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Ataque a la cooperativa Pascual boing

El 4 de enero pasado el Gobierno del Distrito Federal publicó el Decreto que deja insubsistente la expropiación de los predios en los que se asientan las plantas de producción y distribución de jugos y bebidas de la Cooperativa Pascual y que el propio gobierno capitalino expropiara en febrero de 2003 a favor de la Cooperativa, a fin de proteger y conservar la fuente de trabajo, como un modelo alternativo de producción y empleo con justa distribución de la riqueza.

Este acto se realizó a partir de una serie de intimidaciones y apercibimientos que la Corte y el Juzgado 14º de Distrito en Materia Administrativa, en el Amparo No. 508/2003, llevaran a cabo en contra de Marcelo Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, de perseguirlo por desacato e iniciar su proceso de desafuero, para el caso de que éste se negara a cumplir con el resolutivo de la Corte de fecha 17 de noviembre de 2005, en el sentido de publicar la nulidad del Decreto de Expropiación referido, sin importar a Ministros y Jueces la suerte de la Cooperativa y de los cooperativistas, cuya tradición de lucha y esfuerzo es hoy un símbolo de los trabajadores mexicanos.

Pese a los múltiples esfuerzos del Gobierno de la Ciudad y de los propios cooperativistas de pagar el precio justo por los terrenos a través de la acreditación del cumplimiento sustituto de la sentencia, la Corte y el Poder Judicial Federal rechazaron la petición, con la interpretación de que la sentencia de la Corte, es solamente “declarativa” , pretendiendo con ello trasladar la responsabilidad de un posible desalojo y desmantelamiento de la Cooperativa a los Jueces Civiles del Distrito Federal, tratando de entrampar al Gobierno del Distrito Federal y salvar la imagen de la reaccionaria Corte que tenemos en el país. Pero la maniobra está al desnudo, confirmándose una vez más el carácter ilegal, antipopular e injusto de la Corte, como ha sido en tantos otros casos, verbigracia: anatocismo (intereses sobre intereses), controversias indígenas, radio monitor, RJP del IMSS, nivelación salarial de bachilleres, nueva Ley del ISSSTE, Lydia Cacho, agresiones sobre los pueblos de Atenco y Oaxaca y los juicios de decenas de presos políticos del país.

Estos actos confirman la acción concertada del Poder Judicial de la Federación con las políticas neoliberales del Gobierno Federal, para destruir la cooperativa Pascual y pretender su desalojo, por ello, la Unión de Juristas de México demanda una vez más del Gobierno democrático del Distrito Federal su apoyo para evitar el cierre y desmantelamiento de la Cooperativa, porque ello, afectaría a miles de trabajadores y socios cooperativistas y, llama a todos lo mexicanos patriotas a proveer a la Cooperativa de nuestra más amplia solidaridad, para salvaguardar una empresa social cien por ciento mexicana, que ocupa a más de 5 mil trabajadores y genera una cadena productiva que abarca a más de 50 mil personas.

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