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sábado, diciembre 23, 2006

3 CASOS DE CORRUPCION EN JALISCO

1.-AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y EUMEX
Antecedentes desde el Sendero de Fecal1, tercera versión
Un Antecedente más
"En cada cláusula de la reestructuración al convenio con Eumex, el ayuntamiento es el que sale perdiendo. Un ejemplo es la reparación que el municipio debe pagar por cada uno de los daños que sufran los numerosos equipos que serán instalados en calles tapatías."

"Eumex, además de beneficiarse del monopolio en mobiliario urbano que le fue concedido por las autoridades municipales, tiene beneficios adicionales de parte del Ayuntamiento y del gobierno estatal al ser la opción preferida para hacer campañas publicitarias de estas autoridades, por lo que en números netos el ayuntamiento no percibe y probablemente jamás ha percibido ni un solo centavo de parte de Eumex, que obtiene enormes ganancias a costillas de nuestros impuestos. La actitud agachona, sumisa, arrastrada y patética que tienen las autoridades municipales ante esta empresa contrasta con la actitud del gobierno capitalino que exige a esta empresa lo que es evidente que se le tiene que exigir a un concesionario: que cumpla con los términos de su concesión y su contrato."

En el programa Cosa Pública del Pasado viernes 15 de diciembre, se entrevistó al regidor perredista Martín Márquez Carpio, quien además de presentar su propio informe de gobierno (considerado por algunos como un contrainforme al del panista Espinoza Guarro) confirma que está en tribunales una demanda por las acciones del Ayuntamiento para favorecer a EUMEX.

2.-PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AHOGADO/TIERRA MOJADA
Pago de favores a patrocinadores de las campañas políticas del PAN, uso de prestanombres, manejo faccioso de proyectos de infraestructura del gobierno estatal, ocultamiento de información, ganancias potenciales para los favoritos del gobernador de millones de dólares (¿cuanto se había ganado Bejarano con Ahumada?), el plan de construir miles de viviendas populares en zonas de alto riesgo rodeadas de industrias, y con esto, terminan espantando la inversión extranjera en las zona. ¿Qué más se puede decir? El periodista Rubén Martín analiza este caso:

DINERO OBSCURO Y LA FARSA POLÍTICA

La oscura relación entre empresarios y políticos muestra que una de las inversiones más rentables y seguras para los capitalistas, consiste en pagar una campaña electoral, especialmente si es la ganadora; en pocos años el dinero gastado se multiplicará por la vía de información privilegiada, contratos a modo, subsidios, apoyos a fondo perdido y una red de relaciones sociales de las que se obtienen beneficios constantes y sonantes. Hay muchos casos de lo anterior en México y por supuesto en Jalisco. Uno de estos casos parece ser la vinculación que liga a Ernesto Ramírez Godoy, (apodado el Chiquilín entre sus conocidos) con Francisco Ramírez Acuña, gobernador de Jalisco con licencia y actual secretario de Gobernación.

Ramírez Godoy es el mecenas preferido de Ramírez Acuña. En 2000 el empresario recaudó fondos para la campaña por la gubernatura panista. Ya en el poder, se convirtió en el empresario más cercano al mandatario. No ocupó ninguna cartera en el gabinete, no la necesitó. Lo que hizo fue poner a otros empresarios cercanos a él en algunas, como fue el caso de Horacio González Pardo en Turismo. Ramírez Godoy se dedicó a algo más trascendente: pidió para él la presidencia del Patronato de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Ramírez Godoy parece ser también la cabeza visible del Grupo Promotor Jalisco, integrado por 24 hombres de negocios a quienes les ha ido bastante bien en el sexenio, según revelan fuentes oficiales que han seguido los pasos de este grupo. Se especializó en la función de intermediario entre los intereses empresariales e intereses políticos. En 2003 reunió fondos también para Emilio González Márquez y en 2006 juntó dinero para Felipe Calderón. Al menos en 2003, los fondos que el Chiquilín reunió para González Márquez no fueron reportados a la autoridad electoral.

