EDITORIALES DESDE JALISCO

RUBÉN MARTÍN:
MÉXICO, FÁBRICA DE RICOS

Uno de los argumentos para justificar los cambios en los sistemas de pensiones en el país es que la sociedad mexicana ya no puede soportar los anteriores modelos jubilatorios debido a los cambios demográficos, pero también porque los privilegios que consiguieron los trabajadores organizados en décadas pasadas ahora ya son insostenibles. Se dice que el país no pude seguir pagando pensiones de “privilegio” a los trabajadores organizados, conquistadas durante la época del desarrollismo.

Ahora que se discuten los cambios a las pensiones del ISSSTE, se dice que no es justo que los contribuyentes mexicanos paguemos una pensión de 100 por ciento del salario a los burócratas, cuando el resto de jubilados en el país ni siquiera alcance a recibir una tercera parte de su salario.

Parece razonable, pero la salida es un poco tramposa, pues lo que se pide es que se quite también a los trabajadores al servicio del estado, tal como ya se ha quitado a los asalariados en empresas particulares gracias al infame sistema de pensiones que nos heredó Ernesto Zedillo. La salida que se ha buscado para la reforma al modelo de pensiones, tanto en las reformas del sexenio zedillista como ahora en el sexenio calderonista, se pueden traducir crudamente en que se pide más carga de trabajo a los asalariados. Si antes se podían jubilar a los 45 años, ahora se pide que la edad de retiro aumente diez años.

Una buena parte de los discursos que se han escuchado para justificar los cambios a la Ley del ISSSTE apelan al dramatismo, pintan un panorama de desastre y la necesidad de medidas de salvación nacional.

Si es cierto que el país atraviesa una crisis y si lo que está en juego es el ingreso con el que sobrevivirán las futuras generaciones de mexicanos, ¿por qué el reparto de responsabilidades recae exclusivamente en los trabajadores y no se incluye en el debate las ganancias de las administraciones de pensiones y la parte de responsabilidad que le toca a los empresarios?

Porque justo al mismo tiempo que se habla de esta crisis nacional, resulta que hay algunos sectores que no sólo no padecen crisis, sino que están ganando dinero como nunca. Hay muchos ejemplos de este enriquecimiento pero quizá ninguna medición sea tan ilustrativa como la lista de los millonarios de la revista Forbes. En esa lista que incluye a unos 700 megaricos del mundo, el mexicano Carlos Slim ocupa el tercer puesto con una fortuna de 49 mil millones de dólares (mdd). Pero no es el único, hay otros mexicanos: Alberto Bailleres con cinco mil mdd; aparece Ricardo Salinas Pliego con 4.6 mil mdd; Jeronimo Arango 4.3 mil mdd; Emilio Azcarraga Jean con 2.1 mil mdd; Roberto Hernandez Ramirez con dos mil mdd; Maria Asuncion Aramburuzabala dos mil mdd; Isaac Saba Raffoul con 1.8 mil mdd; en el lugar 583 Lorenzo Zambrano con 1.7 mil mdd; y finalmente Alfredo Harp Helu con una “pobre” fortuna de 1.6 mil mdd.

Son diez familias mexicanas que en conjunto tenían una fortuna de 74.1 millones de dólares. Es un inmenso mundo de dinero, que equivale al 10 por ciento total del PIB. Son tan cifras tan altas que se quedan en la estratosfera. Pero quizá sirva otra comparación. La fortuna de estos diez megaricos del país equivale al ingreso promedio de diez millones de trabajadores. El PIB per cápita en México es de 7,400 dólares anuales, es decir, recibe un ingreso mensual promedio de 6,500 pesos.

Así mientras se piden sacrificios a los trabajadores, México se ha convertido en una fábrica de hacer ricos. Muy ricos y muy rápido.

El aumento de la fortuna de estas diez familias es verdaderamente escandaloso. En 2000, cuando empezó su sexenio Vicente Fox, este grupo de acaudalados amasaba una fortuna de 24.9 mil mdd, suma que se triplicó en apenas un sexenio. De un año a otro tuvo un crecimiento espectacular. En 2005 la fortuna de estas diez familias era de 50.8 mil mdd y creció 50 por ciento para 2006.

¿Dónde está entonces las crisis nacional? Claramente entre los ricos del país no. La crisis es únicamente para las clases trabajadoras, tanto quienes tienen empleo formal, así como los informales. A ellos se les pide más carga de trabajo, más años para pagar sus pensiones, menos prestaciones y más esfuerzos. El resultado es que los ricos se convierten en megarricos. Si de verdad se quiere debatir el futuro del país con seriedad se debe discutir también si es justo que un puñado de empresarios se esté quedando con una gran tajada de la riqueza nacional. De otro modo las críticas a los “privilegios” de los trabajadores suenan a pura hipocresía.

rmartin@publico.com.mx

ROBERTO CASTELÁN RUEDA:
PRIORIDADES

Se terminó la seriedad en este país. La llegada de los arlequines del Yunque a los tres niveles de gobierno impidió cualquier compromiso para tratar los temas seriamente. No vale la pena esforzarse. La realidad de trágica se convirtió en hilarante.

Por algún extraño misterio divino, los políticos panistas se empeñan en convertir al país, al estado y a varios municipios en un enorme ensayo del Juicio Final. Quien se salva es aquel político buen padre, buen católico y buen samaritano que logre decir el mayor disparate.

Para participar en él, los actores primero se olvidaron que fueron elegidos para gobernar, es decir, para cumplir de manera eficiente con las labores propias de la función pública. Desde que oyeron la palabra “función pública” los panistas se pusieron a actuar de acuerdo a las indicaciones del Manual de (Ned) Flanders para un país en crisis moral.

Las indicaciones son precisas. Primero: todo lo que no me gusta, no entiendo, me lo prohíbe mi religión, o todo aquello que mi mamá me decía de chiquito que era malo, es malo también para la sociedad. Mi limitado universo personal deberá adquirir categoría de valor universal, si no, para qué somos gobierno.

Segundo: como representamos la voluntad popular, nuestra prioridad es generar leyes que refuercen los valores morales universales ya descritos en el punto primero. Algunas de esas leyes y acciones pueden ser las siguientes:

• la originalísima ley que festeja como un valor bien tapatío el Día del Niño o Niña por Nacer. Esta ley deberá traer un artículo transitorio que especifique la urgente necesidad de registrarla en la Sociedad de Autores y Compositores y en la Oficina de Propiedad Intelectual para que no vaya a ser pirateada por los chinos.

• la ley Mantengo a mi feto, que establece becas para las mujeres embarazadas. Esta ley detendrá la amenaza del aborto, hará crecer el mercado interno y dará independencia económica a las mujeres frente a sus embarazadores.

• un muy republicano Frente Común en Contra del Aborto (Frecocoa) ya anunciado en bando solemne y en nombre de “un hijo de Dios” por uno de los coautores del Manual de Flanders y Yunque mayor en el estado.

• la ley Regale, no aborte, gracias a la cual las embarazadas disfrutarán de las bondades que le traería regalar a una buena familia, los domingos durante la Vía Recreativa, el fruto de su vientre no deseado.

• una enérgica ley contra las parejas del mismo sexo que osen presentarse como familia.

No son inventos. Son propuestas reales.

rcastela@cencar.udg.mx

JUAN JOSÉ DOÑÁN:
EMILIO, POR EJEMPLO

Cuando el PAN llegó a los cargos importantes en Jalisco, hace doce años, los nuevos funcionarios se triplicaron el sueldo, junto con el de sus colaboradores más cercanos, pues el de la infantería burocrática siguió tan jodido como siempre. Para tratar de justificar tan codicioso proceder, dos cosas hallaron quienes con “honestidad” prometían “hacer más”: una, que sus predecesores priistas no sólo cobraban un sueldo nominal, sino también una compensación semisecreta, que a veces era mayor que el primero, y dos, que a fin de “profesionalizar” el servicio público se requería que las percepciones económicas de los funcionarios se tasaran a la par de las devengadas por los ejecutivos de la gran empresa. Resultado? Aun cuando, desde un principio, la productividad de los nuevos “servidores públicos” dejó mucho que desear y sus pifias se daban a destajo (para éstas hallaron un hermoso eufemismo: “novatadas”), una burocracia dorada cundió en las oficinas públicas de los tres poderes (sobre todo, en el Ejecutivo y el Legislativo) y también en el orden municipal.

