EL PRIMER PASO HACIA LA PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

El día de mañana se pretende aprobar en el pleno de la cámara de diputados lo que constituye el primer paso hacia la privatización de la educación pública. Esto se da a conocer en el siguiente comunicado de la Secretaría de Educación, Ciencia y Cultura del Gobierno Legítimo:

Comentarios de la Secretaría de Educación, Ciencia y Cultura del Gobierno Legítimo sobre la Ley de Infraestructura Educativa aprobada por el Senado de la República el 17 de abril de 2007.

Resulta, en primer lugar, sospechoso e inconveniente que una materia tan delicada como la infraestructura educativa no haya recibido de parte de los legisladores la atención, el cuidado y las consultas que se requieren. Sin discusión en comisiones o en el pleno, y ahora enviada para su pronta aprobación por la Cámara de Diputados, no puede resultar sino en perjuicios para las instituciones educativas del país y para el desarrollo de la función constitucional del Estado en materia de educación básica.

Enseguida, consideramos que no puede no haber un pronunciamiento legislativo sobre el funcionamiento del CAPFCE y los motivos para su desaparición. Es un hecho reconocido incluso por el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación que la mayor parte de las escuelas del país carecen de una infraestructura digna y que, particularmente en las zonas más pobres, el deterioro o inexistencia de aulas, bibliotecas y hasta sanitarios afecta considerablemente el funcionamiento del servicio educativo. En esas condiciones, resulta elemental exigir que, previo a cualquier modificación a la ley vigente, se realice una auditoría técnica y financiera al CAPFCE, y se rinda puntual informe del estado de la infraestructura educativa del país.

La premura con que el gobierno espurio pretende ahora normar la infraestructura educativa no tiene otro motivo que la exigencia del Banco Mundial de participar en la inversión, diseño, evaluación y certificación de la infraestructura educativa, con el propósito explícito de determinar políticas hasta ahora reservadas exclusivamente al Estado mexicano; introducir inversión privada en la educación pública e inversión pública en la infraestructura educativa privada; e intervenir en una institución estratégica para el destino del país.

Oponerse a estos criterios y a la imposición de una institución que violenta el principio de soberanía en materia educativa establecido en el Artículo 3º Constitucional es para nosotros un deber irrenunciable de los legisladores democráticos y a ello apelamos.

Consideraciones específicas a la minuta del Senado

1. Es una exigencia del Banco Mundial el dotar de autonomía de gestión, técnica y administrativa a las instituciones en las que interviene, de modo que puedan ser decisiones no sujetas al control ejecutivo y, sobre todo legislativo, las que se tomen en materia de inversión, política, financiamiento y asociaciones con entidades privadas. Esta es una forma de intervencionismo inaceptable que se deriva del establecimiento de este Instituto. Véanse artículos:

2. "II.- La creación de programas en las áreas de certificación, evaluación y capacitación, dentro de las líneas que comprenden procesos constructivos, administración de programas, innovación en la gestión pública, desarrollo humano, informática y de asesoría técnica en el área de proyectos, peritajes, diagnósticos técnicos y servicios relacionados con la materia;

III.- La generación de procesos de planeación, para que los recursos se apliquen con mayor pertinencia;

…V. La coordinación de las acciones que propicien la optimización de recursos, la homologación de procesos en los casos procedentes, así como la participación y la toma de decisiones conjuntas de las instituciones públicas del país y de los diferentes órdenes de gobierno, federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, además de los sectores de la sociedad."

A diferencia de la Ley de 1944, que establece la rectoría exclusiva de la Secretaría de Educación Pública en materia de construcción de infraestructura educativa, lo que se pretende ahora es introducir los elementos de asesoría técnica, planeación, coordinación y homologación con entidades externas indefinidas, lo que abre las puertas para aplicar programas de planeación, inversión, ejecución y evaluación, pactados ya con el Banco Mundial, así como la apertura a inversiones privadas en la educación pública del país.

