TRAS LA OFENSA, EL AGRAVIO.

REFORMA.

Miguel Ángel Granados Chapa.

Más allá del fuero militar.

En el caso de la muerte de Ernestina Ascensio, el Ejército pasó de la duda jurídica a la certeza de que el crimen contra la indígena veracruzana fue una acción de grupos delictivos para desprestigiar a las fuerzas castrenses.

Anteayer viernes fueron exhumados los restos de la señora Ernestina Ascensio Rosario, muerta a los 73 años de edad (según se lee en su acta de defunción) tras de ser violada brutalmente, tal vez por miembros del Ejército o, como ha aventurado la Secretaría de la Defensa Nacional, por personas que se ataviaron como si lo fueran para desprestigiar a la institución castrense.

Sea de ello lo que fuere, el cuerpo de la víctima fue destrozado: "De acuerdo a lo informado por sus familiares -dice un comunicado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez- el certificado de muerte señala que la señora Ernestina murió como consecuencia de una infección en intestinos e hígado. También presentaba huellas de tortura y perforación del recto".

En otra parte del documento se afirma que "presentaba golpes en diversas partes del cuerpo y tenía un daño especialmente grave en la cadera".

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la Procuraduría de Justicia veracruzana, y a la de Justicia militar la práctica de una nueva autopsia, pues la primera mostró deficiencias e incongruencias.

Se recabó la autorización de los hijos de la víctima de abuso sexual tumultuario, Julio, Francisco, Juana, Marta y Carmen Inés, que la extendieron por escrito. Ellos directamente, así como los vecinos de la comunidad de Tetlalzingo, y del municipio de Soledad Atzompa se hallan estremecidos y temerosos por la atrocidad cometida.

A pesar de que la propia víctima, que murió horas después del ataque sufrido en su domicilio, pudo decir que militares la habían agraviado, y que hay testimonios de presencia de soldados en las inmediaciones de su casa, el alto mando militar se ha parapetado en una defensa previa y ajena al procedimiento ministerial, de los miembros del Ejército que pudieran estar implicados.

Tres días después del atentado, la Sedena tomó su primera posición pública ante el caso. Informó el 1o. de marzo haber realizado "diversas acciones entre las que se destacan exámenes médicos y entrevistas a los efectivos militares desplegados en el mencionado lugar, sin que hasta el momento se haya encontrado alguna prueba que los involucre".

El 3 de marzo la CNDH anunció el envío de cinco visitadores a la comunidad, situada en la sierra de Zongolica para ocuparse del caso. Dijo que la víctima "falleció a consecuencia de las lesiones que le fueron infligidas por elementos de una partida militar".

Al día siguiente el gobernador Fidel Herrera condenó el crimen y ubicó en contexto la presencia militar. Explicó que hace 10 años el Ejército "asumió la tarea de vigilar sobre todo las fronteras de Veracruz, la de la parte colindante del Pico de Orizaba con la Sierra Negra de Puebla. Por ahí ha habido leyendas acerca de la existencia de grupos armados y de algunos grupos delictivos del crimen organizado, de suerte que el Ejército mexicano, dentro de sus líneas estratégicas, opera con volantas móviles (sic) y con escuadrones que recorren algunas regiones, siempre coordinados con el gobierno de Veracruz".

Al conocer el ultraje y asesinato de la señora Ernestina ("hecho terrible y trágico", "hecho proditorio que agravia y lastima", "crimen artero y abominable", lo llamó) Herrera viajó a Tetlalzingo. "Ahí llegué y dije, por cierto que con el apoyo del comandante de la región, que ese caso sería investigado con toda la fuerza. Convoqué y conminé al Ejército para que dentro del fuero de su propia jurisdicción, que es el castrense, se hiciera la averiguación más profunda... cosa que ocurre. El mismo Ejército expresó, en un acto que yo reconozco y agradezco, su disposición para poner a cualquier indiciado a disposición de la jurisdicción local...".

La expresión pública de la Sedena va en sentido contrario a la que el gobernador dice haber captado. El martes 6, tras la visita de la agenta del Ministerio Público Lourdes Montes Hernández al cuartel de la 26a. Zona Militar en Orizaba, la dirección de comunicación social de la Sedena emitió a las 18:20 horas el comunicado de prensa número 19.

Una hora después se pidió a la prensa de la región dar por no presentado ese boletín y esperar otro, también numerado como 19, que era el válido.En boletín que perdió carácter oficial, pero que lo tuvo por al menos una hora, la Sedena insistió en hablar, como lo había hecho cinco días atrás, de una "supuesta violación" y reiteró que, investigado "el personal militar, no se encontraron indicios o pruebas que indiquen la participación de dicho personal en la muerte de la señora Ernestina Ascensio Rosario".

En el último párrafo la Sedena fue más allá, pues como si hubiera indagado no sólo a su personal sino la situación general, atrevió una hipótesis no presentada como tal sino como conclusión rotunda: "...es preciso señalar que grupos desafectos a este Instituto armado en reiteradas ocasiones han puesto en tela de juicio las acciones que realiza en beneficio de la sociedad mexicana y en este caso en particular delincuentes que utilizaron prendas militares perpetraron el crimen, buscando inculpar a integrantes de esta dependencia del Ejecutivo federal y que se abandone el área para con ello continuar con sus actividades".

Alguien encontró insostenibles esas afirmaciones, y decidió borrarlas del expediente. En efecto, el Ejército tendría que explicar por qué pasó de la duda jurídica ("supuesta violación") a la convicción de que realmente sí hubo un crimen y cómo tuvo conocimiento de que "delincuentes" se disfrazaron de militares. Tendría que explicar, sobre todo, cómo identificó el móvil de esa acción: inculpar a soldados y oficiales, para forzar su retiro de la zona para que los delincuentes siguieran activos en la comarca.

A fines de enero, una "volanta móvil", como diría pleonásticamente el gobernador Herrera, había estado en Soledad Atzompa y sólo causó tropelías, que fueron denunciadas por el alcalde Javier Pérez Pascuala a la comandancia en Orizaba sin recibir respuesta, y sin que se produjera información sobre delincuencia actuante en la zona.

El boletín 19 que reemplazó al 19 y omitió ese párrafo, tornó a negar "la participación de personal militar" en el grave suceso. Hablando en nombre propio y, de modo irregular, de la Procuraduría veracruzana, la Sedena puntualizó que fueron entrevistados 79 soldados y cuatro oficiales de la base de operaciones García, situada a dos kilómetros del lugar de los hechos, "sin que hasta la fecha se obtengan resultados fehacientes que los incriminen".

También se revisó el área genital a toda esa gente, y no se encontró que nadie padeciera "ningún tipo de lesión en esa área, indicativo considerado para establecer que no han tenido actividad sexual cuando menos siete días antes de los hechos que se imputan".

En oposición a su reasumido credo sobre la "supuesta violación", ese boletín informó también de la elaboración de un dictamen pericial que compara "el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa con muestras de sangre que se tomen del personal militar".

Por supuesto que si se establece con toda claridad que la tropa fue ajena al execrable crimen, nadie insistiría en inculparla. Pero la actitud de los mandos, asumida tan apresuradamente y al margen de las averiguaciones formales hace temer que el caso se disuelva en la impunidad, como en casos similares.

Algunos, citados por el Centro Pro son "los de Inés Fernández, indígena tlapaneca, originaria de Ayutla de los libres, Gro., quien en el año 2002 fue agredida sexualmente por elementos castrenses: Valentina Rosendo Cantú, indígena tlapaneca, originaria de Caxitepec, Gro., quien también fue violada y torturada por militares en el año 2002; Francisca Santos y Victoriana Vázquez, indígenas mixtecas, originarias de Barrio Nuevo san José, Gro.; así como el de las hermanas tzeltales Ana, Beatriz y Celia González, quienes en el año de 1994, después de haber sido privadas de su libertad, fueron también violadas por militares".

El Centro Pro deplora que "hasta la fecha los responsables se han sustraído a la acción de la justicia, toda vez que son canalizados a la justicia militar, con el sustento del artículo 57 del Código de justicia militar", aplicable a los delitos y faltas "cometidos por militares en servicio o con motivo del mismo".

No hay que permitir que de nuevo se añada a la ofensa el agravio.