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Carlos Fernández-Vega

Resultados, no sueldos, el problema en el gobierno
La herencia de don Jesús Reyes Heroles 36 años después


El nuevo inquilino de Los Pinos apuróse a concretar uno de sus primeros anuncios: "emitiré un decreto de austeridad en los gastos del Poder Ejecutivo y reduciré el salario del Presidente y de los altos funcionarios de mi gobierno para no incrementarlos hasta en tanto el Congreso revise una Ley de Sueldos de los Servidores Públicos".

Y lo emitió ayer, con un espectacular 10 por ciento de descuento en su estipendio y los de sus funcionarios, con lo que el mini presidente cree que el país está del otro lado, porque se "ahorrarán" 25 mil 500 millones de pesos, según su propio cálculo, lo que deja claro que a pesar de todo del erario saldrán casi 230 mil millones de pesos para cubrir dichos salarios.

Mucho se ha debatido en torno al salario presidencial y el de sus funcionarios de primer nivel, los poderes Legislativo y Judicial, y los gobiernos estatales y municipales. Es una sangría real, una ofensa para la mayoría de los mexicanos, aunque algunos aseguren que "son ingresos justos".

Si se revisa el presupuesto y simplemente se mide en dinero, lo más barato es el sueldo del inquilino de Los Pinos y sus funcionarios. En el caso del primero representa menos de 0.01 por ciento de la Presidencia de la República. El problema comienza cuando a ese salario se le suma todo lo demás: séquito, propaganda, "imagen", comunicación social, aparato de seguridad, transportación, "remodelaciones", "cabañitas", giras nacionales e internacionales, vestimenta, familia, parientes, etcétera, etcétera, que elevan a grado sumo el costo monetario que los contribuyentes deben pagar para que quien esté sentado en la Primera Silla de la Nación se sienta a gusto.

Si sólo en sueldos el Presidente de la República y sus funcionarios se comen más de 250 mil millones de pesos anuales, ¿cuánto le representa a la nación todo lo demás? Y con 10 por ciento descuento el problema, desde luego, no se soluciona.

Eso por el lado simplemente monetario, porque el verdadero costo, cada vez mayor, debe medirse por el lado de los resultados. Si el Presidente de la República y su gabinete, tuvieran un salario ­por decir­ de un millón de pesos diarios, pero debido a su trabajo, esfuerzo, acción de gobierno, capacidad negociadora, visión de Estado, etcétera, etcétera, el país, los mexicanos, ganaran en desarrollo, crecimiento económico, bienestar social, seguridad, paz social y demás, entonces no sólo habría que felicitarlos, sino aumentarles el estipendio.

La cruda realidad nos demuestra que no ha sucedido así. Por el contrario, el ingreso del Presidente de la República y de su gabinete, de la mano del Legislativo y el Judicial, de los gobiernos estatales y municipales, ha crecido de manera inversamente proporcional a los resultados por ellos ofrecidos a México, a los mexicanos, de tal suerte que como el primer escenario no se cumple, sería por demás conveniente recurrir al segundo, es decir, recortarles su estipendio hasta el nivel de salario mínimo, y en algunos casos ­como el de Fox­ exigirles que devolvieran el salario del sexenio.

De cualquier suerte, también por decreto, ya existen funcionarios de primera y de segunda, porque a contrapelo de lo que ordenó para los poco resultones civiles de su gabinete, el Felipillo decidió "incrementar de forma sustancial los haberes de tropa y marinería"; en razón "de la entrega, disciplina y lealtad de nuestras fuerzas armadas" sus salarios no serán considerados en el "decreto de austeridad". Tiene razón: si no fuera por los verdes, no sería el presidente tras bambalinas.

En fin. A lo largo de los últimos cinco gobiernos ­como les llaman, incluido el que recién empeza­ si algo ha prevalecido es el sentimiento, la raíz y la visión empresarial de quienes los han conformado. Tanto, que la democracia ha sido, es y seguirá siendo "de, para y por los empresarios". Pero estos gobiernos gerenciales obviaron la regla de oro empresarial: resultados, y de éstos dependerán los sueldos. Por ejemplo, ningún empresario medianamente capacitado hubiera permitido que un gerente como Fox durase seis meses en su empresa. Lo hubiera corrido, sin liquidación. Pero ya en el poder público se dan el lujo de mantenerlo seis años sentado en Los Pinos.

Entonces, más que un golpe mediático como el decreto de ayer (y el país está harto de golpes mediáticos), el nuevo inquilino de Los Pinos debe ofrecer resultados que justifiquen no sólo los salarios (con todo y 10 por ciento de descuento hasta que el Congreso diga lo contrario) por ellos obtenidos, sino su permanencia en el cargo. Así trabajaran gratis, sin resultados concretos serán, junto con los cuatro sexenios anteriores, los funcionarios más caros de la historia nacional.

Y, sin practicar la cartomancia, difícilmente obtendrán resultados con los más recientes nombramientos que redondearon su equipo de colaboradores: de los 11 ungidos el sábado, siete provienen del gobierno foxista. Considerando todos los nombramientos en el gabinete (legal y ampliado), el 60 por ciento de los funcionarios de la "continuidad" despacharon en el fracasado sexenio del "cambio", y algunos de ellos en éste y otros más, como el del "bienestar de la familia" de Zedillo y el de la "solidaridad" con Salinas.

Las rebanadas del pastel
Ya ni la burla perdonan: en 1970, el director general de Petróleos Mexicanos, don Jesús Reyes Heroles, advirtió que "... la explotación exclusiva de Petróleos Mexicanos es en beneficio de la nación, sin necesidad de ofrecer participaciones o derechos (al capital privado) sobre el valor de la producción del subsuelo. Con recursos propios y financiamientos normales, proseguirá el desarrollo y progreso de la industria petrolera". Treinta y seis años después, la "continuidad" nombró al hijo de aquel nacionalista como nuevo director de la paraestatal, para que proceda en sentido contrario.