Rivera Carrera “conspiró” para proteger al pederasta Nicolás Aguilar

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Lo hizo con la diócesis de Tehuacán y el cardenal Mahony: defensa de Joaquín Aguilar

Rivera Carrera “conspiró” para proteger al pederasta Nicolás Aguilar

Ocultó información relativa a los abusos sexuales contra menores cometidos por ese sacerdote

Alma E. Muñoz

La defensa jurídica de Joaquín Aguilar, demandante del cardenal Norberto Rivera Carrera ante la Corte Superior de California, argumentó el pasado 25 de septiembre ante ese tribunal que el prelado mexicano participó, junto con la diócesis de Tehuacán y el cardenal Roger Mahony, arzobispo de Los Ángeles, en una “conspiración” para “ocultar” información relativa a los abusos sexuales contra menores cometidos por el sacerdote Nicolás Aguilar Rivera.

Tras integrar un archivo de alrededor de mil 700 páginas para demostrar que la corte de California tiene jurisdicción para enjuiciar al prelado mexicano, denunció que los religiosos respondieron a las órdenes que en 1922 y 1962 emitió el Vaticano a los jerarcas católicos de todo el mundo para “manejar en secreto” los casos de abuso sexual por parte de sacerdotes y evitar escándalos sobre la Iglesia.

Alertas confidenciales

Jeff Anderson y Asociados, el bufete defensor de Joaquín Aguilar, una de las víctimas del padre Nicolás Aguilar Rivera, resaltó que los religiosos omitieron “avisar o advertir a los niños, padres o representantes de la ley en Los Angeles” sobre la conducta del pederasta. “De hecho, las advertencias que enviaron (Rivera Carrera y Mahony) fueron alertas internas confidenciales, dirigidas únicamente a otros funcionarios católicos”.

En específico, manifestó que el cardenal mexicano “envió a un abusador de menores a California, donde trabajó y abusó de docenas de niños, dejando en sus víctimas daños profundos para el resto de sus vidas”, como depresión, ansiedad e intentos de suicidio.

Además, al igual que la diócesis de Tehuacán, a la cual pertenece como sacerdote Nicolás Aguilar, “se involucró en una conspiración con los acusados californianos (Roger Mahony y la Arquidiócesis de Los Ángeles), que ha empleado un patrón continuo y una práctica que operó en California para transferir a Aguilar y darle un nuevo encargo en un país diferente cada momento en que era sorprendido abusando de niños”.

La parte demandante también planteó que los representantes de la institución católica “violaron” las leyes penal y migratoria de Estados Unidos. En el primer caso, Mahony y su vicario general, Thomas Curry, por no reportar a la autoridad policiaca correspondiente las denuncias que en contra del presbítero recibieron por vejaciones a por los menos 18 monaguillos de las dos parroquias de la Arquidiócesis de Los Angeles donde ofició, cuando el presbítero mexicano fue autorizado por el entonces obispo de la Diócesis de Tehuacán, Norberto Rivera Carrera, para continuar allá su ministerio.

Y en el segundo caso porque Nicolás Aguilar pidió a Rivera Carrera que en la renovación de su segundo permiso para continuar como sacerdote en la Arquidiócesis angelina redactara la carta requerida por las autoridades migratorias como si fuese autorización otorgada por primera vez.

Aunque se consigna que el jerarca católico mexicano no respondió al respecto, para los abogados de la parte acusadora su actitud fue considerada parte de una “conspiración” para encubrir la violación a las normas estadunidenses.

Entre los documentos entregados al juez del caso, Elihu M. Berle, están los interrogatorios judiciales a que fueron sometidos los dos cardenales, Thomas Curry y el obispo de Tehuacán, Rodrigo Aguilar Martínez, a partir de la denuncia interpuesta por Joaquín Aguilar en el tribunal angelino el 19 de septiembre de 2006.

En el interrogatorio correspondiente a Rivera Carrera, aplicado en la Arquidiócesis de México el 8 de agosto pasado –cuya transcripción abarca 177 páginas–, al cardenal se le inquirió sobre la agresión física a Nicolás Aguilar, en 1986, presuntamente propinada por varios jóvenes. El presbítero fue hallado en la casa parroquial con la cabeza rota y enmedio de un charco de sangre. El hecho ocurrió cuando era responsable de la parroquia de Cuacnopalan, en Tehuacán, escándalo que motivó su traslado a Los Ángeles.

