MAS DEL PROCESO

SE ANALIZA LA ESPECULACIÓN SOLAPADA DEL MAÍZ:




Vía libre a especuladores
Jesusa Cervantes

El incremento en el precio de la tortilla no se debió, como sostiene el gobierno, a que haya aumentado el precio del grano en el mercado internacional. El alza, sostienen legisladores, líderes campesinos y especialistas en la materia, se originó por la especulación que realizan empresas trasnacionales que operan en México, con la complacencia del gobierno que pretende imponer las reglas del libre mercado, incluso en los productos básicos.

Amenos de dos meses de haber iniciado su gobierno, Felipe Calderón comienza el pago de las primeras facturas mediante la aplicación de una política económica que beneficia a los grandes grupos empresariales de México y afecta a las mayorías.

La firma del acuerdo para estabilizar el precio de la tortilla y frenar la escalada de precios de otros productos sólo oficializó el aumento de 6 a 8 pesos el kilo de tortilla. De esta manera, Calderón puso en marcha nuevos mecanismos para la comercialización de los productos básicos.

El plan del presidente para detener la carrera alcista permitirá a los dueños de Bimbo, Maseca, Minsa y Cargill obtener jugosas ganancias, señala Enrique Pérez, presidente nacional de los consejos comunitarios de Diconsa. Los propietarios de estas empresas, dice, colocarán en el mercado las toneladas de maíz blanco que tienen en su poder y venderán el maíz amarillo para consumo humano. También se les permitirá incrementar sus importaciones del grano, y serán ellos quienes lo vendan a la población.

El gobierno aseguró que el alza a la tortilla se debe al incremento en los precios internacionales del maíz, aunque Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, lo desmintió al afirmar que el aumento se debe a las “acciones de los especuladores y acaparadores”.

El miércoles 17, los senadores del PRI y del PRD, Carlos Lozano y Ricardo Monreal, respectivamente, revelaron que Maseca, Minsa y Cargill acapararon toneladas de maíz, lo cual encareció el precio del grano y ocasionó el aumento en el precio del kilo de tortilla.

Pero no sólo eso, estas mismas empresas exportaron maíz blanco valiéndose de subsidios que el propio gobierno les dio.

Carlos Rojas, diputado federal priista, exsecretario de Desarrollo Social y especialista en el tema, dice que “un gobierno responsable tiene que mantener ciertos márgenes de seguridad alimentaria. Pero seguramente han de haber disminuido las reservas estratégicas del maíz y hoy están en manos privadas. Eso el gobierno lo toleró, pero con un pecado adicional, permitió a estos grandes grupos empresariales la exportación de maíz blanco”.

A su vez, Carlos Lozano revela que con el apoyo del gobierno mexicano la empresa trasnacional Cargill, con sede en México, recibió grandes subsidios para que exportara maíz blanco mexicano a Sudáfrica. Y agrega: “Los permisos autorizados hablan de un monto mayor de 250 mil toneladas con un subsidio de cerca de 50 millones de pesos”.

El programa del gobierno, anunciado la mañana del jueves 18, contempla que los agentes comerciales como Maseca, Minsa y Cargill vendan la tonelada de maíz blanco a 3 mil 500 pesos y que Bimbo coloque su tortilla Milpa Real a 8.50 pesos, mientras que a Diconsa la obligará a vender su kilo de maíz blanco a 3.50 pesos, sin ganancia alguna para esta empresa.

Samuel Aguilar, diputado priista, dice que establecer un pacto con los comercializadores de maíz sólo muestra “que el gobierno federal cedió a las presiones de los especuladores y acaparadores” y lo resume así: “signar un convenio con los dueños de Minsa y Maseca es dejar la Iglesia en manos de Lutero”.



El pacto



El acuerdo de Felipe Calderón tiene dos ejes centrales: que el precio del kilo de tortilla no rebase los 8.50 pesos, y que los encargados de abastecerla sean, de parte del gobierno, Diconsa, y del libre mercado, los comercializadores Bimbo, Maseca, Minsa y Cargill.

Pero el problema, explica Enrique Pérez, es que Diconsa representa a las comunidades más pobres del país, “no sabemos hasta dónde los van a subsidiar a ellos. Es claro que les van a dar un subsidio por eso se dice que quienes van a ganar con este acuerdo son los especuladores, los mismos que almacenaron el maíz”.

Y detalla: “Minsa, Maseca, Bimbo, Cargill, ya tienen el producto y sólo lo van a vender; es decir, se les va a asegurar su venta. Así, no sabemos si a ellos les cuesta 10 pesos producir un kilo de tortilla, pero como lo venderán a 8, pues desconocemos si el gobierno les va a restituir los 2 pesos. Nosotros estamos seguros que sí se los van a dar”.

En cambio, explica, Diconsa, que cuenta con más de 22 mil tiendas distribuidas en las zonas rurales, no tiene el maíz. “Luego del acuerdo, el director de Diconsa nos dijo que Hacienda nos va a prestar 630 millones de pesos para comprar maíz y que éste lo vamos a vender a 3.50 pesos por kilo, pero sólo fue de palabra, porque no nos enseñó ningún documento que nos asegure que así se hará y además les tenemos que regresar el préstamo”.

Dice que si las tiendas Diconsa no llegan a tener el maíz a tiempo, la gente aunque está acostumbrada a comprar su producto, si no lo encuentra acudirá al tendajón de la comunidad a comprar a 8 pesos el kilo de tortilla que Bimbo ya se comprometió a colocar entre sus 300 mil puntos de distribución.

Aunque de esta manera el abasto de maíz queda garantizado existe otro problema en las comunidades y es que, según explicación de Enrique Pérez, de lo que vende Diconsa 5% se queda para trabajos de la comunidad. “Y es claro que Bimbo no nos dejará un 5% de sus ventas; ahí sólo ellos ganan”, dice.

Desde agosto de 2006 Bimbo dejó de vender tortillas Milpa Real producidas con maíz blanco; ahora las elabora con maíz amarillo, insumo de menor calidad y que tradicionalmente ha sido destinado para el consumo animal.

Explica Enrique Pérez –quien acompañado por los representantes de Durango, Tlaxcala, Guanajuato, Colima, San Luis Potosí, Nuevo León y Veracruz que se manifestó contra la intervención de Bimbo para el abasto de emergencia–, que Liconsa cuenta con 3 mil puntos de venta en la zona urbana y que si el gobierno realmente quisiera ayudar a la población podría modificar, de manera excepcional, las reglas de operación y permitir un convenio entre Diconsa y Liconsa para que esta última distribuya el kilo de maíz en las ciudades, sobre todo en las zonas de extrema pobreza.

Esta gente, dice, hará un esfuerzo adicional para adquirir el kilo de tortilla de Bimbo a 8 pesos o el de algunas de las tortillerías que firmaron el acuerdo. Sólo como dato, hay que recordar que únicamente 5 mil establecimientos signaron el acuerdo, de las más de 65 mil tortillerías que existen en el país.

A las ganancias seguras que tendrá Bimbo en detrimento de la población se suma otro problema: la calidad del producto.

De acuerdo con el último estudio que realizaron el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Instituto Nacional de Salud Pública, a la tortilla que hasta 2001 el gobierno subsidió y a la que elaboran las tortillerías, su nivel nutricional es muy elevado.

El documento llamado El subsidio a la tortilla en México: ¿un programa nutricional o económico?, establece que “aproximadamente el 45% de la población de los estratos bajos obtienen su aporte energético a través de la tortilla, siendo ésta fuente principal de energía, calcio y fibra.

“En resumen, la tortilla continúa siendo un producto base de los habitantes de las zonas urbanas más pobres del país, que sin duda apoya de manera importante la nutrición y alimentación de los mexicanos.

“Este estudio muestra que el programa de subsidio a la tortilla (Fidelist) contribuye de manera importante en la economía de la población de escasos recursos y se asocia con mejores condiciones de nutrición de los niños. Confirma que desde el punto de vista nutricional y económico, la tortilla es uno de los mejores alimentos”. Conviene recordar que impulsado por el PAN el gobierno eliminó el subsidio a la tortilla en 1998.

En contraparte, la tortilla que Bimbo elabora, en el caso de la de maíz blanco, está preparada con “harina nixtamalizada”, que no es otro proceso que el remojo del maíz hasta que se aceda, luego se tritura y se le echa cal. No se tiene la certeza de si el olote también se muele incluyéndolo en la masa para lograr mayor volumen.

En un recorrido por varias tiendas de la zona urbana se constató que desde agosto del año pasado Bimbo ya no entrega tortilla de maíz blanco sino amarillo, el cual es de menor calidad, máxime si se compara con el maíz blanco que se utiliza en las tortillerías o el que abastece Diconsa.



Una política de destrucción

Para el exsecretario de Sedesol, Carlos Rojas, el gobierno de Calderón “no reaccionó con eficacia ante el alza de la tortilla”. Asegura que “el Estado tiene los instrumentos necesarios para meter orden, sobre todo a Maseca y Minsa.

“Calderón cayó en omisión y en una grave irresponsabilidad al no actuar ante un problema que era evidente, aun cuando tenía información, pues Eduardo Sojo, su secretario de Economía, formó parte del gabinete económico del sexenio anterior y del equipo de transición. No pueden decir que desconocían la situación del mercado.”

Indignado, comenta: “ahora resulta que estos que acapararon el maíz van a importar más y luego lo van a vender a la población”. Explica que estas acciones del gobierno de Calderón son parte de la tendencia que desde hace 10 años inició el gobierno en turno: que el subsidio se entregue de manera focalizada, de manera individual, evitando el apoyo a la comunidad en general.

Lo que hace Calderón, dice, no es otra cosa que matar a Liconsa (encargada de distribuir leche subsidiada a la gente de extrema pobreza) y estrangular a Diconsa. Y abunda: su política social y de precios es “que la gente se las arregle como pueda ante las reglas del libre mercado”.

Una muestra de la falta de apoyo a la política social la ofrecen los representantes de Diconsa en comunidades de siete estados, quienes comentan que aun antes de que se presentara el problema de la tortilla ellos manifestaron su preocupación por el abasto del maíz en las tiendas Diconsa (tiendas del gobierno que abastecen los productos de la canasta básica en la zona rural, entre éstos el maíz).

Explican que Calderón envió un presupuesto menor para Diconsa. En 2006 este organismo recibió mil 250 millones de pesos; la propuesta de Calderón para 2007 fue menor en 50%: 600 millones de pesos.

El presidente nacional de los consejos comunitarios de Diconsa, señala: “A nosotros nos interesaba que se etiquetara todo por la bronca del maíz que ya tenemos encima. Pedimos que se hiciera un padrón de beneficiados, porque ahora que nos dicen que vamos a venderlo a 3.50 pesos el kilo, si no hay un control puede haber desvíos o incluso se puede acaparar y luego esta misma gente venderlo más caro a la propia comunidad”.

A pesar de ello, el gobierno de Calderón no etiquetó los recursos; de los 750 millones de pesos que son para abasto sólo etiquetó 50 millones y nada es para la compra de maíz, únicamente se destinarán recursos para el mantenimiento de la flota vehicular.

Lo que más preocupa a los consejeros comunitarios de Diconsa es el posible acaparamiento del maíz. Esta misma situación alerta al diputado Carlos Rojas, por la forma en que han actuado los principales beneficiarios por el acuerdo de Calderón.

Según el convenio, el gobierno va a autorizar una importación de 750 toneladas de maíz blanco y 2 millones 850 mil toneladas de maíz amarillo para el ganado. El acuerdo establece que la importación provenga de Estados Unidos, “así como de cualquier otra parte del mundo”.

Según información de la Secretaría de Economía, los grandes importadores de maíz blanco y amarillo han sido Maseca, Minsa y Cargill. Por ejemplo, en 2001 Maseca importó 464 mil 387 toneladas y Minsa 124 mil 706 toneladas para elaborar harina. Para la masa y tortilla Cargill importó 16 mil 408 toneladas, Maseca 10 mil 422 y Portimex, otra de las empresas que firmó el acuerdo con Calderón, 5 mil 313 toneladas. Los mismos datos muestran que de 2002 a la fecha la importación ha disminuido.

Carlos Salazar, secretario general de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México, explica que abrir la importación no soluciona el problema del aumento en la tortilla. Incluso considera que se trata de un “anuncio mediático”.

Indica que en octubre de 2006 el gobierno autorizó a Maseca y Minsa la importación de 50 mil toneladas de maíz blanco de Estados Unidos, “pero apenas pudieron traerse 35 mil toneladas, porque no hay grano en ese país. Entonces qué van a importar; ¿maíz amarillo para el consumo humano? En Estados Unidos 70% de este maíz es transgénico y no está permitido en México para consumo humano. Además, viene con muy mala calidad. Van a provocar un problema de salud”.

Agrega que cuando los productores mexicanos terminaron de cosechar “nos compran los harineros y los nixtamaleros, pero un gran volumen lo compran los intermediarios, los comercializadores como Cargill y otras grandes almacenadoras que compran y se esperan a que empiece a escasear el maíz que nosotros les vendemos directamente, y es cuando empiezan a sacar la tonelada a mayor precio”.

Héctor Padilla, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, asegura que lo que hoy está ocurriendo no es más que “un fenómeno de especulación abierta, grotesca, porque no hay escasez de maíz. Tenemos una cosecha abundante de maíz blanco. Los productores estuvieron vendiendo a mil 800 pesos la tonelada, por eso no se justifica el aumento desmesurado en el kilo de tortilla”.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, Víctor Suárez, sostiene que el gobierno ha apoyado a grupos como Maseca, Minsa o Cargill.

Y da ejemplos: “Teniendo excedentes en Sinaloa para consumo humano se provoca una escasez artificial para el mercado nacional porque Aserca (apoyos y servicios a la comercialización, que depende de Sagarpa), subsidió el año pasado importaciones de maíz blanco para abastecer a plantas de Maseca y Minsa. También subsidió al sector pecuario para quitar 700 mil toneladas para consumo humano, con el cuento de que hay excedentes de maíz blanco”. Y añade: “Lo que estas grandes comercializadoras adquirieron a mil 600 pesos por tonelada de maíz, hoy lo están vendiendo a 3 mil 400 pesos y más”.

Estos mismos son los que volverán a importar y quienes a su vez venderán a precio caro gracias al acuerdo firmado con Felipe Calderón Hinojosa.

Pero si el problema lo enfrenta un producto básico como la tortilla, existen otros que no se quedan atrás y se ven afectados por la política social instrumentada por Calderón. Es el caso de la leche Liconsa destinada a gente de escasos recursos.

El gobierno federal incrementó de 3.50 a 4.50 pesos el litro de leche. La Cámara de Diputados aprobó un subsidio de 500 millones para Liconsa –Felipe Calderón envió su presupuesto en ceros–, para que se absorbieran 50 centavos del incremento y dejar el litro en 4 pesos.

Sin embargo, el gobierno calderonista rechazó aplicar dichos recursos para el subsidio. Después de varios días de negociación los diputados lograron que se aceptara pero, a cambio, Calderón impuso un aumento anual en el litro de leche equivalente a la inflación.

Su argumento fue que la empresa podría llegar a números rojos si no se adoptaba esta medida. Sin embargo, en octubre pasado el director de Liconsa presumió ante los diputados federales las excelentes condiciones financieras de esta empresa e incluso habló de mejorar la tecnología para elaborar un producto de mejor calidad.

