CUANDO NO HAY LEGITIMIDAD.

El ejemplo de Oaxaca
Benedicto Ruiz Vargas

La situación explosiva que vive hoy el estado de Oaxaca es un ejemplo de cómo los problemas sociales, algunos históricos como en este caso, son visualizados y entendidos por los gobiernos, las instituciones y las burocracias políticas de los partidos, en especial por las del PRI y el PAN. Oaxaca es un ejemplo de cómo el tamiz del autoritarismo sigue prevaleciendo en la visión dominante de los gobiernos y en las camarillas caciquiles que controlan el poder y que, contra lo que se dice, son la fuente principal de los conflictos sociales y políticos no sólo en Oaxaca sino a nivel nacional.

Para los grupos dominantes que históricamente han buscado controlar el poder, ya sea de manera institucional o de facto, detrás de los movimientos sociales no hay en realidad demandas genuinas o desatendidas por los gobiernos, sino lo que existe son grupos rebeldes infiltrados en segmentos vulnerables de la población que buscan desestabilizar y romper el orden institucional para imponer sus intereses particulares.

Esta forma de procesar el conflicto y las diferencias sociales, obviamente maniquea y tramposa, tiene dos finalidades: desconocer la magnitud del conflicto y sus raíces profundas (aunque también la responsabilidad del gobierno en el origen del mismo), así como justificar invariablemente el uso de la violencia para romper la amalgama del movimiento disidente.

La lógica es simple: si el movimiento no tiene demandas legítimas (legítimas para el gobierno, se entiende), lo que procede es el uso de la fuerza pública ante el riesgo inminente de la ruptura del orden.La imagen o el engaño que se vende a la población y a la sociedad en general es que el gobierno no actúa contra un movimiento social que reclama demandas justas, sino que interviene para “restablecer” el orden y garantizar la paz y la estabilidad.

Este es el discurso del poder y por lo general de los gobiernos autoritarios, que reaccionan así cuando un movimiento impugna su legitimidad y el carácter de sus decisiones.Esto es lo que está pasando hoy en Oaxaca con el movimiento de la sección 22 del SNTE y la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), con el gobierno impugnado de Ulises Ruiz, el gobierno federal y las dirigencias del PAN y del PRI, sin omitir por supuesto el papel deleznable de los medios de comunicación y las castas empresariales del estado.

El nudo ciego formado en Oaxaca, sin embargo, tiene que ver con una paradoja enclavada en la coyuntura política nacional. La mayoría de los actores del gobierno y los empresariales no quieren sacar al gobernador del estado, como es la demanda central del movimiento, pero tampoco les resulta factible y conveniente su permanencia. Lo que se tiene, entonces, es la parálisis, dando elementos para que el movimiento crezca y se fortalezca.

El gobierno federal y otros actores de poder no pueden ceder a la petición de destituir del cargo al gobernador por una lectura típica del autoritarismo: porque eso fortalecería al mismo movimiento y sentaría un precedente negativo para otros estados y otros gobernadores actualmente cuestionados por la sociedad. En esa visión, la caída de Ulises Ruiz, debilitaría aún más al mismo Felipe Calderón, pues se establecería como una pauta en los movimientos sociales.

El problema es que tampoco sostener al gobernador oaxaqueño constituye una salida; primero porque a estas alturas de su deterioro es imposible que pueda restablecer un mínimo nivel de gobernabilidad en el estado y , segundo, porque sostenerlo por la fuerza lo que hará es simplemente agudizar el conflicto y mantener vivo al movimiento social, empujándolo a crear otras alianzas y a extender su radio de acción, tal y como ya está sucediendo ahora.

Entrampados como están, tanto el gobierno federal como el PRI y el PAN están buscando cada vez más una salida intermedia, pero igual de peligrosa. El secretario de gobernación, Carlos Abascal, ha dicho que para Oaxaca habrá una solución “integral, prudente, gradual y, si es necesario el uso de la fuerza pública para recuperar edificios y calles ocupadas”.

Mariano Palacios Alcocer, dirigente priista, ha mencionado por su parte que el PRI “no simpatiza con un acto de intervención que tenga que ver con la represión, sino con el ejercicio de la presencia de la autoridad federal, que ha sido absolutamente omisa”.

Su homólogo panista, Manuel Espino, ha salido con la misma ambigüedad: el PAN no apoya al gobernador, pero tampoco quieren su salida; apoyar la salida implicaría “ceder a un capricho de gente que se ha caracterizado por el vandalismo”. Para él tendría que haber un operativo policiaco, pero sin que haya violencia (sic).

Es decir, para todos la solución es la intervención de la policía, jamás la solución de las demandas.Si la intervención de la policía es la vía que se utiliza en Oaxaca, es evidente que el gobierno federal, el PAN y el PRI, pueden encender la mecha de un movimiento más amplio y explosivo del que ahora existe, agudizando la pérdida de legitimidad de los gobiernos y la brecha entre éstos y los ciudadanos.

¿Entenderán estos partidos lo que significa no tener legitimidad?

El autor es analista político e investigador de la UIA Tijuana
Correo electrónico: benedicto@tij.uia.mx