Derrota de la cultura
Judith Amador Tello
En el estira y afloja por el presupuesto de egresos de la federación, la cultura sufrió la incomprensión y el pragmatismo de los políticos que, con el argumento de que “los libros no dan de comer”, le negaron el sustancial incremento que propuso al inicio de esta semana la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.
Dicha comisión quería aumentar más de 4 mil millones de pesos a los 5 mil 600 millones determinados por el Ejecutivo, cifra esta última que reducía los dineros para cultura en relación con 2006 y que provocó el malestar generalizado en el medio.
En forma casi festiva, el diario La Jornada informó el martes 19 de diciembre que “de forma inédita” dicha comisión había aprobado “la asignación más cuantiosa para la cultura en el país”: llegaría a 10 mil 936 millones de pesos. Y añadió: “Si se logra el aval del pleno de la cámara, sería algo inusitado en México”.
Lo nada insólito es que en la discusión en el pleno el tema cultural volviera a perder frente a áreas como el campo, el sector energético y la seguridad; no obstante, el dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda, al responder si los gobernantes y diputados son indiferentes a los problemas del recorte presupuestal a la cultura, había advertido:
“Son indiferentes a las repercusiones que puede tener un país sin cultura, con problemas económicos, con 10 millones de analfabetos, con la mitad del país desempleada. Es muy grave que la parte espiritual, la educativa y la de salud se recorten para incrementar las armas... Hay otras formas de mejorar el presupuesto para la seguridad nacional, no necesariamente a costa de la cultura. Una mala educación provoca la criminalidad, si le quitamos presupuestos a la educación y a la cultura tendremos más criminales. ¿Por qué castigar los efectos y no prevenir las causas?”
El mismo martes en que se daba a conocer la posición de la Comisión de Cultura, se realizó una marcha de diferentes grupos culturales, alumnos y trabajadores de los institutos nacionales de Antropología e Historia (INAH), Bellas Artes (INBA) y de escuelas de arte de la UNAM que partió del Ángel de la Independencia al Palacio Legislativo.
Convocada por el poeta Eduardo Hur-tado (ver recuadro) y varias organizaciones, fue encabezada por Rascón Banda, las coreógrafas Rossana Filomarino y Magnolia Flores, los escenógrafos Félida Medina y Gabriel Pascal, la actriz Julieta Egurrola y el historiador y coreógrafo Alberto Cabañas, quienes conformaron una comisión para dialogar con los diputados.
Marchando también, en calidad de “ciudadano”, el exdiputado y ahora asesor del grupo parlamentario del PRD en el Senado Inti Muñoz hizo poner los pies en la tierra a quienes ya daban por hecho el incremento, al aclarar que era sólo una propuesta de la Comisión de Cultura y faltaba su aprobación en el pleno.
Advirtió que aun ya votado por éste, el Ejecutivo podría vetarlo, como sucedió hace un par de años, cuando los diputados destinaron mayores recursos a la cultura y Vicente Fox vetó la ley de presupuesto, yendo a parar la controversia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Sin vela en el entierro?
La marcha llegó a San Lázaro por una ruta improvisada, resultado de la falta de acuerdo entre los manifestantes: el escritor Paco Ignacio Taibo II pedía pasar a saludar el plantón de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), instalado hace meses en la plaza Tolsá a las afueras del Senado, y otros, como la actriz Luisa Huertas, se opusieron al argumentar que no eran “elitistas”, pues estaban con el pueblo, pero la marcha de ese día era por la cultura.
No mezclar, pues. Quizá por ello a varios de los artistas e intelectuales marchistas no se les vio en las manifestaciones convocadas hace unos meses por el excandidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. No asistieron esta vez Elena Poniatowska, Eugenia León o Jesusa Rodrí-guez, quienes apoyaron al tabasqueño.
Los desacuerdos en el frente de la marcha, que finalmente hizo una escala de un par de minutos entre Bolívar y Tacuba, donde Taibo II se desgañitó pidiendo la salida del gobernador Ulises Ruiz de Oaxaca, prácticamente pasaron inadvertidos por los estudiantes que entre bailes, performances, ejecuciones musicales y batucadas vivieron la parte festiva.
“Si Frida viviera, qué chinga que les pusiera”, “Arte sí, armas no”, “Calderón entiende, la cultura no se vende”, “Haz el arte, no la guerra” y “Ni un peso menos”, fueron algunas de las consignas gritadas por los jóvenes, quienes como parte de su ingenio llevaban caricaturas de Agustín Carstens, secretario de Hacienda y Crédito Público, con leyendas como “La cultura desnutrida”. Una gran manta recordaba: “1920 José Vasconcelos apoya la cultura y la educación; 2006 No al recorte a la cultura”.
Alberto Cabañas explicó que iban a la cámara no a discutir la reducción presupuestal, pues la rechazaban de entrada, sino el incremento. El coreógrafo e historiador reclamó la presencia de Sergio Vela, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), pues debió encabezar la marcha y exigir el incremento presupuestal.
–Pero él ha dicho que jurídicamente está impedido de pelear por el presupuesto.
–Lo que está haciendo es manejarlo institucionalmente, nada más. Recibe un cargo sin apoyo y aún así lo asume incondicionalmente. Él debería estar al frente de la marcha por ser el presidente del Conaculta, también María Teresa Franco, directora del INBA. Ellos no pueden estar con las manos cruzadas.
El escritor Eduardo Mosches, director de la revista Blanco Móvil, coincidió y calificó de “timorata” la actitud de Vela al escudarse en las incapacidades jurídicas del Conaculta:
“Si él retomara seriamente el papel de presidente del Conaculta, tendría una actitud más beligerante, una posición de luchar por mayores presupuestos y una política que este gobierno no puede expresar y que con el tiempo quizás él tampoco pueda expresarla.”
Y Rascón Banda no se quedó atrás. Consideró un contrasentido que fueran los creadores y estudiantes de arte quienes salieran a dar la batalla y los funcionarios estuvieran “tranquilos en sus oficinas”. El dramaturgo, presidente de la Sociedad General de Escritores de México, pidió que el incremento no se destine a gastos y sueldos de funcionarios ni gastos administrativos, sino a la producción, el fomento de las artes y la educación.
El estudiante del Colegio de Literatura Dramática de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Iván Arizmendi, junto con sus compañeros, vestía de basura (recortes de revistas y periódicos) para simbolizar que la falta de presupuestos los obliga a utilizar estos materiales en sus obras de teatro. Él no lanzó las campanas al vuelo por el posible incremento. Por ser de la UNAM esperaría hasta conocer el presupuesto aprobado al sector educativo:
“Estamos dependiendo totalmente de lo que se le otorga a la UNAM y de ahí tiene que pasar por varios filtros hasta llegar a la Facultad y luego al Colegio, son demasiados pasos, y si de por sí no nos llega, si nos recortan, menos va a llegar.”
Más que en 2006
Los marchistas entregaron a los diputados una carta dirigida al legislador Emilio Ulloa, presidente de la Comisión de Cultura, y a Felipe Calderón, en la cual recuerdan los compromisos hechos durante su campaña en un folleto poco difundido, “Cultura para que vivamos mejor”, con la exigencia de que “cumpla su palabra escrita”.
En esa campaña ofreció, entre otros puntos: perfeccionar los mecanismos legales que tienden a la protección y al aprovechamiento racional del patrimonio cultural; consolidar una política cultural en el largo plazo que garantice el apoyo público a la cultura, a fin de facilitar el acceso de todos los mexicanos; mayores estímulos a la creación; una política fiscal que favorezca el mecenazgo, y duplicar el presupuesto destinado al desarrollo cultural (Proceso 1571).
Se entregó también otra carta a los mismos destinatarios, en la cual miembros de la comunidad cultural advierten que en “tiempos de inconformidad ante las grandes desigualdades socioeconómicas del país, reducir las posibilidades de la educación, la ciencia y la cultura es apostarle a un deterioro cada vez mayor del tejido social”, y subrayan que la inversión en estos rubros es una obligación, “no una dádiva”.
