DEL PROCESO SEMANAL

Las gangas foxistas

Jesusa Cervantes y Juan Pablo Proal





La tercera comisión legislativa que investiga a las dependencias que pudieron beneficiar a los hijos de Marta Sahagún en el sexenio de Fox acaba de recibir documentos reveladores. Se trata ahora de todos los detalles sobre la subasta de un fideicomiso que el IPAB decidió a favor de la multicitada firma Construcciones Prácticas. Otra vez, el dueño de esta empresa, Miguel Khoury Siman, socio de Manuel Bribiesca Sahagún en varios negocios, consiguió beneficios excepcionales, pues sólo tuvo que desembolsar 1.5 millones de pesos para obtener una ganancia superior a los 200 millones…

Los millonarios beneficios que presuntamente obtuvieron los hijos de Marta Sahagún durante el sexenio de Vicente Fox parecen no tener fin. Nuevos documentos revelan que en la última subasta del IPAB a favor de Construcciones Prácticas, Miguel Khoury Siman –propietario formal de esta empresa, así como amigo y socio de Manuel Bribiesca Sahagún en otros negocios– obtuvo una ganancia de por lo menos 200 millones de pesos con un mínimo desembolso de 1 millón 560 mil pesos. Previamente, al propietario original del bien subastado, Alfredo Miguel Afif –también amigo de Manuel Bribiesca Sahagún y a quien éste ha defendido en diversas ocasiones–, se le habían cancelado adeudos de poco más de 600 millones de pesos que fueron absorbidos por el Fobaproa. Pero la historia completa está cobrando forma gracias a documentos que, de manera anónima, llegaron a la tercera comisión especial creada para investigar a las dependencias federales que pudieron haber beneficiado directa o indirectamente a los hijos de Marta Sahagún de Fox. Elías Cárdenas Márquez, diputado por Convergencia y presidente de la nueva comisión especial, tiene en su poder el documento del fideicomiso que la familia de apellidos Miguel Afif firmó con Bancrecer el 16 de diciembre de 1998 y que fue a parar a la panza del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) cuando Bancrecer fue intervenido. El caso es que más tarde, en febrero de 2001, el banco dividió sus activos en “malos” y “buenos”. Los “malos” quedaron en manos del heredero del Fobaproa, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), e incluyeron los bienes muebles e inmuebles y las carteras litigiosas, es decir, los créditos que las personas adeudaban a Bancrecer y que no pudieron pagar. Y ya para el 15 de junio de 2004, el IPAB –que justamente ocupa en la Zona Rosa del Distrito Federal un lujoso edificio que formaba parte de los créditos “malos” de Bancrecer– subastó, bajo el título de paquete “H”, el fideicomiso conformado entre el banco y los Miguel Afif. Aunque la segunda comisión –creada por los legisladores para investigar los escandalosos negocios de los hermanos Bribiesca Sahagún– nunca supo cuál era exactamente el contenido del paquete “H” subastado, la tercera comisión no sólo tiene por fin en su poder el documento del fideicomiso mencionado, sino también el contrato de “cesión onerosa de derechos” a favor de Construcciones Prácticas. En la escasa información que el IPAB aceptó entregar a la segunda comisión se había asentado que el paquete “H” tenía un valor en libros de 114 millones 696 mil 980 pesos, aunque no detallaba cuáles fueron las acciones del fideicomiso que se tomaron en cuenta para dar como resultado ese valor. Sin embargo, la tercera comisión ya tiene en su poder, además del contrato de cesión de derechos, el “acta de entrega-recepción con el contenido del paquete” y “el acta de entrega-recepción de expedientes de crédito y jurídico e información adicional”. Ahí, en el punto II, se establece claramente que el 23 de junio de 2004 Bancrecer –para esa fecha denominado ya también “Banorte”en los documentos por las fusiones realizadas– celebró con Construcciones Prácticas el contrato de cesión onerosa de créditos y derechos litigiosos, y se precisa que la operación “comprendió diversos créditos”. Ahora bien, un análisis pormenorizado del fideicomiso, base de la subasta del IPAB, revela que existían 13 tipos de acciones que conformaban el Grupo Infomin, propiedad de la familia Miguel Afif, e inclusive en un anexo se estipulan los valores de “los inmuebles fideicomitidos” y el valor de cada uno de los grupos de acciones. Los bienes fideicomitidos eran las empresas Textiles Miguel, ubicada en Puebla, y Texsanta, localizada en el Estado de México, incluyendo los terrenos donde se asientan, y una serie de acciones que varios miembros de la familia Miguel Afif tenían a su nombre. Así mismo, el fideicomiso incluía un paquete de acciones (1 millón 506 mil) que eran propiedad de Bancrecer y que el propio