HAMBREADORES.

Administración del hambre

miércoles, 24 de enero de 2007

Ricardo Monreal le aclaró a Sojo que el acuerdo sobre la tortilla no ha servido para nada y el precio no se ha respetado. (LA JORNADA) Los legisladores aprovecharon la comparecencia para reclamar a Beatriz Zavala el que no se haya respetado el precio del litro de leche Liconsa. (Cuartoscuro) Hace notar Ricardo Monreal que en los primeros 50 días del gobierno espurio de Felipe Calderón se deterioró en 30% el poder adquisitivo / Exigen legisladores la renuncia de Eduardo Sojo / Son insuficientes las medidas para detener el alzza de la tortilla MEXICO, D.F., 23 de enero (APRO/LA JORNADA/NTX).- Los secretarios de Agricultura, Economía y Desarrollo Social no pudieron explicar, ni mucho menos convencer, a los legisladores sobre los motivos por los que se incrementó en más de 40% el precio de la tortilla, y tampoco pudieron aclarar cómo solucionarán el problema. Los legisladores de PRD, PRI, PT, Convergencia y PVEM criticaron no sólo las medidas adoptadas por el gobierno calderonista, además pidieron las renuncias de los tres secretarios de Estado; primero por desconocer el trabajo que deben desempeñar; segundo, por respaldar a los grandes monopolios que se han visto beneficiados con el incremento al kilo de tortilla, y por último por haber respaldado desde el sexenio anterior la exportación de maíz, e incluso otorgar subsidios a las empresas comercializadoras. A cada uno de los secretarios se les dijo que tenían "un problema de credulidad", ya que, por ejemplo, Alberto Cárdenas, quien fungió en el sexenio anterior como titular de la Semarnap, promovió y avaló la venta de terrenos a grandes empresarios para hacerlos "paraísos turísticos". "Ahora cómo le vamos a creer que implementará una reserva alimentaria", le reclamó un diputado del PVEM. Eduardo Sojo, secretario de Economía, fue el que recibió las críticas más severas, por ejemplo, el diputado del PRD, Octavio Martínez Vargas, le reprochó "ser el responsable del fracaso de la política económica del sexenio pasado, de haber estado en el equipo de transición, de saber que habría un desabasto a escala internacional, y aún así haber permitido la exportación de maíz blanco mexicano, e incluso haber subsidiado a las grandes empresas". Después de escucharlos, observó el perredista, "nos queda claro que no tienen la menor idea de cómo resolver el problema". Y es que los tres secretarios, en lugar de dar una explicación creíble de qué fue lo que ocurrió para que se incrementara el kilo de tortilla en 40%, se limitaron a enumerar los 13 puntos del acuerdo que Felipe Calderón firmó con los grandes acaparadores de maíz. O, como en el caso de la titular de Desarrollo Social, Beatriz Zavala, quien no se atrevió a decir que el gobierno "prestará" a las tiendas Diconsa 630 millones de pesos para que compren maíz, pero que luego se los cobrará, aunque sí aseguró que en la dependencia a su cargo "sabemos dónde están localizados los pobres". Por cierto, situación nada difícil, pues 60% de la población se encuentra en esta condición. Al extitular de Semarnap y hoy de Sagarpa, Alberto Cárdenas, se le reclamó que en su gestión durante el sexenio foxista haya permitido la venta del predio "La Palmilla". Como en ese caso, sostuvo el perredista, ahora nuevamente está apoyando a los empresarios en el tema de la tortilla. "Está claro que tienen un compromiso con los empresarios que controlan este grano y no quieren trazar estrategias con la gente más afectada. Ustedes tres no han explicado una estrategia para estabilizar el precio y por eso deben retirarse", les reclamó el perredista. En el caso de Alberto Cárdenas, antes de intentar explicar cómo el gobierno está tratando de normalizar el precio de la tortilla y el problema de abasto, se puso a dar "cátedra" de cómo se cosecha el maíz en Sinaloa, y a intentar justificar por qué el gobierno permitió la exportaron de maíz. Incluso sostuvo que gracias a ese impulso los productores pudieron vender mejor su maíz. Sin embargo, Mario López Valdez, legislador del PRI por Sinaloa, hubo de enmendarle la plana al secretario de Agricultura en todos sus datos. Otra diputada del PRI, Lorena Martínez Rodríguez, antes de hacer sus reclamos aceptó que la comparecencia había dado buenos frutos: por lo menos el secretario de Economía ya no dice que se elevó el precio por cuestiones internacionales, y el gobierno reaccionó, aunque lento y con pocos frutos pero reaccionó. Recordó que el exsecretario de Agricultura en el gobierno de Vicente Fox insistió en que el maíz no era rentable, y que a México no le convenía sembrar sino importar. Ahora, observó, ya se comprobó que sí es rentable y que sí se tiene que sembrar. Pero no sólo eso, sostuvo que el acuerdo que firmó Calderón con los principales comerciantes no es suficiente, y sobre todo porque se han dedicado a vigilar a los tortilleros y no a los grandes especuladores; además, por cada delegación de la Profeco sólo hay tres inspectores, que son insuficientes para vigilar el precio