FIN A LA POLÍTICA AUTORITARIA Y PATRIMONIALISTA

Solución a Oaxaca.

Manuel Camacho Solís.
02 de octubre de 2006.

El problema de Oaxaca debió resolverse hace por lo menos dos meses. Ahora el gobierno federal ya no tiene la posibilidad de cerrar los ojos frente a lo que ocurre. Y el gobierno que viene sabe que, de no resolverse ahora, le explotará en la cara desde los primeros días. Ambos están obligados a tomar una decisión de fondo. Aunque sea tarde, el dilema sigue siendo: solución política o sometimiento de la protesta por medio de la fuerza.

El uso de la fuerza ahondaría la división y extendería la crisis. La solución política ahorraría un derramamiento de sangre y establecería mejores condiciones de gobernabilidad. Quienes sostienen que se puede usar la fuerza sin generar resistencia no saben de qué están hablando. Cuando se ha perdido toda posibilidad de sorpresa, la fuerza, con una alta probabilidad, llevaría a un derramamiento de sangre y alimentaría el crecimiento de la guerrilla. Sólo una solución política bien concebida y adecuadamente instrumentada puede tener éxito. ¿Qué solución política es la menos costosa para todas las partes?

Debe salir el gobernador Ulises Ruiz, pero no convertirlo en el chivo expiatorio. Mediante una licencia y la posterior designación de un interino, él tendría una protección y el PRI conservaría el cargo. Para el gobernador y el PRI es mejor eso que perder todo. Si los hechos obligan a la desaparición de poderes, se tendría que convocar a una elección que no ganarían. Confiar en que el gobierno federal lo sostendrá a cualquier costo es una ingenuidad, pues si Fox y Calderón no demuestran tener la capacidad para imponer una solución política, entonces se verá que no podrán gobernar a Oaxaca ni a México.

El gobernador interino debe ser una figura que no sea parte del encono ni de la degradación de la vida política del estado. Hay oaxaqueños que no están manchados, que pueden dialogar con todos los sectores y que podrían gobernar en acuerdo con la izquierda y con el consentimiento de la derecha. Se necesita una interlocución confiable con los grupos radicales que pertenecen a la APPO. Si sale Ruiz, habrá posibilidades de diálogoy para la construcción de nuevos espacios de interlocución que encaucen las diferencias por vías institucionales y civilizadas. Una amnistía general del Congreso, local y federal, es indispensable. Debe haber una auténtica reconciliación.
La solución a la crisis política y económica debe ir acompañada de una respuesta de fondo al problema social y al rezago indígena. El sector educativo no puede quedar a merced de la dialéctica de la confrontación local. Procede la federalización temporal de la educación. Una vez resueltas las demandas educativas justificadas y de establecerse un compromiso efectivo y verificable de cumplimiento de los compromisos por parte del magisterio, se regresaría al esquema -mejorado- de la descentralización.

Es indispensable poner fin a una era autoritaria y patrimonialista en la política local. Urge una reforma política de fondo que abarque el sistema electoral, la justicia, el régimen de gobierno y la administración pública. Una reforma que asegure la autonomía de los órganos electorales y la equidad, enriquezca la democracia participativa, mejore la calidad y transparencia de la justicia, garantice la libertad de información y modernice la administración local para poner fin al clientelismo y al patrimonialismo; un programa emergente para reestablecer -con el sector privado- la actividad económica en la capital y para fortalecer -con las organizaciones sociales- los programas de desarrollo regional en el estado.
El mando de la fuerza pública debe quedar temporalmente bajo un solo responsable federal y servir de respaldo a la solución política. Las teorías del dominó (si cae Ruiz cae Calderón) son argucias ideológicas para proteger el statu quo. El sentido común es más útil: la solución política evitará derramar sangre. Si no hay capacidad política y se provoca la violencia, los responsables deberán ser llevados a juicio.

Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista