ALGO DEL DEFORMA

DEL CHISMOGRAFO DEL DEFORMA:
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ESTE DÍA será el estreno de Carlos Abascal como nuevo operador político de la dirigencia nacional del PAN.

Y VAYA broncón que tiene que resolver.

RESULTA QUE el dirigente panista en Oaxaca, Jorge Alberto Valencia, se aventó la puntada de acusar a la Iglesia Católica de estar detrás de la APPO.

Y NO SÓLO ESO, sino que también aseguró que algunos sacerdotes son "promotores de la violencia" en tierras oaxaqueñas.

OBVIAMENTE, el obispo José Luis Chávez Botello reaccionó de manera airada a las declaraciones del dirigente panista a quien, según dicen, lo tripula el mismísimo Ulises Ruiz.

ÉSE ES el asunto que tendrá que resolver hoy Abascal quien sostendrá una reunión con el obispo para tratar de calmar las aguas.

PERO NO va a ser fácil pues dicen que la buena relación entre el gobernador oaxaqueño y el dirigente estatal panista podría complicar las cosas.

NOTA:Seguro los ira a amenazar con el yunque para que le bajen a sus broncas, como buen representante del fascismo trasnochado nacional, marcara linea de acción de la violencia verbal, como es su costumbre.

Y AQUI VA UN TIRO CONTRA LOS CORRUPTOS ADUANALES:

LA GUERRA contra el narcotráfico va a ser muy difícil de ganar cuando se ve que los cárteles siguen ganando terreno debido a la falta de constancia -o exceso de corrupción- que demuestran las policías estatales y federales encargadas de combatirlos.

AHÍ ESTÁ, por ejemplo, el caso del arsenal que fue descrito como el más grande e impactante de los últimos años y que fue detenido hace unos días por el Ejército... pero después de que pasó por el Puente Internacional y la garita de Matamoros ¡y nadie lo vio!

EN ESTE CASO, los militares tuvieron que suplir las deficiencias -o los contubernios- que hay en las autoridades federales de la aduana, que más que una primera línea de defensa parecen una coladera para todo lo que se refiere a las herramientas de trabajo del narcotráfico.