Respondió que “un grupo de personas de ese pueblo me informó que Aguilar fue golpeado por algunas personas jóvenes. Pero quizás no jóvenes, algunos muchachos”. Y que la agresión fue resultado de una “venganza” porque el presbítero “había corrido a algunas personas” de terrenos que se utilizaron para ampliar los límites de la parroquia.

Planteó que después de ser alertado por la gente, “ese mismo día mandé llamar al padre para que me explicara lo que ocurrió. Me dijo que le había dado hospedaje a dos muchachos en su casa, que durmieron con él en la misma recámara y que esa noche se levantaron, lo golpearon y se salieron por la ventana”, argumento que por cierto se contradice con la primera declaración que por escrito entregó a la Corte, y con la carta que supuestamente envió a Roger Mahony el 23 de marzo de 1987, donde asentó que las sospechas sobre la homosexualidad de Nicolás no habían sido comprobadas.

A Rivera Carrera también se le preguntó si realizó una investigación en contra del sacerdote después de estos hechos y respondió: “No realicé ninguna, solamente recibí la información que me dieron”. Y con esa información, aseguró, “le dije al padre que la versión de los sucesos que me estaba dando no era creíble”.

–¿Por qué piensa que no era creíble?

–No es correcto que un sacerdote reciba en su recámara personas que no conoce, o que son desconocidos de él, así como me lo dijo.

Rivera Carrera manifestó que antes de dejar la diócesis de Tehuacán “nunca” promovió procedimientos canónicos ante el Vaticano en contra de Nicolás Aguilar para reducirlo al estado laico por su conducta.

También aseguró, en un primer momento, que no envió al presbítero acusado de abuso sexual contra menores a “alguna clínica de salud mental” para ser tratado, como tampoco le recomendó someterse a terapia. “Él decidió que se atendería”, contestó el prelado.

Sin embargo, el abogado encargado del interrogatorio, Robert Waters, le demostró al cardenal, y así se asentó en los documentos judiciales, que en su primera declaración en apoyo a la moción que su defensa presentó en febrero contra la jurisdicción, Rivera Carrera había asegurado que ordenó al presbítero buscar apoyo sicológico.

“¿Qué?”, expresó en respuesta el jerarca católico mexicano, ante la pregunta. Y cuando se la repitieron asentó: “Ah, sí es cierto que lo miraba muy perturbado”.

Waters le preguntó al cardenal cómo interpretaba el término “chamaco”, utilizado por testigos para referirse a los autores de la golpiza sufrida por Nicolás Aguilar en 1986, en el acta levantada ante el Ministerio Público correspondiente.

Respondió que eran “muchachos, gente de entre 18 y 30 años de edad”.

–¿Interpreta el término chamaco como un niño?

–No entiendo lo que me quiere decir con la palabra niño.

–Una persona menor de 18 años de edad.

–No.

–¿Considera que el término chamaco se refiere a un individuo mayor a los 18 años de edad?

–Así es como normalmente se dice aquí.

Documetal sobre el Vaticano y Abusos Sexuales





http://www.tu.tv/videos/abusos-sexuales-y-el-vaticano

Pemex pagará $47.2 millones por litigio con una empresa fantasma

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Abogados de la petrolera habrían recibido sobornos por $2 millones para que los demandantes ganaran

Se observan movimientos financieros irregulares en contratos de cesión de derechos

Empresarios panistas representaban a Orizzon HDI, que hizo operaciones fraudulentas

Alfredo Méndez y Roberto González/I

Un litigio civil que empezó hace tres años y concluyó en definitiva hace seis meses, tiene hoy a Petróleos Mexicanos (Pemex) en la antesala de un pago obligatorio de 47.2 millones de pesos por concepto de indemnización a la empresa Orizzon HDI Cruzamientos Direccionales, SA de CV.

A esa millonaria cantidad se le debe sumar el correspondiente impuesto al valor agregado (IVA), así como gastos financieros por concepto de erogaciones extraordinarias que realizó la compañía demandante, lo que podría elevar el pago hasta 100 millones de pesos, de acuerdo con abogados especialistas en materia civil.

El caso es emblemático porque representa un juicio en el que se revela que la paraestatal recibió de la empresa demandante al menos 2 millones de pesos por concepto de “gastos de negociación a Pemex”, además de que se evidencian movimientos financieros de “compañías fantasmas”, que presuntamente habrían defraudado al fisco.

Se trata de una demanda civil iniciada en la época en que Rogelio Montemayor Seguy estaba al frente de Pemex, y que la paraestatal ya definitivamente perdió en tribunales federales.

Los actores principales de esta historia son empresarios y abogados cercanos al poder. Uno de ellos es el abogado civilista Pedro Cuevas Garza, simpatizante del PAN que, de acuerdo con documentos expedidos por ese partido, aportó 100 mil pesos en 2005 para la campaña presidencial de Felipe Calderón.

Otro involucrado es Pedro Luis Pinsón Edelen, un empresario ligado al ex presidente Vicente Fox, quien además se prestó a una estrategia de presunta evasión fiscal, con el objeto de realizar una operación que favoreció a la empresa Orizzon HDI, que tenía su base en Monterrey, Nuevo León, pero que actualmente ya no existe, al menos en esa ciudad.

Documentos oficiales de Pemex que fueron entregados en la recepción de La Jornada en un sobre cerrado y sin remitente, revelan que la empresa Orizzon HDI –representada por Eduardo Silverio del Paso Maza y por Pedro Luis Eugenio Pinsón Edelen– realizó entre febrero de 2005 y marzo de este año presuntas operaciones irregulares para diluir pasivos y omitir el pago de los impuestos correspondientes, lo que le permitió declarar ante la Secretaría de Hacienda que en el año fiscal 2006 no tuvo utilidades.

La autenticidad de los documentos fue confirmada a este diario por fuentes de la paraestatal, que solicitaron el anonimato por temor a represalias.

Entre los movimientos financieros irregulares de esta compañía se tiene copia de dos contratos de cesión de derechos litigiosos. En uno se infiere que Pemex habría recibido sobornos por 2 millones de pesos de parte de Orizzon HDI y de los abogados Cuevas y Villarreal, lo que habría provocado que los abogados de la paraestatal no defendieran correctamente los intereses económicos de la misma, y que permitieran que los demandantes ganaran el litigio.

La cláusula segunda de uno de estos dos contratos firmado el pasado 15 de marzo entre Orizzon HDI y la supuesta empresa del ramo papelero Comercial Mil Acres (esta segunda compañía también es representada legalmente por Pedro Luis Pinsón Edelen, y su domicilio declarado en este contrato corresponde a un despacho de contadores en el Distrito Federal), establece que “como contraprestación la cesionaria (Mil Acres) asume la obligación de pagar por cuenta de la cedente (Orizzon) los pasivos a cargo de esta última, que a continuación se mencionan:

“1. Crédito a favor de Delta Lease N.V. por la cantidad de 100 mil dólares.

2. Honorarios lic. César Leza por 100 mil pesos.

3. Honorarios ing. De la Piedra por 80 mil pesos.

4. Honorarios Pedro Pérez por 150 mil pesos.

5. Honorarios ing. Francisco Castañeda por 200 mil pesos.

6. Honorarios Margarita Orihuela (auditora contable de Orizzon HDI) por 160 mil pesos.

7. Reembolso de gastos a Cuevas y Villarreal (abogados de Orizzon) por 2 millones 461 mil pesos.

8. Pasivo a favor de Talpa N.V. (empresa de accionistas holandeses) por 32 millones 630 mil 620 pesos.

9. Servicios contables y administrativos, SC por 4 millones de pesos.

10. Gastos de negociación Pemex por 2 millones de pesos.

11. El 4 por ciento de la cantidad total global que pague Pemex a los titulares de los derechos litigiosos del juicio citado en la declaración I. B del presente contrato a favor del Eduardo Silverio del Paso y Maza”.

La punta de la madeja

En febrero de 2004 comenzó el litigio civil contra la paraestatal. Ese año Orizzon HDI demandó por la vía civil a Pemex Gas y Petroquímica Básica y le exigió una indemnización de 44 millones 21 pesos por concepto de reparación del daño económico.

Según consta en el expediente entregado a este diario de manera anónima, el 22 de junio de 2000, mediante el contrato de adjudicación directa número PGPB-SD-GRM-0019, Pemex requirió los servicios de la empresa Orizzon HDI para colocar 900 metros de tubería bajo el lecho del río Tecolutla, en Veracruz.

El contrato avalaba el pago de 50 millones 100 mil 996 pesos y fue firmado por Claudio Urencio Castro, entonces subdirector de ductos de Pemex, y Tomás Carlos Iglesias Ferrera, en su carácter de apoderado legal de la empresa privada.

Orizzon HDI (que cuenta con capital de empresarios holandeses agrupados a su vez en la empresa Talpa NV, y cuyo representante de los accionistas es Pedro Luis Pinsón Edelen) empezó los trabajos respectivos, pero se encontró con un imprevisto: los gastos para este proyecto superaron lo acordado entre Pemex y la empresa privada, porque la paraestatal omitió previamente hacer un estudio de los estratos bajo el lecho del río.

Esta omisión ocasionó gastos y trabajos extraordinarios a la compañía contratista, supuestamente por un monto superior a los 44 millones de pesos, según cálculos elaborados por el ingeniero contratado por Orizzon, José Francisco Castañeda Báez, mismos que fueron avalados por autoridades judiciales.

Como Pemex no quiso pagar a la contratista los gastos extraordinarios, Orizzon HDI determinó demandarla. Así comenzó en 2004 un litigio que concluyó en definitiva en marzo pasado, cuando la paraestatal que ahora encabeza Jesús Reyes Heroles González Garza perdió el último recurso jurídico que tenía para impugnar la indemnización.

La sentencia contra Pemex

Una vez comenzado el juicio civil 106/2004 en el juzgado tercero de distrito de esa materia, que encabeza la juez Edith Alarcón Meixueiro, el ingeniero Eduardo Silverio del Paso y Maza contrató, el 8 de marzo de 2004, los servicios del despacho jurídico Cuevas y Villarreal, fundado en 1985 por los abogados Pedro Cuevas Garza y Guillermo Villarreal Torres, ambos egresados de la Escuela Libre de Derecho.

Según consta en un listado elaborado por el Partido Acción Nacional (PAN) para llevar un registro contable de las aportaciones de sus simpatizantes durante la campaña presidencial de Felipe Calderón, el primero de septiembre de 2005 el abogado Cuevas Garza donó 100 mil pesos al partido blanquiazul.

Luego, este despacho jurídico erogó diversos gastos derivados de la tramitación judicial del litigio contra Pemex, hasta por 2 millones 461 mil pesos.

El 15 de febrero de 2005, Eduardo Silverio del Paso Maza, de Orizzon HDI, y los abogados Cuevas y Villarreal, acordaron un contrato de cesión de derechos litigiosos, que le significó a los litigantes ganar 50 por ciento de los 47 millones 235 mil 173 pesos más IVA y gastos financieros.

El primer fallo judicial que puso contra la pared a la paraestatal lo dio la juez Alarcón el 2 de diciembre de 2005. La condena fue una indemnización por 26 millones 824 mil 859 pesos.

Los abogados de Orizzon apelaron del fallo, y el 24 de noviembre de 2006 obtuvieron del magistrado unitario civil José César Flores Rodríguez (antes juez segundo de distrito de procesos penales del Reclusorio Norte) la sentencia de indemnización a la que hoy está obligado Petróleos Mexicanos.

El último recurso jurídico que le quedó a la paraestatal fue el amparo directo, el cual perdió el 20 de marzo pasado, y con ello el juicio causó estado, por lo que la sentencia tendrá que ser cumplida.

De esta manera, ahora Pemex no tendrá más que cubrir la indemnización o incurrirá en desacato judicial.

Con información de David Carrizales, corresponsal

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