Al igual que en el caso de la tortilla, los diputados no pudieron hacer nada y se impuso la política social del actual gobierno


BOURS UN REPRESOR CONTRA LA PRENSA????:


Desaparición por órdenes del poder
Alejandro Gutiérrez

Poco a poco se va disipando el misterio de la desaparición del joven reportero de El Imparcial de Hermosillo Alfredo Jiménez Mota: un grupo de funcionarios municipales y estatales de Sonora se coludieron con el capo Raúl Enríquez Parra y le encargaron al sicario Félix Moroyoqui que lo matara. El testigo que le reveló estos hechos a la PGR ya pidió ayuda a diversos organismos defensores de derechos humanos porque se siente desprotegido. Y no es para menos: descubrió que el jefe del mencionado grupo de funcionarios ligados al narco es hermano del gobernador de Sonora.

Desde un escondite, el policía municipal de Navojoa teniente Jesús Francisco Ayala Valenzuela denunció al grupo político que encabeza Ricardo Robinson Bours Castelo, hermano del gobernador de Sonora, como el responsable de la desaparición de Alfredo Jiménez Mota, reportero de El Imparcial de Hermosillo.

Ellos, agrega, pusieron al periodista en las manos del narcotraficante Raúl Enríquez Parra, jefe de la banda de Los Números o Los Güeros.

“La verdadera razón por la que desaparecieron a Jiménez Mota es que estaba trabajando un reportaje donde iba a desnudar a este grupo político, que da protección a los narcotraficantes más fuertes de Sonora. De alguna manera el grupo político se enteró de eso, y se dio la orden de su desaparición poco antes de que Alfredo recibiera unas grabaciones con las que sustentaría su trabajo”, dice el policía, quien fue testigo de primera mano de los encuentros en los que el referido “grupo político” ordenaba la ejecución o desaparición de personas que le estorbaban o bien obstaculizaban a la organización de Enríquez Parra.

“Esas grabaciones de intervenciones telefónicas, que estaba por recibir Jiménez Mota, no se sabía quién las entregaría, pero se sabía que en ellas aparecían conversaciones entre un miembro del grupo político, Ricardo Tapia Chan, entonces jefe de la Policía Judicial de Sonora, con el narcotraficante Raúl Enríquez Parra, donde salía a relucir el nombre de Ricardo Bours”, dice en entrevista. Respalda su aseveración con una declaración presentada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el pasado miércoles 17.

“El hermano del gobernador Bours no aparece abiertamente, pero es quien protege a este grupo que tiene la hegemonía en la procuraduría y en las principales policías locales de Sonora, para brindar la protección a las mafias que operan en el estado”, dice Ayala Valenzuela.

–Aparte de Ricardo Bours, ¿quién integra el grupo?

–Ellos operan bajo el cobijo del gobernador Bours, y son el procurador de Justicia, Abel Murrieta; el exjefe de la Judicial, Ricardo Tapia Chan; el director de la Policía Municipal de Navojoa, Luis Octavio Gastélum Villegas, y un jefe de la Judicial, Pedro Córdova Herrera, que era compadre de El 9 (la clave de Raúl Enríquez Parra). Todos ellos ven a Ricardo Bours como su jefe.

“Desde el 2003 yo trabajé como chofer de Gastélum Villegas, por eso me enteré de infinidad de cosas sobre los acuerdos que tenía este grupo. Y era bien sabido que el protector era el hermano del gobernador”, cuenta el teniente, quien ya dio su testimonio a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la CNDH, además de organismos internacionales, como Amnistía Internacional y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entre otros.

–¿A quién le encargaron la desaparición de Alfredo Jiménez Mota? –pregunta el reportero.

–A un policía que fue compañero mío en Navojoa, Juan Ausencio Félix Moroyoqui, amigo íntimo de Gastélum Villegas. Como le tenían que encargar el trabajo a alguien de mucha confianza, porque el favor iba a ser para Tapia Chan, entonces le pidieron a Juan Ausencio el trabajo. Él era sicario de la organización de Los Números, y el trabajo lo hizo con un grupo de ocho sicarios y policías de su grupo.

“Al reportero no lo mató (Joaquín) El Chapo Guzmán ni los Beltrán, eso es pura mentira. Fue este grupo quien se lo entregó a Los Números; es esa mafia de cuello blanco que opera en Sonora”, dice convencido.

“El problema es que empezaron las protestas de la familia de Jiménez Mota y de los reporteros de los distintos medios, algo que no habían contemplado. El tema alcanzó una gran relevancia, por eso tuvieron que ir eliminando a los testigos”, sostiene.



Reporteros tras la pista



Alfredo Jiménez Mota, el reportero de 26 años del periódico El Imparcial de Hermosillo, desapareció el 2 de abril de 2005, luego de confirmarle a una amiga que antes de verla iría a reunirse con una de sus fuentes, a la cual notaba muy nerviosa.

El periodista originario de Empalme, Sinaloa, se distinguió por escribir temas sobre seguridad y narcotráfico, los cuales fueron reveladores tanto por el material que difundía como por el rigor de sus investigaciones.

En enero de 2004, en el periódico El Debate de Culiacán, Jiménez Mota publicó su investigación sobre la presencia del hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera en un accidente donde murió Alejandro Niebla, el hijo de un empresario sinaloense. Por este motivo fue objeto de amenazas de Reynaldo Zamora, entonces jefe de Detenciones en Flagrancia de la Policía Ministerial de Sinaloa.

Durante su desempeño en El Imparcial de Hermosillo, Jiménez Mota hizo públicos documentos con información sensible sobre la organización de los hermanos Beltrán Leyva, conocidos como Los Tres Caballeros, y su alianza con los Enríquez Parra, un grupo de traficantes que tenía como sede el municipio de Álamos.

Con otros reporteros del periódico sonorense, Jiménez publicó y dio seguimiento al caso conocido como “el cuarto pasajero”, con el que descubrieron que autoridades de Sonora detuvieron el 11 de septiembre de 2004 al narcotraficante Daniel Irene Enríquez Parra, después de haber participado en una “narcofiesta” en Tobadito.

Sin embargo, la policía sólo detuvo a sus tres acompañantes y a Enríquez Parra lo liberaron, pese a que lo detuvieron en un vehículo donde transportaban un arsenal. La investigación de los reporteros de El Imparcial fue merecedora del Premio Nacional de Periodismo 2004.

“Como a los 30 días que desaparecieron al reportero –dice Ayala Valenzuela–, el 9 o 10 de mayo, Juan Ausencio Félix Moroyoqui le organizó una fiesta a su madre, y cuando estaba ahí recibió una llamada en la que le decían que se preparara, que saliera de Ciudad Obregón, porque iba a hacer un vuelo para realizar un trabajito, pero no hubo tal, lo sacaron para asesinarlo.”

“El 14 de mayo encontraron los cadáveres de Félix Moroyoqui y de su grupo, los tiraron en la zona del dren en Ciudad Obregón y en el llamado Canal Alto. Era un grupo muy peligroso, eran como cinco o seis personas, pero todos utilizaban lanzagranadas, cuernos de chivo, eran muy sanguinarios... pero los tenían que silenciar”, dice Ayala.

El teniente de la policía de Navojoa relata que, después de la ejecución de Félix Moroyoqui, “el grupo de Tapia Chan y su jefe Gastélum Villegas ordenaron ir en mi contra, porque yo había sido testigo de muchos de esos encuentros donde se daban órdenes de eliminar gente”.

–¿El gobernador de Sonora conoce esto o es ajeno a ello?

–Absolutamente no es ajeno. Cansado de que el grupo quisiera eliminarme, porque varias veces mandaron sicarios a buscarme, el 16 de junio de 2006 le envié un correo electrónico al gobernador, en el cual le pido que intervenga, que me ayude y detenga la intención del grupo, pero recibí como respuesta un correo electrónico, al día siguiente, en el que sólo me dicen que mi denuncia fue recibida exitosamente y le asignaron el número 4062. Fue una verdadera burla.