de la tortilla. Sobre este punto, el senador del PRD, Ricardo Monreal, le aclaró al secretario de Economía que el acuerdo no ha servido para nada, y el precio no se ha respetado, y como "prueba" le regaló un kilo de tortillas que compró a 9.50 pesos y no a 8.50, como aseguró Calderón se mantendría su precio. Diputados federales de oposición pidieron al gobierno federal proceder contra las empresas que están especulando con el maíz y sancionar a quienes permitieron exportaciones de ese grano el año pasado. Incluso, la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Comisión Permanente del Congreso se pronunciaron favor de la renuncia del secretario de Economía, Eduardo Sojo, por su incapacidad para frenar el alza del maíz y las tortillas. Durante la comparecencia de Sojo Garza-Aldape y de los secretarios de Desarrollo Social, Beatriz Zavala; y de Agricultura, Alberto Cárdenas, los legisladores del PRI, PRD, PVEM, Convergencia y PT consideraron insuficiente el programa para frenar el alza en el precio de las tortillas. Ricardo Monreal Avila, senador del PRD, pidió la renuncia del secretario de Economía, Eduardo Sojo, por lo que consideró su incapacidad para frenar el alza en el precio de las tortillas y de otros alimentos básicos. En la tribuna del Salón Verde de San Lázaro, le entregó al funcionario un kilo de tortillas "todavía calientes" que aseguró compró en una tortillería cercana a 9.50 pesos y no a 8.50 como lo anunció el gobierno federal. El legislador perredista demandó proceder contra empresas a las que señaló como las grandes benficiarias con el acaparamiento y encarecimiento del maíz. "Hay un deterioro de 30 por ciento del poder adquisitivo de la clase trabajadora en los primeros 50 días de actual gobierno", acusó. Monreal Avila cuestionó además la exportación de 500 mil toneladas de maíz subsidiado a Sudamérica, y dijo que los campesinos mexicanos están abandonados a su suerte. Los legisladores aprovecharon la comparecencia para reclamar a la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Zavala, el que no se haya respetado el precio de 4 pesos el litro de leche Liconsa. No es que el gobierno no esté respetando el acuerdo, dijo, lo que sucede es que hay reglas que hay que seguir, y el Consejo de Liconsa todavía no sesiona para imponer el nuevo precio. "Pero el jueves sesionará y es posible que para el viernes ya esté a 4 pesos", dijo. De todos los diputados representados en la Comisión Permanente, sólo el PAN defendió a los secretarios de Estado, quienes no pudieron convencer a la oposición de que el gobierno tiene una estrategia para evitar que sólo ganen los acaparadores, que no creará problemas la importación de maíz y, sobre todo, que no bajará el precio de la tortilla, pues finalmente el acuerdo sólo oficializó su aumento en 40%. Por otro lado, el Congreso Agrario Permanente (CAP) exigió al gobierno federal actúe con contundencia contra los acaparadores y especuladores del maíz; no basta con las buenas intenciones ni con la firma de un pacto para que se respeten los acuerdos, la Comisión Federal de Competencia, Procuraduría Federal de Protección al Consumidor y la Procuraduría General de la República deben terminar con las irregularidades. Gerardo Sánchez, coordinador del CAP, aclaró que la agrupación --conformada por 13 organizaciones campesinas-- no fue invitada a la firma del pacto en el que se anunció un precio máximo de 8.50 pesos al kilo de la tortilla. "¡Qué bueno! porque es un convenio incompleto, debe enriquecerse con la visión campesina. Además, ha faltado voluntad del gobierno de hacer copartícipes a las organizaciones campesinas", dijo. Preocupado por el constante incremento a los productos de la canasta básica y por el reciente ajuste al peaje, Sánchez destacó que en el caso del maíz "están involucrados los grandes pero los perjudicados son los chiquitos, por eso el acuerdo es insuficiente pues cuando concluya, el 30 de abril, es probable que nuevamente se dispare el precio de la tortilla. "La situación requiere una solución de fondo que incluye financiamiento a los campesinos, acompañamiento tecnológico, entrega de semilla mejorada, respaldo para el acopio y comercialización, uso más eficiente del agua, hay que actuar con prontitud y mayor rigidez en contra de los especuladores", insistió. Como coordinador del CAP se pronunció en contra de la siembra de maíz transgénico y destacó que una mayor productividad se logrará con semillas híbridas y mejoradas, además de ampliar la frontera agrícola para lograr de diez a 15 millones de toneladas más de maíz blanco. "Hay enormes extensiones de siembras de alfalfa que podrían diversificarse, tierras que han dejado de cultivarse por la falta de oportunidades a los propietarios de la tierra y porque las reglas de operación de los programas son muy rígidas. Por eso el CAP seguirá pugnando por un presupuesto multianual y que el aprobado para el Programa Especial Concurrente (PEC) de este año se aplique conforme a lo establecido por la ley de desarrollo rural sustentable", afirmó.