Firman, entre muchos otros, el pintor Alberto Castro Leñero, el escritor Alberto Chimal, el actor Alberto Estrella, el cine-
fotógrafo Alejando Lubezki, la escritora Cristina Pacheco, el académico Daniel Cazés, el actor Daniel Giménez Cacho, la editora Débora Holtz, el músico Eduardo Piastro, el director de teatro Jaime Chabaud y el escritor José Emilio Pacheco.
Al cierre de esta edición, el jueves 21, en la Cámara de Diputados se planeaba la discusión del presupuesto de egresos para el viernes 22 e incluso se preveía alargar la discusión hasta la madrugada del sábado 23.
El diputado José Alfonso Suárez del Real, secretario de la Comisión de Cultura, informó que el incremento “histórico” (como lo calificó el diario La Jornada) aprobado por esta comisión no se autorizaría en el pleno, pues los diputados de Acción Nacional antepusieron en la discusión el criterio de austeridad marcado por el gobierno federal. La posición del diputado perredista es que la cultura no se “regatea”, pues basta con ver cómo están los teatros del INBA o los museos para entender que falta “muchísimo” presupuesto:
“Estamos echando por la borda ese patrimonio que al momento de pedir préstamos al Banco Mundial sí cuenta, porque no prestan sólo por el petróleo, las minas o las carreteras, sino por el patrimonio cultural, pues es generador de divisas, de movimientos turísticos que garantizan el ingreso de moneda extranjera y de trabajo, eso no lo toman en cuenta, parecen olvidarlo.”
El presupuesto de casi 11 mil millones de pesos no se lograría, pero garantizó un incremento para que fuera mayor al ejercido durante 2006, cuando alcanzó los 7 mil 482 millones de pesos: Podría llegar a 8 mil millones o 9 mil millones de pesos. Y estaría destinado, aclaró, a programas específicos y al fortalecimiento de las instituciones del subsector cultura (mantenimiento de zonas arqueológicas, restauraciones, investigación, educación artística, promoción cultural), se defenderán derechos laborales de los trabajadores, pero de ninguna manera será para crear nuevos puestos en mandos altos y medios. En cambio, se regularizarán las plazas laborales del personal de la biblioteca Vasconcelos.
Esto último no lo ve como una contradicción con el hecho de que en la pasada legislatura el grupo parlamentario del PRD hubiera impugnado el proyecto de construcción de la llamada megabiblioteca:
“Comparto esa postura, pero también veo una realidad: a pesar de los señalamientos que de manera reiterada se acreditaron de manera fehaciente, la construcción está. Respeto el derecho de los usuarios a tener la atención básica por parte del Estado, para ello se requiere de esa plantilla laboral, que irresponsablemente la administración de Vicente Fox y de Sari Bermúdez no plantearon en el proyecto de presupuesto que presenta la SHCP. Estoy pensando antes que nada en los usuarios.”
El diputado dijo también que pelearán por un incremento al Archivo General de la Nación, y defenderán que éste se mantenga como custodio del legado histórico de la República, y sus acervos no sean trasladados a la megabiblioteca, como se ha planteado.
Y SE NOS OLVIDABA EL CORRUPTO CREEL QUE QUISO COMPRAR EL FAVOR DE LAS TELEVISORAS CON LOS DESPLUMADEROS:
Los ganadores: Televisa, Hank, Ocesa…
Jenaro Villamil y Juan Pablo Proal
Bienvenidos a la Generación Win”, dice un anuncio en la entrada del Play City del centro comercial Armand, en la avenida Insurgentes Sur de la Ciudad de México. Estos ganadores, al menos un domingo a las 14 horas, son, en su mayoría, mujeres solas, mayores de 50 años, que participan en la fiebre del juego en alguna de las 200 máquinas electrónicas que se instalaron en una de las cinco primeras casas de apuestas que Televisa ha abierto este año en la Ciudad de México, en Chalco, en Coacalco y en Puebla.
La iluminación neón, intensa en sus tonos azul y rojo, no permite que se cuele la luz exterior. Los jugadores pueden pasar hasta cinco horas consecutivas, hasta las cuatro de la madrugada, apostando en el Neptuno Kings, el Fruit Cocktail, el exótico Oriental Express o cualesquiera de las más de 30 variedades de apuestas en estas máquinas.
Si uno no quiere apostar, puede sentarse en el bar, tomar whiskys a bajo costo y observar en alguna de las más de 20 pantallas de televisión la transmisión de los partidos de futbol americano de la NFL o de la Liga de Campeones de la UEFA 2006/2007.
Sin embargo, “la sensación” es apostar a las carreras de caballos y de galgos, o en los partidos de jockey, de futbol soccer, de futbol americano o de basquetbol, ya sea en la sala de números o en otro salón exclusivo, conocido como High Limit, donde se reúnen los “grandes apostadores”.
El toque Televisa, inconfundible en los Play City, se observa en otro sitio ubicado en la exclusiva plaza comercial Antara, en la avenida Ejército Nacional, Delegación Miguel Hidalgo. Allí el número de máquinas asciende a 380 en un espacio de más de 300 metros cuadrados, decorado con estrellas y múltiples referencias al principal emporio televisivo del país.
En los pasillos, una modelo le habla a una cámara de televisión promoviendo la afiliación al Play City Presea. Es el club de tarjetahabientes, al cual se accede mediante un contrato para formar parte de la Generación Win o para intercambiar los puntos acumulados en las apuestas por una suscripción a Sky, alguna de las revistas de Editorial Televisa o un viaje a Guadalajara o Tijuana por la línea aérea Volaris, otra nueva empresa del consorcio televisivo. Negocio en circuito cerrado y perfecto.
Sin necesidad de comprobantes, los jugadores van a una de las seis cajas del sitio a depositar efectivo para llenar las “tarjetas inteligentes” que permiten a uno jugar en las máquinas tragamonedas que, en estricto sentido, funcionan como un cajero automático. La tecnología fue aportada por la empresa estadunidense Scientific Games.
Un joven robusto, de apenas 25 años, depositó 2 mil pesos a su tarjeta Play City. En menos de dos horas agotó su crédito. Eso sí, se sintió “un ganador”. Otros apostadores, ejecutivos de corbata o parejas jóvenes, entran a la sala de números con la esperanza de ganar los 360 mil pesos acumulados o la Jeep Liberty 2006 que se promueve a la entrada para enganchar a los ludópatas.
Quieren ser como José Luis Pérez, quien ganó 70 mil pesos en el Play City Puebla, el primer establecimiento de Televisa, inaugurado el 24 de abril con 69 terminales electrónicas. Su testimonio se difunde, junto al de otros “ganadores”, en el sitio en internet www.playcity.com.mx.
“Concepto familiar”
Los planes más ambiciosos para la Generación de Ganadores, según Diana Muñiz Barbosa, directora del Departamento de Relaciones Públicas de Play City Puebla, es contar con guarderías y salas de videojuegos adyacentes. “Es un concepto muy familiar”, se ufanó en entrevista con Proceso.
Quien decida formar parte del Play City Presea, el club de miembros exclusivos, firma un contrato para jugar y consumir en la sala de play electrónico, en la sala de números, en los espectáculos deportivos, e inclusive para obtener entradas gratuitas al Cinemex o descuentos en el Spa Hawai del hotel W de Polanco, siempre y cuando acumule los puntos suficientes.
De acuerdo con el contrato, Apuestas Internacionales, S.A. (AISA), filial de Televisa, “se reserva el derecho de cancelar cualquier afiliación”, así como de “bloquear el uso de los puntos acreditados en la cuenta en el evento de cualquier mal uso de las terminales del play electrónico”.
