MAS DEL HIJO E PUTA VOZCERO.

Acusación peligrosa.

jorge carrasco araizaga
México, D.F., 15 de septiembre (Apro).-

La Presidencia de la República escaló la confrontación con Andrés Manuel López Obrador.

Oficialmente, lo vincula ya a grupos radicales dispuestos a acciones de choque destinadas a la ingobernabilidad.

Se trata de una acusación grave que aumenta el encono y reproduce las prácticas del gobierno autoritario del PRI, el cual durante décadas vio a la disidencia política como una amenaza a la seguridad interna.

El vocero presidencial Rubén Aguilar acusó, este viernes 15 de septiembre, a López Obrador de propiciar a esos grupos. Razón por la cual, dijo, Vicente Fox decidió cancelar la ceremonia del Grito de la Independencia –la última de su presidencia– en el Zócalo de la Ciudad de México y trasladarla a Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde el cura Miguel Hidalgo proclamó la independencia de México.

Lo que en un principio pareció como un momento de sensatez de Fox, al decidir ese cambio ante la ocupación de la principal plaza del país por los seguidores de López Obrador, pronto se reveló como una embestida más de la Presidencia contra el exjefe de Gobierno del Distrito Federal.

Más que una respuesta de malestar por ese traslado obligado, pues Fox había reafirmado que pese a todo encabezaría el Grito en el Zócalo, el señalamiento de la Presidencia revela la peligrosa tentación de utilizar el tema de la seguridad interna para acabar con la disidencia que representa el lopezobradorismo.

Era claro que Fox se exponía al presentarse ante una plaza ocupada por la excoalición Por el Bien de Todos, desde el jueves Frente Amplio Progresista (FAP). Pero por el tipo de acusación, es evidente también que el foxismo está utilizando el aparato de seguridad del Estado para actuar contra sus opositores.

Si el portavoz asegura que el gobierno de la República tiene “información de inteligencia” de que “organizaciones radicales” vinculadas a la excoalición pretendían “realizar actos de violencia en el Zócalo” la noche del 15, la Presidencia está obligada a informar de qué organizaciones se trata, cuáles eran sus planes de acción y, sobre todo, la magnitud del peligro.

No basta con que lance la acusación de que esos grupos estaban dispuestos, incluso, a provocar muertos entre los propios simpatizantes de López Obrador.

Tiene que demostrar que el movimiento de López Obrador se está convirtiendo en amenaza para la seguridad del país.De no hacerlo de forma fehaciente, como es muy probable que ocurra, quedará en evidencia su manida manipulación para sembrar en la opinión pública la idea de que López Obrador ya no es un peligro, sino una amenaza para México.

La acusación es todavía más perniciosa porque da carta abierta a la activación de grupos que intenten actuar en contra del movimiento de López Obrador, desatando una indeseada espiral de violencia.

Si con esa acusación la Presidencia pretendió engrandecer la figura de Fox, al presentarlo como un político prudente y responsable, de no ser cierta aquélla estará emulando al viejo régimen que tanto criticó pero que mantuvo en esencia.

Ese PRI autoritario y antidemocrático fue el que albergó a los grupos de choque y paramilitares que actuaron fuera de la ley contra los disidentes políticos, y cuyos excesos quedaron en la impunidad al amparo del foxismo.

Sin asidero, el señalamiento lanzado desde la Presidencia de la República hará más pesada la herencia de Fox a su sucesor, pues está incentivando a quienes desde distintos lados buscan soluciones de fuerza a la crisis poselectoral.Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx