doble que aquí.

Existe una Ley hipotecaria donde se salvan las propiedades de las personas que pierdan su empleo y no puedan pagar sus hipotecas; no existen ni Ley Televisa, ni Fobaproas, y está pagando sus adeudos con todo mundo, aprovechando los ingresos petroleros, pues. Por cierto, tampoco existen los Pidiregas, ni los Contratos de Servicios Múltiples, que son adeudos que nos han escondido los gobiernos federales y que suman miles de millones de dólares.

Esta impulsando un banco en el sur del continente, para contar con financiamiento propio y no ser sujeto de chantajes. Está formalizando un acuerdo comercial entre regiones o sea, más parejo, sin concesiones de ninguna especie. Sus médicos, hacen labor, incluso en nuestro país y por si fuera poco, cada mes, se operan varios pacientes mexicanos de la vista y sin costo alguno. ¿Será por todo eso...?"

Doña Prudencia


México: Declaración del III Foro Nacional en Defensa del Maíz Nativo

Para pensar juntos cómo enfrentar y resistir las agresiones que hace
muchos años vivimos las comunidades indígenas, las organizaciones
indígenas y campesinas y organizaciones de la sociedad civil nos
reunimos por tercera vez (del 14 al 17 de mayo de 2007) en Cenami
delegados, representantes, comuneros, ejidatarios y miembros de
organizaciones procedentes de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Jalisco, Puebla,
Estado de México, Veracruz, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guerrero, el
Distrito Federal, Perú y Brasil, en torno a la defensa de nuestros
maíces, territorios y comunidades.

Tenemos varios años de estar al pendiente de las amenazas que se ciernen sobre nuestro maíz y nuestras comunidades. Primero acordaron la liberación del maíz y frijol en el TLCAN, dejando a los campesinos mexicanos en el olvido, a expensas de las grandes transnacionales de semillas y alimentos. Después hicimos los análisis y los diagnósticos en nuestras milpas para confirmar la contaminación del maíz transgénico a algunos de nuestros maíces nativos, que el gobierno se empeñó en negar. Hemos visto también cómo desde las leyes como la Ley de Bioseguridad y la Ley de Organismos Genéticamente Modificados, junto con otras iniciativas en agua, bosques, minas y medio ambiente, buscan crear un marco jurídico favorable a la agricultura comercial y a las nuevas tecnologías, olvidándonos a los pequeños productores y a nuestras formas tradicionales de hacer la milpa. En estos días hemos visto que se viene un horizonte nuevo y más agresivo para nuestros pueblos: quieren abrir el campo mexicano a la experimentació n transgénica porque así tendrían la posibilidad de introducir violentamente la tecnología Terminator y los agrobiocombustibles . Con la tecnología Terminator buscan sembrar la muerte, impidiendo que guardemos nuestras semillas y nos volvamos a reproducir; quieren que cultivemos biocombustibles para alimentar a las máquinas, aunque esto signifique que las comunidades dejemos de comer y vivir del maíz. Estamos preocupados en las comunidades porque cada vez es más difícil entender las lunas, las aguas, los animales y el territorio como lo hacíamos antes con nuestros saberes y conocimientos tradicionales. Vemos ahora que el cambio climático lo han hecho discurso y excusa para justificar su ambición y para amenazarnos nuevamente. Las transnacionales, apoyadas por el gobierno, dicen que la única manera de solucionar el cambio climático y la crisis energética es sembrar agrobiocombustibles y transgénicos en todo el mundo. Las industrias energética, automotriz y agrícola, que son las culpables del calentamiento del planeta, quieren ahora que cultivemos agrobiocombustibles para ellos tener más ganancias a costa de nuestra alimentación, nuestra autonomía y de nuestras historias y costumbres. Todas estas amenazas forman parte de un modelo más grande, el neoliberalismo, que sólo reconoce a los agroindustriales y cuyo objetivo es destruir la cultura del maíz. Los pueblos vivimos esto como un atentado porque atacar al maíz significa atacar a las comunidades. El maíz es la base de nuestra alimentación y de nuestras tradiciones. Los campesinos e indígenas que cultivamos el maíz le estorbamos al sistema, porque el que siembra comunitariamente consume lo que cultiva, pero ellos quieren que no seamos autosuficientes en nuestra alimentación, quieren que no sintamos el territorio y el maíz como sagrados. Quieren que olvidemos que el maíz, el territorio y la comunidad son la vida de los pueblos y que nos integremos a la cultura del dinero. Y si no lo hacemos, pretenden desaparecernos como pueblos y como campesinos. Nos damos cuenta que los gobiernos entienden el territorio como una tabla rasa, sin diferencias, y buscan dos maneras de acabarlo: hacerlo producir por producir o no tocarlo ni vivirlo. Para los gobiernos es más útil el territorio deshabitado y por eso buscan que la gente salga de sus comunidades: porque así pueden aplicar proyectos carreteros, turísticos, programas de mejoramiento de la ganadería y de "semillas mejoradas" o transgénicas y proyectos productivos para el mercado, no para los pueblos. Luego premian a los que se van fuera con programas como el "Casa Digna al Jornalero" y engañan con miserias a los que quedan, como el "Oportunidades" . Enseñan a nuestros jóvenes en otros modos con sus programas educativos para que ya no quieran vivir en las comunidades, en el campo, para que ya no quieran sembrar y que rechacen su origen y sus costumbres; no les enseñan a responder a las inquietudes de nuestras comunidades, con nuestros conocimientos y tradiciones. A todo esto, le dicen desarrollo y progreso, pero nosotros sólo vemos miseria, migración y muertes como resultado. Estamos claros por nuestra reflexión y nuestra experiencia que con un poquito de mazorcas resistimos y que la mejor manera de defender el maíz es sembrarlo. Hemos decidido que la autosuficiencia, el tener maíz para comer las comunidades, es más importante que el dinero, por lo que decimos nuestra palabra: 1. Reiteramos nuestro rechazo a la apertura a la experimentació n transgénica, así como a la tecnología Terminator. 2. Exigimos la salida total de los transgénicos de México y por lo tanto la prohibición tajante de la tecnología Terminator en nuestro país. 3. Rechazamos enérgicamente los agrobiocombustibles en el campo mexicano por muchas razones: porque no resuelven ni el cambio climático ni la crisis energética; porque mantienen el mismo modelo que destruye la naturaleza; porque sólo sirven para beneficio de unos pocos y son una estrategia para vender más autos; porque convierten los cultivos en máquinas y a los campesinos en trabajadores asalariados; porque no responsabilizan a los verdaderos culpables del cambio climático; porque quieren impedir que sembremos para comer y así hacernos dependientes y esclavos; porque buscan que en el campo nos hagamos de ciudad y consumamos alimentos enlatados, despensas transgénicas y comida de fuera que está contaminada. 4. Reivindicamos que la producción para el autoconsumo de nuestras familias y nuestras comunidades es la mejor alternativa para la defensa de los pueblos y la construcción de nuestra autonomía. 5. Pedimos respeto a nuestros tiempos de siembra, nuestras fiestas, nuestras ceremonias y celebraciones y nuestras costumbres de cuidar y vivir con el maíz y la naturaleza. Hemos acordado que, al interior de nuestros pueblos, comunidades y organizaciones, vamos a tomar las medidas de: 1. Fortalecer la producción del maíz sólo para autoconsumo, sin vender lo que sobre porque no sabemos qué trato le van a dar los comerciantes. 2. Reforzar nuestras asambleas comunitarias y ejidales, así como a nuestras autoridades y cargos tradicionales para cuidar nuestros territorios. 3. Darles ánimos a los jóvenes para quedarse en las comunidades y ponerse al servicio de las asambleas, en vez de esperar a que los ricos vengan a darles trabajo o salgan a buscarlos en las ciudades. 4. Atender y cuidar al maíz para que esté en todas las ceremonias, en todas las familias, en todas las comunidades. 5. Promover los intercambios de semillas entre familias y comunidades. 6. Recuperar técnicas y herramientas tradicionales y agroecológicas de nuestras comunidades. 7. Dejar de usar fertilizantes, pesticidas y químicos que dañan la tierra. 8. No vender terrenos a gente de afuera y someter las ventas a acuerdos de asambleas. El maíz sigue siendo el centro de la vida, de la inteligencia y de la sabiduría. Si seguimos haciendo nuestro cultivo como nosotros sabemos sin meternos en la otra tecnología, la práctica de la agricultura tradicional va a seguir adelante en la historia y nosotros seguiremos también adelante con la ayuda del maíz. Mexico, DF, a 17 de mayo de 2007