Ahora Ramírez Godoy aparece como el hombre detrás de intereses empresariales en los terrenos de El Ahogado. De confirmarse esta relación, se entendería el sigilo, la premura, la presión y la insensatez con la que ha actuado el gobierno del estado en este caso. Varios especialistas han dicho que los terrenos de El Ahogado no son aptos para construir vivienda. Aún así el gobierno parece empeñado en urbanizar esa zona, por supuesto con fondos públicos para que después sean capitalizados por quienes construyan las viviendas populares.

Este caso confirma nuevamente la insana relación entre empresarios y políticos en los mecanismos de financiamiento ilegal. Es insana porque esta relación se establece en las sombras y se opera mediante esquemas ilegales de financiamiento. Todo para no dar cuenta de estos cuantiosos recursos a la autoridad electoral. A ningún empresario le gusta que le pasen la charola (como tampoco les gusta pagar impuestos), pero lo hacen no tanto por convicción como por cálculo.

Saben que si invierten en el político adecuado, después obtendrá más de lo que pagó en una campaña. Pero este esquema nos resulta muy caro a los ciudadanos, quienes somos los que terminamos pagando el encarecimiento de la política y los esquemas de financiamiento al margen de la ley. Píense en un empresario que produce cemento. Puede que haya dado unos 20 millones de pesos a un candidato a la gubernatura. Una vez que el candidato llega al gobierno, ordena que se compre únicamente la marca de cemento de su mecenas. Esto podría terminar por encarecer el costo de compra del cemento. Pero eso ya no lo paga el político, lo pagamos los contribuyentes.

Todos estos casos se multiplican a todas las escalas de la política. Y a pesar de los cambios a las leyes en materia de fiscalización, los políticos siempre buscarán dinero ilegal y los empresarios inventarán mecanismos financieros para ocultar sus contribuciones.

No hay solución y por tanto los pronunciamientos de los políticos al respecto son una farsa. Aquí en Jalisco prácticamente todos los candidatos rebasan los topes de campaña y no pasa nada. El panista Emilio González Márquez gastó mucho más de los 26 millones de pesos que pone la ley como límite (más de 100 millones de pesos según algunas fuentes) y sin embargo no pasa nada. Felipe Calderón también rebasó el tope de campaña, y nada pasará. Todo es una mera farsa.

COMENTARIO: Tema tratado también a detalle en el programa Cosa Pública frecuentemente en el pasado, más recientemente en la emisión del Jueves 14 de diciembre del 2006

3.-PETICIÓN DE MORDIDAS POR DIPUTADOS LOCALES PANISTAS A MINIBUSEROS PARA AUMENTAR EL PRECIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Tema tratado a lo largo de toda esta semana en Cosa Pública y en el diario Público Milenio, a continuación la reseña del programa Cosa Pública del pasado lunes 18:

1 Denuncia a diputados panistas, particularmente Alfredo Argüelles y Ricardo Ríos de pedir mordidas para autorizar desde el congreso aumento al transporte público, de parte de choferes.

2 El sábado el Congreso limpió la cuenta pública 2004 de Ramírez Acuña.
3 La familia Rodríguez Licea acompañada de más ciudadanos se manifestó el domingo pasado contra el influyentismo, especialmente por la muerte de su hijo Alan Rodríguez Licea al ser impactado por el auto del hijo de Fernando Arias, ex-Director de Comunicación Social de Jalisco, y hoy en el mismo puesto desde la SEGOB. Cómo Ramírez Acuña y Alberto Cárdenas llegaron al gabinete calderonista.

4 La autorización de parte del Congreso para aumentar el 5% mediante impuesto especial a las bebidas embotelladas. La historia del arduo trabajo de Elba Esther Gordillo y su gran riqueza.

6 Más de las mordidas que pidieron los diputados panistas a los dueños de minibuses y autobuses para aumentar el precio del transporte público en Jalisco.

