Laura Itzel Castillo,
Secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda,
Gobierno Legítimo de México.
El próximo 18 de marzo se celebra el 70 aniversario de la expropiación petrolera en medio de una fuerte presión para privatizar la industria energética y acabar finalmente con los restos que quedan de soberanía nacional.
Hace un año, en el acto oficialista del 69 aniversario, Felipe Calderón convocó a realizar un diagnóstico de la situación de Pemex y cínicamente llamó a “combatir” a fondo la corrupción. Al evento acudieron puros funcionarios íntegros: Carlos Romero Deschamps, secretario general del sindicato charro de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y Francisco Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, ambos protagonistas del Pemexgate en el que se desviaron mil 500 millones de pesos para la campaña presidencial de Labastida. Hay que recordar que el propio Calderón también es cómplice de los estragos a Pemex, pues fungió como secretario de Energía y como coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados en la 58 Legislatura que dejó impunes a Romero Deschamps y a Ricardo Aldana, otro finísimo líder.
Esto es sólo un ejemplo de la impunidad de que gozan quienes han usado a la industria petrolera como caja grande para enriquecerse al amparo del poder público. Ahí está también el español Juan Camilo Mouriño, quien ha sido beneficiario directo de esta práctica y de su muy cercana amistad con Calderón.
El apetito privatizador de la derecha parece no tener límites. Mediante trampas violan flagrantemente la Constitución para permitir que los extranjeros tengan injerencia directa en Pemex. Recientemente, el 7 de enero pasado, se otorgó un contrato de más de 4 mil millones de pesos por concepto de operación, mantenimiento y construcción de la infraestructura para la transportación de combustible en Tabasco, Veracruz, Chiapas y Oaxaca a la empresa EMS Energy Services México, que es subsidiaria de la firma estadounidense Energy Maintenance Services Group.
Estos acontecimientos me traen a la memoria que, desde los años 70, Heberto Castillo criticaba contundentemente la política petrolera del régimen de José López Portillo.
Desde el Partido Mexicano de los Trabajadores y como colaborador en Proceso y en EL UNIVERSAL lanzó la consigna: “Pemex sí, PEUSA no”. Hoy más que ayer este lema está vigente.
Durante décadas, los gobiernos entreguistas han tratado de acabar con Pemex y aún así sigue siendo sostén de nuestra economía. El petróleo es nuestro y debemos conservarlo.
Únete al Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo. La cita es el próximo domingo 24 de febrero a las 11 de la mañana en la Torre de Pemex, con Andrés Manuel López Obrador.
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Secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda,
Gobierno Legítimo de México.
El próximo 18 de marzo se celebra el 70 aniversario de la expropiación petrolera en medio de una fuerte presión para privatizar la industria energética y acabar finalmente con los restos que quedan de soberanía nacional.
Hace un año, en el acto oficialista del 69 aniversario, Felipe Calderón convocó a realizar un diagnóstico de la situación de Pemex y cínicamente llamó a “combatir” a fondo la corrupción. Al evento acudieron puros funcionarios íntegros: Carlos Romero Deschamps, secretario general del sindicato charro de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y Francisco Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, ambos protagonistas del Pemexgate en el que se desviaron mil 500 millones de pesos para la campaña presidencial de Labastida. Hay que recordar que el propio Calderón también es cómplice de los estragos a Pemex, pues fungió como secretario de Energía y como coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados en la 58 Legislatura que dejó impunes a Romero Deschamps y a Ricardo Aldana, otro finísimo líder.
Esto es sólo un ejemplo de la impunidad de que gozan quienes han usado a la industria petrolera como caja grande para enriquecerse al amparo del poder público. Ahí está también el español Juan Camilo Mouriño, quien ha sido beneficiario directo de esta práctica y de su muy cercana amistad con Calderón.
El apetito privatizador de la derecha parece no tener límites. Mediante trampas violan flagrantemente la Constitución para permitir que los extranjeros tengan injerencia directa en Pemex. Recientemente, el 7 de enero pasado, se otorgó un contrato de más de 4 mil millones de pesos por concepto de operación, mantenimiento y construcción de la infraestructura para la transportación de combustible en Tabasco, Veracruz, Chiapas y Oaxaca a la empresa EMS Energy Services México, que es subsidiaria de la firma estadounidense Energy Maintenance Services Group.
Estos acontecimientos me traen a la memoria que, desde los años 70, Heberto Castillo criticaba contundentemente la política petrolera del régimen de José López Portillo.
Desde el Partido Mexicano de los Trabajadores y como colaborador en Proceso y en EL UNIVERSAL lanzó la consigna: “Pemex sí, PEUSA no”. Hoy más que ayer este lema está vigente.
Durante décadas, los gobiernos entreguistas han tratado de acabar con Pemex y aún así sigue siendo sostén de nuestra economía. El petróleo es nuestro y debemos conservarlo.
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