Adicionalmente, el 27 de octubre de 2006 el papá del testigo y su esposa se entrevistaron con Daniel Ibarra Guerra, subsecretario de Atención Gubernamental del gobierno de Bours y exalcalde de Huatabampo (2000-2003), “quien aceptó que todo era cierto, pero iba a ver cómo me ayudaba. Pidió una semana, dio largas porque iba a venir al Distrito Federal, pero a los tres días llegó otro grupo armado a buscarme a mí casa”, agrega el entrevistado.

Ayala Valenzuela entregó a este semanario la copia del texto que envió al gobernador Eduardo Bours a través de un correo del gobierno del estado. Ahí dice: “Le quiero evitar el escándalo, tengo tiempo acosado y hostigado por sus autoridades, en especial por los más afectados en toda mi información que fui testigo”. Entre éstos menciona al procurador Abel Murrieta, al exjefe de la policía Ricardo Tapia Chan, así como a Luis Octavio Gastélum Villegas y Orlando Valderráin.

Otro legajo de copias de correos electrónicos fue enviado a Lourdes Larrieta, del programa de agravio a periodistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 20 de junio de 2006; a la organización Aministía Internacional; al periodista Jesús Blancornelas, el recién fallecido director del semanario Zeta de Tijuana. A Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Ayala le hizo llegar su caso el 19 de septiembre de 2006.



Protección ineficaz

Jesús Francisco Ayala Valenzuela aceptó la entrevista con Proceso la noche del miércoles 17 de enero, en su refugio. El lunes 15 y el martes 16, también por las noches, fue objeto del hostigamiento de un grupo de hombres que llegó hasta donde la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) supuestamente lo mantenía oculto.

“Yo sentí que mi seguridad estaba demasiado relajada, pero confié en que estaba protegido en el hotel (de la Ciudad de México) donde me instaló la SIEDO. A las 4 de la mañana del lunes llegó un grupo al hotel, a revisar cuarto por cuarto donde me encontraba. Di aviso a la policía y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y entonces se fueron. Pero el martes, en la madrugada, volvieron a regresar y yo estaba en otra habitación, desde la cual observé que incluso estaban descendiendo a rapel por algunos accesos al hotel. Creo que estaba en contubernio la gente del hotel, entonces mi familia se puso muy mal, es demasiado trauma para mis hijos y mi esposa”, relata.

Nervioso, constantemente observa los movimientos cercanos al escondite. “Perdón, es que tengo un año y medio viviendo un verdadero calvario. Pero esto se puso peor desde que denuncié que en el complot está metido el hermano del gobernador de Sonora”, dice.

El testigo se siente desprotegido por la PGR, luego de que declaró durante un mes todo lo que sabía del mencionado grupo político. Su testimonio quedó registrado en un expediente de 60 fojas, 15 de las cuales tienen que ver con el caso del reportero Jiménez Mota.

“Yo no le he escrito al presidente Felipe Calderón, pero tengo un mal presentimiento, porque en Sonora es bien conocido que en la elección del 2 de julio pasado Bours ayudó al señor Calderón. A pesar de ser priista, el gobernador mandó a la chingada a Madrazo y no quiso nada con El Peje, entonces me estoy temiendo que en la SIEDO no quieran hacer nada por no tener problemas con el gobernador Bours. Yo no quiero nada más que la protección, porque temo por la seguridad de mi familia y particularmente de mis hijos”.



Atrapado en la red

Jesús Francisco Ayala ingresó a la policía municipal de Navojoa el 7 de enero de 1992. Tres años después, Roberto Tapia Chan asumió el mando de la corporación.

Cuando Ricardo Bours ganó la elección para la presidencia municipal de Cajeme en el trienio 2000-2003, Tapia Chan fue designado director de Seguridad Pública municipal. En la elección de 2003, Gustavo Mendívil Amparán –actual diputado federal por el séptimo distrito de Sonora– obtuvo la presidencia municipal de Navojoa y nombró como su jefe de policía a su amigo y compadre Luis Octavio Gastélum Villegas, ligado a Tapia Chan.

De acuerdo con los documentos que Ayala entregó a la CNDH y en la entrevista con este semanario, él estaba asignado en Pueblo Mayo, pero el 19 de septiembre de 2003 acudió a saludar a Gastélum Villegas, ya que los dos son originarios de Huatabampo, Sonora.

“Ahí me dijo, ante otros agentes, que yo iba a ser su secretario particular y su chofer, el hombre de toda su confianza. Luego empezamos a viajar mucho a Hermosillo, para que se reuniera con sus padrinos políticos, uno de ellos el director de la Judicial, Tapia Chan.

“Una de estas reuniones se celebró en los condominios Oasis, en la colonia Pitic de Hermosillo, donde vivía Tapia Chan. Ahí estaban el procurador Abel Murrieta; el subsecretario A de Gobierno, Guillermo Silva Montoya, y elementos de su seguridad y del gobernador Eduardo Bours. En esa reunión se trataron asuntos para favorecer al grupo delictivo de Los Güeros o Los Números”, dice.

“Incluso me tocó ser testigo de la presentación que se hizo de Raúl Enríquez Parra, El 9. Ese día salimos de Navojoa Luis Octavio Gastélum; Pedro Córdova Herrera, jefe de la Judicial en Hillo, y yo. Nos fuimos en la camioneta Trail Blazer café asignada al presidente municipal, Gustavo Mendívil Amparán, quien previamente había sido enterado y estuvo de acuerdo. Nos encontramos con El 9 en una agencia de automóviles y Córdova Herrera se subió en la camioneta Mercedes Benz del narcotraficante. Nosotros lo seguimos hacia la carretera de San Pedro El Saucito.

“Ahí –prosigue– estaban Tapia Chan y Manolo Barrios, el subdirector de la Procuraduría de Justicia del Estado, a bordo de una Suburban azul, propiedad del gobierno del estado. Ahí se saludaron y abrazaron, y El 9 y Luis Octavio Gastélum se subieron en el asiento trasero de la Suburban y continuaron el camino hacia San Pedro El Saucito. Pedro Córdova y yo nos quedamos en las camionetas y vimos que el narcotraficante tenía teléfonos encriptados y satelitales, y medio millón metido en un cartón. En la Suburban se habían ido manejando hasta Cumpas. Ya que regresaron, el medio millón de dólares pasó a la Suburban.

“También fui testigo de la presentación con el narcotraficante Daniel Cuadras, de Agua Prieta, Sonora, quien fue asesinado después porque Tapia Chan no le cumplió. Quien lo ejecutó fue un comando de sicarios enviados por El 9”.

El testigo recuerda que el grupo político presentó a Juan Ausencio Félix Moroyoqui con Enríquez Parra para que lo ocupara como sicario, y fue con quien se planearon una serie de asesinatos en Navojoa y Ciudad Obregón, “ya que en todos ellos estaban metidos grupos de políticos, policías y narco”.

De todo esto tuvo “pleno conocimiento el presidente municipal Gustavo Mendívil Amparán y los operadores de Gastélum Villegas, que eran Orlando Valderráin y Fernando I. Apodaca Lauterio”, apunta.

El teniente Ayala asegura que, aparte de varios atentados, ha sido objeto de hostigamiento. Incluso se le pretendía vincular con el robo de un vehículo que le dio Gastélum Villegas, practicarle exámenes antidoping amañados, “cargarme de droga”, y la petición de Tapia Chan de que se desistiera de sus demandas ante la CNDH.

Dice que el 30 de octubre de 2006 tuvo una comunicación con Sagrario Jiménez, tía de Alfredo Jiménez Mota, y que a las 2 de la mañana del día 31 acudió un avión de la SIEDO para trasladarlo de Navojoa a la Ciudad de México, donde aportó toda la información de la que dispone.

