GRANADOS CHAPA.

REFORMA.

Miguel Ángel Granados Chapa Tabasco, otra vez

Pese a la asunción de Andrés Granier Melo, detrás del gobierno tabasqueño sigue estando Roberto Madrazo, con un poder creciente. La democracia seguirá esperando turno. La historia electoral reciente muestra que para contener a la oposición todo se vale, así se trate de flagrantes trapacerías

Anteayer comenzó en Tabasco un nuevo sexenio pero no una nueva etapa de su vida pública. Al contrario, con la asunción de Andrés Granier Melo al gobierno estatal se ha consolidado un conjunto de mecanismos que impiden una mejor calidad de la democracia y fortalecen el sistema autoritario de botín. Hace siete años, la justicia electoral anuló la elección de gobernador porque a quien ocupaba el cargo entonces, Roberto Madrazo, se le pasó la mano en la utilización de recursos gubernamentales, políticos, materiales y humanos, para asegurar su propia permanencia en el cargo, en la persona de Manuel Andrade. Tras los dos procesos electorales siguientes el tribunal correspondiente hubiera podido repetir la sentencia contraria al abuso, pero en ambos casos se cuidaron las formas para no incurrir en causales de nulidad. O se contó con que la propensión al formalismo de la justicia electoral, ablandada una vez, se mantendría en plena forma para beneficiar la audacia de quienes rehúsan perder el poder. Al disponer que fuera abierto un determinado número de urnas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se propuso indagar si las cuentas eran correctas, pero no examinó el fenómeno electoral en su conjunto, de un modo semejante a como lo hizo la Sala Superior al resolver ilegalmente los juicios de inconformidad de la elección presidencial. Es decir, se cuida el conteo adecuado pero no se analiza cómo llegaron los votos a las mesas. O se resta valor a los factores que los causan, como el exceso de gasto en las campañas, el origen ilegal de los recursos y la acción gubernamental para inducir o para inhibir el voto. Se probó con suficiente claridad, al punto que el funcionario del caso tuvo que se removido, que se había lucrado electoralmente con autorizaciones para transporte público. Pero más gravemente aún, por la naturaleza de la conducta y su irrelevancia en el análisis de la justicia electoral, en los días finales de la campaña, y en el periodo de veda propagandística, el gobierno del estado actuó con ánimo ferozmente proselitista. Es decir, hizo detener y someter a prisión injusta y basada en el maltrato, a activistas de la coalición Por el Bien de Todos (formada en Tabasco por dos partidos, el de la Revolución Democrática y el del Trabajo), y se utilizaron grabaciones que cuando más hubieran sido propias de diligencias ministeriales para difundir, en la víspera de la jornada electoral, la doblemente falsa imagen de que esa alianza electoral estaba formada por gente violenta venida de fuera para fracturar la tranquilidad de los tabasqueños. Al contrario, las personas denunciadas padecieron la violencia y no la practicaron, y quienes lo hicieron obtuvieron el beneficio de la impunidad y de la ganancia electoral. Esos factores hicieron que se revirtieran las tendencias electorales claramente manifestadas en los comicios locales y federales recientes, donde la inclinación de los votantes hacia el PRD se había manifestado como nunca antes. Es verdad que los comicios del 15 de octubre ocurrieron después de que política y jurídicamente se había decretado la derrota de Andrés Manuel López Obrador, y esa circunstancia, y la reacción del propio ex candidato ante ella, contribuyeron a mermar el apoyo público que se le dispensaba. Es verdad también que la selección de candidatos ahondó las querellas interiores en el PRD y aun suscitó otras nuevas. Pero el deterioro provocado por esas causas fue acelerado por la estrategia gubernamental, que contó con el apoyo panista, pues el partido de Felipe Calderón y el de Madrazo se fijaron como propósito común sepultar a López Obrador en su propia tierra, en su plaza fuerte, donde había ganado la elección presidencial con márgenes abultadísimos, los mayores de toda la República. Uno de los instrumentos de esa estrategia consistió en presentar a Granier Melo como un político adánico, ajeno a cualquiera contaminación que derivara de Madrazo y Andrade, como si hubiera llegado de lejos a Tabasco y allí hubiera suscitado una pasión incontenible que lo llevó al triunfo. Para saber que no es así basta recordar que fue alcalde de Centro (el municipio cuya cabecera es Villahermosa) hace apenas dos trienios, extremo imposible sin la complacencia y el apoyo de quienes resultarán sus antecesores. Los aprestos del relevo han puesto de manifiesto el continuismo que representa Granier. En la última quincena de su gobierno, Andrade actuó como si fuera la primera, haciendo reformas legales y designando funcionarios, como el procurador de Justicia, en reemplazo de quien tuvo a su cargo las maniobras ministeriales que generaron efecto electoral. Entre los actos propios de un gobierno que empieza y no de uno que termina (lo que quiere decir que se trata del mismo), Andrade creó un peligroso instrumento contrario a la democracia, tan frágil de suyo en Tabasco. Dispuso la creación, dentro de la poderosa consejería jurídica, de un servicio de investigación e información, un verdadero departamento de espionaje político cuya finalidad consiste en preservar la integridad, la estabilidad, la permanencia del Estado de derecho y la gobernabilidad. Desde que la oposición apareció en Tabasco, apenas en 1988, el poder ha buscado contenerla sin reparar en los medios. Granier inaugura su gobierno con una nueva herramienta con la cual hacer más de lo mismo, con lo que se prueba que el proyecto de Madrazo sigue boyante, que sólo cambia en que tiene un nuevo administrador.