DE ESTUPIDOS,PAYASOS Y TRAMPOSOS.

Carmen Aristegui escribe en el Reforma:

Por quién nos toman.

Da pena ver las fotografías, en primeras planas, de los desfiguros del presidente Fox con motivo de los partidos de México en Alemania. Su mirada desorbitada, sus movimientos desbordados y su insistencia en celebrar cuando el ambiente, en ese momento, es de decepción, lo colocan en la antesala del ridículo. Pobre Fox, diría cualquiera.

Sin embargo, la frase se desvanece de inmediato cuando se repara en el resto del contenido de la primera plana en el caso de Reforma. Se puede uno percatar de que el verdadero desfiguro presidencial se está dando realmente en materias de mucho mayor trascendencia que en los avatares de un partido de la Selección Nacional.

Aparece en ocho columnas la explicación sobre por qué no tomó en consideración las observaciones que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le hizo sobre la ley de medios. La respuesta del Ejecutivo sobre por qué ignoró el dictamen técnico acerca de la Ley Federal de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, resulta vergonzosa y verdaderamente inaceptable.

Se afirma que el presidente Fox no tuvo conocimiento alguno de las 55 observaciones que lo alertaban sobre las inconveniencias y enormes riesgos que para el Estado mexicano entrañan estas leyes. La vocería presidencial informó, en algo que deja pasmado a cualquiera, que la Consejería Jurídica simple y llanamente no había considerado necesario hacer del conocimiento del Presidente el contenido del dictamen, "porque no había elementos que lo ameritaran".

¿Que no había elementos que lo ameritaran? ¿Hablan en serio o suponen que la gente es tonta?.

El consejero jurídico decidió, por sus pistolas, que el presidente Fox no tenía por qué perder el tiempo con cosas que planteaban nimiedades como que se estaba "generando un régimen de excepción dentro del mismo mercado, ya que cualquier persona que pretenda ser concesionario deberá licitar y pagar por ello, y los concesionarios existentes podrán seguir explotando las frecuencias sin pago adicional".

Para qué molestar con informaciones engorrosas que afirmaban apenas que se atentaba "contra toda práctica internacional en la materia, ya que para servicios adicionales, en el mundo existen aprovechamientos del Estado".

La Secretaría de Pedro Cerisola estaba advirtiendo sobre la generación de derechos para los concesionarios hasta ahora inexistentes haciendo prácticamente imposible negar un refrendo; sobre lagunas legales, actos discrecionales y contradicciones que dañaban la capacidad del órgano regulador de la Cofetel, autoridad que queda debilitada con las nuevas leyes, entre otras cosas, porque le quitan atribuciones para aprobar tarifas en telecomunicaciones, y si algo faltara la SCT planteó a la Presidencia que en las leyes aprobadas por el Congreso había visos de inconstitucionalidad.

Para qué darlo al Presidente si sólo decía que el otorgamiento de concesiones "sigue siendo discrecional y sujeto a presiones" y que al fijar criterios eminentemente económicos genera que "sólo algunos grupos económicamente fuertes puedan acceder a estas frecuencias".

Eso sólo lo habían dicho los medios de comunicación públicos, universidades, radios comunitarias y quienes insistentemente se sentían en las vías de la extinción.

La Consejería Jurídica -nos dicen- guardó el documento en el cajón y tranquilamente dio paso a la publicación de las leyes. En el fondo tenía razón la Consejería, para qué perder el tiempo con otra opinión más en contra de estas leyes. Si las múltiples opiniones que desde la academia, grupos ciudadanos, expertos, medios públicos y uno que otro medio de comunicación masivo que se pronunciaron en voz alta en sentido similar al de SCT fueron también ignorados.

Si al Presidente le valieron un pepino las posturas públicas que organismos del Estado como la propia Cofetel (de donde renunciaron todos los comisionados en protesta por la aprobación de estas leyes) y de la Comisión Federal de Competencia Económica que lo alertaron de lo mismo, y más, para qué gastar el tiempo con la opinión jurídica de la Secretaría encargada del ramo que tuvo la peregrina idea de que podía influir en el Presidente para ejercer el veto a tan cuestionadas leyes. ¿Pues qué estaría pensando Cerisola, caray?

En fin, lo que tenemos son estas leyes aprobadas durante una indigna votación de apenas 7 minutos, sin lectura y sin discusión de los diputados. Ratificada después en maratónica sesión de senadores que lanzaron una lluvia de impugnaciones. Durante varias horas se vio un gran despliegue discursivo de los detractores de la ley y balbuceos parlamentarios de sus defensores, pero ahí no estaba -como debería- en juego ni la razón jurídica ni la razón de Estado, sino otros intereses inconfesables.

Al final ya nada importó. Se ganó el debate y se perdió la votación. La acusación central de actuación por consigna se cumplió: "no se mueva ni una coma". De principio a fin todos cumplieron. Empezando por el Presidente. Queda aún el último escalón del proceso. Un grupo de senadores inconformes han llevado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación su indignación traducida en un recurso de inconstitucionalidad que la Corte tuvo el buen tino de aceptar y se espera que tenga el buen tino de resolver. Cruza el imperativo para que, desde ahí, se detenga el atropello.

Una razón mas para votar por AMLO y la mayoría perredista al Congreso.