La mecánica de la acumulación de puntos es la siguiente: Por el uso del play electrónico, la sala de números o el consumo en el restaurante-bar, cada jugador adquiere un punto por cada 10 pesos gastados, y se van sumando “siempre y cuando se presente la tarjeta en el momento de la obtención de fondos, para poder relacionar el número de la tarjeta al número de comprobantes que se adquiere”.
Para mantener activa la tarjeta, debe utilizarse “al menos una vez cada seis meses”. Entre los catálogos de beneficios se encuentran plumas Mont Blanc, intercambiables por 115 mil puntos acumulados, o teléfonos Palm, Ipod, maletas, cámaras fotográficas, billeteras, laptops (se requieren 500 mil puntos para una de éstas) y hasta por un viaje a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, siempre y cuando el que lo pretenda tenga ya 2 millones 800 mil win. Multiplicados por 10, equivalen a más de 28 millones de pesos invertidos en los juegos.
Negocio multimillonario
Apuestas Internacionales, S.A. obtuvo el 18 de mayo de 2005, en forma exprés, 130 permisos por 25 años para instalar 65 casas de juego en 25 entidades, por parte del entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, a unos cuantos días de que dejara el cargo para postularse como precandidato presidencial del PAN.
En menos de dos semanas, Creel otorgó a Televisa y a otros empresarios vinculados con medios electrónicos, con el sector de espectáculos o con políticos, un número histórico de permisos para operar centros de apuestas y salas de sorteos de números: un total de 198.
Es decir, en dos semanas, Creel entregó una cantidad mayor de permisos con 25 años de vigencia que todos los concedidos de 1971 a 2000, conforme a una investigación de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados.
El mismo órgano legislativo calculó que se invertirán 20 mil millones de pesos para abrir centros de este tipo, donde se esperan ganancias 10 veces más grandes que la inversión inicial.
Los otros 68 permisos, además de los de Televisa, fueron para las empresas Mio Games, de Jorge Alberto Fernández; Eventos Festivos de México, con inversión de Olegario Vázquez Raña, que administra los establecimientos Win Go; Promociones e Inversiones de Guerrero, de Carlos y Joaquín Riva Palacio; Promojuegos de México, de Raúl Quintana Fernández, y Pablo Cortina de la Fuente, que opera BWIN y realiza apuestas por internet; y Juega y Juega, de Juan Eduardo Mounetou Pérez y Carlos Enrique Abraham Mafud, amigos y posibles prestanombres de Manuel Bribiesca Sahagún, según denunció el entonces diputado priista Héctor Gutiérrez de la Garza (ver Proceso 1511).
Antes de dichos permisos, el negocio de los centros de apuestas en México estuvo dominado por Administradora Mexicana de Hipódromos, S.A., empresa que opera los 33 Sports Books y las 27 salas de sorteos de números o Yaks. Tiene un total de 91 establecimientos en todo el país.
Esta compañía pertenece a la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), de Alejandro Soberón Kuri, exsocio de Televisa que, entre otros grandes negocios, tiene la empresa de espectáculos OCESA, el Hipódromo de las Américas y el Foro Sol en México.
En 1973 la Secretaría de Gobernación dio permisos a la Operadora de Apuestas Caliente, que controla los cuatro locales y books del mismo nombre. Después se extendieron a Hipódromo Agua Caliente, con 21 centros de apuestas en operación. Ambas son propiedad de Jorge Hank Rohn, el actual alcalde priista de Tijuana, quien en 1991 llegó a tener 77 establecimientos en 19 estados.
Hank Rohn incursionó en las apuestas de carreras de galgos, y en 1998 abrió en la plaza Mundo E de Satélite, Estado de México, la primera sala de juegos Caliente.
Otras firmas de esta clase son Operadora Cantabria, con 21 establecimientos; Libros Foráneos, con 10; Divertimex, con siete; Atracciones y Emociones Vallarta, con cinco; Grupo Océano Haman, con seis; Espectáculos Latinoamericanos Deportivos, con cuatro; Operadora de Espectáculos Deportivos, con tres; Cesta-Punta Deportes, con tres; Comercial de Juegos de la Frontera, con dos, y Promociones e Inversiones de Guerrero, con uno.
Apuestas Internacionales, administradora de Play City, puede desplazar a cualesquiera de estos grupos si en menos de ocho años abre los 65 locales para operar sus 130 permisos, tal como lo proyectó un informe de Televisa ante la Securities Exchange Comision (SEC) de Estados Unidos.
Este informe, enviado por Televisa a finales del 2005, no aclara que existe desde octubre de 2004 una controversia en la Suprema Corte de Justicia por la anticonstitucionalidad del reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, que puede echar abajo las autorizaciones extendidas por Santiago Creel. La ministra ponente es Olga Sánchez Cordero.
Por otro lado, sí informa que la inversión inicial para crear Apuestas Internacionales fue de 1 millón de dólares de capital inicial. Los socios son Emilio Azcárraga Jean, Alfonso de Angoitia, Bernardo Gómez, José Antonio Bastón Patiño, Julio Barba Hurtado, Juan Sebastián Mijares Ortega, Jorge Agustín Lutteroch Echegoyen, Salvi Folch Viadero y Rafael Carabias Príncipe. El gerente general es Joaquín Balcárcel Santa Cruz, apoderado también de Televisa.
Televisa firmó un contrato con la empresa estadunidense Scientific Games, que le proporcionó el soporte técnico, el hardware y la asesoría para poner en operación las máquinas de Play City. Scientific Games se promueve como “líder” en “instalación de tickets instantáneos, sistemas y servicios de lotería”, así como en tarjetas de prepago telefónico.
Televisa estima que la inversión inicial total, incluyendo la compra a Scientific Games, dará una ganancia 10 veces mayor en un plazo de ocho años.
La organización Di No a los Casinos, dirigida por Daniel Olivares Villagómez, señala que en un centro de apuestas entran en promedio mil jugadores por día. Y Olivares Villagómez afirma que Televisa es la única compañía mediática en el mundo que se ha iniciado en este tipo de negocios, e incita “en forma perversa a la gente a que practique la ludopatía”, con lo que se convertirá en una “fábrica de adictos”.
La ludopatía
La Organización Mundial de la Salud considera la ludopatía o las apuestas compulsivas como “un trastorno mental de los impulsos”. Un jugador compulsivo puede apostar en carreras de perros, loterías, bingos, máquinas tragamonedas, dados, cartas, etcétera.
“El juego compulsivo es una enfermedad progresiva que puede dañar la situación económica, la carrera, las relaciones y la vida misma de la persona. También puede afectar a los seres queridos del jugador”, señala el Florida Council on Compulsive Gambling, una de las organizaciones civiles más fuertes creadas en Estados Unidos para tratar esta enfermedad psicosocial.
De acuerdo con Rafael Tejeda de Luna, autor de otro estudio sobre la ludopatía, “un jugador patológico puede estar de 24 a 48 horas jugando ininterrumpidamente, sin moverse de su sitio, sin comer, sólo bebiendo”.
Por esta razón, en la mayoría de los bingos, yaks, books y ahora en el Play City, una de las zonas más concurridas es el servicio de bar, donde las bebidas cuestan menos que en otras partes.
En México no existe un estudio confiable que aborde el problema de la ludopatía y de los riesgos que conlleva la proliferación del juego intensivo. En su período como secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza se comprometió a encargar una investigación sobre las consecuencias sociales y psicológicas de los 198 permisos que entregó su antecesor Santiago Creel. Según el informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, hasta agosto de 2006 el estudio en cuestión aún se encontraba “en su etapa de elaboración”.
Los datos disponibles indican que, en Estados Unidos, entre 7 y 10% de los asistentes a las salas de juego y casinos tienen problemas de ludopatía. En estados como Nevada, asiento de Las Vegas, se ha confirmado que 20% de los individuos que juegan patológicamente han intentado suicidarse.