Y concluye: “Me entrevisté con Jorge Rosas, director de la Unidad Antisecuestros de la SIEDO, quien me prometió incluirme en el programa de protección a testigos, pero después de que aporté nombres, fechas y lugares, ahora me han dado largas. Eso me hace pensar mal… Si quieren que me canse y desista, es un hecho que me van a matar”


Y EL SUPER-MACHO DE LOS PINOS, LA REALIDAD DE LA EXTADICIÓN:

Otra concesión
J. Jesús Esquivel

WASHINGTON.- El gobierno de Felipe Calderón cedió a una de las principales exigencias de Washington en materia de lucha contra el narcotráfico: la extradición de jefes y principales operadores de los cárteles de la droga.

El viernes 19, el gobierno mexicano “entregó en extradición” a Estados Unidos a 11 capos del narcotráfico y a otros cuatro delincuentes, según informó en un boletín la Procuraduría General de la República (PGR).

Entre ellos destacan Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel de Golfo; Héctor El Güero Palma Salazar, del cártel del Chapo Guzmán; y Gilberto Salinas, El Güero Gil, e Ismael Higuera Guerrero, El Mayel, ambos del cártel de los hermanos Arellano Félix.

Desde el inicio del sexenio de Vicente Fox, Washington había pedido la extradición de éstos y otros capos, según declaró a Proceso en febrero de 2006 Anthony Placido, jefe de Operaciones de Inteligencia de la DEA. Ahora, Calderón cumple con ese requerimiento.

Y es que, según la DEA, la justicia mexicana enfrenta problemas para evitar que los líderes del narcotráfico que se encuentran detenidos escapen u operen desde la cárcel. “Tenemos que decir las cosas tal y como son: en México tienen algunos problemas en el sistema judicial, en el penal, y es por eso que escapan algunos de los criminales más peligrosos. Lamentablemente, esto ocurre después de todos los esfuerzos que hace el gobierno mexicano para presentar y sustentar el caso, y con ello lograr un exitoso enjuiciamiento de criminales. Tal situación no se produce aquí (en Estados Unidos) y eso es lo que verdaderamente atemoriza a los narcotraficantes, pues saben que si son atrapados irán a la cárcel y permanecerán ahí hasta que mueran”, dijo Placido en aquella ocasión.

Enfatizó: “Dios sabe que nosotros también tenemos nuestros problemas, pero la violencia, intimidación y corrupción no funcionan aquí. Los narcotraficantes que enjuiciamos aquí se van a la cárcel para siempre o por mucho, mucho tiempo, y eso es algo a lo que todos le tienen miedo”.

La extradición de los 11 narcotraficantes mexicanos –que fueron enviados a territorio estadunidense el viernes 19– ocurrió en el contexto de la molestia de Washington por las declaraciones que Calderón hizo al diario británico Financial Times –publicadas ese mismo día– en las que se quejó de la falta de interés de Washington para combatir el narcotráfico que afecta a los dos países.

“Estados Unidos es conjuntamente responsable por lo que nos está pasando (…) En esa responsabilidad conjunta, el gobierno estadunidense tiene mucho trabajo pendiente. Solos no podemos confrontar este problema”, dijo el presidente de México.

En Washington, un funcionario del Departamento de Justicia ilustró la molestia del gobierno de George W Bush: “Si el presidente Calderón Hinojosa quiere más cooperación de Estados Unidos para combatir al narcotráfico, su gobierno debe también hacer algunas concesiones”, dijo el funcionario a Proceso.

Y entre dichas concesiones Washington esperaba la extradición de los capos de la droga que se encontraban detenidos, así como permitir que la DEA aumente el número de agentes que operan en México.

De acuerdo con el boletín de la PGR, los narcos extraditados “agotaron el juicio de amparo al que tienen derecho y, en todos los casos, les fue negada en sentencia definitiva la protección de la justicia federal”. En tal virtud, afirmó, “la extradición concedida se encuentra estrictamente apegada a derecho”.



En bandeja de plata



Osiel Cárdenas Guillén, jefe del cártel del Golfo, es uno de los principales introductores de cocaína a Estados Unidos y, pese a estar encarcelado, siguió operando y estableciendo alianzas con otros grupos, como el cártel de Tijuana. Apoyado desde 2003 en su grupo armado Los Zetas, Cárdenas enfrentó a sus competidores, eliminó a sus enemigos y amplió sus zonas de control. Era requerido por el juez magistrado de la Corte Federal para el Distrito Sur de Texas por delitos contra la salud y amenazas a personal federal para la procuración de justicia.

Gilberto Salinas Doria, alias El Güero Gil o Gilberto Garza García, del cártel de Juárez, cuenta con órdenes de aprehensión en los estados de Texas y Georgia por seis delitos graves, entre otros lavado de dinero, distribución de sustancias controladas y enervantes. Empresario de Cancún, acusado de encabezar las operaciones de traslado de cocaína a Estados Unidos, es el único sentenciado del famoso maxiproceso o Caso Cancún, con una pena de 27 años.

Ismael Higuera Guerrero, El Mayel, lugarteniente de los hermanos Arellano Félix, del cártel de Tijuana, tiene una orden de aprehensión librada por la Corte de Distrito del Sur de California por narcotráfico y lavado de dinero.

Héctor Palma Salazar, El Güero Palma, fue líder del cártel de Sinaloa, socio de Joaquín El Chapo Guzmán Loera y lugarteniente de Miguel Ángel Félix Gallardo. Palma ya había logrado quedar absuelto de todos los cargos que la justicia mexicana le había imputado. Cuando estaba a punto de recobrar su libertad, en 2004, Estados Unidos solicitó su aprehensión con fines de extradición, por lo que el capo no pudo abandonar el penal federal de Puente Grande, en Jalisco.

Sin embargo, entre los extraditados del viernes 19 no se encuentra el narcotraficante que más requiere la DEA: Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, quien está acusado de traficar 200 toneladas de cocaína a la región que abarca los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Massachussets y Pensilvania, según lo estableció el 3 de enero de 2002 la Corte Federal de Distrito de Nueva York. Unos días después, el gobierno de Estados Unidos solicitó su extradición a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Según Placido, Villanueva conoce en detalle la manera de operar de organizaciones criminales tan importantes como la de los Carrillo Fuentes. Es “una mina de oro” que no ha sido explotada en México y que no podrá serlo, sencillamente por la capacidad de influencia y el poder de intimidación que ejercen sobre la justicia mexicana Vicente Carrillo Fuentes y El Chapo Guzmán, quienes, de acuerdo con la DEA, serían los más afectados con la extradición de Villanueva.

–¿Cuánto puede saber Villanueva Madrid de El Chapo? –preguntó el reportero a Placido en la citada entrevista (Proceso 1534).

–Posiblemente no mucho, pero lo que sabe de la manera de operar del narcotráfico en México podría incluso ayudar a la captura de El Chapo. Obviamente, a la prensa no le voy a dar detalles de toda la información que, pensamos, posee el exgobernador...


DE TELEVISA TRAIGO UNA PARTE DE UN ARTICULO DE PROCESO DE ESTA SEMANA:

La intermediaria



Este cuarteto de jóvenes ejecutivos que ascendieron con Azcárraga Jean fueron definidos por las revistas Líderes mexicanos y Expansión como los “cuatro fantásticos”. El propio José Bastón se refiere a Gómez como “la mano dura” de este grupo compacto.

Sin embargo, las diferencias entre los amigos han trascendido los muros de Televisa. Una semana antes de la entrevista del 15 de enero con López Dóriga, se filtró a distintos columnistas de negocios que Bernardo Gómez perdía el control de dos empresas filiales de Televisa: TV Promo y Crea TV, que pasaron a formar parte de la responsabilidad de Alfonso de Angoitia, vicepresidente de Finanzas.

