La transformación más importante que logró la Revolución Mexicana fue establecer en la Constitución de 1917 la propiedad de la nación sobre la tierra, el espacio aéreo, el subsuelo y las riquezas naturales.
Con esta medida se hizo prevalecer el interés público por encima del privado, lo que creó un severo conflicto con Estados Unidos y otros países que consideraron esta disposición como un atentado a sus intereses, lo que derivó en una controversia legal que demandaba la no retroactividad de la ley, lo que resultaba improcedente ya que la Constitución establecía un nuevo pacto social.
Los intereses extranjeros ejercieron enormes presiones para modificar el artículo 27 constitucional; sin embargo, el gobierno de Venustiano Carranza mantuvo la vigencia del nuevo pacto.
Años después, Álvaro Obregón firmó en secreto los deshonrosos Pactos de Bucareli, con los que, a cambio del reconocimiento de Estados Unidos a su gobierno —el que había sido negado a Carranza—, restableció los intereses extranjeros en la explotación del petróleo.
Con Lázaro Cárdenas se dio un paso definitivo para hacer valer el mandato constitucional y se expropian los bienes de las empresas extranjeras, las que impusieron un embargo económico y tecnológico que buscaba revertir la expropiación. De ahí surgen Petróleos Mexicanos y el Instituto Politécnico Nacional.
Hoy se pretende revertir esta situación. Bajo el argumento de que no se cuenta con la capacidad tecnológica y financiera para el aprovechamiento de los hidrocarburos, se busca promover, al igual que en los Pactos de Bucareli, una reforma legal que disfraza la apropiación privada de los hidrocarburos.
El intento de abrir Pemex al capital privado se enmarca en el deliberado debilitamiento de la empresa, su abandono presupuestal y la falta de inversión en sus subsidiarias, lo que ha provocado que nuestro país sea deficitario en gas natural y gasolinas a pesar de su riqueza petrolera. Pemex ha sido manejada bajo una lógica financiera que distrae los recursos económicos que genera y que le permitirían contar con inversión suficiente para su sano desarrollo.
La estrategia de priorizar las extracciones masivas de crudo para exportación, en vez de generar bienes con valor agregado, ha reducido las reservas probadas y beneficiado a nuestros compradores, a quienes se compra gasolinas a costos crecientes.
La ineficiencia de la onerosa burocracia de la empresa se ha encubierto en una alianza cómplice con uno de los sindicatos más corrupto del país.
Con esta medida se hizo prevalecer el interés público por encima del privado, lo que creó un severo conflicto con Estados Unidos y otros países que consideraron esta disposición como un atentado a sus intereses, lo que derivó en una controversia legal que demandaba la no retroactividad de la ley, lo que resultaba improcedente ya que la Constitución establecía un nuevo pacto social.
Los intereses extranjeros ejercieron enormes presiones para modificar el artículo 27 constitucional; sin embargo, el gobierno de Venustiano Carranza mantuvo la vigencia del nuevo pacto.
Años después, Álvaro Obregón firmó en secreto los deshonrosos Pactos de Bucareli, con los que, a cambio del reconocimiento de Estados Unidos a su gobierno —el que había sido negado a Carranza—, restableció los intereses extranjeros en la explotación del petróleo.
Con Lázaro Cárdenas se dio un paso definitivo para hacer valer el mandato constitucional y se expropian los bienes de las empresas extranjeras, las que impusieron un embargo económico y tecnológico que buscaba revertir la expropiación. De ahí surgen Petróleos Mexicanos y el Instituto Politécnico Nacional.
Hoy se pretende revertir esta situación. Bajo el argumento de que no se cuenta con la capacidad tecnológica y financiera para el aprovechamiento de los hidrocarburos, se busca promover, al igual que en los Pactos de Bucareli, una reforma legal que disfraza la apropiación privada de los hidrocarburos.
El intento de abrir Pemex al capital privado se enmarca en el deliberado debilitamiento de la empresa, su abandono presupuestal y la falta de inversión en sus subsidiarias, lo que ha provocado que nuestro país sea deficitario en gas natural y gasolinas a pesar de su riqueza petrolera. Pemex ha sido manejada bajo una lógica financiera que distrae los recursos económicos que genera y que le permitirían contar con inversión suficiente para su sano desarrollo.
La estrategia de priorizar las extracciones masivas de crudo para exportación, en vez de generar bienes con valor agregado, ha reducido las reservas probadas y beneficiado a nuestros compradores, a quienes se compra gasolinas a costos crecientes.
La ineficiencia de la onerosa burocracia de la empresa se ha encubierto en una alianza cómplice con uno de los sindicatos más corrupto del país.
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