8 Los legisladores se están tomando atribuciones ejecutivas.

9 Desde el mes de noviembre empezaron a negociar con los dirigentes de los transportistas para agilizar esta medida, empezaron pidiendo 15 millones de pesos y terminaron en 6 millones. Abusaron de información privilegiada, entre otras cosas.
10 Quisieron sacar ventaja anticipándose haciendo parecer que el aumento fue obra de ellos.
11 Los diputados lo niegan en rueda de prensa y demandan ante la PGR al periodista de Público Milenio que saca la nota en prensa.
12 Curiosamente, el fin de semana anterior la Secretaría de Vialidad y Transporte advirtió a los propietarios de unidades de transporte público que no dieran dinero para las personas que pidieran dinero para autorizar el aumento al transporte público.
14 Solicitan priístas investigación para sancionar a los dos diputados panistas, que podrían quedar inhabilitados. Estos dos diputados ya están apalabrados para trabajar en el próximo ayuntamiento de Guadalajara.
15 Venta de votos en el Congreso del Estado de Jalisco.
16 Entrevista a Ricardo Ríos, uno de los acusados, confirma denuncia contra el informante que dio la información al periodista de Público Milenio. Presenta su versión de los hechos.
19 Declara que sólo ha tenido contacto con los transportistas por ser miembro de la Comisión de Transporte
20 Cuestionamientos de los periodistas
23 Niega rotundamente cualquier acto corrupto
24 exige que se encuentre a los que sí pudieron dinero
28 Llamadas del público
30 Más del PANAL y Elba Esther Gordillo, y todos los intereses que mueve y se mueven alrededor de ella.
31 Cómo Salinas y Camacho pusieron a Gordillo en la dirigencia del SNTE
32 La complacencia de Fox con los dirigentes sindicales, con excepción de Gómez Urrutia
34 Entrevista a Enrique Galván, líder de los transportistas
35 confirma que hubo gente que manifestó que se dieran mordidas en una asamblea de transportistas

RUBÉN MARTÍN: LA MORDIDA MILLONARIA Y LA POLÍTICA EN JALISCO

Los principios de honestidad y transparencia proclamados por los panistas, no aguantaron ni siquiera diez años de ejercicio en el poder. Las acusaciones en contra de los diputados Alfredo Argüelles y Ricardo Ríos son la última cuenta de un interminable rosario de corruptelas de manufactura blanquiazul, originadas en un acelerado proceso de descomposición de esta clase política que hace doce años ganó el poder ondeando la bandera de la honestidad. Qué falso e hipócrita suena ahora este discurso.

Para comprender el fondo de lo que está ocurriendo debemos sumergirnos más allá de la superficialidad de la mordida millonaria. Los casos de corrupción en la era panista deben dejar de verse como fallas personales para explicarlas como un procedimiento normal y necesario en la política. Dicho llanamente: la corrupción no es una anomalía ni una violación a las reglas del ejercicio del poder; la corrupción es necesaria para que funcione la política en Jalisco.

Aunque ha sorprendido el caso de la mordida millonaria, la compra del voto de diputados es moneda corriente en el Congreso. Hay varios diputados que piden dinero por votar en un sentido o en otro al discutirse ciertas iniciativas. Gracias a la compra de voluntades, el Poder Ejecutivo del estado tiene de nuevo el control del Congreso. Desde el Ejecutivo o desde el partido en el gobierno se ofrecen chambas futuras, obras presentes y se perdonan pillerías pasadas. Algunos se cambian de partidos, otros actúan en complicidad con el Ejecutivo desde sus franquicias legislativas. Este pago de favores se convierte, a su vez, en un trueque de complicidades. Por eso la fiscalización de los recursos públicos es una farsa. Las cuentas sucias de un partido se cambian por las suciedades de otro. Así como el voto de algunos legisladores es ahora una mercancía que tiene un precio, también la justicia es una mercancía. Hay magistrados que venden sentencias a través de despachos encubiertos, aseguran abogados expertos.

En este esquema de funcionamiento de la política participan políticos de los tres poderes: el Ejecutivo comprando diputados, legisladores que venden su voto y magistrados que rematan sentencias. La sociedad ya sabe que la actividad política es corrupta. Lo que casi no sabe, o no quiere saber, es que este esquema no funcionaría sin la complicidad del poder económico. Una parte de los grandes negocios requieren de la información privilegiada, contratos arreglados, la complicidad o el subsidio de los gobernantes.

En el caso de Tierra Mojada, hay indicios suficientes para sospechar que el empresario que pagó campañas a candidatos del PAN fue favorecido indebidamente por el gobierno estatal para hacer negocios inmobiliarios. Pero Tierra Mojada no es la excepción. Una buena parte de los negocios inmobiliarios en el estado se hacen corrompiendo autoridades (recordar Tlajomulco).