banco había cedido para que formara parte de todo el paquete. Cada acción tenía, en 1998, un valor de 10 pesos. El resto de los accionistas disponía de paquetes de acciones que, según la empresa textilera de que se tratara, valían cinco o 10 pesos. Sumado el valor de las acciones de la familia más los inmuebles (terrenos donde se ubican las dos empresas), así como las acciones Infomin que Bancrecer había cedido al fideicomiso, dan un total de 343 millones 391 mil 975 pesos. Pese a todo, al firmar el fideicomiso con la familia Miguel Afif, Bancrecer asignó un valor de 3.88 por acción, lo que redujo notablemente el valor del fideicomiso a 218 millones 463 mil 592 pesos. Si se toma este valor como el último, entonces Construcciones Prácticas adquirió un derecho litigioso de dichas acciones de poco más de 200 millones de pesos ¡a sólo 1 millón 560 mil pesos! Los enredos del IPAB La secrecía con que el IPAB manejó la información, y el hecho de que no entregó todos los documentos a la segunda comisión, arroja más dudas aún sobre qué fue lo que tomó en cuenta para subastar el paquete “H”. Y es que, según los escasos documentos presentados a la segunda comisión, el valor en libros del paquete en el año 2004 era de 114 millones 696 mil 980 pesos. Lo que llama la atención es que, en la documentación que le llegó a la tercera comisión se establece que únicamente se valuaron las acciones Infomin que Bancrecer había cedido al fideicomiso firmado en 1998. Es decir, se tomaron en cuenta 1 millón 506 mil acciones dándoles ese mismo valor, de 114 millones 696 mil 980 pesos, la cifra con la que se puso en subasta. La pregunta es: ¿Por qué no se tomaron en cuenta los valores del resto de las acciones repartidas entre la familia Miguel Afif? De haberlo hecho el IPAB, el valor de la subasta se hubiera duplicado. Peor aún, y como prueba de que el fideicomiso superaba con mucho la cifra en que se puso en subasta, en la página 28 del documento, donde se da el derecho primero de opción de compra o recuperación a la familia Miguel Afif, se fija un precio: 16 millones 542 mil 435.03 dólares, que a un tipo de cambio de 10 pesos representarían poco más de 160 millones de pesos. En consecuencia, la tercera comisión se pregunta por qué el IPAB valuó a un precio mucho menor. Por otra parte, dentro del fideicomiso se halla la empresa textilera Texanta, S.A. de C.V. La subasta por parte del IPAB se realizó el 15 de junio de 2004, pero todavía en el primer trimestre de 2003 Texanta aparece como proveedora de la Secretaría de la Defensa, con tres contratos, y según notas periodísticas dicha empresa entró en huelga desde octubre de 2002. En un boletín de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje fechado el 15 de julio de 2005, y en otro del 23 de noviembre del mismo año, esa firma aparece con una demanda laboral que en su contra interpuso el Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil de la Confección, Similares y Conexos de la República Mexicana, bajo los expedientes CF.111-2542 y 111-793 de los años 2003 y 2004, respectivamente. Los 180 trabajadores de Texanta demandaban el pago de 15 millones de pesos, ya que los dueños se habían negado a pagar salarios y prestaciones pretendiendo declararse en quiebra. En igual situación se encuentran hoy los poco más de 200 empleados de Textiles Miguel, ubicada en Puebla, quienes reclaman el pago de por lo menos 40 millones de pesos. En ambos casos, Construcciones Prácticas, la empresa que adquirió el fideicomiso, no se ha querido hacer responsable de los adeudos a los trabajadores, a pesar de que en el contrato de cesión de derechos que firmó con el IPAB, al resultar ganador de la subasta, se comprometió a liquidar los adeudos de cada una de las empresas. Beneficio a los Miguel La tercera comisión calculó que, si el IPAB asignó al paquete “H” un valor en libros de 114 millones 696 mil 980 pesos, y Construcciones Prácticas pagó por él sólo 1 millón 560 mil pesos, entonces únicamente se recuperó 1.36% del valor formal. Sin embargo, varios miembros de la tercera comisión, como la diputada Claudia Cruz (PRD), advierten que si el valor real (tomando en cuenta el análisis del fideicomiso) era de 218.4 millones de pesos, entonces sólo se recuperó 0.71%. De acuerdo con la legisladora, el pago que hizo Construcciones Prácticas significa un abuso. Además, se sospecha que todo fue una operación para que el Grupo Miguel pudiera recuperar sus bienes por una pequeñísima cantidad o para beneficiar a Manuel Bribiesca Sahagún, amigo de la familia Miguel Afif. Al respecto, la diputada perredista, quien en las dos pasadas comisiones fungió como asesora, recuerda que el periodista Miguel Badillo reveló en una entrevista la estrecha relación que tiene Manuel Bribiesca con el Grupo Miguel. La legisladora se refirió a la columna política Oficio de Papel, donde el periodista Miguel Badillo se refirió, el 19 de mayo de 2005, a la estrecha relación que existe entre el hijo mayor de Marta Sahagún y los Miguel Afif, propietarios originales del paquete “H” que subastó el IPAB. En aquella ocasión, Badillo preguntó a Manuel Bribiesca: –¿Qué relación tienes con ese Grupo (Miguel)? –Son mis amigos solamente. –Se dice que eres socio del Grupo Miguel y que hasta tienes el 50% de las acciones. –No, sólo son amigos, pero el gobierno ha cometido abuso de poder y les ha fabricado delitos para quitarles sus propiedades y desaparecer sus empresas. La entrevista la realizó Badillo a propósito de la defensa que ante diversas autoridades federales hizo Manuel Bribiesca para que no le quitaran a Miguel Afif la operación del aeropuerto de Toluca. En esa ocasión, el hijo de Marta Sahagún reconoció que ha intercedido a favor del Grupo Miguel. Un grupo privilegiado Pero esa no había sido la primera vez que un grupo del poder intercedía por los Miguel Afif, pues lo mismo ocurrió durante el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando el Fobaproa rescató a Grupo Infomin en más de una ocasión. Como prueba de lo anterior está el acta de la sesión número 20 del Subcomité de Recuperación del Fobaproa fechado el 9 de diciembre de 1997, donde se detalla cómo Grupo Infomin ya había sido rescatado y cómo los Miguel Afif esperaban un nuevo apoyo. Eduardo Fernández, en ese tiempo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), expuso que “esta empresa (Grupo Infomin) ya había sido beneficiada de una reestructura y que no es explicable, por tanto, que actualmente no esté cumpliendo con sus compromisos y solicitando una nueva reestructura”. Otro miembro de la CNBV le respondió que desde que se firmó la primera reestructura con Infomin, “se sabía que habría nuevos problemas”. En ese entonces se propuso que Infomin entregara las empresas textileras y otras dedicadas al plástico. También, que los Miguel Afif vendieran sus negocios y entregaran el efectivo de dichas operaciones para saldar sus deudas. Al final se acordó que Grupo Infomin pagara con acciones de otras empresas, como Macimex y SACSA (también de su propiedad), sin tocar a las textileras. Esa decisión del Fobaproa se produjo en diciembre de 1997, pero para diciembre de 1998 Grupo Infomin tuvo que establecer el citado fideicomiso, ya que los adeudos de las textileras alcanzaban los 687 millones de pesos. Dicha deuda fue cancelada por los bancos acreedores para poder incluir en el fideicomiso las acciones de Infomin, los inmuebles y las empresas textileras. De esta manera, a los Miguel Afif se les perdonaron deudas millonarias y se les dio la oportunidad de recuperar sus bienes con un pago de 16 millones de dólares en un plazo de dos años, aunque finalmente esto no fue así y el fideicomiso fue finalmente subastado por el IPAB en 1 millón 560 mil pesos. En la tercera comisión se preguntan si todo esto no fue una maniobra para que la familia Miguel Afif recuperara a un bajísimo costo sus bienes, si Manuel Bribiesca es socio de ellos y si éste pudo también beneficiarse de la subasta del IPAB a favor de Construcciones Prácticas, cuyo propietario, Miguel Khoury Siman, es amigo y socio del hijo mayor de Marta Sahagún en diversas empresas. Por eso la tercera comisión demandará al IPAB el resto de la información sobre el paquete “H” que en su momento fue negada. Elías Cárdenas, el presidente de esta comisión que apenas fue autorizada el pasado 5 de marzo, asegura que, a diferencia de los obstáculos que tuvieron Martha Lucía Micher Camarena, del PRD, y Jesús González Schmal, de Convergencia, presidentes de las comisiones anteriores, ahora sí podrán llegar al fondo del asunto porque los actores “son otros”. Y como muestra de ello, Elías Cárdenas dio a conocer la carta que el pasado 25 de abril le envió el secretario de la Función Pública, Germán Martínez, donde le ofrece “la garantía política” de que esta dependencia ayudará en las investigaciones, e incluso le expresa su disposición a “compartir información” y “experiencias técnicas y fuerza auditora” para esclarecer el caso. Sólo como dato: El anterior encargado de la Secretaría de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, exoneró a los hijos de Marta Sahagún o a cualquier dependencia que los pudiera haber beneficiado de manera directa o indirecta. Ello, a pesar de que la primera y segunda comisiones ofrecieron suficientes elementos de prueba sobre las anomalías e irregularidades cometidas.

Ernestina: creencia y lazo social

Marta Lamas



¿Ernestina Ascencio fue violada por unos soldados? ¿Se equivocó el traductor? ¿La denuncia es una artimaña política para culpar al Ejército? ¿Se trata de otro ataque más contra una comunidad indígena? ¿Quién dice la verdad? ¿Existe una “verdad” distinta a que ser indígena, anciana y pobre es lo peor que le puede ocurrir a una persona en México?

Dada la politización del caso y ante la imposibilidad de contar con evidencias periciales obtenidas de manera profesional, me encuentro en la situación, compartida por muchos ciudadanos, de elegir a quién le creo. Según el Diccionario de la Real Academia Española creer es “tener por cierta una cosa que el entendimiento no alcanza o que no está comprobada o demostrada”. O sea, es estar persuadido de algo y dar por verosímil o probable una cosa que se piensa o se sospecha. Con el verbo creer simultáneamente se pone algo en duda y se afirma una certidumbre: cuando digo que “creo” algo, es que no estoy segura, que en alguna parte dudo, mientras que si sostengo “esto es en lo que creo”, afirmo y no dejo lugar a la duda. Por eso en el verbo creer se encuentran juntas la convicción y la vacilación. ¿Por qué creemos en lo que creemos? Un elemento que domina la lógica de la creencia es el de la pertenencia: se les cree a las personas que se ubican del mismo lado en que está una misma. La confianza regula el funcionamiento de la creencia, que se vuelve una manera de tomar partido. Se cree en quien se tiene confianza, en cierta persona, en determinada postura política o ideológica, o en una institución específica. Así, creer es dejar constancia de una convicción previa. Y también por eso la creencia funciona como un elemento de inclusión: nosotros los que creemos lo mismo frente a ellos que creen algo diferente. En un conflicto, la falta de información fidedigna desata creencias opuestas. Esto es patente en el caso de Ernestina Ascencio. Pero el hecho de que existan declaraciones o versiones contradictorias no exime a las autoridades del deber de esclarecer el caso. Sorprende la ineptitud (¿mala voluntad?) manifiesta en la investigación. Para “dejar de creer” y empezar a saber se requiere tanto buscar elementos consistentes que desenreden esa horrenda madeja de mentiras y abusos, como exhibir abiertamente el proceso por el cual se obtuvieron. Pongo un ejemplo: se cuenta con una grabación de la declaración de la hija de Ernestina; ¿por qué no realizar una reunión pública donde varios traductores de náhuatl, unos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, otros de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y otros del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM (además de cualquier otra institución que cuente con especialistas en esa lengua) escuchen esa grabación y den a conocer sus interpretaciones? Conocer la versión de varios hablantes de náhuatl sobre lo que la hija de Ernestina declaró que su madre habría dicho antes de morir, y transmitir públicamente la conclusión de estas personas introduciría elementos fundamentales para una interpretación verosímil de lo que ocurrió. Y así, paso por paso, con cada una de las cuestiones en duda: el líquido seminal, los análisis forenses, etcétera. Pero las autoridades, en lugar de exhibir una pieza básica de la información para analizarla de manera abierta y rigurosa, la ocultan. Y mientras tanto, cada quién sigue creyéndole a los actores del conflicto a los que les tiene confianza. El caso de Ernestina Ascencio pone en evidencia algo desolador: la persistencia de la indiferencia racista, sexista y clasista en nuestro país, y la impunidad de su reiteración. Esta dramática realidad es, precisamente, lo que ha concitado a numerosos ciudadanos, entre los que me encuentro, a ponerse del lado de la silenciada familia de Ernestina y de los habitantes de Zongolica. Y por esa cruel realidad muchos ciudadanos pensamos que a estas alturas del conflicto no basta con tratar de explicar la índole de los errores cometidos: es imprescindible hacer justicia. Por último no está de más subrayar que en la vida social, el hecho de creer tiene primacía en la construcción del lazo social. Las autoridades, que no han podido (¿o será que no han querido?) hacer una indagación seria y transparente sobre lo que realmente ocurrió, están despreciando, una vez más, lo que la gente cree. Olvidan que el papel de las creencias compartidas, como fuente de pertenencias e identidades colectivas, es crucial políticamente. Por eso la credibilidad es un elemento fundamental en la gobernabilidad de un país. Con ligereza ignoran la estrecha relación entre creencia, comunidad y política. No hacer caso de lo que cree la ciudadanía conduce a una progresiva disolución del lazo social, con las trágicas consecuencias que una lectura cuidadosa de la historia ofrece

DEL MONSIVAIS SU APORTE SEMANAL:



PARA DESENTERRAR NUESTRO OPTIMISMO



SECCIÓN “RESUCITE O NO RESUCITE LA MAMÁ, LOS VAMOS A LLEVAR DE PASEO”



1



CREO, Y OFREZCO MI EJEMPLO, QUE GOBERNADOR QUE NO SE ARREPIENTE, MIENTE DOS VECES...

“En efecto, estuve ahí y dije: Este es un crimen de lesa humanidad, un crimen de la pobreza… (Pero lo dijo, alega la R., después de enterarse y esto no se vale, lo que cuenta en un gobernante es declarar antes de tener idea.) Son criticables quienes han propagandizado (sic) con el tema y no han dejado descansar en paz a doña Ernestina. (La metáfora es mala pero un tanto espiritista. La R.)... Yo me acuerdo mucho con otra veracruzana excepcional, Digna Ochoa, cuando se encuentra la verdad que ya había estado sentenciada por los medios, entonces no se cree. Y ahí tiene al procurador Bátiz todavía combatiendo por que crean lo legítimo y apegado a derecho de aquella investigación... (Al comentar el viaje de los cinco hijos de doña Ernestina a la Ciudad de México.)… Yo creo que sí. Están en la Villa de Guadalupe. Deben regresar. Tampoco conozco su programa a detalle. No llega el poder del gobernador a controlar la voluntad de viaje de una familia.” (No se crea, si usted los envió pues en algo los controla.) Fidel Herrera, gobernador de Veracruz, al desdecirse de su posición en relación con el asesinato de doña Ernestina Ascencio. Entrevista con Carmen Aristegui, Hoy por Hoy, W Radio, lunes 7 de mayo de 2007. 2 MIRE, NO HEMOS CONSEGUIDO QUE LOS INDÍGENAS AGONICEN EN ESPAÑOL. “–¿Por qué no tuvieron conocimiento de esto en México? –Bueno, creo que fueron las circunstancias que imperaron de este tema lo que impidió que la comisión tuviera conocimiento oportuno. (En México, medita la R., nadie puede decir “Yo soy yo y mis circunstancias”, sino “Yo soy lo que las circunstancias le permiten a mi vecino”.) –¿La versión final dice que no se trató de un abuso sexual? –Es de esperarse que en efecto así haya sido, como no nos ha llegado la información. (¿Por qué no lee los periódicos y así se anima a pedir información? La R.) –¿Tiene dudas? –Yo no puedo tener dudas más allá de lo que se ha dicho (Claro, las dudas se tienen más acá. La R.). De hecho, hemos solicitado que se nos proporcione toda la información. Nosotros esperamos que sea lo más pronto posible.” (Al fin y al cabo doña Ernestina ya está en el cielo dándole cuenta al Creador de sus males gástricos y eso da más tiempo.) Luis H. Álvarez, comisionado nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas al excusarse de no intervenir en el caso de la señora indígena supuestamente fallecida en la supuesta Zongolica. Nota de Claudia Herrera Beltrán, La Jornada, 9 de mayo de 2007. 3 A MÍ NO ME METAN EN SUS LÍOS, YO NADA MÁS SOY EL GOBERNADOR DE LA ENTIDAD. “–Yo no impongo las sanciones, pregúntele al Poder Judicial. –La opinión pública lo responsabiliza a usted de la sentencia… –Perdónenme, pero el Ejecutivo no puede asumir en una persona todos los poderes; somos respetuosos de quien tiene la atribución de interponer la sanción y en términos de esto es el Poder Judicial quien aplicó la sentencia. (Aunque sin gramática, lo dice de corrido, se ve que tiene un buen maestro de Explicaciones en Caso de Apuros. La R.) Las sanciones impuestas están descritas en el Código Penal y las que se aplicaron incluso son las mínimas que la ley prevé. (¡Qué tal si fueran las máximas!, la R. leguleya, que apoya la noción de prolongar la vida de los condenados a cadena perpetua para que no huyan por la vía fácil del fallecimiento. La R.) –Entonces, ¿ni perdón ni amnistía? –En este momento no.” (Mañana tampoco. Dentro de 67 años, si el declarante sigue gobernando el Edomex, chance.) Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, al comentar la sentencia de 67 años a Ignacio del Valle y otros dirigentes del movimiento de Atenco. Nota de Israel Dávila, René Ramón y Silvia Chávez, La Jornada, 9 de mayo de 2007. 4 ¿POR QUÉ FOX, ELBA ESTHER, CREEL, DICK MORRIS, ANTONIO SOLÁ Y EL DECLARANTE NO INTEGRAN EL COLECTIVO GRANITO DE ARENA? “–Te pregunté si te habías equivocado al dar a conocer los videos. Me dijiste que sí. Te hago la pregunta hoy, ya en libertad. ¿Te equivocaste? –Te puedo decir que ahora siento una cosa totalmente diferente. Creo que lo que hice fue poner un granito de arena que se sumó a lo que finalmente tuvo el desenlace del año pasado. –¿El desenlace de qué? –De lo de julio del año pasado. –¿Las elecciones? ¿El no triunfo de Andrés Manuel López Obrador? –Así es.” Carlos Ahumada, afamado videoasta en funciones de constructor, al salir (ahora sí) de la prisión después de casi tres años. Entrevista con Ciro Gómez Leyva, Radio Fórmula, 8 de mayo de 2007. 5 QUE NO SEPA TU OJO IZQUIERDO LO QUE NO QUIERE VER TU OJO DERECHO. “–¿Coincide en que hubo presiones, como dijo el senador Creel? –Yo las desconozco, porque no las vi. (Sólo las ejerció, la R. suspicaz, aunque sabe que el declarante sólo las oye) –¿Nunca fue presionado? –Las desconozco. (¿Las desconoce a las presiones? Le van a tocar los tres campanazos que oyó San Pedro en la lona. La R.) –¿Deberían investigarse estos señalamientos? –Valdría la pena que cada partido político, conforme a las denuncias de sus militantes, iniciase una investigación.” (¡Dale pa’ tras papá! Pero qué falsamente salomónico es este amigo.) Emilio Gamboa Patrón, líder moral de los diputados del PRI, al negar que la Ley Televisa fuera una imposición y no una negociación... Versión estenográfica, 7 de mayo de 2007. 6 INGENIOSAS NO SON, DE COMPORTAMIENTO ÉTICO TAMPOCO, DIVERTIDAS MENOS... ¿QUÉ SON? ¿ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA O PANISTAS? “Pierde pinche gorda… Redujo de peso, sí, pero no redujo sus mañas priistas.” Spots y pintas en contra de Ivonne Ortega, candidata del PRI en Yucatán, financiadas por el Partido Acción Nacional. Notas de El Universal y La Jornada, 8 de mayo de 2007. 7 TAN ESCUETO Y SIN EMBARGO TAN CREÍBLE. “No hay condiciones para una concertacesión en la entidad, y considero que las autoridades federales no intervendrán en la contienda y respetarán al ganador sea quien sea.” (Le creemos, oh sí, le creemos) Xavier Abreu, candidato del PAN a la gubernatura de Yucatán. Nota de Luis A. Boffil, La Jornada, 9 de mayo de 2007. 8 ¿ME BENEFICIA? ES ÉTICO ¿ME APOYA? ES JUSTO ¿YO LO APRUEBO? ES LEGAL. “No hay nada turbio, lo que recibí fue por concepto de retiro; es legal, es ético, es justo y está sustentado en la Constitución local.” Francisco Díaz Arriaga, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo al justificar la autorización de un bono de 2 millones 610 mil pesos para su retiro. Nota de Juan Veledíaz, El Universal, 8 de mayo de 2007. 9 TRES VECES ME ENGAÑÉ, TRES VECES ME ENGAÑÉ, TRES VECES ME ENGAÑÉ. LA PRIMERA POR CONFIADO, LA SEGUNDA POR INGENUO, LA TERCERA ME RAYÉ. a) Si quieren de veras nuestro desprecio, manden foto. “La Ley de Convivencia no es un tema importante para México, de hecho, si nos percatamos, pasó sin pena ni gloria, no hubo una oposición férrea de la Iglesia. Puede ser un tema impactante para Europa, pero me parece que en México no es importante…” b) Pasadas las doce semanas, el símbolo ya no podrá tener simbolitos. “El aborto, no es que tenga importancia el número, porque se han manipulado mucho las cifras, sino aquí más bien ha sido el símbolo lo que ha estado a discusión. La defensa de la Iglesia a favor de la vida ha sido, ciertamente, una batalla férrea, en ningún otro país del mundo se había dado algo tan fuerte.” c) Para no ser profunda la campaña, gastaron bastante millones de pesos en volverla superficial. “Los medios han tenido una influencia enorme, posiblemente se ha inflado más de lo que en realidad era importante, y la misma naturaleza de los medios no permite una discusión profunda y seria, de ahí que también tomó un cauce como si fuera campaña de tipo electoral, que era más como lucha de eslóganes, de spots, pero no de un diálogo profundo.” (Así que perdieron las elecciones. Es que no participó el IFE). Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, al comentar sobre los “daños” de la Iglesia católica en las recientes reformas legislativas. Nota de Adriana Alatorre, Reforma, 8 de mayo de 2007. 10 ¿QUÉ DE DÓNDE FUEGO AMIGO VENGO? DE UN DESCRÉDITO QUE TENGO Y QUE QUIERO TRASPASAR. “Está el fuego amigo (contra el presidente) del PAN, que no es más que la lucha por el control del partido en el que convergen diversas corrientes, como la tradicionalista, más apegada a principios que lo originaron. Y por el otro lado están quienes vinieron a tomar el control del partido para instalar instrumentos políticos fascistas de extrema derecha, métodos que son tan parecidos a la izquierda comunista que se confunden con ellos.” (Con razón en las marchas la ultraizquierda se arrodilla, y la ultraderecha grita: “El rezo/ unido/ jamás será vencido”.) Ricardo González Sada, presidente de la Coparmex, al subrayar que el presidente Calderón padece el “fuego amigo” de la derecha fascista dentro del PAN. Nota de José Manuel López, Reforma, 8 de mayo de 2007. 11 POR ESO HEMOS DURADO TANTO, PORQUE TRANSFORMAMOS NUESTRAS DERROTAS EN INSIGNIFICANCIAS. a) Por más que hagan no van a despenalizar el Apocalipsis. “El aborto no es el fin del mundo.” Arzobispo primado Norberto Rivera, al minimizar la despenalización instrumentada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mayo de 2007. b) Es que la catedral ya está acostumbrada a ver las almas desnudas. “(A partir del desnudo masivo en el Zócalo) No creo que la catedral se afecte, no se cayó ninguna piedra.” Cardenal Norberto Rivera, 6 de mayo de 2007. Promotor de una segunda piel para la desnudez: CM. Selección de textos: JV

Ley Televisa: de la imposición a la reforma

Miguel Ángel Granados Chapa



El jueves primero de diciembre de 2005, en menos de 10 minutos, sin discusión previa en comisiones y ante el silencio del pleno, trescientos y pico de diputados de todos los partidos, némine discrepante, aprobaron una reforma a las leyes de radio y televisión y de telecomunicaciones que acentuaba el poder del principal consorcio de la tv, por lo que andando el tiempo la síntesis popular llamó a esa reforma Ley Televisa. Con información y perspicacia, Jenaro Villamil usó en Proceso del 10 de diciembre siguiente el verbo que con mayor precisión condensa el mecanismo empleado: el consorcio de Emilio Azcárraga “impuso” esa reforma.

Diecisiete meses después, de una fuente impensable surgió análoga caracterización de esa reforma. Más que una negociación, reconoció el líder senatorial panista Santiago Creel, lo que ocurrió entonces fue una imposición. Se hallaba en Washington con los coordinadores de las otras bancadas senatoriales, Manlio Fabio Beltrones y Carlos Navarrete quien, según relató después, abría desmesuradamente los ojos al oír al exsecretario de Gobernación hablar de ese modo en conversación al aire con Carmen Aristegui. No fue un impromptu del fallido aspirante a la Presidencia de la República, no cometió un desliz. Aunque en los días siguientes ya no utilizó la palabra imposición, insistió en que el clima político en que se gestó la reforma no era propicio para la libertad legislativa, sino que hubo presiones (sustantivo que no ha dejado de emplear, no obstante la reacción suscitada por su admisión de un hecho sabido y resabido). Desde septiembre que comenzó a actuar esta legislatura Creel ha expresado su intención de reformar la reforma, independientemente de la suerte que corriera en la Suprema Corte de Justicia la acción de inconstitucionalidad que busca abatir el resultado de la imposición ahora admitida. Tal imposición se desplegó en varios momentos. A pesar de que en el Senado se había trabajado desde diciembre de 2002 en el proyecto de una ley de medios surgido de la sociedad civil y hecho suyo por varios miembros de esa Cámara, el 22 de noviembre de 2005 apareció como caída del cielo (ciertamente provino de lo alto) una iniciativa sobre esa misma materia que fue dictaminada en una semana sin que la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, encabezada por el personero de Televisa Javier Orozco, convocara a sesión de trabajo. Sólo recabó las firmas de sus integrantes y luego obtuvo la autorización de la Junta de Coordinación Política para introducir al pleno, en cuya agenda no estaba considerado, el dictamen correspondiente. Como se estila, los coordinadores dieron a sus diputados la orientación del voto correspondiente. Por eso se organizó la rara unanimidad sobre un texto que muy pocos, si acaso hubo algunos, conocieron siquiera superficialmente. La imposición siguió con una maniobra insólita. La secretaría de la Cámara envió al Senado, y el diputado Orozco se encargó personalmente de llevarla, una suerte de fe de erratas que modificó la minuta aprobada en San Lázaro, que por esa treta no fue la que conoció el Senado. Se modificó ilegalmente, porque no decía eso el documento que votaron los diputados, un artículo transitorio para permitir al Presidente de la República designar por única vez al presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en vez de que sus miembros lo hicieran como será la norma general. La prisa con que se practicó el ilegal añadido hizo que se remitiera al artículo 9-E y no al 9-C esa temporal facultad presidencial que a la postre se salvó mediante el simple expediente de violar la ley, de hacer como si el desliz no se hubiera cometido. Estaba previsto que la imposición rindiera fruto en el Senado con tanta celeridad como en la Cámara. Se esperaba que antes de irse al receso el 13 de diciembre los senadores acabalaran el proceso legislativo y al despuntar el año la reforma entrara en vigor. La conciencia alerta de algunos miembros del Senado lo impidió. Advertidos a diferencia de los diputados de lo que se gestaba, consiguieron al menos evitar el fast track que se pretendía. Fue preciso esperar a que las sesiones se reabrieran en febrero siguiente, para realizar una consulta que los impulsores de la imposición deformaron presentando como opinantes independientes a personas a sueldo de los intereses que se promovían en el proceso legislativo. En marzo apareció la consigna: no habría que enmendar ni una coma a la minuta llegada de San Lázaro. Eso fue lo pactado el 20 de marzo entre Josefina Vázquez Mota, coordinadora de la campaña de Felipe Calderón y el vicepresidente de Televisa Bernardo Gómez, y ese fue el dictado que se impuso en la reunión de senadores panistas a que acudió para reiterar la voz de orden, el presidente del Comité Nacional del PAN Manuel Espino. Al día siguiente análoga instrucción se abrió paso entre los miembros de la bancada priista. Así lo han recordado ahora, para confirmar lo dicho por Creel, los exsenadores Javier Corral respecto de los panistas y Carlos Rojas acerca de los priistas. En ambos casos se invocó la suerte de los candidatos presidenciales: el buen o mal tratamiento que Televisa les dispensara en lo sucesivo dependería de la suerte de la reforma. Por eso, para evitar el castigo y obtener el premio, habría que aprobarla como lo habían hecho los diputados. Por eso no hubo debate en comisiones. Por eso no hubo debate en el pleno, en la larga sesión del 31 de marzo. Por eso no se modificó una coma a la minuta. Por eso ni siquiera se enmendaron los errores que podrían haberla hecho impracticable. Humorosa a pesar del tiempo transcurrido y el reiterado desechamiento a sus propuestas, la senadora yucateca Dulce María Sauri auguró en horas de la madrugada que una más, la última, esa no iba a ser rechazada por la mayoría. Propuso eliminar los yerros que afeaban a la minuta (adicionalmente al carácter repugnante de su esencia). Se equivocó. También fue rechazada su intención de mejorar la reforma. Ahora, en la nueva legislatura, parece haber un clima diferente al de entonces. Por eso Creel agregó a su referencia a la imposición el anuncio de una reforma que modifique lo que se hizo mal el año pasado. Su posición fue hecha pública horas antes de que se conociera el proyecto de sentencia para la acción de inconstitucionalidad promovida por 47 senadores, siete más de los que votaron contra la minuta inmodificable, impuesta. Aunque sólo acepta que no se acomodan a la Constitución algunos de los preceptos denunciados, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano confirió a su proyecto un aire de enmienda a la legislación impuesta que coincide con el aire que haría propicio reformar la reforma, modificar lo que resulte insatisfactorio para el interés general después de la discusión judicial. Quizá se trate de una apreciación optimista en exceso, irresponsablemente optimista. Están vivos, actuantes y con poder creciente los factores que hicieron posible la imposición. Algunos de sus actores disponen de capacidad de decisión semejante o mayor a la que detentaban entonces. Los líderes priistas de las Cámaras, hoy, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, eran legisladores entonces y no admiten el dictado creelista sobre la imposición, y no estarían en el ánimo de rectificar si compartieran la pulsión autocrítica del panista, pues obedecen hoy a los mismos intereses que entonces y aun buscarían servirlos de modo más ostensible en beneficio propio. No hay, pues, ancho espacio para tal optimismo, y sí debería haberlo para al menos la suspicacia. Pero tampoco cabía esperar nada de la Corte en esta materia y es posible que allí comience la derrota, así sea parcial, de la imposición y se incube la reforma necesaria