En un principio, Televisa negó que TV Promo, creada por Alejandro Quintero y auspiciada por Bernardo Gómez, fuera una de sus subsidiarias.

A raíz del escándalo que destapó Proceso sobre el multimillonario contrato de 70 millones de dólares anuales entre Televisa y el gobierno del Estado de México, a través de TV Promo, para impulsar la imagen y la carrera política de Enrique Peña Nieto (Proceso 1512 y 1576), el consorcio tuvo que informar a sus accionistas sobre la naturaleza de esta “compañía pantalla” que facturaba a su nombre para encubrir los ingresos vía publicidad.

Finalmente, en su informe presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC), de Estados Unidos, Televisa identificó a TV Promo como una compañía que ofrece “servicios de publicidad”. El 31 de diciembre de 2005 Televisa dio a los accionistas bursátiles de Estados Unidos una amplia explicación acerca del papel de TV Promo como su broker o intermediaria. Esta información que no se había incluido anteriormente en otros informes a la SEC, tuvo como objetivo aclarar cualquier posible fraude a accionistas minoritarios.

El futuro de esta compañía que actúa como broker o intermediaria de Televisa aún no está claro en la “nueva Televisa” de Azcárraga Jean. Menos el de otras firmas donde son accionistas Bernardo Gómez o Alejandro Quintero, como Grupo Crea TV y la inmobiliaria Grupo Piljo. En esta última, propietaria de los terrenos de Valle de Bravo que adquirieron Azcárraga Jean y Gómez, participa el apoderado legal de Televisa, Joaquín Balcárcel, tal como consta en documentos del Registro Público de la Propiedad en poder de Proceso.

NOTA:Así es como vemos que TV PROMO es la empresa FANTASMA que se encarga de recaudar los dineros de políticos interesados en ser lanzados por la empresa, por cierto ¿Medina Mora seguiría siendo parte de esta empresa, mientras se la rifa en la PGR???? Y si sera cierto que el viudo de ORO Peña Nieto, ¿seguirá con su promoción especial para luchar por su carrera política? ¿Que mas se le puede prometer a una empresa que mantiene el poder monopólico de la información en el país?


"Fuera Fox, fuera Marta, fuera Cosme..."
Francisco Castellanos y Rodrigo Vera

Ejidatarios que mediante “abusos, falsificaciones y amenazas” fueron despojados de la bahía de El Tamarindillo por Cosme Mares, el presunto prestanombres de la llamada “pareja presidencial”, piden ahora al presidente Calderón que “investigue a fondo” el caso y le ofrecen “todas las pruebas necesarias del abuso de Vicente Fox y su mujer Marta Sahagún”. Hay otros casos en los que empiezan a brotar los excesos del exmandatario y de su familia política. Por el momento, la pregunta es si el sucesor de Fox, Felipe Calderón, está dispuesto a hacer justicia…

COAHUAYANA, MICH.- Ya sin el cobijo de la Presidencia de la República, el empresario guanajuatense Cosme Mares Hernández, supuesto prestanombres del expresidente Vicente Fox, empieza a ser investigado por la Procuraduría General de la República (PGR), debido a que se apoderó ilegalmente de la bahía michoacana de El Tamarindillo y, por otro lado, a causa de la manera fraudulenta en que el gobierno foxista le entregó infinidad de contratos para construir y remozar carreteras en todo el país, negocio que al parecer compartía con los hijos de Marta Sahagún.

Inclusive, los ejidatarios de esta zona que fueron despojados de la bahía están realizando manifestaciones de protesta contra el empresario, quien es amigo cercano de Fox desde antes de que éste fuera gobernador de Guanajuato. Y, además, le enviaron una carta al presidente Felipe Calderón, donde le piden su intervención, asegurándole que tienen “todas las pruebas” sobre el “abuso de Vicente Fox y su mujer, Marta Sahagún Jiménez”.

Con estos actos, los lugareños están pidiendo que Cosme Mares les devuelva la bahía El Tamarindillo, la paradisiaca zona ejidal de 265 hectáreas que el empresario les compró, mediante amenazas, en 25 millones de pesos y cuyos verdaderos compradores son, al parecer, Vicente Fox y su familia, quienes planean construir ahí un moderno desarrollo turístico.

El pasado 30 de noviembre, justo un día antes de que Fox dejara la Presidencia, los ejidatarios de El Ticuiz, en donde se encuentra la bahía, tomaron El Tamarindillo para exigirle al hoy expresidente que sacara las manos de sus terrenos.

Acompañados de sus familias y con pancartas en mano, los ejidatarios le impidieron a Cosme Mares entrar a la bahía, la cual tuvieron tomada durante todo diciembre.

“¡Fuera Vicente y Marta de El Tamarindillo!”; “¡Fuera Cosme Mares!”; “La bahía es de los ejidatarios”; “Presidente Calderón, como michoacano, apoya nuestra lucha”, decían las pancartas.

Uno de estos ejidatarios, Avelino Cepeda, comenta: “No queremos que Cosme Mares ni Fox ni Marta Sahagún entren a nuestra bahía, pues no son ejidatarios, ni siquiera avecindados”.

Apunta que ahora tienen la ventaja de que ya no está en la Presidencia Vicente Fox, quien hizo que las autoridades agrarias federales legalizaran la compra fraudulenta de Cosme Mares. Y agrega que el nuevo presidente del comisariado ejidal, Elías Campuzano, está de acuerdo en recuperar El Tamarindillo.

En cambio, el anterior presidente del comisariado, Agapito Cárdenas, fue clave para que Cosme Mares se convirtiera en ejidatario y luego, mediante amenazas de muerte y maniobras fraudulentas, se apoderara de la bahía, cuya compraventa fue dada a conocer a la opinión pública por este semanario en enero de 2005 (Proceso 1470).



Carta a Calderón



Los ejidatarios pusieron al tanto de todos estos antecedentes a Felipe Calderón, por medio de una carta en la que le piden intervenir para recuperar la bahía y que “se investigue” a Fox. En la misiva, fechada el 29 de noviembre, los quejosos exponen sus razones para tomar la bahía:

“Al agotarse las instancias legales y ver que la justicia inclina su balanza hacia los poderosos (la familia Fox Sahagún), nos vemos en la necesidad de tomar los terrenos de El Tamarindillo, que de manera arbitraria, con engaños, amenazas, tráfico de influencias, abuso de poder, falsificación de documentos oficiales y triquiñuelas legaloides, nos obligaron a vender.”

Sin tapujos, los ejidatarios denuncian que la “familia presidencial” cooptó a las anteriores autoridades agrarias para apoderarse de la bahía:

“La familia presidencial, con amenazas de muerte a través de gente de Cosme Mares, como lo son los extitulares del comisariado ejidal de El Ticuiz, Agapito Cárdenas Guerrero, presidente; José Guadalupe de la Cruz Madrigal, secretario; e Israel Arias Aguilar, tesorero; así como del representante de la Procuraduría Agraria en esta zona, licenciado David Neri Moreno, usando el poder presidencial, compraron las 265 hectáreas que abarcan toda la bahía, por 25 millones de pesos.”

La misiva, de seis páginas, continúa: “La supuesta propiedad de Fox llamó la atención en el ámbito nacional. Algunos tienen la esperanza de que ahí se construya un complejo turístico que aporte empleos a la zona, una de las más marginadas del estado. En cambio, otros repudian la venta porque El Tamarindillo –perteneciente al ejido El Ticuiz– es un terreno de uso común que por ley no puede venderse.”

Esta ilegalidad, agregan, fue avalada incluso por el anterior secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, y por el procurador Agrario, Isaías Rivera Calderón, quienes encuentran “cabalmente legalizado” todo el proceso de compraventa.

Pero los ejidatarios dan cuenta, en su carta, de actas de asamblea alteradas y otras “irregularidades” mediante las que Cosme Mares se apoderó de la bahía. También mencionan la investigación que la Comisión de la Reforma Agraria de la Cámara de Diputados realizó en 2005 sobre el caso y que estuvo a cargo de la entonces legisladora Ana Lilia Guillén, del PRD.

Dicen: “La diputada, durante ocho meses, recabó información de diversas instancias y se comprobó que la compraventa se llevó a cabo mediante presiones y actos fraudulentos hacia ejidatarios para convencerlos de que vendieran.

“Los datos obtenidos por la legisladora del PRD demuestran que los eventos se encuentran inmersos en inconsistencias legales, jurídicas e institucionales.”

Aparte de El Tamarindillo, los ejidatarios aseguran que Cosme Mares “se apoderó de otras más de 200 hectáreas de franja costera michoacana, en las que planea levantar un gran emporio agrícola-ganadero que contrastará con la miseria de esta zona, considerada la más pobre del estado de Michoacán”.

Ante todo esto, los ejidatarios le piden abiertamente a Calderón que, como presidente y michoacano, tome en sus manos la situación:

Le solicitan que “usted, como presidente de la República, originario de estas tierras, intervenga a nuestro favor y no se cometa un abuso en la compraventa de la bahía de El Tamarindillo… Acudimos a usted, de manera desesperada, para que atienda nuestro caso y se investigue a fondo”.

Y concluyen: “Contamos con todas las pruebas necesarias del abuso de Vicente Fox y su mujer, Marta Sahagún Jiménez”.

La misiva tiene las firmas y las huellas digitales de 30 ejidatarios.



Denuncia formal



Por su parte, la exdiputada Ana Lilia Guillén presentó una denuncia de hechos contra Cosme Mares por asociación delictuosa, falsificación de documentos oficiales y otros delitos que resulten.

Interpuesta ante la delegación en Michoacán de la Procuraduría General de la República (PGR), el pasado 31 de agosto, la denuncia acusa a Cosme Mares y a su socio y cuñado Rubén Hernández Hass de mantener una asociación delictuosa con funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), del Registro Agrario Nacional (RAN) y del Tribunal Agrario, con el fin de apropiarse de la bahía mediante “turbias” maniobras.

Guillén indica que recabó estos elementos durante el tiempo en que coordinó la subcomisión de la Cámara de Diputados que investigó el caso de El Tamarindillo:

De “ocho meses de investigación en la zona, realizada por la suscrita –dice–, se desprende la existencia de diversas irregularidades en el procedimiento que se dio para que Cosme Mares y Rubén Hernández adquirieran el supuesto reconocimiento como ejidatarios de ese ejido; lo anterior se sustenta con el hecho de que existe documentación que así lo acredita y que se presentará en el momento oportuno”.

Manifiesta, así mismo, que fue en este semanario donde se dio a conocer por primera vez el caso. “La revista Proceso, en sus números 1470 y 1471, de 2 y 9 de enero de 2005, publicó los artículos denominados La bahía de los Fox y El balneario presidencial, a salvo, en los cuales se establece la presunta responsabilidad de que los compradores de El Tamarindillo son el presidente de la República y su esposa, a través del prestanombres, el empresario guanajuatense Cosme Mares, y su cuñado Rubén Hernández Haas, señalando que la operación se llevó a cabo mediante presiones y actos fraudulentos hacia los ejidatarios para convencerlos de que vendieran.

“El secretario de la Reforma Agraria, el procurador agrario y el director del Registro Agrario Nacional han argumentado de manera reiterada que lo sucedido en esta zona de Michoacán se encuentra cabalmente legalizado y bajo la legitimidad de los procesos propios de la legislación agraria, ya que las tierras ejidales de la bahía son consideradas parceladas y podían ser vendidas sin ningún problema a Cosme Mares, quien fue convertido en ejidatario mediante una asamblea legalmente constituida.”

Sin embargo, Guillén menciona en su demanda algunas irregularidades que se dieron en la compra de la bahía, como actas de asamblea falsificadas y firmas de ejidatarios que ya habían fallecido.

Y agrega que su denuncia va también contra los funcionarios municipales, estatales y federales que se prestaron a estas maniobras fraudulentas. De ahí que pueda existir el delito de asociación delictuosa.

La demanda de la exlegisladora ya hizo que la PGR, por medio de su Ministerio Público Federal en Lázaro Cárdenas, abriera la averiguación previa número 299/2006 en contra de Cosme Mares y quienes resulten responsables.

En declaraciones a Proceso, Ana Lilia Guillén afirma que “las autoridades tendrán que llamar a declarar no sólo a Cosme Mares, sino también a Fox, a Marta Sahagún y a los funcionarios que estuvieron involucrados en estos ilícitos”.

Además, la PGR inició otra investigación contra Fabricación y Colocación de Pavimento (Facopsa), la empresa constructora de Cosme Mares mediante la que obtuvo, de manera irregular, varios contratos carreteros por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En un reporte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre las auditorías practicadas a Facopsa, se precisa que Cosme fue denunciado por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, por lo que la PGR abrió una investigación el pasado 1 de septiembre.

Por lo pronto –según dio a conocer el diario Reforma, en su edición del viernes 19–, el Órgano Interno de Control de la SCT y la Unidad de Auditoría Gubernamental detectaron deficiencias en convenios de reprogramación y reducción de montos, así como de obra pagada en exceso o, incluso, pagada sin realizarse. También se hallaron anticipos no amortizados en cinco contratos y resoluciones injustificadas para no rescindir tres contratos más. Por estas irregularidades, la SFP recomendó aplicar sanciones.

Además, Facopsa tiene que devolver 258 millones 400 mil pesos a la Tesorería de la Federación, por anticipos no amortizados, pagos en exceso e intereses derivados de la rescisión de siete contratos en los que hubo incumplimientos y anomalías.

En las indagatorias contra Cosme Mares se llegó a la conclusión de que por lo menos 10 funcionarios de la SCT lo favorecieron indebidamente en la obtención de contratos carreteros en los estados de Quintana Roo, Campeche y Baja California.

Jesús González Schmall, quien fue diputado en la pasada legislatura e investigó los negocios fraudulentos de los hijos de Marta Sahagún, nunca tuvo dudas en que los hermanos Bribiesca estaban coludidos con el empresario carretero:

“Éste era el prestanombres, y yo creo que no sólo el prestanombres, diría el instrumento por el cual ellos (los hermanos Bribiesca) recibían dinero.”

Previendo este tipo de acciones judiciales en su contra, Cosme Mares se adelantó y, desde el 29 de mayo del año pasado, ante un juez federal de la Ciudad de México, sacó un amparo contra cualquier orden de aprehensión que pudiera existir en su contra.

En su demanda de garantías, Mares expuso que “se presentaron en mi domicilio varias personas que se ostentaban, sin acreditarlo, como agentes de la Policía Judicial”.

Añadió que los supuestos agentes “mencionaron que tenían una orden de aprehensión en mi contra por la comisión de un delito del que era responsable, sin especificar de qué se me acusaba, y que, por tanto, los tenía que acompañar”.

Mares asegura que en ningún momento estos supuestos agentes le presentaron “alguna orden escrita que ordenara mi presentación o detención”, por lo cual “me negué a acompañarlos”.

Sin embargo, según el empresario, los desconocidos lo amenazaron con que “volverían y me llevarían por la fuerza dondequiera que me encontraran, a lo cual les indiqué que no tenía nada que temer, porque no he realizado o cometido acto ilícito alguno”.

Por ello, dice Cosme Mares, “estoy pidiendo amparo y protección de la justicia”. Su demanda fue admitida por el juez Jacinto Figueroa Salmorán, del Juzgado Quinto de Distrito, con el número de expediente 556/2006-VI. El juez concedió una suspensión provisional a Mares para que no lo detengan, siempre y cuando no sea por un delito grave. Este amparo fue dado a conocer por el diario La Jornada el pasado 1 de junio.

Así, el amigo de Fox al parecer está cayendo en desgracia. Ambos se conocieron en 1995, durante una reunión con empresarios de Irapuato, cuando Fox buscaba la gubernatura de Guanajuato. Cosme apoyó la campaña con dinero y recursos en especie. Ya en el gobierno del estado, Fox recompensó a su amigo con contratos para hacer obra pública –como el contrato, por más de 100 millones de pesos, para construir el Centro Estatal de Readaptación Social (Cereso) de León–, y lo recibía en su despacho con toda familiaridad (Proceso 1501).

Tan cercana es su relación que cuando Fox era presidente de la República, le encargó a Cosme la remodelación de su rancho San Cristóbal, con motivo de la visita que ahí hizo el presidente de Estados Unidos, George Bush, en febrero de 2001. Cosme también participó en la construcción del otro rancho de Fox, La Estancia, aledaño al anterior.

Y ante los constantes señalamientos en la prensa de que Cosme era el prestanombres de Fox y su familia, la Presidencia de la República siempre lo negó:

“Estas críticas sólo buscan sembrar dudas acerca de la honradez inquebrantable del presidente, carecen de la más elemental ética profesional que obliga a todo comunicador”, reiteraba el vocero de Los Pinos, Rubén Aguilar.

¿Se castigará por fin a Cosme Mares? ¿Estará dispuesto el actual gobierno panista a investigar también a Fox? ¿O son una simulación las actuales pesquisas judiciales?

Para Ana Lilia Guillén, aún está por verse si Felipe Calderón tiene la voluntad política de investigar a su antecesor en el cargo. Comenta escéptica:

“Habrá que esperar, pues tal vez Calderón hizo pactos con Fox para que no se investigaran el caso de El Tamarindillo, los ilícitos carreteros de Cosme Mares ni tampoco las corruptelas de los hijos y familiares de Marta Sahagún.”

Por lo pronto, el dirigente nacional del PAN, Manuel Espino, viene anunciando su intención de impulsar a Fox como nuevo dirigente de la Internacional Demócrata del Centro (IDC), organización compuesta por partidos y organizaciones políticas conservadoras de diversos países. Con esto, el expresidente volvería a tener peso político


FECAL Y EL CONDON:

Viraje oficial sobre el condón
Ignacio Solares

El gobierno de Calderón empieza a mostrar los dientes: disfrazarse de militar y echar marcha atrás en la campaña de los anticonceptivos. El capitalismo salvaje –ese Tarzán de las espesuras bancarias– no puede encontrar socios más propicios y adecuados a su ideología que el Ejército y la Iglesia católica. Garrote y hostias (que curiosamente son sinónimos en el habla popular de los españoles). Cada vez parece más evidente que el asentamiento hegemónico de la derecha –impulsado por su descarada protección al capital y su desdén hacia lo “otro”, lo “extraño”, lo “diferente”– está por fin consolidando su vieja ambición de recluir al país en un marco de miedo y represión. Si te portas mal, te pego. Si usas un condón, te condenas.

El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos –en una nota del pasado jueves 11 en Excélsior–, criticó las campañas de promoción del condón que se difundieron durante el gobierno foxista, “al considerar que, más que prevenir, promovían prácticas de mayor riesgo”. Como si el mayor riesgo no fuera, precisamente, no usar el condón.

También dijo que era en los padres en quienes debería recaer la responsabilidad sobre la educación sexual de los hijos. Como si una educación sexual responsable no implicara necesariamente el uso del condón en relaciones de riesgo. ¡Santo Dios, en plenos tiempos del sida!

Pero, en relación al tema, los informes de la propia Secretaría de Salud en años pasados fueron reveladores. Sitios en el sur de nuestro país con un crecimiento demográfico de 7% anual en donde las campañas de planificación familiar son demolidas por la influencia y la actitud implacable de algún sacerdote local contra los anticonceptivos. Sermones dominicales en que se recrean con lujo de detalle las altas lenguas de fuego y el chirriar de dientes del infierno de los cogelones que usan anticonceptivos. Mujeres con nueve hijos, muy enfermas, obligadas a tener el décimo, aunque les cueste la vida (a ellas y tal vez a su hijo), porque su esposo tenía determinantemente prohibido por el curita del lugar usar un condón.

Suponemos que, ahora, a esa campaña de la Iglesia se sumará la del propio Córdova Villalobos, en su papel de “cardenal alterno” (Monsiváis dixit), haciendo responsables a los padres de lo que pueda suceder en la familia por las prácticas sexuales sin algún tipo de protección. Así, podría decir Córdova Villalobos a alguno de sus fieles:

–Aunque llegue borracho por las noches al cuartucho insalubre en que vive usted con su familia, sea responsable, hombre, no se coja a su mujer porque lo oyen sus hijos. Pero si no se aguanta y lo hace, por favor no use condón porque es pecado. Incluso si va con una prostituta, sea responsable, más vale que le peguen el sida pero que salve su alma.

En su declaración, Córdova Villalobos va aún más lejos, y “en especial criticó aquellas campañas que pretendían eliminar la homofobia”.

En un rapto de inspiración, agregó el secretario de Salud:

“Dentro de las campañas de no discriminación, había algunas que parecían más promover el homosexualismo que evitar la discriminación a los homosexuales, y dices, bueno, ¿quién hizo estos spots? ¿Se trata de no discriminar o se trata de promover algo?”

Dios los hace y ellos coinciden en sus declaraciones.

“Un documento de 12 páginas redactado por la Congregación para la Doctrina de la Fe y aprobado por Juan Pablo II pide utilizar todos los medios posibles para evitar la aprobación de leyes que reconozcan las uniones entre personas del mismo sexo”. (Proceso1397.) El objetivo del texto era “iluminar (sic) a los políticos católicos y darles líneas de conducta coherentes con la conciencia cristiana”.

Muy coherentes. Por eso George W. Bush no podía quedarse atrás y en agosto del 2004 declaró: “El matrimonio es una institución sagrada entre un hombre y una mujer, y no transigiré en la cuestión del matrimonio entre homosexuales”.

Las piezas se juntan para formar un bonito rompecabezas. Homofobia, apoyo incondicional al Ejército y a su símbolo protector, y una afanada defensa de la vida aún no nacida, más que la protección de la vida ya existente.

¿Adónde se quiere llegar?

Tal vez tenga razón Mario Benedetti cuando señala, en medio de su fundado escepticismo, que la única posibilidad de cambio verdadero en nuestras sociedades está hoy en los jóvenes. Serán ellos los primeros en indignarse y reírse de los Córdova Villalobos y tomarán sus propias decisiones responsables. Pero no será una empresa sencilla. Les estamos asesinando el futuro, preparándoles un mundo inhóspito y minado, marcado por un egoísmo desatado y suicida. “Los jóvenes son conscientes sin remedio de la inmoralidad y la hipocresía que los rodea, y por ello se vuelven un peligro latente para algunos de nuestros gobiernos”, agrega Benedetti. De ahí, suponemos, que se construya alrededor de ellos un muro de ruido, de violencia, de alucinaciones, de pobre imaginería. De ahí que se haga lo posible y lo imposible por acallarlos, por enclaustrarlos en el vacío. De ahí que no se encuentren en este mundo como en su hogar, sino como en casa ajena.

Ojalá que, pese a todo y a todos, nuestros jóvenes sepan rescatar su fresca identidad, y que aun en medio de tanto fogonazo y tanto estruendo, sepan escuchar los latidos de su propio corazón. Y, claro, también los del corazón del prójimo. ?