El estudio de Tejeda de Luna cita el caso de Alemania, en donde hace dos años se estimó el costo social de la ludopatía en más de mil millones de euros. En España, a raíz de la legalización del juego en 1977 y hasta 1998, se registraron 50 mil jugadores patológicos adultos.
Daniel Olivares advirtió que Televisa tiene una “estrategia monstruosa” para transformar sus centros de apuestas en sitios de reunión familiar, pues “pretende utilizar todo su potencial para hacer que la gente caiga en el vicio del juego”.
A su vez, el diputado federal panista de Puebla Ángel Alonso Díaz Canejo, quien también es miembro de la Comisión de Turismo, puntualizó que las casas de apuestas no sólo afectan la salud de las personas, sino también promueven la drogadicción, la delincuencia y el lavado de dinero.
Pese a todo, en la Ciudad de México los dos primeros centros de apuestas de Televisa obtuvieron el permiso de las delegaciones Benito Juárez y Miguel Hidalgo, ambas gobernadas por miembros del Partido Acción Nacional.
Las irregularidades
El gobierno de Vicente Fox decretó el 17 de septiembre de 2004 un reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos que modificó el que estuvo vigente desde el 31 de diciembre de 1947.
El reglamento fue impugnado por el pleno de la Cámara de Diputados, que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 3 de noviembre de 2004, la controversia constitucional con el número de expediente 97/2004. A más de dos años de haberse interpuesto ese recurso, el máximo tribunal no ha emitido fallo alguno.
Ernesto Alarcón Trujillo, diputado y presidente de la Comisión Especial Encargada de Verificar el Cumplimiento de la Normatividad de los Permisos Otorgados por la Secretaría de Gobernación, formada en la Legislatura pasada, indicó en sus conclusiones que el reglamento del foxismo transgrede el artículo 73 fracción X de la Constitución, al tiempo que amplió el concepto de sorteos, “estableciendo modalidades que no tienen relación con el azar; sus definiciones son oscuras, sujetas a la discrecionalidad interpretativa de la Secretaría de Gobernación”.
También denunció que ese reglamento “deja de lado” el hecho de que “el espíritu de la ley” correspondiente “es el destino de estas actividades a la asistencia pública”. En suma, subraya, “es omiso en la determinación de las ganancias para la previsión social y la asistencia pública”.
La Secretaría de Gobernación también hizo caso omiso a la solicitud presentada el 23 de abril de 2004 por un grupo de mandatarios integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para incluir un representante de los gobiernos de las entidades en el Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos que, por ley, debe fungir como órgano de consulta al otorgar los permisos.
El mismo informe señala varias irregularidades en el paquete de los 198 permisos otorgados por Santiago Creel. Entre ellas se encuentran las siguientes:
–En forma sorpresiva, el 29 de abril de 2005, durante la última sesión del Consejo Consultivo, se aprobaron cinco permisionarios más y se modificó el permiso extendido a Eventos Festivos de México, de Olegario Vázquez Raña, que pasó de tres a 20 centros de apuestas en un solo acto.
–Las identidades de los beneficiarios de los permisos “no son del todo transparentes”, ya que el reglamento establece la necesidad de investigar a fondo quiénes son los permisionarios, con excepción de la sociedad Apuestas Internacionales, de Televisa, que cotiza en la bolsa. Esta investigación no se realizó en el caso de Promociones e Inversiones de Guerrero, que tiene como accionista mayoritario un fondo económico extranjero, denominado Gem Global Yield Fund y United Tote. A este grupo se le autorizó establecer 11 de sus 53 centros de apuestas en cualquier estado de la República, “sin especificar claramente el domicilio exacto”.
–La comisión legislativa determinó que los permisos proporcionados por Creel tanto a Televisa como a los otros grupos (Mio Games, Eventos Festivos, Promojuegos, Juega y Juega y Promociones e Inversiones de Guerrero) “no están ajustados a derecho” por “diversas omisiones y violaciones a la Ley de Juegos y Sorteos y a su respectivo reglamento”.
–La comisión le reprochó al equipo de Carlos Abascal, en especial al subsecretario de Gobernación Arturo Chávez Chávez(FAMOSO POR OAXACA), que a pesar del compromiso de no emitir nuevos permisos en tanto no se resolviera la controversia constitucional, “la Secretaría de Gobernación ha dado continuidad al otorgamiento de autorizaciones para el inicio de operaciones de 198 nuevos centros de apuestas autorizados, violando con ello el compromiso marcado con el número 4, que a la letra dice: ‘La Secretaría de Gobernación no permitirá la instalación de algún establecimiento que no cuente con la autorización de los estados, municipios o delegaciones correspondientes’”.
Así mismo, exhortó a la Secretaría de Gobernación a “no permitir la apertura de nuevos establecimientos” de Play City, Uno, Big Bola, Win Go, La Cima y Río Diversión, “en tanto no se emita el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” y no se conozca el estudio encargado a la UNAM.
A pesar de esto, Televisa y los otros grupos permisionarios empezaron a abrir sus centros de apuestas, sin que hasta ahora ninguna autoridad se haya interpuesto, sin que la Secretaría de Gobernación informe al respecto y sin que la Suprema Corte determine si violan o no la Constitución. (Proceso 1559) ?
Pretendientes de una tercera cadena televisiva
Florence Toussaint
Aquí no se trata de abogar porque esto suceda, ya que lo menos conveniente para el país es el surgimiento de una cadena privada más que lucre con la cultura, la información y el entretenimiento. Sí de señalar cómo, a través de una campaña mentirosa de alcance nacional, Televisa y Azteca se han encargado de atajar a sus previsibles competidores.
La protección que siempre le ha dado el Estado mexicano a los consorcios mediáticos ha posibilitado su crecimiento. Aunque su productividad ha bajado en los últimos 20 años, siguen vivos gracias al apoyo gubernamental. En este año, obtuvieron 70% de los gastos en publicidad política de los partidos, más la inversión de, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial. Además de la erogación del expresidente para mantener su imagen. Sería muy difícil que, sin el respaldo gubernamental y con un mercado abierto a consorcios extranjeros, la televisión mexicana subsistiera.
Los hoy enemigos de Televisa y Azteca fueron en otro tiempo sus socios y colaboradores. Moisés Saba, del grupo con el mismo nombre, formó parte de Tv Azteca y tuvo intereses en la empresa. Grupo Casa Saba S.A. de C.V., es una compañía que cotiza en las bolsas de valores de México y de Nueva York y cuyo reporte anual de 2004 señala que las ventas netas de ese período fueron de mil 833 millones de dólares. La utilidad bruta de 188 millones de dólares y la neta de 57 millones de dólares. Su actividad principal es la distribución de medicamentos en la República, tanto a farmacias privadas como públicas. Agrega a ello una división distribuidora de libros y revistas cuya razón social es Citem. Su historia es una de cambios y fusiones. Como antecedente remoto se menciona a una farmacia que operaba en 1892. La gran empresa actual nace en l982 como Inmobiliaria Auho, en 2000 adquiere 85% de las acciones de la sociedad XTRA Inmuebles; al asumir éste la totalidad de las acciones, pasa de Grupo Casa Autrey a Grupo Casa Saba. Y así funciona desde esa fecha.
Su segunda división está relacionada con la cultura al distribuir en México, Estados Unidos (62%), América Central (13%), Sudamérica (22%) y el Caribe (3%), un total de 5 mil 900 títulos adquiridos a 290 editores. La subsidiaria Citem es la principal competidora de Intermex, compañía propiedad de Televisa que opera el mismo ramo. El producto más importante son los libros, aunque también hace circular semanarios y revistas. Lo hace en 740 librerías, 200 estands de noticias y 170 agentes nacionales. Entre los puntos de venta se cuentan aeropuertos, restaurantes Vips, El Portón y hoteles.
El otro consorcio interesado en adquirir una concesión televisiva en México es General Electric, que tiene entre sus compras recientes a la cadena estadunidense de televisión abierta NBC y a su vez a la de habla hispana Telemundo. Ésta ya había mostrado interés en el espectro mexicano cuando ofreció pagar sueldos caídos a los trabajadores de Canal 40 para ponerlo al aire de nueva cuenta. También, en aquella ocasión, Televisa y Tv Azteca armaron un escándalo mediático para detener la operación.
Telemundo alcanza 142 mercados a través de 16 estaciones propias, 36 afiliadas y 684 sistemas de cable. Conductores, productores y periodistas provienen en su gran mayoría de Miami, ciudad que alberga a los emigrados cubanos. También ha llevado a cabo convenios con Argos, la productora mexicana de telenovelas y programas especiales.
General Electric es un consorcio que produce desde focos hasta reactores nucleares y cuyo comportamiento ha sido denunciado en repetidas ocasiones por fraudulento y carente de ética. Algo común entre las grandes corporaciones del mundo, a las cuales solamente importan las ganancias.
Independientemente de quiénes pretendan obtener la tercera cadena privada, el Estado no puede otorgarla sin ampliar, de manera equivalente, las opciones de unos medios públicos de calidad, diversificados en su programación, y que atiendan las necesidades informativas y de cultura del público antes que el negocio. Con dos cadenas que compiten a la baja en las propuestas, es suficiente. No se puede seguir regalando el espectro a la iniciativa privada para que manipule, intervenga en las elecciones y ofrezca chatarra a los sufridos televidentes. ?
LOS ABUSOS EN OAXACA, MAS TESTIMONIOS:
Testimonios de pesadilla
Pedro Matías
federal.
OAXACA, OAX.- El arquitecto Por-
firio Domínguez Muñozcano estuvo a punto de morir ese sábado cuando caminaba por el centro de esta ciudad con su portaplanos a la espalda. Elementos de la PFP lo detuvieron y comenzaron a golpearlo con sus toletes porque pensaron que transportaba una bazuka casera.
También lo patearon hasta dejarlo inconsciente. Le fracturaron el piso orbitario izquierdo, lo cual propició que el ojo se saliera de su órbita. No fue operado sino hasta el lunes siguiente por la mañana, y aún no sabe si los daños que sufrió son irreparables.
Los primeros días estaba irreconocible, con su rostro deformado por la inflamación. Tenía derrame en ambos ojos, una abertura en la cabeza y moretones en todo el cuerpo.
“Fueron 21 días de terror”, dice en entrevista este arquitecto de 42 años, oriundo de Santo Domingo Xagacia (Sierra de Juárez) y habitante de la ciudad de Oaxaca, mientras muestra sus cicatrices y procede a narrar:
“Ese sábado, a las cinco de la tarde, fui al centro a imprimir los planos de una casa-habitación. Estacioné mi automóvil en Reforma, entre Constitución y Berriozabal. Observé que sobre la calle de Alcalá la PFP se enfrentaba a los simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Pude ver el humo del gas lacrimógeno, las tanquetas que arrojaban agua a presión, así como armas de fuego en el bando de la policía; los del otro grupo portaban piedras, bazukas y bombas molotov.”
Él siguió su camino hasta llegar al local de Grafhi Cad, en Reforma, a la altura de Independencia-Morelos, donde ordenó copia de los planos. Una hora después, cuando se dirigía a su auto, en la esquina de Reforma y Constitución se topó con la policía federal.
“Mi única reacción –relata– fue replegarme hacia el muro de la hemeroteca, del lado de Santo Domingo, en donde comencé a ser agredido por elementos de la PFP. Un toletazo en la cabeza me dejó inconsciente durante dos horas. Cuando recobré el conocimiento me encontraba en el Zócalo. Ahí comprobé, al tocarme la cara, la cabeza y el cuerpo, que había recibido una tremenda golpiza.”
Durante la agresión, Porfirio perdió su celular, así como los documentos personales que portaba: credenciales, licencia de manejo, tarjeta de circulación, tarjetas bancarias y su cámara fotográfica.
“Luego –dice– comenzó la zozobra. Los policías iniciaron el traslado de los detenidos, que duró varias horas. Los custodios amenazaban con matarnos. No dejaron de encañonarnos con armas de alto poder durante todo el trayecto.
“Nos internaron en el reclusorio femenil de Tlacolula. Eran las tres o cuatro de la mañana (del 26 de noviembre). Permanecí todo el domingo sin recibir atención médica, sin alimentos e incomunicado. Por la noche tomaron nuestra primera declaración. El lunes 27 de noviembre se iniciaron los traslados al penal de Tepic, Nayarit.”
Debido a la gravedad de sus lesiones, fue enviado al Hospital Civil Aurelio Valdivieso, donde fue operado de su ojo. Su familia tuvo que pagar 7 mil pesos.
El jueves 30 de noviembre, personal del Juzgado 4º de lo Penal le tomó otra declaración, y por la noche se le notificó el auto de formal prisión. Según el expediente 152/2006, fue acusado de los delitos de incendio, robos diversos y otros que pudieran configurársele.
La mañana del viernes 15 de diciembre, el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tlacolula notificó a Porfirio Domínguez su liberación, y poco después prácticamente fue arrojado del reclusorio. El arquitecto pidió aventones hasta que llegó a la capital del estado, desde donde llamó por teléfono a su familia.
Los abogados Pedro e Isabel Sosa Gutié-rrez consideran que a la mayoría de los detenidos se les violaron sus garantías individuales, pues fueron privados de su libertad de manera ilegal y no les respetaron sus derechos de audiencia y de defensa, consagrados en el artículo 20 constitucional.
Observadores en el estado
A casi un mes de la agresión policiaca a los dirigentes y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, Francisco Wilfrido Mayrén Peláez, asegura que de los 291 detenidos durante esa jornada 95% sólo ejercía su derecho constitucional a la manifestación. Y aclara que por lo menos 50 de los llamados “reos de alta peligrosidad” no tienen ninguna vinculación con el movimiento popular.
El jueves 21 de diciembre, en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), durante la instalación de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Dere-chos Humanos, en la que participan representantes de 30 países, Mayrén Peláez dijo que gente ajena al movimiento social –porros y vándalos– llegó el 25 de noviembre al Zócalo para cometer desmanes y justificar la represión de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de las corporaciones policiacas estatales.
Encabezados por Iñaki García, los delegados internaciones se encuentran en Oaxaca para recopilar los testimonios de los integrantes de la APPO y de ciudadanos que han sido víctimas de la represión del gobierno de Ulises Ruiz y de los cuerpos policiacos.
Los casos de la bibliotecaria Socorro Antonia Soriano San Juan y su hermana Romualda Lourdes –ésta es archivista en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO)– ilustran igualmente los excesos de la policía federal.
Socorro, de 43 años, y Romualda Lourdes, de 50, padecen hipertensión arterial y necesitan consumir medicamentos periódicamente para controlar su mal. Ambas fueron detenidas cuando regresaban de su consulta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como puede constatarse en la bitácora de su expediente.
Romualda Lourdes relata que, después de la consulta, ella y su hermana regresaron caminando a su domicilio, en la Segunda Privada de Crespo 107 Bis, pero fueron detenidas a la altura del negocio Zetuna.
“Eran alrededor de las nueve de la noche –dice–. La gente corría por la calzada Niños Héroes cuando, de repente, los policías irrumpieron y comenzaron a golpear a hombres, mujeres y ancianos. A nosotras nos subieron a un vehículo que nos trasladó a la cárcel de Miahuatlán y, horas después, al penal federal de Tepic, Nayarit.”
El albañil Juan Martínez, de 34 años, originario de San Francisco Coatlán, distrito de Miahuatlán, y padre de tres menores, tuvo una experiencia similar al salir de trabajar en una obra en la colonia América Sur. Tras la jornada, el arquitecto Rosario Ramón Cruz le pagó los 2 mil 650 pesos correspondientes a su semana de trabajo, y Juan se enfiló hacia la Central de Abastos para abordar algún vehículo que lo transportara a su domicilio en Pueblo Nuevo.
Al no encontrar ningún transporte público, decidió hacer el recorrido a pie. En el centro de la capital, vio que mucha gente estaba corriendo, mientras los policías lanzaban gases. De inmediato, la PFP comenzó a detener a todas las personas a su alcance, por parejo.
“Al momento de agarrarme –cuenta–, los policías de la Federal Preventiva me robaron mi dinero, el teléfono celular, mis identificaciones, un radio portátil y una chamarra azul.”
Después lo subieron a un vehículo y acabó también en el penal de Miahuatlán, de donde lo sacaron sólo para llevárselo a Tepic.
Detenciones hechas por civiles
Otra víctima de la violencia policiaca fue Gabriel Luis Barrera, de 22 años, quien salió de su natal Salina Cruz en busca de trabajo. Llegó a la capital el martes 21 de noviembre y de inmediato comenzó a pedir empleo.
El 25 de noviembre, a las 19:30 horas, Gabriel caminaba con su amigo Diego Armando Gómez por la calle de Libres –situada a unas 10 cuadras de la refriega–. Cuando vieron a la gente huir del gas lacrimógeno, Gabriel corrió hacia El Llano, donde fue detenido por personas vestidas de civil que se desplazaban en una Nissan blanca de doble cabina. Además de ser brutalmente golpeado, fue recluido unas horas en Tlacolula y luego trasladado al penal de Tepic.
El joyero José Luis Ramírez Morales, de 17 años, tuvo una suerte similar. Salió del taller donde trabaja, en la calle de Allende, hacia su casa, en Ponciano Arriaga 111. Metros adelante fue detenido por los elementos de la PFP.
Lo mismo que Guidir Cervantes Ven-tura, padre de cuatro menores y sostén de su familia, a quien los policías agarraron cuando una motocicleta que estaba reparando no arrancó.
Adrián, Daniel y Alejandro Sánchez López, así como Cristian Guzmán Pacheco y Ricardo Méndez López, recluidos en la penitenciaría del estado acusados de portación de arma de fuego y agresiones, fueron otras víctimas.
Sus familiares aseguran que el 25 de noviembre, a las 11 de la noche, los jóvenes salieron a comprar refrescos para celebrar el triunfo de su equipo de futbol. Cerca de la Facultad de Medicina fueron interceptados por una camioneta blanca, de la cual descendieron varios civiles armados y empezaron a golpearlos. Después los subieron a la camioneta y fueron llevados a San Felipe del Agua.
María Ruth Cabrera Vásquez, Ofelia Esperanza Robles Cruz, María Socorro Cruz Alarcón, Jovita Sánchez Cruz, Car-
men Sánchez Cruz, Paulina Josefa Ramí-rez, Esmeralda Velasco Morales, Roberto Morales y Jorge Sánchez García, sin tener nada que ver con la APPO, también fueron llevados al penal de Tepic, acusados de daños por incendio y robos diversos. Algunos de ellos forman parte de las parroquias de Perpetua y Felícitas, así como de la parroquia Xoxocotlán.
En breve entrevista, el pintor Fran-cisco Toledo dice que la situación por la que atraviesa Oaxaca “nos hace vivir en un estado policiaco”, y además “surrealista”: el gobernador Ulises Ruiz comenzó a liberar a los presos políticos –hasta el viernes 22 habían recuperado su libertad 60–, y además está pagando las fianzas de los detenidos, que van de los 5 mil hasta los 250 mil pesos. ?
Condena en Europa
Marco Appel
BRUSELAS.- A raíz de las “graves violaciones a los derechos humanos” cometidas por las autoridades mexicanas durante el conflicto en Oaxaca, el Parlamento Europeo analiza solicitar sanciones contra el gobierno de México.
El pasado 21 de noviembre, el Grupo de los Verdes propuso la aplicación de un paquete de medidas concretas contra México, cuya viabilidad evalúa en este momento la Comisión Europea, la responsable de las relaciones con el país.
Las medidas propuestas, que fueron enviadas por escrito a dicha comisión, consisten en “reclamar de forma oficial al gobierno mexicano una solución pacífica al conflicto (de Oaxaca)”, “invocar la cláusula democrática del acuerdo de asociación”, “demandar (a las autoridades mexicanas) la creación de una comisión de investigación que aclare los arrestos arbitrarios y las ejecuciones sumarias, y que enjuicie a los culpables”, así como “prohibir toda exportación de armas europeas a México, ya que pueden ser utilizadas contra la población civil”.
En esa misma ocasión, el Grupo de los Verdes expuso en una carta los motivos de su demanda: “Desde mayo de 2006 –señala el documento en poder de Proceso–, el estado de Oaxaca atraviesa una situación de violencia extrema que ha producido arrestos arbitrarios, así como ejecuciones extrajudiciales”.
Y explica: “Al movimiento de huelga del magisterio estatal siguió una amplia movilización social. Esta protesta pacífica fue violentamente reprimida (…) por órdenes del gobernador de Oaxaca (Ulises Ruiz Ortiz), cuando las fuerzas del orden intentaron recuperar el control del centro de la ciudad capital del estado. Unos 3 mil 500 policías desplazados por el gobierno mexicano (el 29 de octubre), reforzados por paramilitares, también han atacado y asesinado a más de 10 manifestantes desde el comienzo de estas operaciones represivas”.
El pasado 1 de diciembre, el Grupo de la Izquierda Unitaria del Parlamento Europeo envió una misiva al presidente Felipe Calderón y al gobernador Ulises Ruiz. En tono duro, esta fuerza política expresó su más “enérgica protesta contra la violencia por parte del gobierno mexicano y oaxaqueño”, durante la “carga” policiaca del 25 de noviembre en Oaxaca, en la que varias personas perdieron la vida.
El texto da por hecho la existencia de “personas detenidas y privadas arbitrariamente de su libertad” y la actuación de “fuerzas paramilitares para reprimir a los movimientos sociales”; por tanto, el Grupo de Izquierda Unitaria demanda a Calderón el cumplimiento de obligaciones básicas en un estado de derecho, como “garantizar la integridad física y psicológica de los detenidos” y “permitirles ponerse en contacto con sus familiares”.
Desde 2001, eurodiputados de los grupos Verde, Socialista, Popular e Izquierda Unitaria han transmitido a la comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE), Benita Ferrero-Waldner, no menos de 10 comunicaciones por escrito sobre diversos casos de vejaciones a los derechos humanos en México.
Propuesta de sanciones
El caso de Oaxaca expuso en Europa la ineficiencia de las autoridades mexicanas para resolver ese conflicto por la vía del diálogo. Semanas antes del operativo policiaco de finales de octubre, organizaciones internacionales y europarlamentarios habían manifestado su oposición a una solución de fuerza en Oaxaca: advertían de un altísimo riesgo de propiciar graves faltas a los derechos humanos.
El pasado 6 de octubre –dos días después de que la UE reconociera, por primera vez en su informe anual, que México debía “afrontar todavía importantes retos” en materia de derechos humanos–, una carta electrónica de la Coordinadora Alemana por los Derechos Humanos en México fue enviada al entonces presidente Fox, a los diputados alemanes, y al embajador alemán en México, Roland Michael Wegener, cuyo país ostentará la presidencia de la UE durante el primer semestre de 2007.
En la mencionada carta, esa influyente red de 12 organizaciones no gubernamentales, entre éstas la sección alemana de Amnistía Internacional, recordó a Fox que la solución del conflicto “no se logrará con el uso excesivo de la fuerza, reprimiendo, persiguiendo o intimidando…”.
La Policía Federal Preventiva entró a Oaxaca el 29 de octubre, cinco días después de que la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con sede
en París, presentó un informe del caso ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.
Al día siguiente del operativo, la Inicia-tiva de Copenhague para América Central y México, una ONG de cabildeo con sede en la capital belga, condenó “la utilización de la violencia” por parte del gobierno mexicano y, a través de un documento enviado por internet, invitó “a las autoridades europeas a protestar por este uso indebido de la fuerza”.
El pasado 8 de noviembre, la violencia en Oaxaca fue objeto de análisis en el Parlamento Europeo. Ese día, durante una reunión de “coordinadores”, el Grupo de los Verdes y la Izquierda Unitaria, con el apoyo del Grupo Liberal, consideraron necesario incluir el “expediente Oaxaca”, por su gravedad, en la agenda de “asuntos urgentes” que debían debatir en la sesión plenaria los 732 miembros del Parlamento Europeo. Pero no fue posible: el Grupo Socialista y el Popular se opusieron, por lo que no se alcanzó el consenso necesario para abordar el tema en esa ocasión.
Un día después, en el marco de la Asam-blea Eurolatinoamericana, la eurodiputada austriaca Eva Lichtenberger acordó con la diputada perredista Silvia Oliva promover la idea de bloquear el comercio de armas europeas a México. Como era de esperarse, el panista Gerardo Buganza ni siquiera quiso hablar del tema cuando se lo planteó Lichtenberger, según comentó ella misma.
El pasado 21 de noviembre, el conflicto de Oaxaca escaló en importancia al convertirse en uno de los puntos de debate en la prestigiosa Subcomisión de Derechos Humanos. Su presidenta, la francesa Hélène Flautre, manifestó a Proceso su apoyo a las sanciones contra el gobierno de México. El hecho es inédito: nunca antes un presidente de la subcomisión había cuestionado a este país.
Incumplimiento
El pasado 18 de diciembre, el presidente del flamante Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el mexicano Luis Alfonso de Alba, fue el “invitado especial” en la reunión mensual del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.
Ahí, en la sala casi llena –había un centenar de personas, entre legisladores, asesores, periodistas y activistas de ONG—, el eurodiputado español Raúl Romeva encaró a De Alba. Le dijo: “El problema de fondo al que nos enfrentamos, en todo el mundo, es la falta de credibilidad y de autoridad moral que nos impide hacer el trabajo que deberíamos hacer (…) Cuando uno quiere dar lecciones de derechos humanos es más fácil hacerlo cuando no se le puede a uno criticar o se le critica poco”.
Y continuó: “Quisiera hacerle una pregunta que puede resultarle incómoda: México es un país que en este momento tiene sobre la mesa muchos temas abiertos sobre derechos humanos: el caso de Atenco, la situación preocupante de Oaxaca, el caso no resuelto de los feminicidios, los hechos de Guadalajara (…) ¿Cómo, desde la dificultad de ser mexicano, aspira a afrontar estas cuestiones?”.
De Alba respondió: “Con una política exterior activa no estamos buscando esconder las realidades. No hay ningún país que haya recibido el mismo número de visitas que México en seis años: 14 o 15 relatores especiales, todos los mecanismos habidos y por haber de Naciones Unidas, del sistema interamericano, bilaterales (…) Donde está el problema es en el seguimiento de las recomendaciones, tenemos más de 400 a las que hay que darle seguimiento (…), algunas urgentes de implementar”.
Los cuestionamientos de los parlamentarios europeos también se han enfocado en la designación del exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, como secretario de Gobernación. Le achacan responsabilidad en la detención y presunta tortura de decenas de manifestantes durante la cumbre UE-América Latina, celebrada el 28 de mayo de 2004.
–El nombramiento de Ramírez Acuña mandó un mensaje negativo a Europa –comentó este corresponsal a De Alba en una breve entrevista, realizada el pasado 18 de diciembre en Bruselas.
–Al haber sido designado secretario de Gobernación por el presidente Calderón, (Ramírez Acuña) se ha comprometido de una manera muy clara con el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos.
–Por coherencia, ¿Ramírez Acuña debe reconocer que hubo abusos en los hechos de Guadalajara?
–Lo que hay que hacer es transparentar la información sobre las acusaciones, sobre las investigaciones que se hayan realizado y sobre la identificación de responsables, en el caso de que haya habido.
–En cierto sentido, ¿la relación con Europa se ha dañado por el deterioro de los derechos humanos en México?
–En Europa hay dos corrientes de opinión: una que, con justo derecho, señala las deficiencias; y otra que reconoce la apertura de un régimen democrático, que reconoce que no se ha hecho uso de la fuerza de manera generalizada y mucho menos con ánimo de violentar los derechos humanos, que ha habido moderación (…) La petición de Europa, y de los mexicanos, es que cuando el uso de la policía sea necesario, se haga con absoluto respeto a los derechos humanos.
–¿Y está convencido de que así se ha hecho?
–Se ha hecho un gran esfuerzo por hacerlo. Si hay excepciones, también hay voluntad de castigarlas, y en esa medida me siento muy tranquilo.
PARA APARENTAR EMPARENTAR NUESTRO NEPOTISMO
HASTA LOS DIOSES LES ENTREGAN A SUS HIJOS
LOS MEJORES EMPLEOS
“Vaya usted a cualquier dependencia del Gobierno del Distrito Federal o de la Federación y los encontrará (los parentescos)… (Vaya también, dice la R., al árbol genealógico de la Creación y verá que Adán y Eva se conocieron en una fiesta familiar sin propósitos de lucro)... Las críticas son una artimaña de gentes (sic) que quieren amarrar navajas (¡sock!) y pegarle a la organización sindical (en donde todos son parientes entre sí, la R. notarial y patrimonial). Yo lo veo como un nombramiento para cualquier funcionario, que está dado en función del perfil de la persona y no del parentesco”. (Un pariente, de acuerdo a esta lógica, es aquel que carece de perfil.)
Rafael Ochoa Guzmán, secretario general del SNTE, al defender el nombramiento de Fernando González Sánchez como subsecretario de Educación Básica de la SEP. El profesor González Sánchez es yerno de la profesora Elba Esther Gordillo. Nota de Daniela Rea, Reforma, 15 de diciembre de 2006.
2
PERO SI EL NOMBRAMIENTO ES LA MÁS FERVIENTE
DE LAS EVALUACIONES. ¿O SE NOMBRA PRIMERO
Y SE CERCIORAN DESPUÉS?
“Las instrucciones del señor presidente Felipe Calderón Hinojosa no dejan lugar a duda, sin excepción para todos los funcionarios que trabajamos en la administración pública, nuestra evaluación y permanencia en los cargos depende y dependerá permanentemente de la rendición de cuentas y de nuestros resultados”. (Se les designa por las influencias y se les ratifica para no hacer quedar mal a las designaciones.)
Josefina Vázquez Mota, titular de la SEP, al justificar la designación de González Sánchez. Nota de Sonia del Valle, Reforma, 15 de diciembre de 2006.
3
NADIE NACE EN UNA BUENA FAMILIA SI LO PUEDE EVITAR
“No se puede ser parte del sindicato y, al mismo tiempo, ser funcionario público. No se puede ser borracho y cantinero a la vez. No se puede estar en un lugar y en otro… Nadie debe ser juzgado por sus lazos consanguíneos. Pero lo que sí se cuestiona es que hay un conflicto de interés al ser representante del SNTE y al mismo tiempo patrón” (porque corren el riesgo de convertir las aulas en bares para el metafórico declarante).
Guadalupe Acosta Naranjo, secretario general del PRD, al cuestionar el conflicto de intereses por la designación del “yerno incómodo”. Nota de Georgina Saldierna, La Jornada, 15 de diciembre de 2006.
4
PARA EL DECLARANTE, LA SEÑORA GORDILLO ES:
A) MIGUEL DE CERVANTES ( ); B) GOETHE ( ); C) ALFONSO REYES ( ); D) HUGO SÁNCHEZ ( ). MARQUE CON UNA
ESPANTOSA EQUIS LA IDEA CLÁSICA DE LOS PRIISTAS
“Invoca usted a una de mis clásicas: la señora Gordillo. Yo le podría decir, con todo respeto, que es penoso para un país que se supone que ha venido dando avances en el sistema democrático, el que la señora se suponga actora en espacios que no le corresponden… (La Autoridad Moral es el espacio del PRI. La R.)... El Presidente del Empleo empezó por garantizar el trabajo al yerno de la señora Gordillo haciéndolo subsecretario, pues quizá sea parte del discurso que algunos suponíamos que primero era el empleo a los desempleados (¿Menciona usted, acaso, a muchos de los militantes de su partido, otrora en el poder del empleo?, la R. suspicaz que revisa El Aviso Oportuno para ver si hay una inserción de Roberto Madrazo), y no promoción al neonepotismo (el anterior era el practicado por el PRI, la R. emparentada con sus recuerdos, todos somos sobrinos de la memoria) en que se ven involucradas estas gentes”.
Mariano Palacios Alcocer, dirigente nacional del PRI, al responder a los cuestionamientos sobre la misma designación. Nota de Juan Balboa, La Jornada, 15 de diciembre de 2006.
5
QUE NO LE DIGAN, QUE NO LE CUENTEN...
“Rechazo cualquier afirmación simplista aunque se quiera, este (sic), aunque se quiera, ¿cómo se dice? (¡diccionario al responsable de la educación básica!, la R. de las muletillas), eslabonar con afirmaciones teóricas y de modelo teórico (¡doble sic! Eslabonado para que no se pierda en el camino); rechazo cualquier afirmación que quiera reducir, simplificar de manera tan exagerada y tan absurda la posición de un funcionario público que quiere cumplir con su tarea…. (al explicar sus metas en educación básica, prosiguió) se construirá un sistema de educación básica a la altura de los que se han construido en muchos países del mundo (¿habrá países en otras galaxias?, la R. sideral) y, sobre todo, a la altura de los 30 países con los que generalmente nos están comparando; y no es que no estemos a la altura, es que faltan, ¿cómo explicarse esto?, pequeñas detonaciones en el sector que a la luz de las políticas públicas y a la luz de la operación de los estados se deben convertir en grandes, ¿eh? (¡Bienvenido el Big Bang del analfabetismo en la SEP!, la R.)… En grandes ocasiones que les permitan operativizar (sic triple) de mejor manera el sistema básico de educación”.
Fernando González Sánchez, en su discurso de toma de protesta como subsecretario de la SEP. Nota de Karina Avilés, La Jornada, 19 de diciembre de 2006.
SECCIÓN “APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA DESEARLE
LO MEJOR EN ESTA PRÓXIMA CADENA PERPETUA QUE LE
VAMOS A CONCEDER”
6
A LA OBRA DE ESTE PALADÍN DE LA JUDICATURA, HAY QUE CONSAGRARLE LA VIDA ENTERA CON UN SOLO REQUISITO: BECA CON SUELDO DE MAGISTRADO, Y AUN ASÍ NO LE VA A ALCANZAR
“Me atrevo a manifestar que pienso que al proceder (los críticos) sus conclusiones de una lectura dinámica, previsiblemente no profundizaron ni mucho menos estuvieron en aptitud de hacer un estudio analítico y relacionado con todo su contenido. Tomar ejemplos aislados de algunas de sus páginas (de su libro), para mí lo demuestra claramente.”
Mariano Azuela, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, al defenderse de las críticas de otros ministros a su Código de Ética. Nota de Jesús Aranda, La Jornada, 18 de diciembre de 2006.
7
MIRE USTED, SEÑOR, NO EXAGERO, PERO SÓLO UN MAGISTRADO PUEDE TENER UNA VIDA DE ESFUERZO, TRABAJO Y HONESTIDAD. LOS DEMÁS NO MERECEN PENSIÓN SINO APREHENSIÓN
–“Esta compensación es justa después de toda una vida de esfuerzo, trabajo y honestidad.
–¿No debió repercutir esa retención de impuestos en los trabajadores?
–No se le olvide que los magistrados son trabajadores también” (¡claro, aunque sus pensiones se deriven de los salarios de otros!, la R. esforzada, trabajadora y honesta).
Magistrado Jesús Araiza Velásquez, presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF, al justificar la creación de un fondo de pensiones para los magistrados, con los impuestos de los propios trabajadores del tribunal. Nota de Raúl Llanos y Gabriela Romero, La Jornada, 7 de diciembre de 2006.
8
¡¡EL CONSEJERO/ UNIDO/ JAMÁS SERÁ EXPLOTADO!!
(NO RIMA, PERO SÍ COBRA)
“He dicho que en enero anunciaremos medidas de racionalidad (¡un nuevo PREP salarial!, la R. que no olvida), que incluirán el tema de sueldos, viáticos y otras acciones que sin ser tan visibles a veces son más significativas por su impacto. En lo personal, evidentemente, estoy dispuesto a revisar el asunto del salario, porque me parece que sin ser significativo en el impacto global, simbólicamente da una señal clara y contundente de la voluntad individual de contribuir en (la solución) de ese problema”. (Señor, su actuación en el IFE merece que lo asciendan de lo simbólico a lo felizmente incompetente, por lo menos.)
Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del IFE y un baluarte de la democracia del año 2320, al defenderse de las acusaciones por el incremento del salario. Nota de Alonso Urrutia, La Jornada, 16 de diciembre de 2006.
9
ESTA ARGUMENTACIÓN ES TAN LEGITIMADORA COMO LA TRADICIÓN DEL PRI
“Dada la naturaleza del contenido de los paquetes electorales y su naturaleza, una vez concluido el proceso electoral, dichos paquetes no pueden brindar mayor información que la ya dada a conocer primero por el instituto y después validada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (La información del IFE y del Trife se autovalidó, y luego se ocultó voto por voto, paquete por paquete. La R.) Existen valores o principios, como son los de certeza y definitividad de los procesos electorales para la integración de los órganos del Estado, que por su importancia para el Estado y la colectividad se constituyen como una limitación legítima al derecho a la información.” (¿Sugieren acaso que hay razones de Estado para no dar acceso a la información de las boletas? ¿O sólo se organiza una fiscalía especial para delitos del 2 de julio? ¿O a palo dado no se le ve el reproche? ¿O el cinismo no siempre se expresa con ganas de que no se le entienda?)
Argumentación de los consejeros del IFE para negar el acceso a las boletas electorales, solicitado por Proceso y decenas de organizaciones ciudadanas. Reportaje de Daniel Lizárraga, Proceso, No. 1572.
SECCIÓN “USTED QUE ME AUMENTA UN PESO Y YO
QUE ME ARRODILLO”
10
POR ESO SE AUMENTÓ EN 10 MIL POR CIENTO EL SALARIO BÁSICO
“Tengo la preocupación por el precio de los refrescos, que si bien no es un artículo de primera necesidad, sí es un artículo de primer consumo (¡Todos los niños al despertar toman la chispa de la vida!, la R. que se olvidó del incremento a la leche Liconsa); la gente más pobre consume refrescos, mucha gente incluso lo hace parte de su dieta básica”.
Manuel Espino, dirigente moral y burocrático del PAN, al rechazar el incremento del impuesto a los refrescos embotellados. Nota de El Universal, 18 de diciembre de 2006.
Salario mínimo a don Mariano Azuela: CM. Selección de textos: JV.
Click aquí para ir a la audioteca
Click aquí para ver el documental de El Sendero del Peje
Click en la imagen para ir al almacén de archivos.
Click en la imagen para leer
www.elchamucovirtual.blogspot.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario