SONORA Y EL NARCO.

Sonora en manos del narcotráfico

Erika Ramírez
El mapa de las drogas en México revela a Sonora como la región con mayor presencia del narcotráfico. Según el estudio, el crimen organizado se ha asentado en 25 municipios de dicho estado, donde impera la violencia y la corrupción de las autoridades.

Sonora es el estado con más municipios dominados por el narcotráfico; sin embargo, los operativos de seguridad que arrancaron con la administración de Felipe Calderón para combatir a este flagelo no han tocado la región que gobierna actualmente el priísta Eduardo Bours Castelo.

De acuerdo con el estudio de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) denominado El mapa de las drogas en México, de la autoría de Carlos Resa Nestares, consultor de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Delincuencia, en Sonora está asentada la mayor presencia del narcotráfico del país, pues de los 100 municipios con más habitantes dedicados al narcotráfico, esa entidad concentra 25 cabeceras municipales.

El análisis español señala que la circunscripción de Naco, ubicada al noreste de la entidad, encabeza la lista de una centena de ayuntamientos en donde se encuentra la residencia habitual de los sentenciados por producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos por cada 100 mil habitantes.

Le sigue Onavas, con la segunda posición, localizado al sureste de Sonora, y en tercer lugar se encuentra San Vicente Coatlán, en Oaxaca. El ayuntamiento de Guerrero en Tamaulipas ocupa el cuarto sitio, y nuevamente los municipios de Sáric, Imuris y General Plutarco Elías Calles, en Sonora, llegan hasta el séptimo de los 10 primeros lugares.

Antes de llegar al sitio 20, Sonora tiene registrados siete cabildos: Yécora, Altar, Nogales, Rosario, Bacerac, Puerto Peñasco y Bavispe. Luego, según la investigación, se ubican Agua Prieta, Álamos, San Luis Río Colorado, Bacoachi, Santa Ana, Caborca, Nácori Chico, Cananea, Magdalena, Navojoa, Cajeme, Pitiquito y Banámichi.

Luis Gerardo Serrato Castell, secretario de la Comisión de Seguridad Pública por el Partido Acción Nacional del estado de Sonora, señala que la inseguridad y el crimen organizado son “el lado flaco del gobernador Bours”, quien no ha podido abatir estos problemas.

“Nosotros hemos solicitado que los operativos de combate al narcotráfico se lleven a cabo también en Sonora. El senador Guillermo Padres Elías que ya lo pidió formalmente, y yo me sumé a dicha solicitud en mi carácter de secretario de la Comisión de Seguridad Pública.”

Serrato Castell advierte que ha habido muchos actos violentos en el estado, mismos que han afectado a la comunidad, por lo que exige se lleven a cabo este tipo de operativos. El estado tiene muchos problemas que son focos amarillos, tendientes a rojos, prácticamente desde que inició el gobierno de Eduardo Bours.

El legislador panista dice que “ya solicitamos el apoyo del gobierno federal ante la falta de resultados por parte del estado. El narcotráfico es el lado flaco de la administración estatal y veo un problema serio de falta de coordinación”.

Al conocer la estadística realizada por el investigador de la universidad española, Rodrigo Medina de la Cruz, presidente de la Comisión de Seguridad Pública por el Partido Revolucionario Institucional, señala que es “alarmante” ver que en ciertos estados o municipios se lleven a cabo este tipo de actividades ilícitas, por lo cual habría que tomar medidas emergentes.

No obstante, el legislador priísta defiende la administración de Bours Castelo y detalla que el problema de la inseguridad no es privativo de una sola entidad. “No debemos etiquetar a una sola persona este problema”.

La inseguridad y el narcotráfico “han crecido porque no hemos sido capaces, sobre todo en el sexenio de Vicente Fox, de encabezar una gran cruzada nacional para poder convertir a todos los actores en parte de la solución y no del problema.

“Necesitamos que parte de la coordinación sea efectiva, no en un solo estado sino en toda la República, que el gobierno federal se convierta en ese líder nacional que pueda sentar en la mesa a los diferentes gobernadores y regidores y los pueda sacar adelante a todos, agrega.

Medina De la Cruz critica que la lucha contra el narcotráfico no nada más se va a dar con otorgar más recursos y discursos. “Hay que demostrar y comunicar a la ciudadanía que esto se está atendiendo con acciones contundentes que se transformen en una mejor calidad de vida para las personas”.

El legislador priísta agrega que las posiciones de los municipios relacionados con el narco que muestra la investigación de la UAM española no hace a Sonora un estado en el que prive la inseguridad y el crimen organizado.

“También estamos viendo como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y muchos otros estados de la República tienen este problema. No considero que lo más inteligente sea atacar a una persona o achacar el problema hacia una sola institución. Todos hemos permitido que esto se incremente, sobre todo las autoridades pertinentes”, dice.

Para Armando Barreiro Pérez, secretario de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), “no es una novedad que los estados del norte y que en particular Sinaloa y Sonora hayan estado sometidos al flagelo del narcotráfico. Ello es un indicador más de cómo han fracasado las políticas de seguridad pública que instrumenta el Estado”.

Las cifras

El estudio del español Carlos Resa, miembro de la International Association for the Study of Organized Crime, señala que en Sonora por cada cien mil habitantes hay 143.57 sentenciados –por producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos–.

De acuerdo con el cuadro Densidad de narcos según estados, le siguen Baja California, con 135.97 personas; Sinaloa, 121.13; Chihuahua, 117.13; Baja California Sur, 100.46; Nayarit, 89.22; Colima, 86.43; Durango, 56.33; Tamaulipas, 53.79; y Michoacán, con 50.98 entre los 10 primeros estados.

Mientras Sonora ocupa el primer lugar a nivel estatal, Tijuana, Baja California, es la ciudad que tiene a más personas consignadas por cada cien mil habitantes. Le siguen Ciudad Juárez (Chihuahua) con 133.16; León (Guanajuato), 71.73; Guadalajara (Jalisco), 70.76; Zapopan (Jalisco) 39.56; Monterrey (Nuevo León), 33.30, Distrito Federal, 17.63, Nezahualcoyotl (Estado de México), 12.40; Puebla, 9.50 y Ecatepec (Estado de México) con 8.94.

Acciones para legitimar

Armando Barreiro Pérez, secretario de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados por el PRD, hace un balance de las acciones que puso en marcha el ejecutivo federal para el combate al narcotráfico y descarta que se vayan a lograr resultados favorables de alto alcance, pues los operativos han servido para que el presidente Felipe Calderón intente legitimarse y para polemizar la problemática.

El legislador perredista hace referencia a las declaraciones que hizo el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, quien afirmó el pasado 12 de febrero que se llevaba a cabo una investigación al alcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, por su presunta vinculación con el narcotráfico en la región.

“Parece que igual que en el sexenio anterior, con el programa que se llamó México Seguro, no ha tenido el efecto que mediáticamente nos han dicho, si no que están siendo en algunos puntos contraproducentes, porque son aprovechados para politizar el combate en contra del crimen organizado”, dice.

“A este tipo de declaraciones hay que agregar que no ha habido los resultados esperados, por lo que los legisladores del PRD consideramos que deben someterse a revisión los operativos. Y ya desde hace unas semana estamos solicitando la comparecencia del secretario García Luna ante esta Cámara”, agrega Barreiro Pérez.

El secretario de la Comisión de Seguridad Pública por el PRD señala que es a través de los efectos mediáticos que el presidente Felipe Calderón intenta legitimarse. “Esa va a ser la tendencia, debido a la necesidad que tiene su gobierno espurio”.

El investigador Resa Nestares coincide con el legislador perredista, pues señala que el mensaje del presidente con estos operativos es “soy el nuevo presidente, con una legitimidad escasa, así que opto por enfrentarme a un enemigo fácilmente manipulable ante la opinión pública: la industria de las drogas. Nada nuevo. Todo muy aparatoso, pero con nulos efectos reales, fuera de los publicitarios para el nuevo gobierno”.

Agrega que “para combatir el "flagelo" de las drogas, las medidas son inocuas. La presencia física del Ejército reduce el ejercicio de la violencia en ciertos lugares. Pero, conociendo que la violencia no es una parte intrínseca sino un subproducto de la industria de las drogas, combatir sus efectos no tiene porqué generar ningún efecto sobre la industria en su conjunto”.

Luego de ser consultado sobre las posibles implicaciones sociopolíticas previsibles en esta materia, el académico español concluye: “Ninguna. La población por abrumadora mayoría, pero con excepción de una minoría muy ruidosa, está a favor de una mayor participación de las fuerzas armadas en la represión de la industria de las drogas y de la delincuencia en general, con lo cual es cumplir con los deseos de la mayoría. La industria de las drogas seguirá sin cambios”.