La intención de introducir a entidades externas es confirmada por el Artículo 6 de la propia Ley, que establece que: "En las situaciones de orden legal no previstas en esta ley o en los tratados internacionales en la materia suscritos por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República, se aplicarán de forma supletoria, en lo que no se opongan a la presente ley, la Ley General de Educación,…etc." Y, nuevamente, en el Artículo 7, "La infraestructura física educativa del país deberá cumplir con requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia.

Las autoridades en la materia promoverán la participación social, la de los prestadores del servicio y la de los sectores productivos, para optimizar y elevar la calidad de la INFE, en los términos que señala esta Ley y su reglamento." Se trata, claramente, de que el Estado renuncie a sus atribuciones exclusivas y permita la participación privada en la determinación de políticas, inversión y evaluación de la infraestructura educativa.

Lo mismo se muestra en el Artículo 13, que establece la competencia privada en una materia hasta ahora reservada al Estado: "La certificación de la calidad de la INFE la llevará a cabo el Instituto o los organismos públicos o privados que éste autorice"; en el Artículo 25: "La Junta de Gobierno podrá invitar a representantes de las dependencias o entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, así como a integrantes de organismos de los sectores social y privado, cuando se traten asuntos en los que se considere necesaria su participación. Estos representantes tendrán voz pero no voto."; y, por supuesto, en el Artículo 33, en que se autoriza expresamente al Director del Instituto a: III.- Celebrar toda clase de actos jurídicos necesarios para el desarrollo de las atribuciones y el cumplimiento de los objetivos del Instituto.

2. Otra novedad ominosa en la Ley que pretende aprobarse es la de constituir al Instituto de Infraestructura Educativa como una entidad de tipo empresarial, con capacidad de gestionar recursos privados y prestar servicios a entidades privadas para la obtención de recursos. Esto se muestra con los Artículos 19: "El patrimonio del Instituto estará formado:

I. Con los bienes muebles, inmuebles y derechos de uso y aprovechamiento que el Gobierno Federal le asigne o le proporcionen mediante cualquier figura jurídica los Gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, los municipios o los particulares;

II. Con los recursos que al efecto se le señalen en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

III. Con los ingresos propios que obtenga. El reglamento precisará los conceptos, y

IV. Con los bienes e ingresos que obtenga por cualquier otra vía. Evidentemente, de lo que se trata aquí es de que el Instituto sirva como fachada empresarial para fines ajenos a los de la construcción de la infraestructura educativa pública y además, se consideren legítimos y legales los recursos que obtenga ¡¡¡¡"por cualquier otra vía"!!!!!

Y seguimos: Como atribuciones del Instituto, se establecen, en el Artículo 20, VII: "Promover ante las instancias públicas o privadas, la obtención de financiamiento alterno para la construcción, mantenimiento, equipamiento, habilitación, rehabilitación y reforzamiento de los inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación que imparta el Estado"; XVII "Celebrar convenios de investigación, desarrollo e intercambio de tecnología en materia de INFE con organismos e instituciones académicas nacionales e internacionales; y XX: " Obtener ingresos propios por servicios remunerados derivados de su objeto, señalados específicamente en el reglamento".

Mediante la propuesta Ley, se abre paso a la privatización de la infraestructura educativa del país; pretenden legitimarse convenios firmados con el Banco Mundial en materia de certificación e intervención sobre la infraestructura educativa, y se violenta la soberanía estatal sobre la educación pública. Es, por todos estos conceptos, así como por las consideraciones planteadas al inicio, acordar la aprobación de esta Ley.

Es decir, el PRIAN pretende aprobar en la cámara de diputados que sea el Banco Mundial (sí, el mismo del CORRUPTO y GENOCIDA Paul Wolfowitz) quien dicte como se debe hacer la infraestructura educativa en México, a mismo tiempo que se pretende que se privatice la infraestructura educativa.

Como pueden ver, el nalguiprontismo panista continúa.


Una razón más para apoyar al peje en el 2007.