DEL PROCESO.

La nueva guerra sucia.
josé gil olmos México, D.F., 18 de julio (apro).-

Nadie sabe de ellos no obstante que ya tienen un mes y medio desparecidos. Nadie sabe el paradero de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, y ninguna autoridad se hace responsable.

La gravedad del asunto es que, con este hecho, se hace evidente el inicio de una nueva guerra sucia, pero con las mismas tácticas de entonces: persecución, tortura y desaparición de disidentes políticos, una práctica ilegal que el PAN vienen a repetir como gobierno, al igual que lo hizo el PRI durante 40 años.

Felipe Calderón ha comenzado a dar muestras de ser un político intolerante, de oídos cerrados a la oposición política. Su voluntarismo es más que evidente cuando se presentan hechos como la desaparición de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), que acusó a los cuerpos de seguridad del Estado de la detención y tortura de dos de sus más importantes militantes.

El problema de esta actitud es lo que ha provocado; esto es, que por primera vez, quizá desde hace una década, los grupos guerrilleros se han unido para defender a sus dos compañeros y han anunciado que harán actos de hostigamiento en demanda de que sean presentados con vida.

La Brigada Mixta Guillermo Prieto; las Milicias Insurgentes Ricardo Flores Magón; el Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres-Comando Justiciero 28 de Junio; el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos; las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), ya anunciaron, en comunicados, que participarán en la campaña nacional de hostigamiento militar en demanda de la aparición con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.Leer más...

EPR: Calderón reactivó el Campo Militar número Uno
verónica espinosa

* Aseguran tener pruebas de que los dos eperristas desaparecidos, están en manos de militares

Guanajuato, Gto., 18 de julio (apro).-

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) denunció que el gobierno de Felipe Calderón reactivó el Campo Militar número Uno “para la tortura y encierro de presos políticos”; aseguró que cuenta con pruebas para confirmar que dos de sus compañeros detenidos-desaparecidos están “en manos de militares”; negó ser un grupo terrorista, y confirmó que tiene presencia en territorio guanajuatense.

Por medio de un comunicado, el tercero desde los ataques contra instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Guanajuato y Querétaro, el EPR exige nuevamente la presentación con vida de sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos el pasado 25 de mayo.

El grupo armado ratifica su responsabilidad en los ataques contra Pemex los días 5 y 10 de julio, pero aclara que no es un grupo de delincuentes, mucho menos de terroristas: “La amenaza de muerte latente contra nuestros compañeros y la ofensiva fascista de este gobierno contra el conjunto del movimiento popular, nos obligan a recurrir al legítimo derecho de la autodefensa como una forma más de lucha. Respuesta lógica ante la violencia institucional.”

Agrega que dicha violencia institucional no sólo fue característica de los gobiernos priistas, sino que estuvo presente durante el sexenio de Vicente Fox y “ahora lo hace Calderón”.Leer más...

Empresa estadunidense diseñó el Plan Maestro de Infraestructura de Calderón.
daniel lizárraga México, D.F., 18 de julio (apro).-

El Plan Maestro de Infraestructura, presentado hoy por el presidente Felipe Calderón, fue diseñado por la filial mexicana de la consultoría estadunidense McKinsey Company.

De acuerdo con el contrato 026/2006 esa firma cobró 2 millones 300 mil pesos por el estudio encargado por el equipo de Calderón durante el periodo de transición. El cheque, salió del fideicomiso público abierto en Banjército y fue entregado a los empresarios el 8 de diciembre del pasado 2006, según consta en las copias del archivo integrado por Proceso mediante la Ley Federal de Transparencia.

“Costo de nuestros servicios de consultoría presentados del 2 de octubre al 30 de noviembre del 2006, con relación al estudio denominado Integración del Plan Maestro de Infraestructura”, indica la factura.

El desembolso fue autorizado por María del Carmen Urzaiz en su calidad de representante del equipo calderonista en el Comité del Fideicomiso para la Transición, en el cual también participaron funcionarios de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, al final del sexenio de Vicente Fox.

Otra de las firmas que aparecen en los documentos –el contrato, la propuesta técnica, la factura y el cheque correspondiente-- es la de Dionisio Pérez Jácome, quien se desempeñó como el principal responsable del área Político Económica en el equipo de transición, y ahora se despacha como coordinador de asesores de Calderón.Leer más...