Y a los salarios obesos, se sumaron sobresueldos, “seguros dotales” tasados en dólares, bonos de retiro, entre otras pre$tacione$ que, a la vuelta del primer sexenio panista, vinieron a poner al descubierto que nuestros “servidores públicos” habían superado, en ese sentido, a funcionarios del primer mundo. Un ejemplo emblemático fue el del gobernador. Éste recibía sueldo y prestaciones que rebasaban a los del primer ministro de la Gran Bretaña y a los del jefe del Gobierno de España. Ante tal revelación, el entonces aludido (un tal Francisco Ramírez Acuña) tuvo una reacción singular: aunque dijo merecer lo que ganaba, aceptó la creación de un Comité Técnico de Valoración Salarial, integrado por funcionarios y académicos. Y aunque el CTVS “recomendó” algunos ajustes a la baja, los sueldos siguieron siendo tan altos que, de pronto, dos alcaldes metropolitanos con aspiraciones a la gubernatura (Arturo Zamora y Emilio González Márquez) vieron la oportunidad de ganar simpatías renunciando “voluntariamente” a la mitad de su sueldo.

Y ahora que uno de esos ex alcaldes consiguió lo que quería, ya no se rebajó la mitad de su sueldo, pues a lo más que ha llegado es a renunciar a la parte de su cheque quincenal que dice “ayuda para despensa y transporte”, aun cuando le sobren vehículos oficiales y el “chivo” de Casa Jalisco siga pagándose con fondos públicos. Qué bonita es la congruencia!

JAIRO CALIXTO ALBARRÁN:
TODO NOS ESCANDALIZA PERO NADA NOS CONMUEVE

Ya estamos como los ingleses que todo nos escandaliza pero nada nos conmueve. Ahora mismo los súbditos de Tony Blair abandonaron cualquier preocupación por sus marinos secuestrados en Irán y se volcaron escandalizados sobre las imágenes del príncipe William echando relajo con unas brasileñas en un acto más inocuo que inicuo. Y qué decir de nosotros, que estamos escandalizados por la gordillización del ISSSTE como si fuera una sorpresa cuando estaba más cantada que el oye Bartola, ahí te dejo esos dos pesos en una cantina de Garibaldi; que nos asombran las manifestaciones panistas-abadscalistas-providistas-chavodelochistas contra la despenalización del aborto, como si no supiéramos que en todo esto lo que ha hecho falta es la misericordia de la Iglesia, tal cual dijo el teólogo Hans Küng, el hombre que más sabe de Dios después de Dios; que nos saca de onda ver reunidos a Vicente Fox y Carlos Salinas de Gortari en su calidad de dos tipos de cuidado que terminaron siendo hijos de María Morales, como si no se parecieran tanto entre sí que a pesar de la diferencia de estaturas no pueden engañarnos; que nos dejan patidifusos las resoluciones de un juez que obliga a Olga Wornat a reparar el daño moral a Manuel Bribiesca, no por acusarlo de tráfico de influencias sino por el excesivo uso de adjetivos al calificar a Manuelito de “adiposo, alcohólico y mujeriego”, según dice el abogado de la escritora, como si no fuera más fácil que las juventudes dejaran de abuchear a Calderón (ya le pasó ante los beneficiarios de la Fundación Telmex, aun acompañado por Carlos Slim) a que a los chiquillos de la jefa de jefes se les pueda tocar aunque sea con el pétalo de una prosa.

Por eso quiero declararme conmovido por la carta que el pintor Boris Viskin le envió a la familia de Ernesto Rivera Reyes, el jefe policiaco que al tratar de impedir que lo asaltaran afuera de una sucursal bancaria, fue muerto a balazos por unos hijos de puta. Estamos tan acostumbrados a los policías corruptos, valemadristas, estrujados por el sistema o sumidos en putrefacción narca, que se nos olvida que hay en las corporaciones elementos que, como escribe Viskin al referirse a Rivera Reyes, son una luz esperanzadora donde abunda la cobardía.

En tiempos en que la vida semeja la nueva versión de Charros vs. Gangsters, el sacrificio de Ernesto Rivera en nombre de algo tan menospreciado como el deber, es un ejemplo admirable que debería reproducirse, por principio, desde las profundidades de nuestra conciencia.

Y por último, una que lleva bastante tiempo en el tintero, pero no deja de ser de actualidad:

JAIME PRECIADO CORONADO:
INSEGURIDAD A LA MEXICANA

Cada vez más cercano al workfare anglosajón, que fragmenta el mercado laboral y responsabiliza predominantemente al individuo de su seguridad social, el modelo mexicano orientado a la exportación industrial aumenta la incertidumbre para la población trabajadora. Además, la persistencia de prácticas corporativas en nuestro país aumenta la inequidad social, pues pulverizan las negociaciones colectivas en función de supuestos intereses gremiales que, en realidad, esconden estrategias de poder de líderes-caudillos acostumbrados a negociar cuotas de poder con gobierno y empresarios. Aquí es donde se enmarca el conflicto de intereses representado en la reforma de pensiones del ISSSTE, donde convergen un proyecto de racionalidad económica fundado sobre la privatización de recursos fiscales e individuales, favorecedor del ahorro hormiga atomizado que centraliza la banca privada, y un proyecto político de inspiración bonapartista: sediento de una base social de sustentación, bueno para un gobierno federal ansioso de nuevas fuentes de legitimidad.

Se avecina así el primer conflicto de carácter nacional para el gobierno de Felipe Calderón, pues la discusión parlamentaria de la reforma del ISSSTE es la punta del iceberg en cuya base residen cuestionamientos, por ahora fragmentados, desordenados, del modelo de gestión de políticas públicas y del mismo modelo de desarrollo nacional. Posiblemente esa reforma no fracase pronto, pero sí agravará la conflictividad social pues es sistemáticamente corporativa, acude al mayoriteo antes que al consenso y la consulta para el debate nacional, privatiza el ahorro nacional sin una contrapartida fiscal que al menos compense la inequidad social del modelo. Sin proyecto de universalización del régimen de previsión social, no amortigüará el impacto negativo de la política económica. Al preguntarnos sobre los beneficios que obtienen los trabajadores al servicio del Estado, no escamoteamos que ellos tengan prestaciones justas sino cuestionamos la viabilidad de una reforma parcial, insuficiente, que no universaliza beneficios.

Son contundentes las tendencias demográficas al aumento de la población en edad de pensionarse, en proporción a los trabajadores activos y al incremento del subempleo y desempleo, a quienes toca responsabilizarse de aportar los recursos para esa capa creciente de pensionados. Por lo tanto, si se negocia fragmentadamente el monto de la pensión y si el resultado de esas negociaciones depende de la fuerza corporativa del gremio demandante de reivindicaciones particulares, el resto de gremios sin poder corporativo y fundamentalmente los trabajadores no sindicalizados, que son la mayoría, quedan desamparados y son víctimas de la inequidad; pues contribuyen con sus impuestos al sostenimiento de los que si pudieron reivindicar una pensión que ellos, o no tienen, o lo que reciben es menor en proporción a lo obtenido por gremios corporativizados. Si a esta inequidad fiscal añadimos precariedad e inestabilidad laborales, resulta un cuadro que pide a gritos una regulación estatal tendencialmente universalista.

Antes que reformas parciales, las pensiones necesitan un enfoque sistémico que vincule el derecho al trabajo, el seguro contra el desempleo y una política pública de fomento al empleo pactada entre capital, trabajo y Estado. El problema de fondo es conciliar eficacia económica y equidad social entre clases sociales, lo cual enfrenta mediaciones que subrayan diferencias y diversidades entre sectores productivos, comerciales, gubernamentales o de servicios, tanto como entre regiones; ello demanda flexibilidad negociadora adaptada a esas circunstancias, que están empero enmarcadas en las condiciones derivadas del modelo socioeconómico por el que se opte. El apego ortodoxo al workfare anglosajón tiene límites comprobados en los países centrales, cuyos efectos perversos se amplifican en el realismo corporativo del modelo mexicano. Hacer posible una reforma de la previsión y seguridad sociales necesita una reforma universalista, vinculada con la equidad fiscal, el fomento del empleo y protección frente al desempleo. Una cultura solidaria, equitativa, para la cohesión social.