Gracias al caso Argüelles-Ríos sabemos que el negocio del transporte funciona con el aceite de las mochadas. El presidente de la Alianza de Camioneros, Jorge Higareda, reveló que es usual que los transportistas paguen dinero a las autoridades para que les autoricen el aumento a las tarifas del transporte (Público, 20 de diciembre 2006). También existen turbias relaciones entre políticos y dueños de concesionarias (de publicidad, de mobiliarios urbanos, de aseo público, constructoras, comercializadoras de autos, proveedoras de servicios) que invierten en campañas y luego cobran caro sus inversiones con contratos en el poder público.

Lo que tenemos es un nuevo bloque de poder integrado por servidores de los tres poderes públicos, de todos los partidos y de los tres órdenes de gobierno, que mediante la corrupción, se quedan con una parte de los beneficios generados en negocios privados que a su vez necesitan de la complicidad de los gobernantes. Nuevo porque ahora el papel de conducción le corresponde al PAN, pero en realidad es el mismo papel que tenían antes los priistas. Nada más cambiaron de representante, pero el esquema es el mismo. En este mecanismo, la corrupción no es un hecho aislado, sino un aceite necesario para que la maquinaria no se atasque. Por supuesto, esta maquinaria descansa en los hombros de la mayoría de la población. En este patético nudo de complicidades terminó la famosa transición a la democracia en Jalisco.

Y la última nota de Público Milenio sobre este caso:
Se complica el futuro de los diputados acusados de cohecho

22-Diciembre-06
El futuro político de los diputados del PAN Alfredo Argüelles Basave y Ricardo Ríos Bojórquez se torna cada vez más complicado. Además de que trascendió de que ya no serán tomados en cuenta para integrarse a la próxima Administración municipal de Guadalajara, ayer integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) cumplieron su advertencia y durante la primera de las dos sesiones legislativas efectuadas este jueves se manifestaron en contra de los legisladores, a quienes transportistas involucran en la petición de una “mordida” de seis millones de pesos a cambio de autorizar un incremento de un peso a la tarifa del transporte urbano.

Encabezados por el presidente de la FEU, Carlos Corona Martín del Campo, 30 miembros del comité directivo de esa organización estudiantil ingresó al salón de sesiones del Palacio Legislativo y se colocaron justo detrás de ambos legisladores.

Los estudiantes sacaron billetes y transvales y se los mostraron a los diputados y a las cámaras de televisión, en alusión a la denuncia hecha por transportistas de que en asambleas se les habían pedido tres mil pesos por cada unidad, a fin de que se aprobara una iniciativa de reformas a la Ley de Transporte (presentada por los legisladores mencionados), donde se incluyó un artículo transitorio que establecía un aumento de cuatro a cinco pesos en el pasaje.

“¡Ríos y Argüelles, tan corruptos y tan güeyes!, y “Jalisco no merece más corrupción”, fueron dos de las frases de la protesta. Y para los camioneros: “El aumento no les alcanza, pero sí les deja dinero para pagar mordidas a diputados corruptos”.

En ese marco fue que el líder de la FEU presentó una petición de juicio político en la que señala en forma directa a los dos legisladores y a quienes resulten responsables, en alusión al secretario de Vialidad y Transporte, Alfonso Rejón Cervantes, y a su director jurídico, Gabriel Diez Martínez Serrano, a quienes también mencionó como receptores de dinero a cambio de otorgar permisos de transporte y ampliaciones de ruta.

“Estamos incluyendo la frase ‘contra quienes resulten responsables’ porque hay un reconocimiento de que funcionarios de la Secretaría de Vialidad pueden estar inmiscuidos en este hecho de corrupción [...] Se tiene que aplicar la ley con todo rigor” en este caso, señaló.

Explicó que si los diputados panistas son responsables de esa exigencia de dinero, “pedimos que sean desaforados y sometidos a las sanciones que marca la ley y también por la vía penal. Hoy [ayer] presentaremos ante la Procuraduría de Justicia una denuncia penal ante quienes resulten responsables”.

