Un arranque turbio
Álvaro Delgado
a la Secretaría de la Función Pública...
La transparencia no es el fuerte de Felipe Calderón: No sólo oculta el uso de 150 millones de pesos para los gastos de transición, que por mandato de ley y del Instituto Federal de Acceso a la Informa-ción (IFAI) debe informar a detalle, sino su propio patrimonio.
Sobre sus bienes y los de su familia, específicamente, Calderón actúa de manera ambivalente: Como candidato hizo pública su declaración patrimonial, pero como titular del Poder Ejecutivo la mantiene oculta.
La Presidencia de la República negó a Proceso una solicitud para tener acceso a la declaración patrimonial de Calderón, con el argumento de que brindarla no es de su competencia, sino de la Secretaría de la Función Pública, lo que contraviene el compromiso de transparencia que asumió Calderón cuando era candidato, así como las disposiciones del Partido Acción Nacional (PAN).
Esta conducta de ocultamiento de Cal-derón no es nueva. Jamás honró su palabra de informar sobre los gastos de su campaña, el costo de la renta de tres inmuebles usados por su equipo ni sobre el de su casa de transición –propiedad de los hermanos Limón Mestre–, y tampoco sobre sus medios de sustento durante dos años y medio de desempleo, desde que renunció a la Secretaría de Energía.
“Me mantiene mi esposa”, decía durante la campaña presidencial, aludiendo a Margarita Zavala Gómez del Campo, quien en marzo solicitó licencia como diputada federal, lo que cortó los suministros económicos a la familia, cuyo patrimonio monetario era, hasta el 19 de enero de 2006, de poco más de 1 millón 200 mil pesos.
Pero inclusive este monto riñe con el que declaró Calderón cuando era secretario de Energía, sobre todo por el crédito que contrató con el banco IXE, dirigido por Javier Molinar Horcasitas –hermano de Juan, director general del IMSS–, para adquirir su actual vivienda, después de que estalló el escándalo por el autopréstamo, de 4 millones de pesos, que se hizo como director general del Banco Nacional de Obras (Banobras).
En noviembre de 2005, Calderón autorizó a la Secretaría de la Función Pública entregar al diario Noroeste de Culiacán, Sinaloa, su declaración patrimonial, que para entonces registraba tres cuentas: Una por 21 mil 616 pesos, otra por 10 mil 410 y la tercera, en bancos estadunidenses, por 16 mil 365 dólares, así como dos casas: La de 4 millones de pesos y otra de 340 mil pesos. En ese documento se registra también un adeudo de 2 millones 363 de pesos.
Tres meses después, el 19 de enero de 2006, en la declaración patrimonial de Calderón se esfumó la deuda de 2 millones 363 mil pesos, y sus cuentas, que ahora eran cinco, también observaron un crecimiento: La primera por 63 mil 147 pesos, la segunda por 58 mil 431, la tercera 50 mil 934, la cuarta 95 mil 983. Sólo la cuenta en el extranjero, mancomunada con su esposa, tuvo un ligero descenso: Acumuló 14 mil 988 dólares estadunidenses.
Las cuatro cuentas de la cónyuge de Cal-
derón registraban, en enero de este año, un total de 885 mil pesos que, sumados a los aproximadamente 300 mil pesos que cobró antes de solicitar licencia como diputada federal panista, darían un total aproximado de 1 millón 185 mil pesos.
Sobre los bienes inmuebles, cotejando la declaración patrimonial que le fue entregada a Noroeste, cuyo director es Manuel Clouthier hijo, y que Calderón hizo pública en enero, también hay cambios: la casa de 340 mil pesos desapareció y sólo anotó la de 4 millones de pesos, pero se sumaron dos bienes propiedad de Margarita Zavala: El predio rústico en Ayapango, Estado de México, valuado en 60 mil pesos y adquirido en 1997, y 33% de un terreno en el Distrito Federal valuado en 2 millones y medio de pesos.
En ambas declaraciones, Calderón asegura ser propietario de dos automóviles: Un Volkswagen Golf, modelo 1993, valuado en 55 mil pesos, y una camioneta Ford Windstar modelo 2000, cuyo costo estimó en 240 mil pesos.
Prestidigitaciones
Desempleado desde junio de 2004, cuando renunció a su trayectoria de 17 meses en la administración pública –ocho como director general de Banobras y nueve como secretario de Energía–, Calderón no tuvo otro ingreso a las cuentas descritas, y cuando se le reconoció como ganador presidencial renunció a recibir un sueldo del presupuesto de transición, que ascendió a 150 millones de pesos.
Con el propósito de conocer el patrimonio con el que cuenta Calderón al iniciar su gestión al frente del Poder Ejecutivo, como lo dispuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Proceso solicitó a la Presidencia, el 4 de diciembre, copia de la declaración del mandatario.
Con base en la Ley Federal de Trans-parencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el reportero solicitó la “relación de bienes del C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y de su esposa Margarita Zavala, que incluya propiedades muebles e inmuebles, así como las cuentas bancarias y adeudos, que por ley debe rendir en su declaración patrimonial”.
Sin embargo, el 15 de diciembre, la Unidad de Enlace de la Presidencia de la República notificó al solicitante la negativa de información con el argumento de que proporcionarla no es
de su competencia, sino de la Secre-taría de la Función Pública, según el artículo 37 fracción XV, que establece que a esa institución corresponde “recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deben presentar los servidores públicos de la administración pública federal y verificar su contenido mediante las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables”.
Sin embargo, al margen de la disposición legal, el Código de Ética del PAN dispone, en el apartado “Información, comunicación y transparencia”, la obligación de los servidores públicos de ese origen partidista a abrirse al escrutinio público: en el punto 23, establece: “Me aseguraré que la información que llegue a la sociedad sea veraz, oportuna, adecuada, transparente y suficiente para cumplir con la exigencia del derecho a la información”.
En el punto 24, añade: “Facilitaré a los medios de comunicación el cumplimiento de su misión de informar. Me abstendré de ofrecer u otorgar favores o dádivas con cualquier propósito que busque cambiar el sentido de tal información”. Y en el 27, anota: “Ejerceré la autoridad con responsabilidad y aplicaré en ello todo mi tiempo y esfuerzo, resguardando la dignidad, la honra y el nombre del servidor público y del partido (Acción Nacional). Estaré dispuesto al escrutinio de la gestión pública. Haré transparente y limpio el ámbito público”.
Sin embargo, como candidato y aun antes de retomar su paso por el servicio público, el panista Calderón tuvo poco aprecio por proporcionar información, como los ingresos y egresos de su campaña, solicitados recurrentemente por el reportero, así como los sueldos de su equipo de campaña y luego de transición.
Los gastos de renta –o la gratuidad– de las tres oficinas que ocupó durante la campaña, tampoco fueron dados a conocer ni los correspondientes a la casa de transición ubicada en la calle de San Francisco 1005 de la colonia Insurgentes San Borja, que habitó desde el 8 de agosto, aun antes de ser legalizado ganador de las elecciones, el 5 de septiembre.
Ahora que están desocupadas, las oficinas que albergaron la casa de transición durante casi cuatro meses están en renta: Se trata de mil 200 metros de terreno, con capacidad para estacionar 24 automóviles, y 900 metros de construcción en dos niveles.
Los propietarios, los hermanos Juan, Pablo y Alberto Limón Mestre –dedicados en su despacho de contadores a dar apoyo contable, fiscal, financiero y administrativo, y que antes tuvieron ahí sus oficinas–, han fijado el costo del arriendo: 25 mil dólares mensuales, equivalentes a 270 mil pesos.
La ley y la ética
Tras la negativa de la Presidencia, Proceso solicitó el jueves 20 una copia de la declaración patrimonial de Calderón a la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Germán Martínez Cázares, uno de los más estrechos colaboradores del titular del Poder Ejecutivo, quien se ufana de ser escrupuloso en la aplicación de la ley y de anteponerla a los mandatos del Código de Ética del PAN. La dependencia tiene 20 días hábiles para responder.
Entrevistado por el reportero el pasado 19 de septiembre, semanas antes de que fuera nombrado titular de la Función Pública, Martínez Cázares manifestó su desacuerdo con el Código de Ética, que establece que para ese partido y sus militantes en el ejercicio del servicio público “la política es éticamente política”.
Y disertó al respecto: “Pero es una ética sometida al sufragio y a la voluntad de los ciudadanos. Es una moral votada en las urnas, es una moral aceptada por la mayoría de los ciudadanos. En eso los panistas no haríamos mal en releer a Emmanuel Kant y distinguir entre el valor personal –que no puede imponerse al semejante– y la ley, que es un valor para todos y debe imponerse a todos”.
–Los dirigentes y militantes no pueden cometer acciones que rompan con esta ética porque ningún fin es justificable por medios antiéticos –se le cuestionó.
–Yo no alegaría a la ética para decir eso. Mis valores son personales y con ellos guío mi conducta personal. No. Yo para que un funcionario público no se meta a la campaña de un candidato no invoco la moral, sino la ley. La ley es la moral votada y aceptada por todos y debe ser impuesta a todos. Yo no argumentaría la ética. Insisto: debemos separar la moral del derecho. Es reprobable no porque lo dice mi valor personal, mi moral individual. Es reprobable porque lo dice la ley o porque lo prohíbe una norma de observancia general y obligatoria, y no una norma personal y de observancia individual.
“Yo prefiero una ley en donde no está a discusión si se obedece o no. Debe obedecerse. La política está hecha de verdades probables, no está hecha de verdades absolutas. En las verdades absolutas anidan las intolerancias y los radicalismos. Sólo en las verdades probables fructifica el pluralismo, la política, el acuerdo y el reconocimiento a que hoy el opositor, el adversario, también tiene una parte de la verdad. Por eso a mí no me gustan los conceptos absolutos en política. Y es un concepto absoluto la ética y la moral. Eso debe regir a cada quien. La ley no.”
–Sólo que los militantes del PAN están obligados a comportarse de acuerdo a los documentos básicos de un partido.
–Pero el Código de Ética es para todos los funcionarios y los principios de doctrina para todos los militantes, tengan o no poder. Yo creo en las verdades probables de la política y no de los códigos absolutos. En todo caso, creo que debe discutirse, debe rediscutirse ese tema.
De la dictadura perfecta a la caricatura perfecta
Juan Villoro
del prólogo, escrito por Juan Villoro.
Un retratista en palacio
Nadie ha captado a los inquilinos de la Presidencia con la indeleble pericia de Rogelio Naranjo. En un país donde los poderosos rara vez rinden cuentas, sus dibujos atrapan a las más elevadas potestades y las someten a la imborrable condena de ser vistas de ese modo.
Naranjo se ocupa de los rostros con lealtad artística (no se convierten en caricaturas por sus gestos, sino por las circunstancias en que actúan). A diferencia de la mayoría de los dibujantes satíricos, no distorsiona los rasgos físicos en función del humor. Los hombres públicos comparecen en sus cartones con insólito realismo: cada arruga, cada minucia, cada tic es captado sin pedirle mayor auxilio a la burla o la ironía. Devoto de la figura humana, Naranjo detecta expresiones elocuentes: la mirada esquiva, la ojera sombría, el diente delator. El virtuosismo de su trazo dota de tal veracidad a sus retratos que en comparación con ellos los modelos que los inspiraron parecen copias desleídas. Ningún presidente ha lucido en televisión tan auténtico como en un dibujo de Naranjo.
Una vez al día, el caricaturista se ocupa de sus sujetos de elección. Bajo su pluma, los mandatarios aparecen de cuerpo presente, con el gesto definitivo de quien asiste a su propio funeral. Cada uno de estos prodigiosos cartones diarios es iniciado por un anatomista y concluido por un embalsamador, operación que eterniza los semblantes públicos.
Hay una clara postura ética en esta forma de trabajar facciones. Los políticos aparecen como lo que son, sin verse aumentados o disminuidos por el filo del caricaturista. “No hay que juzgar a los hombres por sus opiniones, sino por aquello en lo que sus opiniones los convierten”, escribió Lichtenberg. Naranjo comparte esta ilustrada opinión. Las caras que traza no son risibles en sí mismas (otras personas podrían servirse de ellas para llevar destinos provechosos). Los personajes no se comprometen por sus gestos sino por sus hechos.
Con goloso afán de realidad, el retratista lleva a sus criaturas al sitio donde han provocado su desorden, el embarcadero donde zarpó su peculiar Titanic. Sin falsearlos en lo más mínimo, los confronta con la evidencia. El rostro es genuino. También lo es su fechoría.
En 1998 Proceso editó Los presidentes en su tinta, selección de los retratos que Naranjo hizo del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz al de Ernesto Zedillo. Después de casi cuatro décadas de registrar las manías y los abusos de los mandatarios del PRI, el caricaturista podía darse por satisfecho. Había cumplido con creces su labor de testigo nunca invitado a Los Pinos y empezaba a pagar la atención prestada al cuerpo ajeno con el desgaste del suyo propio. En el prólogo de aquel libro, le dijo a Elena Poniatowska: “Vivo en estado de constante preocupación. Después de veinte, veinticinco, treinta años, ya casi no veo, cada vez es mayor la graduación de mis anteojos. Ahora sí me duele todo y necesito levantarme y caminar para combatir la artritis. Si no lo hago quedo doblado en dos: me duele todo el cuerpo. He hecho más de quince mil caricaturas”. Como tantos maestros del humor, Naranjo se toma las cosas muy en serio. Hay diversas maneras de confesar el cansancio: el masoquista lo hace para quejarse de los males que todavía no tiene; el derrotado para renunciar a toda lucha; el realista para calcular lo que aún puede hacer con sensatez. Rogelio Naranjo pertenece a esta tercera categoría. Habla de sus molestias con la precisión con que dibuja el ceño fruncido de sus personajes. Más que quejarse, diagnostica. En 1998 pidió que no esperáramos mucho de él. Su ameritado corazón ya había sufrido dos infartos. Quince mil caricaturas habían alterado el pulso de su sangre. Luego, con la sencilla entereza que lo determina, concluyó otro dibujo, poniendo en práctica el aforismo de Gilberto Owen: “El corazón. Yo lo usaba con los ojos”.
Estatua ecuestre de un ranchero que perdió el caballo
En el año 2000 el PRI perdió la presidencia y un huésped con botas se mudó a Los Pinos. El mayor retratista de palacio ya había consumado su tarea. Un nuevo aire parecía recorrer el país que Mario Vargas Llosa describió como la “dictadura perfecta”. La encargada de prensa del nuevo dignatario, Marta Sahagún, pedía a los medios que inauguraran su optimismo: la transición a la democracia había comenzado. Después de festejar con champaña y estrenar escapularios, un grupo inédito se hizo cargo de las oficinas. Algo había cambiado: un ex gerente de la Coca-Cola ocupaba la silla presidencial y despedía sus actos diciendo “que Dios los bendiga”. Nuevos talismanes de poder acompañaban al hombre con botas.
El folclórico estilo de gobernar de Vicente Fox hizo que pasáramos de la dictadura perfecta a la caricatura perfecta. En seis años se las arregló para decir que las mujeres eran “lavadoras con patas”, ofendió a los negros y a los chinos, se olvidó de capturar las tepocatas, las víboras prietas y otras alimañas a las que mucho previno cuando era candidato, no resolvió el conflicto de Chiapas en sus anunciados 15 minutos, inventó al escritor José Luis Borgues, se entregó a Estados Unidos y se peleó con Estados Unidos, le dijo a Fidel Castro: “comes y te vas”, apoyó un absurdo proceso de desafuero contra el candidato de la izquierda, fue incapaz de convencer al Congreso de sus iniciativas, intervino con descaro en favor de su partido, falló un penalti en un reclusorio juvenil y perdonó al niño que le puso “cuernos” en la foto de grupo, proclamó su grandeza sin el menor recato en mensajes televisivos, descartó la ingobernabilidad de Oaxaca como un conflicto regional y la desigualdad económica como una mala lectura de las estadísticas, proclamó al conservador Aznar presidente de la “república” española, felicitó a la selección mexicana por su derrota ante Argentina y le pidió que siguiera por el mismo rumbo, vetó la ley del libro aprobada por unanimidad en el Senado, se fue de vacaciones cada vez que pudo a su rancho de San Cristóbal y se mostró feliz de haberse conocido a sí mismo. Refractario al examen de conciencia, se retorció el bigote para decir: “Me van a extrañar”.
Y QUE HAY DEL DINERO, ¿PRIMER LATROCINIO DE FECAL Y COMPAÑIA?
La onerosa "austeridad"
Daniel Lizárraga
Como presidente electo, Felipe Calderón permitió sin reparos que el Estado Mayor Presidencial (EMP), puesto a su servicio desde entonces por Vicente Fox, derrochara 218 mil pesos diarios para garantizar su seguridad.
En un país como México, donde el salario mínimo llegó apenas a los 50 pesos, el ahora mandatario no objetó la compra de dos vehículos militares por 3 millones 428 mil 254 pesos con 36 centavos, según datos oficiales entregados a Proceso por el EMP mediante la Ley Federal de Transparencia. Los aparatos se utilizaron en los operativos efectuados entre el 5 de septiembre y el 1 de diciembre en el entorno del presidente y su familia.
Los recursos públicos a disposición del EMP –20 millones de pesos en total– fueron empleados, al cien por ciento, únicamente en la movilización y manutención de tropas para cuidar a quien había sido declarado candidato triunfador en las elecciones del pasado 2 de julio, en cada uno de los lugares que se presentara, dentro o fuera del país.
Según el desglose de los gastos, mantener a salvo a Felipe Calderón de las airadas protestas de la resistencia civil encabezada por su acérrimo opositor, Andrés Manuel López Obrador, no implicó aumento de sueldos, bonos o estímulos económicos para cada uno de los mil 896 miembros del EMP. Los desembolsos más significativos se aplicaron en alquiler de inmuebles, equipo, alimentación, hospedaje, boletos de avión, transportación en general y combustibles.
En tanto que esta relación parcial de gastos aún no se difunde públicamente, la Presidencia de la República desplegó una intensa campaña mediática para apuntalar al nuevo mandatario como ejemplo de austeridad. Una de sus primeras medidas, se explica en uno de los spots de radio y televisión, consistió en reducir su salario y el de su gabinete en 10%, lo que representará un ahorro anual de 25 mil 500 millones de pesos.
Como jefe del Ejecutivo, Calderón ganará alrededor de 150 mil 530 pesos, es decir, 16 mil 725 pesos menos que su antecesor, Vicente Fox, según los cálculos oficiales. Lo que aún no se ha dicho es que ese mismo salario, ya reducido por el llamado Decreto de Austeridad del Gobierno Federal, representará menos de los 218 mil pesos diarios que dilapidó el EMP para velar por su seguridad en tan sólo tres meses.
En lo que toca a los recursos públicos a disposición del EMP, no hay manera de saber más. Al menos por el momento, el propio cuerpo de élite se negó rotundamente a entregar a este semanario copias fotostáticas de las facturas y comprobantes de cada uno de los gastos, lo que representa una violación a la Ley Federal de Transparencia y a los lineamientos para la rendición de cuentas en el período de transición establecidos por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).
Al responder a la solicitud de acceso a estos archivos, el EMP pretendió que el reportero acudiera personalmente a sus instalaciones para solamente revisar la documentación. Sin embargo, en la petición se especificó que se requerían copias simples en disco compacto: un mecanismo de rendición de cuentas avalado por el IFAI y de uso común en el gobierno desde hace tres años.
Algo similar sucedió con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que en su respuesta solicitó una ampliación del plazo –de 20 días hábiles más– para entregar los archivos en su poder, lo que representa una segunda violación a los lineamientos para la operación del fideicomiso creado para los trabajos del equipo de transición.
Según los ordenamientos del IFAI, que entraron en vigor desde antes de que se supiera el nombre del ganador en las elecciones, las dependencias involucradas en la vigilancia del uso de 150 millones de pesos por parte del equipo de transición –de los cuales 20 millones corresponden al Estado Mayor y 130 millones al presidente electo– debieron entregar los justificantes de gastos, que pueden ser requeridos por cualquier ciudadano, a la brevedad posible y en un plazo no mayor de 10 días.
Para ello, Hacienda y la Secretaría de la Función Pública (SFP) tenían la obligación de firmar una “cláusula de máxima publicidad” sobre el uso del dinero público, amén de llevar un puntual registro de esos archivos, además de organizarlos y conservarlos. En la petición formulada a la SHCP se demandó, entre otros aspectos, conocer el sueldo del presidente electo y el de su amplio grupo de colaboradores.
Transporte, por las nubes
El pasado 10 de noviembre se tramitó por internet una solicitud de información en la que se pidieron detalles sobre la forma en que el EMP gastó los 20 millones de pesos transferidos a sus cuentas bancarias durante el período de transición gubernamental.
En el requerimiento se especificó que la información tenía que incluir copias de contratos, facturas, justificantes y cualquier otro documento que ampare el uso de esos recursos públicos.
Además, se solicitaron estados de cuenta, nombres y número de personal asignado, así como copias de boletos de avión, recibos de casetas, facturas de hoteles, alquiler de salones y restaurantes, renta de auditorios y pagos de publicidad a medios de comunicación. En una nota, se aclaró:
“Esta solicitud pretende abarcar desde el momento en que se entregó el dinero hasta el 1 de diciembre de 2006. Se tramita antes de que concluya el período de transición, a fin de que el Estado Mayor Presidencial se sirva tomar las previsiones necesarias desde antes y, en la medida de sus posibilidades, puedan entregar la información lo antes posible.
“Los datos y documentación, como ustedes comprenderán, resultan de sumo interés público; por eso se plantea en los términos descritos. De cualquier forma el plazo para responder concluye el 12 de diciembre”.
En su respuesta, el EMP entregó un cuadro sinóptico que tituló: “Gastos por Rubro Realizados por el Estado Mayor Presidencial para la Transición Gubernamental al 1 de diciembre del 2006”.
En este documento admite que sólo quedan en su cuenta de Banjército 1 millón 605 mil 630 pesos con 98 centavos. El resto del dinero ya se utilizó.
De la cifra proporcionada por el EMP se desprende que el costo de la seguridad brindada a Calderón como presidente electo ascendió a 6 millones 131 mil 854 pesos por mes, es decir, aproximadamente 1 millón 532 mil pesos semanales.
Desde hace años el EMP dispone de ocho aviones y siete helicópteros, que se utilizan para atender las necesidades del presidente de la República y su familia. El mayor de esos aviones, clasificado con la clave TP-03, tiene capacidad para 116 pasajeros; el TP-02 cuenta con 64 asientos y el TP-01 con 66. En cuanto a los helicópteros, el Puma SA300 (TPH-09) puede movilizar a 14 elementos del Estado Mayor Presidencial. De similares características, el Superpuma TPH-06 tiene 12 asientos. No obstante, y de acuerdo con su relación de gastos, el EMP erogó 1 millón 353 mil 782 pesos con 83 centavos en boletos de avión, para vuelos nacionales y al extranjero.
Pero además, se registra el desembolso de 3 millones 718 mil 612 pesos con 19 centavos bajo el rubro de “transporte”, del cual no se ofrecieron detalles.
Partida extra
En la solicitud de información se requirió, así mismo, el número y los nombres de los elementos asignados a la protección del presidente electo. El EMP respondió que esos datos están reservados por cuestiones de seguridad nacional, pero en cambio pudo saberse que tan sólo en la alimentación y el hospedaje de la tropa, así como de sus altos mandos, se gastaron 4 millones 512 mil 581 pesos en el período señalado.
En su reporte de gastos, el EMP registró el arrendamiento de inmuebles por 50 mil pesos, alquiler de maquinaria y equipo por 50 mil pesos, abastecimiento de combustibles por 3 millones 647 mil 724 pesos y comisariatos por 1 millón 85 mil pesos.
El artículo 4 del Reglamento del Estado Mayor Presidencial precisa que, con los recursos públicos que cada año le asigna la Cámara de Diputados, debe “garantizar la seguridad del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de su familia, de los mandatarios y funcionarios extranjeros que visiten la República Mexicana y de otras personalidades que, por la importancia de su cargo o encomienda, expresamente ordene el titular del Ejecutivo Federal; así como proporcionar el apoyo logístico inherente a las actividades anteriores”.
No se especifica nada sobre partidas adicionales durante el período de transición gubernamental ni existen referencias al procedimiento para comprar equipo, como sería el caso de los dos vehículos militares incluidos en el reporte de gastos.
La Sección Séptima del EMP tiene entre sus obligaciones la de controlar los servicios de seguridad para las personas que ordene el titular del Poder Ejecutivo, según su reglamento interno. Pero aun cuando estas tareas ya están plenamente definidas, y sobre todo presupuestadas, el gobierno de Vicente Fox –con el beneplácito de los diputados de todos los partidos– le entregó a Calderón 20 millones de pesos extra.
De esa manera, los recursos del erario que se pusieron a disposición del presidente electo para operar la recepción del gobierno federal sumaron 80 millones 736 mil pesos más que lo recibido por el equipo de Vicente Fox hace seis años.
Esa cantidad equivale, por ejemplo, a lo que costó echar a andar el programa de Retención y Repatriación de los Investigadores Mexicanos, que aplicó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); o bien, es similar a la suma que invirtió el gobierno federal en la reconstrucción de Cancún tras el paso del huracán Wilma el año pasado.
Felipe Calderón dispuso directamente de 130 millones de pesos, una cifra equivalente al costo del hospital Materno-Infantil en Reynosa, Tamaulipas. Fue el propio Vicente Fox quien, el año pasado, envió a la Cámara de Diputados la propuesta para asignar esa bolsa, más los 20 millones correspondientes al EMP, dentro del presupuesto 2006.
El dinero fue tomado del Ramo General 23 de Provisiones Salariales y Económicas, específicamente en el anexo 8. Todas las fuerzas políticas, incluido el PRD, aprobaron la iniciativa sin mayor objeción.
Gracias a eso, los colaboradores de Felipe Calderón ganaron hasta 97 mil pesos mensuales durante la transición, todos bajo el régimen de honorarios, conforme los lineamientos del fideicomiso trazados por la Secretaría de la Función Pública. Sueldos equiparables al de algunos directores generales adjuntos del gobierno federal.
Ley pisoteada
A fin de obtener información acerca de cómo y en qué utilizó el dinero público el equipo de Felipe Calderón, simultáneamente a la solicitud de acceso a la información presentada ante el EMP, este semanario tramitó otra, en los mismos términos, ante la Secretaría de Hacienda, dependencia que debió llevar puntualmente el registro de los gastos. En este segundo requerimiento de archivos oficiales, Proceso requirió una lista completa del equipo de transición, que incluyera salarios, puesto y funciones.
En especial, se pidió información sobre el sueldo de Felipe Calderón y una relación detallada de sus gastos personales. Además, se demandaron copias de los estados de cuenta del fideicomiso público abierto en Banjército.
En el trámite, vía internet, se colocó la misma nota que en el recurso ante el EMP, en el sentido de que se solicitaba desde antes de concluir el período de transición a fin de que los archivos estuvieran disponibles apenas rindiera protesta como presidente constitucional ante el Congreso.
No obstante, la SHCP esperó hasta el último día, el 12 de diciembre, para solicitar una ampliación del plazo de 20 días hábiles más. “La Unidad que atiende la solicitud continúa con el análisis y evaluación de los datos contenidos en sus archivos”, argumentó.
Desde el 5 de octubre de 2005, el IFAI dio a conocer un documento titulado: Lineamientos para el cumplimiento de obligaciones de transparencia, acceso a información gubernamental y rendición de cuentas, respecto de recursos públicos federales transferidos bajo cualquier esquema al presidente electo y, en su caso, a su equipo de colaboradores, entre el 3 de julio y el 30 de noviembre del 2006.
“Por primera vez en la historia de México será obligatorio para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal informar a la ciudadanía sobre el otorgamiento de apoyos y transferencias para el presidente electo y su equipo de transición”, presumió el IFAI. Pero hasta el momento eso no se ha sucedido. Hacienda, encabezada por Agustín Carstens, y el EMP, dirigido por el general Jesús Castillo, han pasado por encima de esas normas.
“Las dependencias y entidades atenderán las solicitudes de acceso, en la medida de lo posible, en un plazo no mayor de 10 días hábiles”, precisó el IFAI en su artículo quinto.
Aunado a ello, los comisionados del IFAI –entonces encabezados por María Marván– estipularon que debieron suscribirse declaraciones unilaterales de integridad y transparencia por parte del presidente electo y sus colaboradores, además de la ya mencionada cláusula de publicidad total.
“Las Unidades de enlace y los Órganos de Control Interno deberán llevar un registro documentado de los apoyos a la transición gubernamental para la organización y conservación de los archivos”, especificó el IFAI.
Las violaciones a esos lineamientos no sólo ocurrieron al final del período de transición, cuando la SHCP respondió que aún no tenía listos sus archivos: el gobierno de Vicente Fox no actualizó la información cada 30 días en la página de internet de Hacienda, como debió hacerlo, y el presidente electo, Felipe Calderón, lo consintió.
El secretario de la Función Pública (SFP), Germán Martínez, dijo en rueda de prensa que el informe de los gastos del equipo de transición será difundido en cuanto concluya una auditoría iniciada por sus propios integrantes, ahora en posiciones de gobierno, lo que nuevamente viola los lineamientos del IFAI, ya que los archivos debieron estar listos, ordenados y disponibles para el momento en que los solicitara cualquier ciudadano.
Sobre este punto, el IFAI no ha dado explicaciones. El presidente del organismo, Alonso Lujambio, ha dicho sin tapujos que es amigo de Felipe Calderón. Y ahora también llegó otro de sus amigos al primer círculo del poder: el secretario Germán Martínez, con quien Lujambio recientemente elaboró el libro El porvenir posible, compilación de textos de Carlos Castillo Peraza, icono del panismo y de quien el nuevo inquilino de Los Pinos se dice discípulo.
SERIE DE REPORTAJES SOBRE LOS "JEFES" QE FECAL1 TEME:
Reynosa: "Narcogolpe de Estado"
Ricardo Ravelo
Amado Carrillo Fuentes llegó a ser el poderoso amo del cártel de Juárez en 1993, tras la muerte de su jefe, Rafael Aguilar Guajardo, quien fue acribillado en Cancún, Quintana Roo, cuando se disponía a subir a un yate que lo llevaría a la isla de Cozumel. Desde entonces y hasta su muerte, El Señor de los Cielos cargó con la sospecha de haber traicionado a su amigo.
Es el mismo caso de Osiel Cárdenas Guillén, cabeza de la nueva generación del cártel del Golfo y quien alcanzó el liderazgo luego de la caída de Juan García Ábrego, La Muñeca, capo de capos en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Para arribar a la cumbre de esa organización criminal, Cárdenas asesinó a Salvador Gómez Herrera, El Chava, “porque le hacía sombra”, y se ganó el sobrenombre de El mata amigos, según se registra en la investigación del caso.
Sin embargo, otras reglas parecen marcar hoy el código de los capos: en un hecho inusual, Gregorio Sauceda, El Goyo, operador del cártel del Golfo en las plazas de Reynosa y Matamoros, fue relevado “con bombo y platillos” por órdenes de su jefe, Osiel Cárdenas. Agradecido por su lealtad y sus servicios, desde el penal de La Palma –donde opera, se asegura, su empresa criminal– decidió remplazarlo como directivo del cártel, según se asienta en un informe de la agencia estadunidense antidrogas, la DEA, que en octubre pasado fue entregado a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y al que este semanario tuvo acceso.
Enfermo de cáncer y con una progresiva adicción a la cocaína, el también llamado Caramuela dejó de ser útil para el corporativo criminal y fue despedido con una fiesta organizada por su grupo más cercano, a la que asistieron policías, exagentes federales y viejos conocidos del narcotraficante, de acuerdo con versiones confirmadas en la Procuraduría General de la República (PGR).
Hubo de todo: alcohol, cocaína, comida en abundancia y mujeres. Entre choques de copas y risas femeninas, El Caramuela fue despedido después de permanecer más de una década al frente de las plazas mencionadas, período durante el cual, según la PGR, ordenó asesinar a decenas de miembros de su propia organización y del cártel de Sinaloa, el grupo rival.
Los antecedentes registrados en la SIEDO indican que El Goyo Sauceda fue un “engrane” importante para el cártel del Golfo cuando la segunda generación del grupo, dirigida por Osiel Cárdenas, asumió el control, a mediados de los años noventa, cuando el priista Tomás Yarrington llegaba a la gubernatura de Tamaulipas, como se ha documentado públicamente.
Al mismo tiempo que Yarrington tomaba el control político del estado, Osiel Cárdenas se daba a la tarea de colocar las principales piezas de la nueva organización en cada uno de los municipios de la entidad, sobre todo los que forman parte de la zona conocida como La Frontera Chica.
Fue en esa etapa de confrontación cuando surgió el nombre de Gregorio Sauceda Gamboa, quien llegó a tiempo al reparto del territorio: Osiel Cárdenas, el jefe del cártel, le entregó la operación en Reynosa y Matamoros, dos de las plazas más boyantes del cártel del Golfo y quizás el territorio más codiciado por otros grupos, como el cártel de Sinaloa, cuyo líder, Joaquín El Chapo Guzmán, desató duras acometidas para apoderarse de esa zona.
De 1996 a 2004, El Goyo Sauceda se apuntaló en esos enclaves. Y no sólo frenó los embates del Chapo y sus gatilleros, sino que convirtió a Reynosa y Matamoros en los verdaderos motores del cártel: según la PGR, por esos tramos fronterizos los del Golfo pasan unas 30 toneladas de droga por mes a Estados Unidos.
Proveniente de la DEA, el informe analizado por la SIEDO detalla los pormenores del relevo de Sauceda Gamboa. En su primer párrafo, dice: “Según fuentes estadunidenses, existe una disputa interna dentro del cártel del Golfo. La desavenencia estriba (en) el deseo de Osiel Cárdenas en remover a uno de sus allegados” más importantes.
Sobre la vida de Sauceda se conocía poco. El informe de la DEA expone una parte de su mundo sórdido y algunos detalles de la soledad que lo oprime, quizá por los estragos de la cocaína.
Dice: “Sauceda (a) El Goyo se encarga de las operaciones del cártel en Rey-nosa y Matamoros… Es un conocido alcohólico y drogadicto que puede estar muriendo de cáncer”. La DEA observa que sus días en el cártel del Golfo están contados: “Sauceda está perdiendo el control del negocio”.
La agencia estadunidense, que mantiene informada a la SIEDO, ya visualiza quién podría ser el relevo: “El elegido para suplir a Sauceda es un hombre conocido como El Hummer y cuyo nombre es Jaime González Durán”.
Y sobre el perfil psicológico de González, indica el informe: “Su reputación no lo hace partidario de quien quiere la paz”. Pero también se anota el rasgo de su personalidad que influyó para ganarse el puesto: “Es un leal seguidor de Osiel Cárdenas”.
En otro apartado, la DEA le informa a la SIEDO sobre la misión más importante de González Durán en Reynosa y Matamoros: “Se enfocará en hacer dinero en vez de contar cuerpos para su jefe”. Y añade que González Durán “es conocido por ser el segundo de a bordo de Los Zetas”.
La reestructuración
En un operativo simultáneo, la noche del 16 de octubre de 2006, un comando de sicarios al servicio de Gregorio Sauceda “clausuró” cinco casinos de apuestas y juegos que operaban en Reynosa, Tamaulipas.
Algunos días después, por supuestas órdenes de Osiel Cárdenas y de Heriberto Lazcano, El Lazca, 450 hombres del mismo cártel, provistos de armas de alto poder, arribaron a esa ciudad fronteriza para tumbar a El Goyo del mando de la plaza.
De acuerdo con información obtenida desde la Ciudad de México, Sauceda se metió “con gente que no debía”. Incluso se asegura que uno de esos casinos pertenecía a Manuel Bribiesca Sahagún, lo cual se consideró como “la gota que derramó el vaso”.
Sin que ninguna autoridad interviniera y sin que ningún periódico tamaulipeco publicara ni una línea al respecto, el cártel del Golfo reestructuró a fuego y sangre sus mandos en esa frontera. Fue el fin de la era de El Goyo, quien desde mediados de los años noventa había ejercido un control férreo en la zona.
Por intervención de su hermano Adán Sauceda Gamboa, El Karis, quien tiene el mando del cártel en los municipios de Miguel Alemán y Camargo, El Goyo fue perdonado y enviado a Matamoros para rehabilitarse de su adicción a las drogas.
No corrieron la misma suerte alrededor de 20 jefes intermedios de su estructura, quienes fueron ultimados en esos enfrentamientos, aunque dichas muertes no quedaron registradas oficialmente y sólo los enviados de Osiel Cárdenas saben con exactitud las bajas que ocasionó ese “reacomodo”.
Según los datos recopilados desde el Distrito Federal, uno de los ajusticiados fue Carlos Landín Martínez, un exagente ministerial del estado a quien supuestamente decapitaron al ser ubicado como uno de los hombres que más se enriquecieron en la estructura de Gregorio Sauceda y que incluso amenazaba ya con rebasarlo en el poder.
Las versiones sobre este sangriento cambio de mandos en la plaza han corrido de boca en boca en Reynosa y llegaron hasta la capital de la República. Sin embargo, ninguna corporación emitió el reporte ni pareció enterarse de lo que ocurría.
Después de dos semanas de las “clausuras”, a partir del 1 de noviembre, fueron vistas caravanas de lujosas camionetas que se desplazaban aparatosamente por la ciudad. Se habló de torturados, de enfrentamientos, de secuestros, pero el silencio de las autoridades y de la prensa local prevaleció.
Pese a que Reynosa es sede de la delegación estatal de la PGR y de la Octava Zona Militar, los sicarios del cártel del Golfo pusieron la casa en orden sin que los molestara ninguna autoridad federal, estatal o municipal.
Juegos de poder
Como a las 11 de la noche del 16 de octubre, los cuerpos policiacos de Reynosa recibieron el reporte de que un carro Mercedes Benz estaba abandonado, con las puertas abiertas, en la colonia Longoria, y de que en el interior se encontraba un niño de unos ocho años de edad.
Más tarde, se halló brutalmente golpeado al padre del pequeño y propietario del auto, a quien se identificó como Humberto Vázquez Montes, administrador del centro de juegos y apuestas Sportbook.
Frente a decenas de testigos, hombres armados y vestidos de negro que parecían policías golpearon y arrastraron a Vázquez Montes por los pasillos del centro comercial Soriana Periferia de la ciudad, a un costado del Sportbook. Esa misma noche, otros comandos similares recorrieron los cinco centros de juegos y apuestas que operaban en la ciudad para cerrarlos.
Además del Sportbook, fueron “clausurados” el Mega Jackpots, ubicado en el centro comercial Soriana Morelos; el Río Station, del bulevar Morelos; así como el Golden Palace y el Río Entertainment, localizados en la calle Virreyes, a sólo una cuadra del Puente Internacional.
Todos contaban con permisos de la Secretaría de Gobernación para operar, aunque había quejas de que causaban problemas de circulante en la ciudad porque muchos habitantes de esa frontera estaban atrapados en el vicio del juego.
Según la versión que corre en Reynosa, la gente de Gregorio Sauceda Gamboa tenía instrucciones de cerrar sólo el Río Station, pero en el momento del “operativo” se fueron contra todos, supuestamente porque los sicarios no sólo querían cobrarles cuota, sino que pretendían tomar el control de los casinos.
Días después, en Reynosa se afirmó que el Sportbook era propiedad de Manuel Bribiesca, mientras que el Mega Jackpots pertenecía a Jorge Hank Rohn, quienes se habrían quejado en la Secretaría de Gobernación por el cierre de sus negocios. Fue entonces cuando circuló la especie de que se realizaría un megaoperativo militar de un momento a otro para reabrir los casinos y detener a quienes los cerraron.
En fuentes de la Ciudad de México se averiguó que, en lugar de los militares, llegaron los sicarios. Desde Matamoros se dio la orden de que El Goyo dejara el mando de la plaza, pero éste se negó y fue respaldado por su gente. Un comando de exterminio, dirigido por Flavio Méndez Santiago, El Amarillo, y por Mario Ramírez, El Pelón, “levantó” a Gregorio Sauceda Gamboa y a sus lugartenientes, en una especie de “golpe de Estado”.
Según la información que se filtró en círculos policiacos de la capital de la República, las razones para tumbar a El Goyo fueron la existencia de un trato para evitar la incursión del Ejército e impedir la desestabilización de la plaza, luego de que el capo se metió “con quien no debía”, y que debido a su adicción a las drogas y a sus parrandas, otros mandos, como Carlos Landín, se estaban enriqueciendo sin reportar ganancias al cártel.
En el mismo sentido, se afirmaba que Sauceda Gamboa estaba actuando por su cuenta y ya no atendía los llamados que se le hacían para apoyar con gente y dinero las operaciones del cártel del Golfo en otras regiones. Se hablaba ya del “cártel de El Goyo”.
Únicamente Los Zetas saben cuántos muertos hubo. En Reynosa relatan que algunas personas fueron decapitadas o torturadas hasta morir y que sus cuerpos fueron incinerados, pero se dice también que muchos lograron evitar que los atraparan. Otros operadores de los “negocios” de la mafia en esa ciudad habrían sido secuestrados, colgados y “tableados” hasta que sus familiares pagaron sumas millonarias y en dólares.
Gracias a que su hermano El Karis fue nombrado jefe interino y encargado de la reestructuración de los mandos, El Goyo fue enviado a Matamoros para someterse a un proceso de rehabilitación.
El cambio de mandos del cártel también tuvo efectos en el gobierno municipal, encabezado por el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Meses atrás, había tratado de destituir a su director de Tránsito, Sergio Amaury Flores Pérez, debido a algunos desencuentros que habían tenido. Pero El Goyo impidió la destitución del funcionario, quien supuestamente estaba en esa posición como una cuota de poder de Manuel Bribiesca Sahagún.
La estrecha relación de amistad entre el hijo de Marta Sahagún y el director de Tránsito quedó a la vista el pasado 16 de septiembre, cuando en el salón del Club Campestre Cimarrón, de McAllen, Texas, Manuel Bribiesca Sahagún fue padrino de bautizo de una hija de Sergio Amaury.
Pero tras la remoción de El Goyo, el alcalde García Cabeza de Vaca sólo esperó la fecha exacta en que los Bribiesca Sahagún dejaran de ser “los hijos de la primera dama” y destituyó a Sergio Amaury el día que Vicente Fox dejó la Presidencia de la República. ?
Las verdaderas víctimas del Operativo Michoacán
Francisco Castellanos J.
y policías salen a la sierra. Mientras tanto, los pobladores, que requieren empleos y mercados para sus productos, se encuentran en medio del fuego cruzado
de fuerzas de seguridad y narcotraficantes. Temerosos ahora de narcovenganzas cuando los federales se vayan, muchos lugareños se están sumando a un éxodo que ha dejado ya cientos de casas y ranchos abandonados...
AGUILILLA, MICH.- Los pobladores de este municipio, azotado primero por el narcotráfico y ahora también por el “megaoperativo” de fuerzas federales, se quejan:
“Estamos prisioneros, atrapados y sin salida de este pueblo. Por un lado, el acoso de las diversas células del narcotráfico que operan en la región, y por otro, el de la autoridad federal. Hubo días en que estuvimos en estado de sitio: sin víveres, sin gasolina, sin dinero.”
Por eso mucha gente que se resistía a emprender el éxodo –a veces a Estados Unidos– se está yendo también, al punto de que los habitantes de esta cabecera municipal ya no llegan ni a 7 mil, de los alrededor de 10 mil que había hace unos cuatro años. Existen ya más de 300 casas sin ocupantes y decenas de ranchos abandonados y en ruinas…
Y están aumentando porque, mientras el cielo es atravesado por helicópteros, y camiones de la PFP y del Ejército Mexi-cano patrullan Aguililla, sus pobladores, con una fuerte carencia de empleos, temen la venganza de los narcotraficantes cuando las fuerzas de seguridad se vayan.
Un comerciante, al que le aterran tanto las fuerzas federales como las células del narco que secuestran, roban y ejecutan, cuenta que en los momentos en que los soldados y helicópteros salen a la sierra “se descuelgan al pueblo dos que tres narcotraficantes con sus trocas y música de narcocorridos. En cuanto a mis ventas, se han desplomado hasta en 90%, y a veces no vendo ni 30 pesos diarios”.
Por su parte, el propio alcalde Miguel Ávila Sánchez manifiesta: “Para mí, el megaoperativo no es más que una pomadita para la herida. Se necesita continuar buscando la medicina para el mal, y es un mal más severo que el cáncer o el sida, pues se trata del narcotráfico y la delincuencia organizada. Pero el gobierno sabe bien que ha provocado todo; que lo que nos falta son fuentes de empleo, porque si tenemos a nuestra gente ocupada con trabajo, no tiene que andar buscando por otro lado…”.
De extracción perredista, el presidente municipal acepta que durante su campaña él ofreció fuentes de empleo, “y estoy tratando de trabajar de acuerdo a las necesidades del municipio”. Pero, apunta, el gobierno federal no hace llegar suficientes recursos al estado, y éste, a su vez, derrama poco a los municipios.
“Por eso me quejo. Por eso le pido al gobierno federal que salde el compromiso que tiene. Felipe Calderón debe cumplir con los compromisos que estableció, pues fue él quien aseguró: ‘Soy el presidente del empleo’. Vamos a ver si es cierto. Es poco tiempo para criticarlo; pero hay que ver si es cierto.”
Mientras tanto, el edil es contundente: “Este pueblo parece un cementerio. Usted ya lo vio: está solo. Ya se fueron muchos, otros se murieron, otros andan prófugos, cuando en otras épocas en estos días todo era alegría, un gentío que no cabía en las calles y la plaza”.
Además, refiere, “a Televisa le dije esto mismo que le digo a usted, porque es necesario que se sepa, pero no lo difundieron. Me entrevistaron para el programa Atando Cabos de Denise Maerker, y sólo pasaron dos pedacitos, lo que le convenía a la empresa. Si lo que digo perjudica al presidente de la República, entonces ¿para qué me piden mi opinión? Y aclaro que yo no trato de perjudicar a nadie, sino cumplir lo mejor posible mi función”.
Por lo pronto, en Aguililla, “la fiesta del 12 de diciembre, la principal, se acabó. Ya no vienen braceros este mes a visitar a sus familias. Las calles están solas, igual que los comercios. Digo lo que miro y lo que siento, lo que estamos viviendo, y si eso molesta al gobierno federal, no es mi culpa”.
Consideró que el operativo debió ser un proyecto bien estudiado, pues el gobierno federal tiene suficiente personal y el mejor equipo logístico. “Qué se ganan con que anden todo el día los helicópteros de aquí para allá, con que haya puestos de revisión, si lo que más falta son empleos y mercados para los productos”.
Por ejemplo, precisa, “aquí se siembran de 700 a 800 hectáreas de hortalizas, principalmente jitomate, pero la cosecha se echó a perder por falta de mercado. No hubo a quien vendérselo y la gente ya no quiere sembrar”.
Más aún, “durante dos temporadas estuvimos insistiendo en que se nos apoyara con el mercado. Nadie nos hizo caso, y la gente perdió. Ya no quiso invertir, y es obvio que busca ‘otras salidas’”.
–¿No sabe de gente que se haya ido del pueblo después del megaoperativo?
–Sí, claro que sí. Dicen que Dos Aguas está casi solo. Ya casi nadie vive ahí. Fue donde mataron a los seis elementos de la procuraduría. También fueron los medios a ese pueblo; pero sólo dijeron lo que les conviene. Hablo de Televisa.
Prisión sin rejas
De manos arrugadas, callosas, sentada en el pórtico de una antigua casona de adobe en la calle principal, mientras teje una carpeta en punto de cruz, una comerciante de frutas lamenta:
“Ay, señor, viera qué feo está aquí por eso de los narcos… Hacen lo que quieren”, señala mientras se persigna.
–¿Y la gente del norte?
–Ya no vienen. Han matado a mucha gente. Ha muerto mucha, mucha gente, y luego a los padres de los que se mueren les dicen que se vayan. Si sigue así, nos vamos a quedar solos de al tiro. Hay puro nuevo, nuevo…
“Por ejemplo, mataban a un hijo y a los padres los obligaban a que se fueran. Se ha puesto muy feo, señor. No de ahorita, ya tiene tiempo. A una señora dueña del mejor hotel del pueblo la secuestraron, le quitaron un rancho y su hotel. Se tuvo que ir del pueblo. Se llama Lolita. Así de feas están las cosas, señor.”
Por su parte, el comerciante mencionado antes, quien fue funcionario del gobierno de Aguililla y pidió reservar su nombre, no difiere de la vendedora de frutas.
–¡Pásele, pásele, porque afuera está cabrón! Si lo ven que no es de aquí, ¡cuidado! –advierte al reportero.
La pesadilla, dice, empezó hace como un año, con los secuestros y asesinatos, y aunque está de acuerdo en que debe haber empleos, primero debe procurarse la seguridad.
“Para qué queremos empleos en Aguililla cuando hay una bola de malandrines que matan, secuestran y asesinan a su antojo. Hay que poner las cosas en su lugar. Primero una cosa y después la otra.”
De otro modo, “¿quién va querer venir a trabajar? Si hasta los que nos surten de mercancías ya no quieren entrar a este pueblo. Hay proveedores que no quieren venir, porque los agarran, los investigan, los roban y hasta los matan”.
–¿Qué opina la ciudadanía de Aguililla del operativo?
–Que está bien. Quienes hacían tropelías en grande ya se salieron de aquí. Estoy consciente de que es cuestión de largo tiempo. De que ellos vean quiénes son las cabezas, ¡y sobre ellas! Es muy fácil. No es difícil, pues tienen toda la información.
“Más ahorita, cuando hay tan poquita gente. Hace dos semanas no podíamos salir a la calle. No teníamos gasolina porque no dejaban entrar a la pipa; no teníamos gerente de banco porque lo amenazaron. Tenemos unas 300 casas solas porque se fueron las familias. Hay decenas de ranchos abandonados.
“Pero en lo personal felicito a Felipe Calderón por lo que está haciendo, pues hace un mes no podía salir a la calle. A las seis de la tarde había que encerrarse y no asomarse a ver qué pasaba.”
Sin embargo, “creo que la Federación no tiene un plan completo. No saben a lo que venían. Que hablen con los Ministerios Públicos Federales de Uruapan, Apatzingán y Morelia… Más tarda en llegar la noticia de que agarraron a alguien, cuando ya está libre”.
El comerciante reniega: “Mire, el Ejército los agarra. De aquí se los llevan a Apatzingán o a Uruapan. En esas ciudades, el Ministerio Público los deja libres. Son muy corruptos, y de ahí no pasan. Así que el gobierno de Felipe Calderón debe empezar a platicar con los MPF, pues guardan los expedientes de quienes se dedican al narco. Así se puede tener la información completa. Sería entonces preciso recabar esa información, venir con órdenes de aprehensión y reaprehender a los narcotraficantes”.
Coincide en que las amenazas, crímenes, robos y secuestros son de hace tiempo, no de ahora, por lo que miles de habitantes de Aguililla han emigrado.
“Sólo quedamos cuando mucho 7 mil”, comenta en el mismo momento en que pasa una camioneta con un equipo de sonido a todo volumen. Se trata de una canción: “Aguililla, Michoacán, otra vez triste te miran. Ha muerto Félix Cornejo. Muy triste fue su partida. También Amado Patiño. Los dos perdieron la vida…”.
El comerciante interrumpe su relato para explicar:
–¡Óigalos, ahí van!
Para agregar en medio de una risa de nerviosismo:
“Hablando de ellos… y no los hallan… Y ahorita son poquitos. No más se va el gobierno a los ranchos, y empiezan a salir las camionetas. Oiga, si somos tan poquitos… ¿Usted cree que no es fácil detectarlos?
“Mire, usted ahorita anda muy a gusto con su camarita, porque están escondidos. Si no estuviera el Ejército, ya lo habrían levantado. Caso concreto: Hace 24 días vinieron dos periodistas de una agencia informativa de Morelia, y los levantaron los narcos. Así de sencillo. Si no hubiera presencia policiaca, usted ya no estaría aquí, oiga.”
–¿Aún así viven a gusto aquí?
–Mire, ¿adónde vamos? La situación está cabrona. Aquí se ve más porque el pueblo es pequeño. ¿Adónde vamos? ¿Adónde correría usted? Aquí están nuestras raíces, nuestros hijos. Somos prisioneros sin rejas. Estamos atrapados en Aguililla…
Los abusos
Explican las autoridades y pobladores que hace como 18 años se dio un fenómeno de dolarización en Aguililla. Ello trajo consigo una serie de abusos de la entonces Policía Judicial Federal (PJF) y del Ejército. Se desataban enfrentamientos entre gente del pueblo y la PGR, e inclusive fue detenido el alcalde Salomón Mendoza Barajas. Había bajas de un lado y del otro. Toda una guerra sin cuartel.
Los elementos de la PJF fueron acusados de destruir diversos cultivos de granos básicos y hortalizas, ya que “los confundieron” con plantaciones de mariguana, denunció en ese entonces el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Aguililla, Arturo Contreras Godínez. Hoy ya ni ese organismo existe en el pueblo. Nadie quiere el cargo.
Contreras Godínez había denunciado igualmente que los pobladores de esa región eran víctimas de la prepotencia, la extorsión y la violación de derechos individuales por parte de los agentes judiciales federales y el personal del Ejército, que cada 15 días instalaban retenes en la zona.
Los habitantes de Aguililla recuerdan que sobre la carretera que conduce a Apat-zingán –en la desviación a Dos Aguas (La Paz)–, a 15 kilómetros de la cabecera municipal, se instalaba un retén permanente del Ejército Mexicano. Los militares, dicen, eran majaderos con la gente, e inclusive golpeaban con una tabla a quienes llevaban aliento alcohólico. Y cada 15 días, por las noches, algunos judiciales y militares instalaban otros puntos de revisión para extorsionar a los que cruzaban.
En cuanto a la destrucción de cultivos, se denunció que, por ejemplo, el 12 de noviembre de 2002, dos helicópteros de la Procuraduría General de la República destruyeron con sustancias químicas una tomatera de aproximadamente una hectárea al “confundirla” con un cultivo de mariguana.
De acuerdo con la queja presentada en la Comisión Estatal de los Derechos Huma-nos (CEDH) por el propietario del cultivo, Guillermo Alejandrez Rivera, estaba en su rancho La Gloria cuando escuchó el ruido de dos helicópteros. Al salir, vio que sobrevolaban su plantío y le rociaban sustancias químicas. Acudió a la CEDH para pedir ayuda a fin de que le pagaran lo que había gastado en la tomatera (15 mil pesos). Nunca recibió ninguna indemnización..
Para llegar al rancho La Gloria, en medio de lo abrupto de la sierra, existen cerros repletos de plantíos de mariguana, pero nunca han sido tocados por los agentes antinarcóticos, que, afirman los pobladores de la región, justifican su labor destruyendo plantíos de jitomate, frijol y maíz.
Por ejemplo, el jefe policiaco de Toto-tlán, Lauro Fuentes Comijo, dio en aquellas fechas fe de estos acontecimientos, y el acta respectiva fue firmada por dos testigos, Wulfrano Alejandrez Gil y Francisco Villalobos Cruz. En total fueron 25 las que-
jas de ese tipo enviadas a la Comisión Na-cional de los Derechos Humanos (CNDH). Y nunca se tradujeron en una recomendación.
En El Limón, otro jefe policiaco declaró que han tenido muchos problemas con el Ministerio Público del fuero común, que se negaba a recibirles a delincuentes detenidos aunque, en uno de esos casos, las acusaciones provenían de un grupo de 50 personas. “Siempre ponen pretextos o ‘se arreglan’ con los inculpados y al rato están libres”.
Un campesino de la zona confirma: “Es-te hecho no es aislado; es común que se dé con los agentes del Ministerio Público en Aguililla. Vienen los licenciados como servidores públicos en un plan de joder”.
Y “como en esta región existe mucho narcotráfico, piensan que en Aguililla hay dólares a morir, y vienen a barrerlos. Lo cierto es que el municipio no está produciendo dólares como para venir a barrerlos con recogedor. Piensan que hay mucho dinero, joyas, armas y dólares. De manera que, para que los agentes del Ministerio Público reciban una demanda, lo primero que hay que hacer es darles dinero, por lo menos 500 pesos. Si no, no atienden a nadie”. ?
Reedición del fracaso
Ricardo Ravelo
a esa dependencia durante la gestión de Daniel
Cabeza de Vaca. Y aunque insiste en que aplicará una estrategia “dirigida tanto a la desarticulación de las cadenas delictivas como al desmantelamiento
de los nodos de creación de valor y de los reductos de impunidad”, su esquema se asemeja al fracasado programa México Seguro.
Eduardo Medina Mora, cuya trayectoria profesional ha estado vinculada tanto al sector público como a la iniciativa privada, asumió la titularidad de la Procuraduría Ge-neral de la República (PGR) en uno de los momentos más críticos de esta dependencia en los últimos 25 años: los altos mandos militares contratados para “sanearla” no lograron su cometido.
A pesar de los esfuerzos de sus antecesores Rafael Macedo de la Concha y Daniel Cabeza de Vaca por terminar con la corrupción y las fallas que imperan en la PGR, ambos exfuncionarios fueron exhibidos por sus yerros. A Macedo de la Concha, por ejemplo, se le atribuyeron supuestos tratos con Los Zetas. En la averiguación previa AP/PGR/GRO/ACAAMA/413/2005 se recogen las declaraciones de los cuatro integrantes de ese grupo paramilitar al servicio del cártel del Golfo que fueron ejecutados en Acapulco, Guerrero, en mayo de 2005, por presuntos sicarios del cártel de Sinaloa. Uno de los zetas ejecutados, Miguel Vizca-rra Cruz, declaró que Macedo de la Concha les brindaba protección.
Cabeza de Vaca, quien estuvo al frente de la PGR durante los últimos 20 meses de la administración foxista, tuvo el desatino de declarar en una entrevista con Excélsior, publicada el 21 de noviembre pasado, que un grupo de agentes estuvo a punto de aprehender a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Pero el entonces procurador no pudo explicar por qué el llamado “capo del sexenio” foxista logró huir. Sólo dijo: “Tan cerca estuvimos de él, que en el lugar donde se encontraba encontramos una taza de café todavía caliente”.
Medina Mora hereda una institución afectada por una extensa red de corrupción compuesta por altos mandos militares designados por Cabeza de Vaca, y tendrá que enfrentarse a los embates cada vez más violentos de las seis organizaciones que se disputan las rutas de trasiego y el control del mercado de drogas en el territorio nacional.
Al final del sexenio foxista, algunos de los militares que Cabeza de Vaca incorporó a la PGR para “sanear” a la institución terminaron implicados en malos manejos y con denuncias por sus excesos en el ejercicio de sus funciones. A varios de ellos se les acusa de tener nexos con el cártel de Juárez, una de las organizaciones que más se benefició durante el llamado “gobierno del cambio” (Proceso 1563).
Uno de estos militares es el coronel Ismael González Vera, visitador general de la PGR, según revela una carta que empleados de la PGR enviaron al presidente Vicente Fox el 6 de agosto pasado, en la que le pidieron que se investigara a los funcionarios corruptos.
En dicha carta se incluye información sobre los malos manejos que se le atribuyen al visitador. Se afirma, por ejemplo, que mantiene comisionados a 15 elementos de la Policía Judicial Militar y a otras 50 personas, entre las que se encuentran “amigos o hijos de amigos” de González Vera, quienes “lo único que han hecho es cobrar su doble sueldo”.
Y como ejemplo se destaca que el propio visitador percibe 150 mil pesos mensuales, así como bonos de riesgo por su desempeño como funcionario de la PGR; además, se informa que el coronel González Vera recibe del Ejército 75 mil pesos mensuales, “pasando por alto la incompatibilidad de cargos o puestos a que se refiere la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.
La carta ilustra el derroche de recursos en la PGR: desde la llegada de González Vera a la Visitaduría General empezó a escasear el equipo utilizado para los servicios de vehículos, así como el material administrativo y de fotocopiado.
“La explicación que dio el señor Gon-zález Vera es que no había presupuesto en vista de que les habían pedido recursos para apoyar la campaña de (Felipe) Calderón Hinojosa, lo cual no es justificable por las funciones que tienen la Visitaduría General y la Procuraduría General de la República, lo cual solicitamos sea investigado”, se lee en el documento entregado en Los Pinos.
Sobre la protección que González Vera brinda a sus subordinados que incurren en excesos, los denunciantes citan el caso del teniente coronel Antonio Rodríguez Luna, director general de Inspección Interna de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quien visitó la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN) en Tijuana, Baja California, el pasado 13 de junio. Iba “en completo estado de ebriedad y protagonizó un acto bochornoso”.
Tres días después, los diarios La Voz y El Sol de Tijuana informaron que el militar profirió amenazas contra el personal de dicha unidad, jactándose de su cargo y de la protección “de arriba” de la cual goza. Aunque el episodio fue conocido por González Vera y por el entonces secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Clemente Vega García, evitaron que trascendiera.
Vicios y acoso
La misiva, cuya copia tiene Proceso, retrata la descomposición interna en la PGR. En ella se afirma que González Vera –quien es cabeza del grupo de generales, coroneles y tenientes con cargos tanto en la PGR como en la AFI– tiene antecedentes de corrupción desde que fue delegado de la PGR en Chihuahua y Baja California Sur. Cuando estaba en esos cargos –según la carta enviada a Fox– “recibió ‘algunos regalitos’ del cártel de Juárez, entre los que se cuentan vehículos de lujo y dólares; sí, muchos dólares, y, entre otras cosas, se le atribuye (a González Vera) la pérdida de varios kilos de cocaína…”.
Los firmantes de la carta, quienes solicitaron al reportero omitir sus nombres por temor a represalias, insisten en que han padecido todo tipo de malos tratos, amenazas de despido y hasta “acoso sexual” por parte de los militares bajo el mando de González Vera.
Asientan que, con el argumento de que iba a limpiar la imagen de la Visitaduría General, González Vera creó espacios en la oficina central de la PGR y en la AFI para incorporar a un grupo de amigos, todos ellos militares, quienes a pesar de sus limitaciones profesionales y los excesos cometidos en el desempeño de sus funciones, siempre han sido protegidos por su jefe.
Y mencionan otros ejemplos: el del teniente coronel Aníbal Trujillo Sánchez, actual director general de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, quien, dicen los empleados inconformes, “ni siquiera sabe dar inicio a una averiguación previa”.
Otro protegido del visitador general, dicen en su carta, es el teniente coronel Antonio Ramírez Luna, director general de Supervisión e Inspección Interna para la AFI: también padece limitaciones profesionales, es prepotente y “suele llegar en estado de ebriedad a laborar”.
El teniente Juan Arroyo Martínez, afirman los autores de la carta, al igual que Ramírez Luna, “tampoco conoce el trámite de la averiguación previa”. Pese a ello, ocupa el cargo de fiscal para el combate a la corrupción dentro de la institución.
Otro caso es el del teniente coronel José Porfirio Ramírez Cortés, director de Control y Evaluación de Delegaciones de la Dirección General de Visitaduría de la PGR, quien presuntamente tiene antecedentes de haber cometido actos ilícitos.
Los denunciantes agregan en su carta que Ramírez Cortés viaja periódicamente a las delegaciones de la PGR con el pretexto de “supervisar” el trabajo de los visitadores, pero en realidad se dedica a recoger las aportaciones económicas –“la polla”– que entrega a su jefe. Y se le acusa también de hostigar al personal femenino de las delegaciones.
Similar es el caso del mayor José Froylán Ramírez Castillo, director de supervisión de la Dirección General de Inspección Interna. Según la carta de denuncia, “se dedica a cortejar y acosar sexualmente al personal femenino adscrito a las delegaciones estatales” de la PGR.
También se incluye en la lista al mayor Juan Franco Rebolledo Galeana, excoordinador administrativo que fue removido de su cargo “por ineficiente”, pero posteriormente se incorporó como director de área en la Dirección General de Supervisión e Inspección Interna en la AFI, cuyo titular era Genaro García Luna, actual secretario de Seguridad Pública federal.
El visitador general de la PGR, se asienta en el documento, también brinda protección a mujeres provenientes del Ejército, entre ellas Sandra Patricia Ruiz Márquez y Ana María Mosqueda Mosqueda. La primera tiene grado de mayor del Ejército, y en la PGR se desempeña como directora de Control de Gestión de la oficina del visitador, mientras que la segunda funge como secretaria del coronel González Vera.
Los empleados se quejan de malos tratos de Mosqueda y afirman que, “como elemento del Ejército”, deja mucho que desear a causa de sus limitaciones profesionales.
Nueva estrategia: fracaso reciente
El miércoles 5, cuando fue ratificado por el Senado como procurador general de la República, Eduardo Medina Mora dijo que el narcotráfico opera a semejanza de los grupos italianos conocidos como la Cosa nostra.
Como secretario de Seguridad Pública federal –cargo al que llegó después de abandonar la dirección del Centro de Inves-tigación y Seguridad Nacional (Cisen)–, Medina Mora fue duramente cuestionado por el fracaso del programa México Seguro, una medida de emergencia con la que el régimen foxista intentó frenar el narcotráfico y la violencia. Medina Mora ahora reconoce –y así lo dijo ante los senadores– que las Fuerzas Federales de Apoyo eran insuficientes para lograr tan ambicioso objetivo.
Y a pesar de ese sonado fracaso, Medi-na Mora les dijo a los legisladores en esta ocasión que es necesario aplicar “una nueva estrategia en el combate al crimen organizado”.
Adelantó un requerimiento de dicha estrategia: “Que ésta no se dirija sólo o primordialmente a la captura de los líderes de las organizaciones y al combate de sus estructuras de comando y control, sino que parte de una visión integral que vaya dirigida también a la desarticulación de las cadenas delictivas mediante el desmantelamiento de los nodos de creación de valor y de los reductos de impunidad”.
Expuso que una de sus tareas fundamentales será el combate al narcomenudeo, y agregó que para ello requerirá el apoyo de los gobiernos estatales y municipales, a los cuales les ofreció una mayor colaboración.
Actualmente en el país existen seis cárteles del narcotráfico en abierta disputa: Tijuana, Sinaloa, Milenio, Golfo, los hermanos Amezcua y Pedro Díaz Parada (extensión del cártel de Tijuana que controla el tráfico de mariguana en Oaxaca y Veracruz).
Medina Mora coordinará sus labores antinarcóticos con el nuevo secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien al igual que aquél tiene estrechos nexos con Televisa, empresa que le sirvió para promover su imagen como policía eficaz.
García Luna enfrentó serios cuestionamientos a principios de año, cuando una docena de agentes de la AFI (corporación que él dirigía) resultaron implicados en el secuestro de cuatro miembros de Los Zetas en Acapulco, Guerrero. Al parecer los agentes estaban ligados al cártel de Sinaloa y actuaban bajo las órdenes de Arturo Beltrán Leyva y de su jefe de gatilleros, Édgar Valdez Villarreal, La Barbie (Proceso 1519).
En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/013/2003 se asienta que algunos colaboradores de García Luna resultaron implicados con el cártel que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán Loera, y se menciona a Domingo González Díaz, director del Centro de Mando de Operaciones Especiales de la AFI, quien recibía dinero del cártel de Sinaloa para proteger las operaciones de los hermanos Beltrán Leyva.
En dicha indagatoria, el testigo protegido José Rodríguez declaró: “Que Édgar Valdez Villarreal, quien radica en Nuevo Laredo, se encarga de comprar droga y distribuirla en Estados Unidos. Que en los meses de septiembre y octubre de 2004, la PGR reveló que un grupo de sicarios se había asentado en el estado de Tamaulipas, los cuales están encabezados por el estadunidense Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, contratado por el cártel de Juárez para enfrentar al cártel de Sinaloa. Así mismo, es señalado como el personaje encargado de ‘comprar’ tanto a autoridades federales como estatales y municipales, como en el caso de Domingo González Díaz, un funcionario de la Agencia Federal de Investigación a quien supuestamente pagó 1 millón y medio de dólares con tal de proteger a (Marcos Arturo) Beltrán Leyva y al mismo Édgar Valdez Villarreal, La Barbie”.
Rebanadas de precariedad
Carlos Acosta y Jesusa Cervantes
La negociación del primer paquete económico de Felipe Calderón, que no contiene cambios que favorezcan el crecimiento del país y la generación de empleos –sus principales promesas de campaña–, evidenció en el ámbito legislativo un PAN sin liderazgo, que dejó en manos de la Secretaría de Hacienda hasta la confección de las reglas de discusión; un PRD que lideró en la operación legislativa pero que quedó confrontado con su dirigencia, y un PRI dividido que, a conveniencia, se sumaba lo mismo al PRD que al gobierno. A ese saldo se suma el fortalecimiento de una parte del sector empresarial, refresqueros y tabacaleros principalmente.
De hecho, el programa económico fue un primer escarceo del gobierno de Felipe Calderón con el Poder Legislativo, en el que aquél obtuvo un triunfo relativo: tras la cuestionada elección del 2 de julio, el conflicto poselectoral y su accidentada toma de posesión, logró que fuera aprobada por unanimidad la Ley de Ingresos, aunque retocada: sin el impuesto general de 5% a los refrescos, y con recursos extras de fondos que Hacienda quería ocultar y de cifras subestimadas en recaudación.
Al cierre de esta edición, la medianoche del viernes, todo apuntaba a que con el Presupuesto de Egresos sucedería lo mismo, luego de una intensa y a veces ríspida negociación de más de 12 horas entre los coordinadores parlamentarios y el equipo negociador de la Secretaría de Hacienda, encabezado por su titular, Agustín Carstens.
De una encerrona en la Torre Azul del PAN, que inició a las ocho de la mañana y concluyó cerca de las ocho de la noche, salió un acuerdo para reasignar cerca de 70 mil millones de pesos en el que si bien ni los partidos ni el gobierno consiguieron la totalidad de sus pretensiones, al final todos se dijeron satisfechos: el PRD consiguió recursos para apoyar a los adultos mayores del campo, las universidades, la cultura y los pueblos indígenas; el PRI, más dinero para el campo y la infraestructura carretera; y el gobierno, recursos para demandas que introdujo de última hora, como extras para educación básica y apoyar al magisterio, compromisos pactados desde la campaña entre Calderón y Elba Esther Gordillo.
Pero el camino no estuvo exento de sobresaltos: cada partido tuvo sus pérdidas, lo mismo que el gobierno. Por ejemplo, el PAN mostró incapacidad para negociar y su lugar fue ocupado por la Secretaría de Hacienda, que cabildeó durante dos semanas el paquete económico, primero aceptando “el guardadito” y luego las demandas de la oposición.
División perredista
El primer acuerdo de los diputados del PRD con el PRI fue avalar la Ley de Ingresos a cambio de que respaldara un fondo de pensiones para adultos mayores y que se sumara al acuerdo de todos los partidos políticos a fin de iniciar la discusión de una reforma hacendaria para el próximo año.
Ese primer acuerdo cimbró a la dirigencia nacional del PRD, que hubo de enfrentarse con sus diputados e incluso llegó al reclamo, explica José Antonio Magallanes, integrante del Comité Ejecutivo Nacional.
El lunes 18, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley de Ingresos, lo cual no fue sino la aceptación del PRD de un impuesto de 5% a los refrescos. Pero no sólo eso: este partido hizo a un lado sus demandas tradicionales, como buscar la reducción del pago de la deuda generada por el Fobaproa y darle todo al Seguro Popular, sin pensar en la creación de un fondo para abasto de medicinas e infraestructura hospitalaria.
“Para nosotros, en el CEN se trataba de una ley enana, con falta de creatividad por parte del Ejecutivo y que no sirve para generar empleos, es, en suma, un retroceso esa ley”, explica Magallanes.
El malestar motivó que un día después de la aprobación, el martes 19, el comité nacional perredista llamara a cuentas al coordinador de los diputados, Javier González Garza. También asistió el coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete.
“Ahí, todos exigimos una explicación a González Garza, pues la Ley de Ingresos pasó por mero trámite. Y en la dirigencia no podemos avalar una aprobación cosmética por parte de nuestros diputados. Dijimos que no era congruente con lo que nuestro candidato ofreció en campaña, que era no avalar ningún impuesto que afectara a las mayorías, como lo es el aumento a los refrescos”, dice Magallanes.
La justificación de González Garza fue que era parte de una estrategia: los diputados perredistas apoyaban el impuesto al refresco a cambio de que PAN y PRI respaldaran la creación de un fondo a pensiones para adultos mayores. “Le externamos que sonaba bien como negociación, pero que resultaba complicado aprobar un asunto sin que se aprobara a la vez lo otro”, continúa el integrante del CEN perredista.
Nuestro temor, apunta, es que en política la percepción es lo que cuenta y ante la opinión pública parecía que estábamos negociando una ley. Y “a cambio de qué”, se pregunta. El reclamo concluyó con que los senadores darían marcha atrás en el impuesto al refresco.
En entrevista, los diputados de esa fracción se justificaron. De entrada, Juan N. Guerra, integrante del grupo que negoció con Hacienda y el PRI, aclaró que no hubo compra de conciencias, sino una estrategia para lograr un nuevo presupuesto, donde se daría prioridad a las demandas del PRD, como finalmente ocurrió.
“Logramos sólo algunos pequeños cambios en la Ley de Ingresos; por la premura del tiempo y porque el PRI no estaba en condiciones de apoyarnos, pues no podíamos hacer más. Pero lo que a nosotros nos interesaba más era sacar un compromiso con todos los partidos para iniciar una reforma hacendaria que eleve la tributación”, detalla Juan N. Guerra.
El diputado perredista asegura que eso “fue lo correcto”: “Yo no creo en victorias totales, eso es una quimera, y lo que nosotros queremos a través de victorias parciales, es establecer un nuevo régimen fiscal y que tengamos suficientes recursos para no vivir del petróleo”.
Acepta que el PRD tenía la posibilidad de actuar como mucha gente esperaba de su partido, “asumir un papel de opositores, y que nos puede quedar bien, pero con eso no nos permite ayudar”. Y advierte que si alguien piensa que el PRD se vendió, lo que se debe pensar es que “cedimos a cambio de salvar la educación, cultura, Liconsa, Diconsa y el programa de adultos mayores”.
Antonio Soto, otro integrante del grupo de negociadores del PRD, detalla por qué se aceptó la Ley de Ingresos. Recuerda que al inicio de las negociaciones sólo participaban el PRI y el PAN. Incluso recuerda haber visto, antes de que se avalara la Ley de Ingresos, que el PRI discutía con el PAN una distribución de cuando menos 15 mil millones de pesos para carreteras, a cambio de su voto a favor de la ley.
Pero el sábado 17, cuando Antonio Soto entró a la negociación, en el PRD se detectó que el gobierno había subestimado ingresos de más de 30 mil millones de pesos por recaudación y desincorporaciones. “Le informé a González Garza que había un subestimado por ese monto. El PRI estaba cuando se detectó esa bolsa y dijo que era dinero adicional que no teníamos previsto ninguno de los dos partidos. Eso nos ayudó a que hiciéramos mancuerna. Así, el PRI pasó de su negociación con el PAN a respaldarnos, pues había una posibilidad de lograr mayores recursos a los 15 mil millones iniciales que ellos discutían”, dice.
Otro punto que les permitió negociar al PRI y al PRD, recuerda Soto, ocurrió después de avalada la Ley de Ingresos, y el Senado lo echó para atrás con el impuesto al refresco: habían impulsado la utilización, por única vez, de una parte del fondo petrolero.
Revela que en las negociaciones con Hacienda, Agustín Carstens aceptó que se estaban presupuestando para dicho fondo recursos que rebasaban la reserva máxima permitida. A decir de Soto, “el uso que el gobierno ha dado a ese fondo no es transparente, así es que demandamos, y el PRI nos apoyó, usar por única vez 20 mil millones de pesos”.
Los panistas rechazaron la propuesta, prosigue Soto, “pero ellos hacen finalmente lo que les diga Hacienda; Carstens aceptó por las presiones de la oposición y ellos, como están urgidos de legitimidad, aceptaron porque les conviene sacar un acuerdo con nosotros”.
Todos estos movimientos de los legisladores perredistas generaron malestar en el CEN de su partido. Por eso, dice Magallanes, “los diputados tendrán que explicar lo que hicieron, porque contradice el espíritu de la lucha democrática que hace el PRD, y tenemos que ser coherentes con lo que planteó Andrés Manuel López Obrador. Tendrán que dar una explicación, primero en sus distritos, luego en el consejo del partido y a partir de ahí se evaluará la actuación de los coordinadores parlamentarios”.
Todo esto puso en evidencia la gran contradicción de los diputados federales perredistas con el CEN de su partido y el gobierno legítimo.
Por otra parte, el PRI evidenció una división, primero en la negociación inicial que hizo Jorge Estefan Chidiac con el PAN y luego cuando Carlos Rojas estableció acuerdos con el PRD para aprobar finalmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.
Tanteo al sector empresarial
El paquete económico también le sirvió a Felipe Calderón para medir la reacción de una parte del sector empresarial, con miras a la próxima negociación de una reforma fiscal integral. De manera coloquial, diputados que habían aprobado el nuevo impuesto a los refrescos expresaron: “Si ahora que los tocan con el pétalo de una rosa reaccionaron de manera descomunal, qué puede esperarse cuando de veras salgan afectados con una reforma fiscal de fondo”.
En efecto, con el impuesto de 5% general a los refrescos, esa industria no iba a perder gran cosa: las bebidas gaseosas están tan enquistadas en el consumo popular que la variación en su precio no alteraría la demanda; ni se frena su producción ni se pierden empleos. El que saldría perdiendo es el consumidor, a quien finalmente se trasladaría el impacto del nuevo impuesto.
Pero al gobierno, en el fondo, tampoco le preocupó gran cosa el fracaso. Esperaba recaudar poco más de 3 mil millones de pesos por ese impuesto, cualquier cosa respecto del billón de pesos por ingresos tributarios previsto en el esquema original.
En suma, el impuesto propuesto era más bien para “tantear” el nivel de reacción de una parte del empresariado, en este caso la poderosa industria refresquera, en la que ejerce un poder dominante el consorcio Femsa, que produce la Coca Cola en México y que la semana pasada compró la empresa Jugos del Valle por 470 millones de dólares.
Las demás medidas fiscales propuestas por el nuevo gobierno salieron apenas rasguñadas: se proponía que el Impuesto al Activo –que es de control, para que paguen algo aquellas empresas que año con año reportan pérdidas y no pagan impuestos– bajara su tasa de 1.8% a 1.5%; quedó en 1.25%. En el caso del límite de deducción de automóviles nuevos, se proponía que pasara de 300 mil pesos a 150 mil, y quedó en 175 mil.
Así mismo, para la tasa de Impuesto Sobre la Renta en el sector agropecuario, se proponía que pasara de 16% actual a 22%, y será de 19%. A cambio de una “aportación” adicional de 15 centavos por cigarrillo, que incrementaba en cerca de nueve pesos el precio de una cajetilla, se estableció un impuesto progresivo (IEPS) a los cigarros: 140% para 2007; 150% en 2008 y 160% en 2009, para que el incremento que se esperaba de un solo golpe se diluya en el tiempo. La base de deducción por consumo en restaurantes pasará de 25% a 12.5%.
O sea, los retoques fueron mínimos y no alteraron la propuesta original. Por eso la Secretaría de Hacienda no tuvo empacho en aceptar los cambios hechos por los legisladores.
Pero de igual forma tuvo que evitar oponerse cuando los diputados descubrieron que estaba subestimando ingresos por recaudación y que ocultaba una bolsa extra destinada al Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros. El dictamen de Ley de Ingresos aprobado por la cámara contenía 30 mil millones de pesos más que lo previsto por el gobierno y, según los diputados, era uno de los “guardaditos” que acostumbra Hacienda cada vez que presenta un paquete económico.
En esta ocasión, los recursos adicionales salieron de varias fuentes: se ajustó al alza el ingreso que se obtendría por la recaudación de ISR e IVA; la aportación para enfermedades producto del tabaquismo fue sustituida por un aumento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (la primera no era participable y el impuesto sí); el precio del crudo de referencia, que Hacienda estimaba en 42.5 dólares, los diputados lo subieron a 42.8; también se ajustó al alza lo que el gobierno piensa obtener por desincorporaciones y otros ingresos no recurrentes, y el pago del gasto diferido para 2008 también fue incrementado.
De igual modo, Hacienda tuvo que doblarse ante el descubrimiento que hizo el PRD –y que el PRI confirmó y avaló– de una bolsa de casi 32 mil millones de pesos que no se justificaban pero estaban asignados a un rubro incluido por primera vez en un presupuesto denominado “Recursos Asociados a Ingresos Petroleros”.
Como Proceso informó la semana pasada, la Secretaría de Hacienda infló en esos 32 mil millones de pesos los recursos que deben destinarse al Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros (FEIP).
El gobierno tuvo que aceptar la existencia de esos recursos adicionales, y en la negociación con diputados y senadores, éstos lograron sacarle 20 mil millones de pesos, que quedaron incorporados en la Ley de Ingresos aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y en el Senado.
Por supuesto que el gobierno, en particular la Presidencia de la República, “vende” públicamente éstos cambios como obra de Felipe Calderón, producto de su “flexibilidad” y “disposición a los acuerdos”: la “capacidad negociadora del presidente Calderón”, dicen los recientes spots televisivos.
Con los recursos extras del fondo petrolero, los ingresos adicionales en la Ley de Ingresos (que se redujeron a 20 mil por el rechazo al impuesto a los refrescos y los ajustes en disposiciones fiscales, entre otros), más otra cantidad producto de recortes y reasignaciones en partidas presupuestales, los diputados conformaron una bolsa adicional de casi 70 mil millones de pesos, cuya distribución fue motivo de la intensa y ríspida negociación entre las fracciones parlamentarias y la Secretaría de Hacienda. Hasta el cierre de esta edición, estaban pendientes la elaboración del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación y su discusión y aprobación en el pleno.
Pero el acuerdo previo logrado en la Torre Azul daba cuenta de las siguientes asignaciones adicionales:
Al sector educativo, 15 mil millones de pesos más, de los cuales 8 mil serían para las universidades públicas, con lo que se revierte la polémica disminución propuesta originalmente. A la UNAM, por ejemplo, que le querían reducir el presupuesto en 123 millones, salió con casi 560 millones más respecto del presupuesto aprobado para 2006.
Para los apoyos a adultos mayores del campo, de mil 600 millones de pesos que proponía el gobierno, se destinarán 6 mil 250 millones; para los pueblos indígenas, 2 mil millones de pesos; Sedesol, 250 millones; cultura, mil 800 millones; infraestructura hidráulica, 5 mil millones; fondos regionales, 2 mil millones; carreteras, 11 mil 850 millones; campo, 15 mil 500 millones; apoyo a municipios, 500 millones; Fondo Metropolitano (obras en el Distrito Federal y municipios conurbados del Estado de México), 2 mil millones; hospitales, 3 mil millones; tribunales agrarios, 150 millones; equidad de género, 250 millones; Fondo de Seguridad Pública Municipal, se reponen los 250 millones que le había quitado; medio ambiente, 500 millones; y deporte, 250 millones de pesos. Estas reasignaciones suman 69 mil 800 millones de pesos. Y si bien no se cumplieron al 100% las demandas de todas las partes, partidos y gobiernos se mostraron satisfechos.
Ese fue el acuerdo de principio, con el cual elaborarían el dictamen respectivo y que a la medianoche del viernes aún estaban trabajando, con la intención de llevarlo al pleno en la madrugada del sábado.
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