Miguel Ángel Granados Chapa
Eduardo Bours y los perros

nota original En vez de recibir con atención las revelaciones que acaso conduzcan a esclarecer el caso del periodista Alfredo Jiménez, desaparecido de Hermosillo pronto hará dos años, el gobernador de Sonora insulta a los informadores que hablan sobre el caso Apenas en su sexto número, la revista mensual Contralínea/Sonora se ha visto obligada a cerrar. Sus dos reporteros abiertamente se declararon incapaces de enfrentar al gobierno estatal, encabezado por Eduardo Bours, y abandonaron su trabajo. No es para menos, al encargado de distribuir la revista, Mauricio Capdevielle, agentes policiacos estatales lo detuvieron hace un mes y tras sembrar droga en su vehículo y amenazarlo con procesarlo, se contentaron con que saliera de Hermosillo para nunca volver. El hermano de la víctima, Alejandro Capdevielle, resintió hace meses otras modalidades del abuso y la prepotencia del gobernador Bours, quien me dijo entonces (a propósito de una columna sobre el tema) que no era verdad que le incomodara la información publicada por el diario Cambio, sino que simplemente se negaba a satisfacer las peticiones el director del periódico, quien pretendía que el gobierno le entregara publicidad en montos y volúmenes semejantes a otras publicaciones con las que no podía compararse. Que eso no era verdad lo muestra el hecho actual de que Cambio, ahora parte de la Organización editorial mexicana (pues Capdevielle tuvo que ponerlo en venta) propiedad de Mario Vázquez Raña, recibe el trato negado a su antiguo editor, porque cesó la política editorial inquisitiva que lo caracterizó. El principal diario sonorense, El Imparcial, sufrió también la inquina de Bours contra la prensa. Tan pronto se puso en vigor la ley de transparencia en Sonora en agosto pasado, ese diario preguntó por el financiamiento estatal a organizaciones no gubernamentales. El gobierno rehusó ofrecer la información, pretextando razones de gobernabilidad. Una nota editorial, hecha como de paso, cuestionó si eso era motivo para la negativa. El gobernador se sintió agraviado por la pregunta, presumiendo mala fe en el comentario, y denunció penalmente a El Imparcial, aunque muy pronto se percató de la desmesura de su gesto: la Procuraduría depende de la casa de gobierno, por lo que el acusador estaba en condiciones de manejar la averiguación contra su acusado. Y retiró la denuncia, pero amenazó con ventilarla por la vía civil. La prensa de toda índole causa escozor a Bours. Hace tres semanas un airado comentario reveló su sentir al respecto: "Aquí no perseguimos a nadie, ni tienen los tamaños para ser perseguidos. Sabemos quién es el dueño de esos perros, no vamos a perseguir perros, no vamos a perseguir a nadie; es una campañita que no va sólo en contra del gobernador sino en contra del estado de Sonora". El gobernador se refería a un reportaje aparecido en Proceso sobre la desaparición de Alfredo Jiménez, reportero del que no se sabe hace cerca de dos años, pues la última vez que se tuvo noticia suya fue el 2 de abril de 2005. Sin dedicar una frase siquiera al fondo del problema, que es gravísimo por la desaparición misma y la sospecha de que el periodista ha sido asesinado, y también por la impunidad que protege a los autores de ése o esos delitos, Bours se limitó a descalificar encolerizado el texto periodístico. Ésta hacía revelaciones estremecedoras sobre la suerte de Jiménez, que al decir de un testigo protegido de la Procuraduría General de la República, un antiguo teniente de la policía local de Navojoa, Jesús Francisco Ayala Valenzuela, ha sido asesinado. Y más todavía: el encargado de ultimarlo habría sido muerto también. Se trata, en la versión de Ayala Valenzuela, que la ha formulado también ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de otro agente policiaco, Juan Ausencio Félix Moroyoqui, cuyo cuerpo y el de sus compañeros y cómplices en el presunto asesinato de Jiménez, fueron hallados mes y medio después del homicidio del periodista en la desembocadura del drenaje en Ciudad Obregón. Irritó particularmente a Bours el que se diera crédito a quien calificó de enfermo, y que involucrara en la autoría del crimen del reportero a miembros de su gobierno, quienes pertenecen a un grupo político encabezado por el hermano del gobernador, Ricardo Bours, ex alcalde de la antigua Cajeme. Esos políticos y funcionarios se habrían coludido con el capo Raúl Enríquez Parra, jefe de la banda de Los números, o Los güeros, a quien afectaría la información que estaba por conseguir el periodista cuando fue hecho desaparecer. El irascible Bours dijo haber hablado con el procurador federal, Eduardo Medina-Mora, quien lo habría tranquilizado al responder que "no hay nada" contra esos funcionarios, lo cual por una parte no es novedoso pues en efecto "no ha habido nada" contra nadie en torno del crimen de Jiménez y, por otro lado, mostraría una celeridad pesquisitoria jamás vista en la PGR, pues apenas horas antes se habían revelado los nombres de aquellos a quienes implicó en esos sucesos criminales el ex teniente Ayala Valenzuela. Bours ha sido denunciado de modo formal ante el Ministerio Público federal por el abogado y periodista Álvaro Cepeda Neri, director que fue de Contralínea/Sonora. Lo acusa de ordenar que se obstruyera la circulación de esa revista "hasta llegar al extremo de secuestrar y apoderarse" de su número seis. Ese lance ocurrió, digo por mi parte, durante la ilegal detención de Mauricio Capdevielle y su chofer, Ricardo Ramírez, cuya salud se resintió por los efectos del episodio en que fue aprehendido sin causa ni orden judicial. Veremos si la PGR llama a Bours a que responda, así sea por escrito, a la denuncia en su contra, una de las varias que podrían enderezársele. Cajón de Sastre Ciertamente es difícil, e imposible en ocasiones, establecer la diferencia entre los traficantes de personas y las personas con las que se trafica, en las redadas practicadas por autoridades migratorias con apoyo de agencias policiacas federales o estatales. Pero si ni siquiera en el caso de los polleros, se justifica el uso de la violencia ni los malos tratos, menos aun debe admitirse que quienes son ya víctimas de la miseria y de la expoliación de quienes a alto costo los ayudan o dicen ayudarlos a transitar por México sin la documentación requerida, lo sean también de oficiales del gobierno mexicano, que los tratan con crueldad. Es repugnante la hipocresía que se establece cuando abundan las quejas, las protestas, la indignación por los modos de la patrulla fronteriza o de grupos de bandoleros disfrazados de buenos ciudadanos, de aquel lado de la frontera norte, a los migrantes mexicanos; y al mismo tiempo se agrede y degrada a quienes en el otro extremo de nuestro mapa intentan la misma terrible aventura. Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

POR FIN LA CNDH DICE ALGO SOBRE LA VIOLENCIA DE FECALANDIA:
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Cuestiona CNDH operativos contra narco

El presidente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó que el problema de Oaxaca debe enfrentarse a fondo y no sólo con desalojos

Lev García

Xalapa, México (12 febrero 2007).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, consideró este lunes insuficientes los operativos para combatir al crimen organizado, y sugirió que se trata de un problema que debe atacarse desde varios frentes, incluida la capacitación de las fuerzas de seguridad.

De visita en el puerto de Veracruz, donde asistió al informe de labores de la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Noemí Quirasco Hernández, Soberanes dijo que para combatir al hampa se requieren más que medidas efectistas.

"Las cosas en seguridad del País van muy mal, el año pasado tuvimos cerca de mil 500 ejecuciones y en este año vamos por un número alto, todos los días vemos en la prensa ejecuciones", expresó en breve entrevista.

"Todo esto creo que es un problema enorme que se debe atender por los tres órdenes de Gobierno".

Insistió en la necesidad de capacitar a los elementos encargados de combatir la inseguridad y la delincuencia organizada.

Adelantó que se entregará una recomendación al Gobierno federal por el caso de Oaxaca, en donde la CNDH ha estado presente desde junio de 2006.

Desde ese entonces y hasta la fecha, han recibido mil 300 quejas, pero sólo emitirá una recomendación, que no irá contra el Presidente Felipe Calderón, sino contra los encargados de algunas Secretarías de despacho, aunque no dio más detalles.

Añadió que el problema de Oaxaca debe enfrentarse de fondo, analizar las causas, y no únicamente imponiendo estrategias de desalojo de algunos grupos.

"Tenemos que ir a las causas de este problema en Oaxaca, no es algo que surgió de la nada ni de manera instantánea. Hay que atender las causas para resolverlo de fondo, no es un problema de seguridad, de retirar a las personas que están en la calle, es un asunto mucho más profundo, sobre eso sacaremos un informe y una recomendación".

Hora de publicación: 15:44