PARA QUE SE SEPA.

Gilberto Lopez y Rivas, escribe en la Jornada, algo que aparentemente no tiene mayor trascendencia, por lo mismo tiene escasa difusión por los "medios" mas penetrantes, pues aquí lo publicamos para que estemos enterados:
Gilberto López y Rivas.

Albazo en el Senado y poderes fácticos.

Habían trascurrido sólo dos días de que la comunidad de trabajadores de la cultura enviaran a la congeladora de la Cámara de Diputados un clon de la llamada ley Bermúdez, cuando en el Senado, con el sigilo que caracteriza la componenda de intereses turbios y en el último minuto de la sesión de esta "legislatura de la ignominia y la traición", se votaron reformas constitucionales que atentan contra el patrimonio cultural de los mexicanos.

En efecto, el 27 de abril se aprobó un paquete de dictámenes que dan inicio al proceso para modificar artículos de la Constitución, dos de los cuales afectan la Ley Federal sobre Monumentos y zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). En concreto, las reformas constitucionales enviadas a la Cámara de Diputados para su revisión eliminan de la fracción XXV del articulo 73 constitucional, la facultad exclusiva del Congreso de legislar sobre "vestigios y restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos cuya conservación sea de interés nacional" y otorgan a las legislaturas de los estados dicha facultad; asimismo, al modificar el artículo 124 de la Constitución extienden a gobiernos estatales y municipios el ejercicio concurrente junto con el gobierno federal, en materia de conservación e investigación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.

La exposición de motivos de la reforma justifica la decisión de los senadores en la necesidad de fortalecer el federalismo como "columna vertebral en la construcción de la República", argumento que en una real transición democrática tendría razón de ser y motivo de apoyo.

No fueron el federalismo democrático-participativo y la búsqueda de una mayor equidad en las competencias entre Federación, estados y municipios los motivos de los senadores priístas y panistas que votaron en favor de esta reforma, bajo el silencio cómplice de las demás bancadas que no se movilizaron para detenerla y no alertaron, al menos, a la opinión pública y a la comunidad de trabajadores de la cultura. Fue Manuel Bartlett, operador del mayor fraude electoral cibernético que posibilitó la usurpación de la Presidencia de la República por Carlos Salinas, quien manifestó su preocupación por la reforma sin reflexión alguna y sin medir las repercusiones que tendría, mientras los senadores de la izquierda institucionalizada cumplían rutinaria y calladamente su trabajo legislativo.

Las reformas obedecen a intereses de los grandes grupos de poder político y económico trasnacionales-nacionales y regionales y a los poderes fácticos, que desde hace décadas acechan el patrimonio arqueológico, histórico y artístico de la nación para usufructuarlo y enajenarlo para su beneficio y para, por esa vía, dar entrada a la ansiada privatización y mercantilización de ese patrimonio. Lo que la fracasada ley Bermúdez no logró en San Lázaro, en Xicoténcatl lo consiguieron con singular rapidez. De seguro Sara Bermúdez (tan cuestionada por hechos de corrupción y desvío de recursos en su gestión y en la construcción de su megacapricho bibliotecario) y toda la burocracia del CNCA festejaron las reformas ese jueves, ya que hubo inusitada presencia de los mandos medios y superiores en el cuartel general de su presidenta.

El silencio sepulcral y conveniente del secretario de Educación Pública (convidado de piedra del gabinetazo), de Sara Bermúdez y de los directores generales del INAH y el INBA ante una reforma que afecta directamente a las instituciones bajo su mando y responsabilidad, expresa la complicidad de estos personeros con las reformas realizadas, quienes seguramente enviaron a sus peones con la nueva versión de la ley Bermúdez a la picota de la Cámara de Diputados, mientras discretamente mantuvieron bajo la manga la carta de la reforma constitucional en el Senado.

Por su parte, los sindicatos de los trabajadores de la cultura alertaron sobre la amenaza que estas reformas representan en el caso que se completase todo el proceso legislativo (llegada a la Cámara revisora, en este caso, la de Diputados, y eventualmente, de ser aprobada sin cambios, debate y aprobación de la mitad más uno de las legislaturas locales). En centros de trabajo se realizaron reuniones urgentes para analizar las implicaciones que las mismas tendrían en la rectoría nacional de las políticas de conservación e investigación y en la integridad de los institutos y las instituciones respectivas.

La clave de la resistencia exitosa de los gremios de trabajadores de la cultura a las pretensiones privatizadoras del patrimonio, y a los intentos por fragmentar y desmantelar los institutos, ha sido la capacidad para mantenerse unidos, con direcciones representativas y democráticas, con comunidades académicas, artísticas, técnicas, manuales y profesionales capaces de convencer con argumentos fundados y movilizaciones sobre la justeza de la defensa y uso social del patrimonio del país.

No hay que dejarse engañar con la trampa de un supuesto fortalecimiento del federalismo. La realidad es otra: la de los gobernadores corruptos, asociados al crimen organizado, depredadores de zonas arqueológicas y monumentos históricos, enemigos de la participación de las comunidades, la sociedad civil y los pueblos indígenas, y colaboradores-socios incondicionales de las grandes empresas de turismo, inmobiliarias y de comercio.

Una razón mas para votar por AMLO y la mayoría perredista al Congreso.