Del Informativo ISA - Dona Rosario y el Diputado Almazan no se venden

En el marco de los estiras y afloja en que se ha convertido el quehacer legislativo en vísperas de este 1 de septiembre, la senadora de la República Rosario Ibarra de Piedra y el diputado federal y representante del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) José Antonio Almazán hicieron pública el día de hoy una carta dirigida al pueblo de México y a la Convención Nacional Democrática en donde fijan su postura con respecto al gobierno de facto de Felipe Calderón.

Por la importancia que tiene dicho documento en cuanto al compromiso que los mencionados legisladores refrendan con sus electores y por lo que representa en tanto nuevas formas de hacer política, el servicio de noticias ISA lo reproduce a continuación íntegramente.

Al pueblo de México,

A la Convención Nacional Democrática

Este primero de septiembre se inicia un nuevo periodo de sesiones del Congreso de la Unión. Nosotros sabemos que fuimos electos como parte del ascenso de la voluntad popular que reclamaba y reclama un verdadero cambio en el rumbo del país, sumido ya por años en el curso neoliberal que hace más profunda cada día la desigualdad, y se enorgullece de que aquí viva el hombre más rico del mundo, sin que le importe la suerte de los millones de seres humanos que viven y mueren en la miseria.

Los millones de mexicanos pobres piensan y quieren que cambie ese estilo especial de gobernar, que sólo se interesa en lo suyo y que menosprecia el anhelo del pueblo, el deseo de un cambio verdaderamente democrático, que no se limite a la festejada alternancia en el gobierno, sino que vea por ellos, que defienda la soberanía nacional poniendo fin a la subordinación a los intereses extranjeros y que además sea capaz de acabar con la simulación, con la impunidad, con la corrupción, con la constante violación de los derechos humanos.

Fue esa esperanza en un verdadero cambio la que hizo posible la altísima votación que nos llevó al Congreso, pero la aspiración de esa gente era llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República y en lugar de ello sufrió la afrenta de un nuevo fraude electoral, para imponer mañosamente a un gobernante ilegítimo, un personaje gris que asegurara la continuidad de su política neoliberal, profundamente antipopular.

Para lograrlo, aquellos que en el pasado reclamaban derechos democráticos, que aunque los limitaban al respeto al voto, hoy, como en estampida pasaron por encima de todos los derechos, para imponer su política privatizadora, que arranca derechos sociales históricamente conquistados por el pueblo y que no han dudado un ápice en recurrir a la represión, emulando y a veces superando las prácticas de los peores tiempos del priismo: encarcelamiento ilegal, desaparición forzada; renovadas prácticas de tortura, violación de mujeres y hombres en cautiverio y, sobre todo, la intimidatoria presencia del ejército en todo el territorio nacional, que bajo el pretexto del combate al narcotráfico, llega a la creación de cuerpos inconstitucionales y lanza la amenaza de reformas legales que conviertan en crimen la protesta social.

Ante la ilegitimidad de la imposición, fuimos convocados a organizarnos en una Convención Nacional Democrática que resistiera, que luchara contra los designios de un gobierno espurio; que reconociera un gobierno —ese sí— legítimamente representativo de la voluntad popular y que luchara por medios pacíficos y con la movilización popular, contra las instituciones caducas, sucias de corrupción, que han demostrado en hechos vergonzosos su descomposición: un instituto electoral que justificó el fraude, un tribunal que lo avaló, un gobierno de hecho que se apoya en la militarización del país y que solapa crímenes como los asesinatos y violaciones de mujeres por integrantes del ejército, cuyos altos mandos son beneficiados con aumentos en sus haberes, a diferencia de la situación general de los trabajadores. Una Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que solapa crímenes, repitiendo en forma vergonzosa las palabras del usurpador de la presidencia.

Desechamos todas las ofertas políticas hechas desde el Poder impuesto, que llevan la intención de conseguir aunque sea un mínimo reconocimiento, un gesto de los legisladores y representantes populares que hemos llegado al Congreso gracias al voto de quienes ansiaban un cambio. Nos debemos a ese voto y a ese apoyo popular y no tenemos madera de traidores.
Las presiones, ofertas y concesiones son el pan de cada día y de cada hora en esta etapa difícil para los ilegítimos. Nosotros no nos hacemos parte de acuerdo alguno, que según dicen, supone civilidad, apego a la Constitución, talento y cordura. No caemos en la trampa de quienes, con estrecha visión electoralista, nos dicen que una conducta radical, como la que sostuvimos el año pasado, nos desprestigia y merma votos. Lo que nos desprestigiaría y marcaría, no para una siguiente elección, sino ante la Historia, sería claudicar de nuestro compromiso democrático y por intereses personales o de grupo, dar reconocimiento en cualquier forma a quien no lo merece. Por eso en contra de acuerdos pactados que no aceptamos, no estaremos presentes en la sesión del Congreso el día que sea el Informe, como nueva protesta por la imposición y la burla a la voluntad popular. Si no se considera posible una nueva acción de rechazo, por lo menos que nuestra ausencia sirva para marcar diferencias.

Senadora de la República Rosario Ibarra de Piedra

Diputado federal José Antonio Almazán González