LA ILEGALIDAD DEL PELELE. ARTICULO DE PROCESO:


La guerra sucia de 2006. Los medios y los jueces
Jorge Carrasco Araizaga

Validación de la ilegitimidad (Proceso1595/27 de mayo de 2007)

En las elecciones presidenciales del 2006, el IFE y el TEPJF incurrieron en
múltiples irregularidades que hicieron nugatorio el estado de derecho. Los
magistrados del Tribunal, por ejemplo, violaron artículos que impiden a
Felipe Calderón fungir legítimamente como presidente de la República y lo
colocan en la situación de ejercicio indebido del servicio público. Tal es,
en suma, la conclusión del análisis jurídico que hace el abogado Julio
Scherer Ibarra –exasesor de Andrés Manuel López Obrador– en el libro La
guerra sucia de 2006. Los medios y los jueces. Escrito en coautoría con
Jenaro Villamil y prologado por Miguel Ángel Granados Chapa, está ya en
circulación bajo el sello de editorial Grijalbo.

Con su actuación en los comicios presidenciales del 2006, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no sólo sentó un criterio para avalar delitos electorales, sino que incurrió en flagrantes violaciones a la ley por las cuales Felipe Calderón “no está legitimado para fungir como presidente de la República”. Ante el cúmulo de irregularidades y hechos ilícitos que se produjeron en torno a la campaña del entonces candidato del Partido Acción Nacional (PAN), el Tribunal optó por el camino fácil: emitir un dictamen administrativo, y no una resolución judicial, que colocó a los propios magistrados electorales en una situación ilegal y dejó al principal beneficiario carente de legitimidad. La emisión de ese dictamen administrativo significa, jurídicamente, que no hubo declaración de validez de la elección presidencial, lo cual tiene consecuencias políticas y legales, pues mientras que en estricto derecho a los magistrados se les puede imputar el delito contra administración de la justicia, a Calderón puede fincársele el de ejercicio indebido de servicio público. Tal es la interpretación de los acontecimientos que hace Julio Scherer Ibarra, quien fue asesor jurídico del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, en el libro La guerra sucia de 2006. Los medios y los jueces, escrito en coautoría con el periodista Jenaro Villamil y que la próxima semana pondrá en circulación la editorial Random House Mondadori bajo el sello de Grijalbo. A partir de la revisión jurídica del dictamen del 5 de septiembre del año pasado, con el que el TEPJF cerró formalmente el proceso electoral y declaró a Calderón presidente electo, Scherer Ibarra expone las omisiones del Tribunal y la actuación permisiva del Instituto Federal Electoral (IFE), concentrado sobre todo en el trabajo de los magistrados que integraban la Sala Superior del TEPJF. Mediante argucias y trampas, dice, el TEPJ decidió de forma arbitraria y contradictoria validar la pasada elección presidencial a pesar de las múltiples violaciones a la legislación electoral, desestimadas también por el IFE y que derivaron en un proceso electoral dominado por el encono y la desconfianza. Ni la intromisión del entonces presidente Vicente Fox, ni la intervención de elementos ajenos al proceso electoral –empresas, extranjeros y organismos empresariales–, y menos aún la intensa y costosa propaganda negativa en contra de López Obrador, fueron suficientes para considerar la invalidez del proceso electoral a pesar de que el mismo Tribunal reconoció esos hechos como ilegales. Tampoco contaron sus propios antecedentes de nulidad de las elecciones para gobernador de Tabasco en 2000 y de Colima en 2003. Abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Scherer Ibarra manifiesta que con la renuncia a sus responsabilidades como jueces, los magistrados convalidaron hechos antijurídicos y sentaron el grave precedente de que para futuros procesos electorales se validen las ilegalidades. Más aún, establecieron que en materia electoral lo importante no son los ilícitos, sino sus efectos, siempre y cuando quien los padezca los pueda probar. Entre esas ilegalidades destaca la campaña sucia del PAN, del Consejo Coordinador Empresarial y de empresas y organismos fantasma en contra de quien ahora se considera el presidente legítimo de México. La manera en que se operó esa guerra la describe Jenaro Villamil en la primera parte del libro, titulada Guerra sucia y pánico moral (Ver recuadro). Mediante la revisión de la estrategia mediática de Calderón, Villamil –reportero de Proceso– señala que el candidato del PAN no sólo tuvo el respaldo corporativo, especialmente de Televisa, sino que con el discurso del miedo se logró imponer un “pánico moral”, que derivó en odio, ante el eventual triunfo de López Obrador. En la segunda parte del volumen, que Scherer Ibarra titula Mediático y jurídico: terrorismo en 2006, hay un amplio análisis jurídico de la actuación de las autoridades administrativas (el IFE) y jurisdiccionales (el TEPJF) en la elección que aún mantiene dividida a la sociedad mexicana. Los delitos del IFE Después de repasar el conjunto de intervenciones ilegales en el proceso electoral a favor de Calderón, Scherer Ibarra demuestra las omisiones de los consejeros del IFE y lo que considera una renuncia de los magistrados del TEPJF a sus obligaciones jurisdiccionales. “Ambos organismos no sólo permitieron y cometieron ilegalidades e ilícitos, sino también utilizaron sus atribuciones públicas para convalidar un fraude que contrarió tanto la voluntad de muchísimos votantes como el estado de derecho”, afirma. El planteamiento central de Scherer Ibarra es que el Tribunal emitió un mero “dictamen administrativo electoral”, carente de los elementos para hacer “una legal declaración de validez” de la elección. La consecuencia, advierte, es que ese dictamen no surte efectos constitucionales. De acuerdo con dicha interpretación, “al no haberse dictado la resolución que nuestra Constitución exige, el licenciado Felipe Calderón, consecuentemente, no está legitimado para fungir como presidente de la República”. A juicio de Scherer Ibarra, esa invalidez jurídica comienza con las omisiones del instituto que encabeza Luis Carlos Ugalde, que dejó pasar los actos ilegales cometidos por quienes no debían intervenir en el proceso electoral, conforme a lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). En ese punto, se refiere al financiamiento y al contenido de las campañas: “Si bien el IFE dictó algunas resoluciones, generalmente motivadas por quejas derivadas de agravios, con las que en algunos casos se declaró la ilegalidad incurrida y se ordenó la suspensión del acto irregular, el Instituto no cumplió con su obligación esencial, esto es, el equilibrio procesal electoral”. Lejos del rigor, los consejeros del IFE cometieron irregularidades administrativas por no cumplir con el Cofipe. Peor todavía, de acuerdo con el autor, “facilitaron la perpetración de ilícitos penales y propiciaron un grave desequilibrio en el proceso electoral”. Dicha conducta permitió que Calderón se beneficiara tanto por los mensajes de descrédito en perjuicio de López Obrador –enviados por terceros simpatizantes del candidato del PAN– como por los excesos de los topes autorizados que implicaban esos mensajes y anuncios publicitarios. El IFE permitió que se sumaran a la propaganda del PAN quienes tenían limitación legal para ello, como los inversionistas extranjeros o empresas mercantiles. Fue el caso de Jumex, Sabritas, Televisa (por medio de su telenovela La fea más bella y el programa semanal Qué madre tan padre), Dulces la Rosa, Coppel y el consorcio Alsea (integrado entre otras franquicias por Domino’s Pizza, Starbucks Café y Burger King). Con sus omisiones, los consejeros del Instituto Federal Electoral también facilitaron la intervención del Consejo Coordinador Empresarial –mediante spots e impresos que inducían a votar por Calderón– y de organizaciones de membrete como “Ármate de Valor y Vota”. Lo mismo de personajes como el Doctor Simi, quien replicó la imagen del candidato de la coalición Por el Bien de Todos como un “peligro social”, o como Demetrio Sodi, quien a pesar de que era candidato del PAN a la jefatura del Gobierno del Distrito Federal se dedicó a desacreditar el eslogan de la campaña de López Obrador (“Por el bien de todos”). En el recuento que hace el autor de las abstenciones de los consejeros, destaca la relativa a la intromisión del expresidente de España y consejero de Fox, José María Aznar, así como a la de Antonio José Solá Reche, también español, quien intervino mediante su empresa Desarrollo y Operación de Campañas, S.A. de C.V., contratada por el PAN, para hacerse cargo de la imagen de Calderón pese a que su estatus migratorio le impedía participar en política interna. La lectura jurídica de Scherer Ibarra lo lleva a precisar que los funcionarios del IFE cometieron el delito electoral previsto y sancionado en la fracción II del