Al término de la primera sesión legislativa, se buscó a Argüelles para conocer su postura sobre la petición de juicio político en su contra. Molesto, aseguró que no respondería preguntas del reportero de Público: “Para usted no tengo comentarios”.

Se le insistió que opinara sobre las declaraciones hechas por los diputados del PAN José María Martínez, coordinador de la bancada, y Pedro Ruiz Higuera, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, quienes coincidieron en que la iniciativa que presentó el 11 de diciembre para reformar la Ley de Transporte, que contempla un alza de emergencia de un peso al pasaje e indexar las tarifas a la inflación, será desechada también en esa instancia, luego de que ya se rechazó en la Comisión de Vialidad, Transporte y Comunicaciones. Tampoco quiso hablar.

Más tarde trascendió que Argüelles y Ríos ya no estarán en el gabinete del próximo alcalde tapatío, Alfonso Petersen (ver siguente).

Exhorto a los periodistas
(SSÍ)

• Porque los propios diputados no pueden permitir que “se difame a un miembro de este poder”, el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado, Enrique García Hernández, subió ayer a tribuna para pedir un ejercicio responsable del periodismo.

Al referirse a la información dada a conocer por Público el pasado 18 de diciembre, sobre la presunta petición de dinero a transportistas para que se autorizara el incremento en el precio de las tarifas, dada a conocer por los afectados, Enrique García dijo que “sin demérito del trabajo periodístico, pero atendiendo a la norma periodística, es importante señalar que la información publicada no está basada en hechos contundentes”.

Después, el legislador se refirió a lo que debe ser el periodismo responsable y afirmó que rechazaba “la crítica sin fundamento, impulsada por la inmediatez”.

Curiosamente, lo expresado por García Hernández coincide con un desplegado publicado por el PAN este día en diversos medios.

Ya en entrevista, Enrique García dijo que los diputados están expuestos a “errores y a desviaciones y a cuestiones de corrupción”, pero que exhortaba a que “no se dañe la integridad de las familias de los diputados con notas periodísticas hechas con un supuesto o un rumor”.

Aceptó que es un tema que el PRI podría aprovechar “para hacerlos pedacitos en la tribuna”, pero preferían actuar con mesura porque “nos puede suceder a los 40 diputados en cualquier momento”.

Cambio de opinión en el PAN

• Para el Partido Acción Nacional (PAN) el presidente de la Federación de Transporte Público de Jalisco (FTPJ), Enrique Galván Vargas, pasó de ser financiador y un apoyo importante en campañas políticas a una persona “ruin y sin principios”.

Ayer, el presidente del PAN en la entidad, Eduardo Rosales Castellanos, dijo que en el caso de la denuncia de extorsión para el incremento en la tarifa del transporte público sí pudo existir petición de dinero “y a partir de ahí gente ruin y sin principios, como Enrique Galván, se sube a este tipo de olas”.

Cuando se le preguntó si eso pensaba del líder de los subrogatarios cuando éste se sumó a la campaña del PAN, Rosales respondió que “a mí no me dio ni un cinco. Hubo un millón de jaliscienses que votaron por Emilio [González], la gran mayoría es decente, habrá algunos indecentes”.

Después de algunos desencuentros con el PRI, Galván Vargas anunció su apoyo a Emilio González, en un acto al que asistieron la ex diputada federal panista Mari Carmen Mendoza y el legislador Ricardo Ríos (Público, 18 de junio de 2006). Después, el 25 de junio, se ratificó el apoyo en una reunión con transportistas y el gobernador electo Emilio González.

Guadalajara / Ignacio Pérez Vega

PARA REMATAR: Ayer viernes Guadalajara amaneció con paro de transportistas, que demandaban tarifa más alta para poder pagar el diesesl encarecido. Mientras los automovilistas disfrutaron de las calles despejadas, los usuarios del transporte público llegaron tarde a sus trabajos, esperaron horas en el frío, se amontonaron aún más que de costumbre en las pocas unidades disponibles, los taxistas abusivos esquilmaron a la gente que tenía la urgencia de llegar a su destino hasta artarse, y finalmente, los transportistas se salieron con la suya: aumento a 5 pesos a partir del próximo año. Efectivamente, desapareció con este aumento del transporte el ridículo aumento al salario mínimo.

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