Sufre Sonora el cacicazgo de Bours

Zósimo Camacho
Las agresiones contra periodistas y medios de comunicación en Sonora son el corolario de casi cuatro años de atentados contra las garantías individuales y los derechos humanos en la entidad. A decir de legisladores federales -quienes denuncian haber sufrido “en carne propia” el atropello a sus derechos-, el gobierno encabezado por el empresario Eduardo Bours “no tolera” las críticas ni las opiniones contrarias a él y sus intereses.

Al asumir el gobierno del estado, luego de una cuestionada elección que supuestamente ganó con menos de un punto porcentual (7 mil 900 votos), Eduardo Robinson Bours Castelo comenzó una soterrada campaña para minimizar las acusaciones de fraude electoral y desterrar de los medios de comunicación las críticas a su gobierno. A las publicaciones que intentaron mantenerse independientes sencillamente se les negó la publicidad del gobierno estatal y del sector privado.

Sin embargo, fue hasta el 2 de abril del año pasado -con la desaparición de Alfredo Jiménez Mota, reportero del diario El Imparcial- cuando los medios de comunicación del resto de la República comenzaron a poner atención a lo que ocurría en Sonora. El periodista, quien tenía 26 años cuando se le vio por última vez y había publicado una serie de reportajes sobre las bandas del narcotráfico, estaba a punto de divulgar los nexos de la clase política gobernante con la banda de “Los Números” o “Los Güeros”.

Según un reportaje de Alejandro Gutiérrez, publicado en la revista Proceso, Jiménez Mota investigaba las relaciones del capo Raúl Enríquez Parra con Ricardo Bours, hermano del gobernador. Este mismo reportaje provocó que la edición 1577 no circulara en la entidad, pues misteriosamente fueron comprados todos los ejemplares antes de que se pusieran a la venta.

A la revistas Contralínea nacional y Contralínea Sonora les ocurrió lo mismo durante las últimas ediciones. Pero las agresiones subieron de nivel después de haber divulgado una conversación entre funcionarios de la administración de Bours que descubre la existencia de una unidad de espionaje (el C-4) al servicio del gobernador.

Así, cuando estaba a punto de distribuirse la edición donde se denunciaban los embates del gobierno estatal contra los indígenas comca’ac con el objetivo de arrebatarles la Isla Tiburón, el distribuidor de la revista en la entidad, Mauricio Capdeville, y su chofer Ricardo Ramírez fueron detenidos arbitrariamente por agentes del gobierno de Eduardo Bours (ver Contralínea Sonora de febrero de 2007).

“Esto viene desde hace tiempo y no vemos que (el gobernador) busque rectificar”, dice el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Padres Elías. Agrega que las agresiones contra los periodistas y los medios de comunicación en el estado no son hechos aislados, sino parte de toda una “actitud” con la que gobierna Bours Castelo. “El problema de la libertad de expresión se suma a la falta de transparencia y a la violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

En esto coincide su correligionario y también senador por Sonora Javier Castelo Parada, quien añade que a los propios legisladores -quienes gozan de fuero- Eduardo Bours les ha “coartado el derecho a opinar”. Ejemplifica con la censura a un spot televisivo después de las pasadas elecciones federales y la “explicación” del gobernador.

“Yo traía un spot en la televisión del estado y en los canales de Televisa sobre lo que pensaba de las reformas estructurales. El gobierno me lo vetó. Entonces hablé con el gobernador. Le dije que era un error de su parte censurar mi opinión política. Él me replicó que no quería que se politizara el canal del estado. Pues ciérralo, le dije, porque no quieres que se politice pero nada más hablan de ti. Finalmente me señaló que ya era una decisión tomada.”

A regañadientes, la Ley de Transparencia

Para el senador Padres Elías el acoso contra la prensa, la falta de transparencia en el ejercicio de gobierno y las violaciones a los derechos humanos en el estado son “señales” de que el gobierno tiende a imponer una “política pública dura, rígida, algo que no debemos permitirlo”.

Y es que para el legislador no fue casualidad que a pesar de que la mayoría de las entidades federativas cuentan desde 2002 con una ley de transparencia, por reticencias de Eduardo Bours Sonora tuvo la propia hasta 2006. Destaca que la mayoría de los diputados del Congreso local habían logrado acuerdos, pero fue precisamente el gobernador quien retrasó la entrada en vigor de la normatividad.

“Y ahora que ya está en vigor, niega, sin más, la información”, señala en alusión a los diferendos que mantiene el gobierno del estado con el diario El Imparcial precisamente por las solicitudes de información que el gobierno se ha negado atender.

Castelo Parada añade que no sólo a los periodistas sino también a los legisladores locales se les niega la información. Ante cualquier solicitud, la administración de Bours contesta que tiene carácter de “reservada”.

En efecto, los legisladores de oposición en el Congreso sonorense ni siquiera tienen derecho a saber el monto total y desglosado de los recursos públicos que el gobierno estatal entrega a organizaciones no gubernamentales.

“Para tranquilidad del propio gobierno, debería decirlo y no esconderlo. Es clara la cerrazón del gobierno de Sonora y la negativa a respetar y aceptar la libertad de expresión y de prensa. Incluso ni respeta el fuero que a los legisladores nos otorga la Constitución”, advierte Javier Castelo Parada.

Agrega que a tres años y medio, el gobierno de Eduardo Bours se ha caracterizado por no responder a los intereses del estado y de la sociedad que supuestamente representa.

“El ejercicio del poder ha sido personal e intolerante. Parece que no se da cuenta que vivimos en un mundo plural. Desde un inicio siempre tuvo en mente el control político y el máximo beneficio para su partido. Hay que recordar que su victoria fue muy cerrada. Ya no vamos a cuestionarla porque los órganos electorales avalaron su triunfo; pero recordemos que hubo exceso de recursos utilizados, por no abundar en otras irregularidades.”

“El tema de la libertad es muy atractivo”

Por su parte, el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alfonso Elías Serrano rechaza que en Sonora se atente contra la libertad de expresión. En entrevista, el secretario de la Comisión de Seguridad Pública -y a quien se le ubica como parte del mismo grupo político que Eduardo Tours- sale en defensa del accionista mayoritario de Bachoco. Pausadamente, aquilata cada una de las palabras de su alegato.

“El tema de la libertad de prensa es muy atractivo y el espíritu de los senadores es proteger y abogar por él. Sin embargo, lo expuesto por el senador Padres distorsiona la realidad de lo que se vive en Sonora: afirma que se están violando las garantías individuales; pero yo, como ciudadano sonorense, te puedo decir que hay libertad de expresión y se respetan plenamente los derechos.”

–Hay denuncias puntuales de El Imparcial, Proceso y Contralínea, medios que señalan que han sido objeto de acoso, amenazas y de obstaculizar su labor informativa.

–En ese punto específico, donde hay controversia, sería mejor darle confianza a las autoridades para que se resuelva desde un punto de vista jurídico e imparcial. No es el ánimo del gobierno del estado poner obstáculos al derecho a la información.

El legislador federal dice tener la convicción de que el gobierno del estado está “interesado en respetar y proteger la libertad de prensa”.

El otro senador priísta de origen sonorense, Manlio Fabio Beltrones, prefirió no opinar sobre el tema. La rivalidad que el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República mantiene con Eduardo Bours, le ha valido ser sospechoso de filtrar información “incómoda” para el gobernador. Beltrones simplemente eludió el tema.

El senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Leonel Godoy Rangel, secretario de la Comisión de Justicia y presidente de la de Reforma del Estado, señala que “todo funcionario público, y con mayor razón los titulares de los Ejecutivos municipales, estatales y federal, están obligados a mantener un respeto irrestricto a la libertad de expresión en cualquiera de sus manifestaciones. Es condenable cualquier intento de censura”.

Bours debe respetar: Senado de la República

El 8 de febrero pasado el senador Guillermo Padres Elías subió a tribuna para proponer un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar al gobierno de Sonora a que “en estricto apego a la Constitución Política garantice los derechos fundamentales de información, libertad de expresión y de prensa”.

Pero también a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas “para que ejerza la facultad de atracción respecto de los hechos ocurridos en contra de los periodistas del diario El Imparcial y las revistas Contralínea nacional y Contralínea Sonora”.

El exhorto también fue al Ejecutivo federal para que, a través de las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, “tomen medidas necesarias a efecto de vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales, salvaguardar y proteger la integridad de los periodistas”.

La propuesta también estuvo firmada por la senadora del PRD Rosario Ibarra. A favor de la propuesta habló el perredista Ricardo Monreal y el panista Javier Castelo Parada. Monreal dijo que “no podemos permitir que los gobernadores se conviertan en caciques. De ninguna manera lo vamos a admitir”.

El punto de acuerdo fue aprobado abrumadoramente con la abstención del Partido Revolucionario Institucional.