artículo 405 del Código Penal Federal (CPF), según el cual es sujeto de pena de dos a seis años de prisión el funcionario electoral que “se abstenga de cumplir, sin causa justificada, las obligaciones propias de su cargo, en perjuicio del proceso electoral”. Que el IFE pueda sancionar el exceso en los gastos de campaña una vez pasado el proceso electoral –como ahora empieza a hacerse en relación con los cientos de miles de spots difundidos por los partidos– no lo exime de responsabilidad por las medidas que debió tomar. Al no adoptar las decisiones legales correspondientes, avaló las irregularidades. Scherer Ibarra no duda en asentar que los consejeros electorales incurrieron en “conducta delictiva”. Y explica: El IFE “toleró que en los medios masivos de comunicación aparecieran mensajes y/o anuncios publicitarios que, notoriamente, no sólo desacreditaban a López Obrador y beneficiaban la postura del candidato del PAN, sino también claramente implicaban, por un lado, un rebase al tipo de los gastos de campaña y, por otro, el financiamiento tanto de personas morales mercantiles como de asociaciones y/o grupos de los que se desconocen su origen y fuente de sus recursos”. En el conteo de los votos el autor también encuentra responsabilidad legal del IFE. Apoyado en criterios del propio TEPJF y el Cofipe, señala que el IFE incumplió con las disposiciones que lo obligan “a depurar de oficio las inconsistencias cometidas en las actas, para lo cual es indispensable efectuar un nuevo escrutinio y un nuevo cómputo”. Los consejeros estaban obligados a ello, asegura, porque los resultados de las actas no coincidían, además de que se detectaron “alteraciones que generaban duda fundada sobre el resultado en la elección de la casilla”. Las omisiones tienen una consecuencia legal, pues la autoridad encargada de vigilar el proceso electoral, de acuerdo con el libro, “propició el desequilibrio de dicho proceso”, en actuación contraria a lo establecido en la Constitución Política. Ese dejar de hacer “incidió en el resultado de las elecciones” y colocó a los funcionarios del IFE en la ilegalidad. Los delitos del TEPJF En La guerra sucia del 2006 se asevera que, a pesar de todas esas irregularidades e ilegalidades, el TEPJF prefirió buscar la manera de justificarlas mediante razonamientos contradictorios y aparentes e inclusive trampas. En lugar de cumplir con su función de jueces que pronuncian una sentencia después de agotar todas las pruebas, los magistrados optaron por constituirse en meras autoridades burocráticas que emitieron un dictamen que ellos mismos definieron como “administrativo electoral” para poner fin al proceso. A partir de la diferenciación entre sentencia y dictamen, Scherer Ibarra subraya que el Tribunal incumplió las obligaciones constitucionales que le señala el artículo 89: “Cuando el TEPJF, por sí mismo, opta por emitir un ‘dictamen’ [informe u opinión], no sólo desatiende la obligación constitucional que le asiste para fungir como órgano jurisdiccional en materia electoral, sino también, indebidamente, deja sin solución legal la cuestión planteada”, es decir, lo concerniente a la validez de la elección presidencial. La falta de resolución –con la que judicialmente se pone fin a un proceso jurídico– “no valida las elecciones y, por ende, no da legitimación a Felipe Calderón para fungir como presidente de la República”. No bastaba que aritméticamente Calderón apareciera con el mayor número de votos. Era necesario que el Tribunal, en pleno ejercicio de sus facultades, declarara la validez de las elecciones y a Calderón presidente electo. Esa omisión, expone Julio Scherer Ibarra, también tiene consecuencias legales. Puesto que no hubo sentencia sobre la validez, existe “la necesidad de nombrar presidente interino” por parte del Congreso de la Unión, ante la ilegalidad del dictamen. No sólo eso, sino que Calderón “comete el delito de ejercicio indebido de un servicio público”, previsto en la fracción I del artículo 214 del CPF. Plantea que, a su vez, los entonces magistrados electorales incurrieron en el delito contra la administración de justicia, que según la facción VI del artículo 225 del Código Penal Federal consiste en dictar, a sabiendas, una resolución de fondo ilícita, violatoria de algún precepto terminante de la ley. Lo dictaminado por el Tribunal demuestra, de acuerdo con el autor, que para desechar la solicitud de la coalición Por el Bien de Todos consistente en que los magistrados recabaran diversos medios de prueba sobre las violaciones pasadas por alto por el IFE, éstos se limitaron a examinar los alegatos que existían en el expediente. Debido a que no en todos los casos puede haber prueba material de un hecho, “como en el caso del contubernio de aquellos que atacaron a López Obrador”, los jueces cuentan con la prueba indiciaria. “La prueba circunstancial e indiciaria es más que suficiente para llegar a conclusiones verosímiles; sin embargo, para los magistrados no hay prueba suficiente y pasan por alto que la prueba absoluta se da por excepción.” De esa manera, puntualiza, “violaron los principios de legalidad y seguridad jurídica”, pues negaron los derechos procesales de quienes reclamaban una actuación jurisdiccional del Tribunal. No era un reclamo particular, sino una cuestión de interés público ante la cual el TEPJF, como órgano de control constitucional en materia electoral, debió ir más allá de lo que una de las partes le demandaba. Era, según ese análisis, la única manera de garantizar que las elecciones fueran libres y auténticas y se salvaguardaran los principios rectores de certeza, legalidad, independencia y objetividad establecidos en el mismo artículo 41 de la Constitución. Prosigue el autor: “Resulta arbitrario y sin fundamento que el TEPJF sostenga que (…) el procedimiento para hacer el cómputo definitivo de la elección presidencial y la declaración de validez de la elección y de presidente electo no se encuentre regido por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral”. Si bien es así, precisa, “esto no significa que no formen parte integral del procedimiento electoral, ni mucho menos que no se deban atender, mediante la función jurisdiccional, los principios rectores del proceso electoral”. Como ejemplo de las ilegalidades que no fueron valoradas por el Tribunal cita lo decidido por los magistrados ante la propaganda negativa contra López Obrador. Mediante una estratagema, apunta Scherer Ibarra, afirmaron arbitrariamente que la campaña sucia “sólo podrá ser determinante en la validez de la elección si se prueba que ésta incidió en la decisión del electorado”. Al negar fuerza jurídica a ese tipo de ilicitudes, el mensaje de los magistrados fue que no es fundamental el hecho en sí mismo, sino sus consecuencias. Es una trampa, enfatiza, porque se quiere hacer creer que lo que se debe valorar son los efectos del hecho, cuando legal y éticamente lo que importa es el hecho en sí mismo. “La sola posibilidad de que la campaña negativa perjudique a uno y/o beneficie a otro es ya determinante para el desarrollo de las elecciones, pues implica iniquidad”. Hubo así mismo un artificio al exigirle a la coalición Por el Bien de Todos demostrar los efectos de las ilicitudes. Al contrario, el Tribunal tenía la obligación de valorar las ilegalidades que él mismo admitió, como la interferencia de los empresarios y la intervención de Fox, que de acuerdo al propio órgano “puso en riesgo” la elección. Se refiere Scherer Ibarra a la perversión del sistema electoral que se manifestó con el dictamen del TEPJF: “El mensaje es claro: Los partidos pueden cometer abuso en los gastos de campaña porque si ganan las elecciones, lo único que les podrá suceder es que la autoridad administrativa (IFE) los sancione, en el entendido de que dicha sanción será exclusivamente de naturaleza económica (para el siguiente período presupuestal se reduce al partido infractor parte de las aportaciones que por ley le corresponden)… pero el abuso en el gasto de la campaña no implica perder aquello que se obtuvo con ilicitudes”. La inferencia del autor es contundente: A Calderón la elección presidencial le resultó un negocio redondo, pues “con dinero sucio ganó la elección… y posteriormente se restituirá, con dinero del pueblo, la suma descontada al partido político, diluyendo la irregularidad hasta extinguirla, en perjuicio del interés público”.

Y DE TV CIUDADANA:


Dos videos cortos con el Lic. José Agustín Ortiz Pinchetti, Secretario de Relaciones Políticas del Gobierno Legítimo de México, en:

http://www.youtube.com/profile_videos?user=tvciudadana&page=1

En esta misma página podrán ver videos con otros integrantes del gabinete.

Saludos,

U.

PD: Favor de difundirlos ampliamente. De antemano, muchas gracias.

tvciudadana



tvciudadana@gmail.com


Y DEL FORO ZONGOLICA


COMITE CIUDADANO ROSARIO IBARRA

Y algunas fotos del encuentro: