SE QUEDARON VESTIDOS Y ALBOROTADOS.

Miguel Angel Granados Chapa en el Reforma:


¡Gooool!.

El documento que la Presidencia pasó por alto sobre las leyes de radio y televisión y de telecomunicaciones, podría aportar nuevos argumentos para que la Suprema Corte de Justicia decrete la inconstitucionalidad.

El presidente Fox, su esposa y el candidato Felipe Calderón se quedaron vestidos y alborotados. Fingieron ser aficionados al futbol, se ataviaron con la camiseta verde (suponemos que la oficial que costaba mil pesos cada una, y no piratas de menor costo) y se dispusieron a obtener beneficio electoral por su presunta identificación con el público que por millones vio desinflarse la expectativa artificialmente creada de que, "ahora sí", México participaría en la ronda de cuartos de final de la Copa del Mundo, lo que nunca ha logrado, salvo cuando ese campeonato se jugó en México, en 1970 y 1986.

El presidente Fox no se apasiona con el futbol.
De hacerlo, se creería que absorto en el camino del equipo mexicano hacia Alemania habría dejado de ver el dictamen que le hizo llegar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el martes 4 de abril pasado sobre la reforma a las leyes de radio y televisión y de telecomunicaciones, consumada seis días atrás en el Senado de la República.

Pero no, no era la pasión futbolera la que distrajo al Ejecutivo Federal. En la primera semana de abril se dedicaba al propósito en que se embebió en los meses recientes, por lo menos desde agosto pasado, hace casi un año: hacerse propaganda a sí mismo, como si fuera candidato, y después a promover la candidatura de su partido.

En esa semana, mientras la SCT le hacía importantes advertencias sobre una reforma legal que había provocado importantes y ásperas discusiones, el Presidente fue dos veces a Tabasco, donde manifestó su acuerdo con el dicho del gobernador madracista en esa entidad, sobre la distancia que hay "de tabasqueños a tabasqueños", obvia referencia peyorativa a Andrés Manuel López Obrador, cuya imagen se había propuesto deteriorar la campaña foxista.

Empeñado en realizar esa propaganda, en promover a Calderón y frenar a López Obrador, el presidente Fox ha desatendido el cumplimiento de sus deberes. Por eso el panorama nacional está lleno de focos rojos, de asuntos conflictivos. Ocupadas la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública en practicar la represión política, son incapaces de frenar a la criminalidad cada vez más desafiante.

La decapitación de agentes policiacos en entidades diversas y distantes es el reto más reciente de la delincuencia organizada. Todo lo demás que surge de esas dependencias son conjeturas y excusas. Pero ni siquiera se castiga a los agentes de la Policía Federal Preventiva que participaron en la golpiza a ciudadanos en Atenco, acaso porque se piensa que fue una "tunda patriótica" como todas las que merecen los subversores del orden.

Aun las autoridades mexiquenses han tenido que recular en su propósito original de ufanarse del desproporcionado ataque a los atenquenses. Pero ni con reticencia semejante actúan los órganos federales de seguridad y de procuración de justicia.

Eso sí, el subprocurador Carlos Aguilar viaja a León para recibir a domicilio la declaración de los hermanos Bribiesca, denunciados por una comisión legislativa. Y su secretario particular sostiene comunicación telefónica frecuente con la señora Cecilia Gurza en los días precedentes a la exhibición, anunciada y fallida, de nuevos ejemplares de la videoteca Ahumada, evitada finalmente por un dudoso atentado.

El afán propagandístico del presidente Fox le impide acuciar a sus secretarios de Educación, Hacienda y Gobernación para que intervengan, en la amplia medida en que les corresponde, en el conflicto que desde hace más de un mes agobia a Oaxaca, donde está suspendido el servicio educativo en 14 mil escuelas a las que acuden 1 millón 300 mil niños.

Y ese mismo ahínco por predicar la continuidad (exactamente en los mismos términos en que lo hace el Consejo Coordinador Empresarial) es causa de que el presidente Fox todavía no se percate de la peligrosidad de su secretario del Trabajo, generador de un problema gravísimo que podría tener el próximo miércoles, con huelgas que afecten actividades estratégicas, uno de sus momentos culminantes.

Fue el secretario Salazar quien echó a rodar la piedra que ha provocado una avalancha, el mayor conflicto laboral en el país en décadas. El 17 de febrero, su oficina tomó nota de la sustitución del líder nacional minero, Napoleón Gómez Urrutia. Lo hizo pronto, a partir de un documento informal, reputado como falso por uno de los presuntos firmantes.

En cambio, esa misma oficina rehúye el acto semejante en sentido contrario: tomar nota de la confirmación de Gómez Urrutia como secretario general del sindicato minero. No obstante que ese gremio documentó sobradamente esa decisión, la Secretaría del Trabajo ha aplazado satisfacer la solicitud hasta dirimir cuestiones que van desde la nimiedad: ¿por qué comenzar la convención el 1o. y no el 2 de mayo, como lo prevé el estatuto?, hasta la trascendencia tramposa.

La autoridad sostiene que no hubo quórum en una convención a la que acudió la inmensa mayoría de la representación sindical, porque alega tener registradas un total de secciones mucho mayor de las realmente existentes, y pretende cotejar con esa cifra ficticia el porcentaje de asistentes a la reunión nacional de comienzos de mayo.

La maniobra de Salazar contra Gómez Urrutia (adobada por el frustrado intento de la PGR de procesarlo), que ha concitado oposición a aquel y apoyos a éste en un vasto sector del sindicalismo, ha sido causa también de violencia, que ya cobró víctimas y constituye un riesgo permanente, cotidiano, de nuevos enfrentamientos.

La reforma legislativa objetada desde dentro del gobierno mismo por la Secretaría de Comunicaciones no genera efectos violentos en lo inmediato, pero sí engendra consecuencias más graves en el corto y el largo plazo. Por eso ha sido útil conocer que, tal como lo hicieron en su momento las comisiones federales de competencia económica y de telecomunicaciones, aunque con propósitos diferentes, hizo lo propio la SCT. Aquellas comisiones buscaron evitar que la reforma fuera aprobada en el Senado.

Cuando este paso concluyó, la Secretaría buscó evitar que la reforma fuera promulgada y el Presidente presentara observaciones como las de la propia SCT. No ocurrió así, empero, y el Ejecutivo ordenó publicar la ley el 12 de abril.Ahora se nos dice que Fox no tuvo conocimiento de ese documento. Le habría ahorrado ese trabajo la Consejería Jurídica que no consideró necesario transmitirlo al Presidente. Se comprende que así fuera, porque todo el mundo sabía de la conjunción de intereses que llevaba inexorablemente a la consumación del proceso legislativo.

No había por qué vetar una ley a cuyos dictámenes y minutas había la instrucción de no modificar ni una coma.El senador Javier Corral tuvo conocimiento del dictamen de la SCT y el 30 de mayo lo solicitó a la Consejería Jurídica, que se tomó 20 días para responder y entregar el documento. En ese lapso lo tuvo también en sus manos el ministro Salvador Aguirre Anguiano, ministro instructor en la acción de inconstitucionalidad promovida contra la reforma por 47 senadores, a instancias, entre otros, del propio Corral.

En la demanda inicial de esa acción los legisladores enuncian 23 causas de inconstitucionalidad, algunas de las cuales fueron hechas a conocer por la SCT a la Presidencia.En un documento de 28 cuartillas, la SCT comenta 22 artículos de las dos leyes reformadas días atrás a la elaboración del documento.

Hay observaciones de todo género. Algunas conciernen a la ratificación inapropiada de privilegios para quienes están ya en los mercados regidos por las leyes, acentuada por si fuera poco por el debilitamiento de los órganos rectores. Otras atañen a contradicciones de la posición mexicana respecto de la legislación y prácticas internacionales. Otras señalan infracciones a la Constitución, como el desposeimiento del derecho de quienes eran comisionados en el momento de aprobarse la ley de participar en la integración del nuevo órgano de autoridad.

Y como la atribución al Poder Legislativo (Senado o Comisión permanente del Congreso) de una facultad no establecida constitucionalmente, la de objetar el nombramiento de comisionados hecho por el Ejecutivo.Sin duda, ese documento reforzará la argumentación que lleve a la Corte a decretar la inconstitucionalidad de la reforma legal. De lo contrario, se asestará otro gol a la sociedad mexicana.

Una razón mas para votar por AMLO y la mayoría perredista al Comgreso.