DEL UNIVERSAL

Pemex, ¿de la nación?
Ifigenia Martínez

5 de febrero de 2007

Con el alto nivel de los precios del petróleo renace la inquietud ciudadana de si, siendo los hidrocarburos propiedad de la nación y existiendo una gran corporación para su manejo -Pemex y empresas subsidiarias- quienes deciden el destino de su excedente de explotación, que en 2005 ascendió a 928.6 mil millones de pesos (cerca de 65% de sus ingresos), representan a cabalidad el interés nacional.

Es enorme la renta de que se despoja a Pemex. Los gastos de operación, excluidas las cargas fiscales, apenas rondan la tercera parte de sus ingresos mientras los derechos, impuestos indirectos y demás gravámenes que maneja la Secretaría de Hacienda, absorben 64% de ellos y representan 40% de los ingresos del gobierno federal. Se trata no sólo de la mayor carga fiscal del país, sino de un sistema tributario peligrosamente petrolizado. Estos hechos han sido ampliamente denunciados y resultan preocupantes ante la disminución de la reserva petrolera.

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Latinoamérica, sin cambio de plan
Manuel Camacho Solís

5 de febrero de 2007

El gobierno del ex presidente Vicente Fox provocó un grave deterioro en las relaciones de México con América Latina. Con Felipe Calderón, por encima de sus inclinaciones ideológicas, parecía que se había cobrado conciencia de ese error. Había tenido diversos gestos que, aunque no representaban aún una diferencia clara con su antecesor, por lo menos le servían para dar una impresión de regreso a la normalidad. Ahora se ha vuelto a la confrontación con la izquierda, sin que ello represente ninguna ventaja para México y ni siquiera para el gobierno actual.

Las confrontaciones de Fox con los presidentes Chávez, Morales o Kirchner correspondían con la ligereza y frivolidad con la que él manejó los asuntos del Estado y su supeditación -ni siquiera pedida ni agradecida- a la ultraderecha estadounidense, pero al menos le sirvieron para respaldar su estrategia de mercadotecnia electoral fundada en el miedo y la polarización interna con la que ayudó a detener a la izquierda en las elecciones de 2006.

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Detrás de la Noticia
Ricardo Rocha
05 de febrero de 2007

Modelo para desarmar

Y hay que hacerlo cuanto antes. Porque de verdad ya no da para más. El modelo económico neoliberal a ultranza de este país tiene que ser desmontado. De no hacerlo, el riesgo es enorme. Estamos sentados en un barril de pólvora y algunos todavía no lo quieren reconocer. Sin embargo, el riesgo de estallidos sociales en buena parte del territorio nacional ahí está a la vista. Apenas el 15 de enero dijimos aquí que el problema es el modelo y que "lo que nadie quiere escuchar allá arriba es que estamos ante los primeros e inequívocos avisos de una espiral inflacionaria que podría derivar en una profunda crisis económica y social".

Las marchas y concentraciones de decenas de miles de mexicanos en 10 estados y el Distrito Federal son apenas el principio de lo que se anuncia como una larga batalla que se dará en la calle, en el Congreso y en los partidos para obligar al gobierno de Felipe Calderón a, por lo menos, reorientar el capitalismo salvaje versión tlahuica por un modelo más inteligente, más humano y más mexicano.

En la "Declaración del zócalo", suscrita fundamentalmente por organizaciones sindicales y campesinas, se demandan cambios en la política social para pasar de la caridad pública al reconocimiento pleno de los derechos ciudadanos; se convoca también a todas las organizaciones del país a la construcción de una amplia unidad social para trabajar en diversos propósitos urgentes: priorizar el campo; revertir la destrucción de pequeños y medianos productores; negociar el capítulo agropecuario del TLC; crear un programa emergente de aumento a la producción; frenar la escalada de precios; castigar a los acaparadores; establecer un aumento salarial de emergencia; impulsar la generación inmediata de empleos formales y detener la represión a los movimientos sociales. Más tarde, Andrés Manuel López Obrador se pronunció por objetivos similares, a los que añadió la aprobación en el Congreso de la ley sobre precios competitivos que, dijo, beneficiaría a los consumidores mexicanos con ahorros de más de 10%.

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