Desde el fondo
Gloria Leticia Díaz
Mientras Andrés Manuel López Obrador ha recorrido varios estados con dos personas que se encargan de su seguridad, antes de asumir como “presidente legítimo” el lunes 20 en el Zócalo de la Ciudad de México, Felipe Calderón Hinojosa se prepara para intentar rendir protesta como presidente constitucional el 1 de diciembre, resguardado por centenares de agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) que fueron apostados alrededor de la llamada casa de transición y en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
“Calderón no tiene problema alguno con que nosotros le digamos presidente a Andrés Manuel, el problema está en que grandes masas de la población lo reconozcan como el presidente legítimo”, razona José Agustín Ortiz Pinchetti, secretario de Relaciones Políticas del “gobierno” de López Obrador.
“Hay un hecho que para mí es significativo: mientras Calderón no puede salir a ninguna plaza pública sin ser repudiado, además de ir acompañado de un regimiento de la policía, Andrés Manuel se está moviendo por todo el país, feliz de la vida y recibiendo a grupos enormes”, añade divertido Ortiz Pinchetti.
A partir del 20 de noviembre, el exsecretario de Gobierno del Distrito Federal será el encargado de presentarles iniciativas de ley a los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP, compuesto por el PRD, PT y Convergencia) y de establecer vínculos con otras organizaciones para obtener el respaldo a las propuestas que integran el Proyecto Alternativo de Nación que López Obrador promovió durante su campaña presidencial.
Ortiz Pinchetti fue uno de los integrantes del gabinete cuyos nombres se dieron a conocer el viernes 3 de noviembre en el Teatro de la Ciudad, junto con Mario di Constanzo (secretario de Hacienda), y Laura Itzel Castillo (de Asentamientos Humanos y Vivienda), Gustavo Iruegas (Relaciones Internacionales), Octavio Romero Oropeza (Honestidad y Austeridad Republicana), Luis Linares (Desarrollo Económico y Ecología), Claudia Sheinbaum (Patrimonio Nacional), Asa Cristina Laurell (Salud), Marta Pérez Bejarano (Estado de Bienestar), Bernardo Bátiz (Justicia y Seguridad), Berta Luján Uranga (Trabajo) y Raquel Sosa (Educación, Ciencia y Cultura). Los tres últimos se incorporarán a los trabajos del “gabinete” después del 5 de diciembre, cuando terminen sus encargos en el Gobierno del Distrito Federal.
El gabinete lopezobradorista despachará en Ejército Nacional 359, colonia Granada, de la Ciudad de México, donde estuvo instalado el centro de cómputo de la coalición Por el Bien de Todos en la pasada elección. Y aunque hasta el momento no se han definido sus honorarios, ese equipo trabajará con los mínimos insumos y dos personas de apoyo para cada secretario. Se espera que la población aporte dinero para sostener las actividades en la cuenta que se abrió a nombre de la asociación civil Honestidad Valiente (número 4038497855 del banco HSBC), en la que se podrán depositar desde 100 pesos hasta 30 mil pesos.
Los panistas “le están apostando que en poco tiempo nosotros entremos en una etapa de desmembración, de desgaste, de decadencia, y a que pronto seremos parte del museo de la democracia mexicana, pero nosotros no creemos eso”, dice Ortiz Pinchetti.
Añade que para mantener vivo su movimiento, López Obrador recorrerá 2 mil 500 municipios durante dos años y medio, a fin de asentar su base social, lo que a la postre podría darle respaldo a las candidaturas para las elecciones intermedias de 2009.
Ortiz Pinchetti está convencido de que López Obrador “está por fundar un gran movimiento que va capitalizar la afluencia de voto que hubo a su favor y que lo hizo por un cambio; no veo en el horizonte ningún otro personaje que pueda competir como opositor”.
Y ante las dudas que ello suscita en algunos perredistas, aclara: “No se creará un nuevo partido, pero sí un nuevo movimiento. Los partidos tendrán su papel, importantísimo, no sólo en los procesos institucionales, sino también en las candidaturas. No se trata de retar a los partidos, se trata de combinarse con ellos. Yo creo que esta fuerza asociada, unida, aliada a los partidos que integran el Frente Amplio, puede convertirse en un factor muy importante para las elecciones de 2009, pero antes que eso pase, será un movimiento de tal magnitud e insólito que va a generar cambios muy profundos en la política mexicana”.
Como oposición al régimen de Felipe Calderón, sostiene Ortiz Pinchetti, el gobierno lopezobradorista no apostará a una “política destructiva, de estar golpeando por golpear. Nosotros concentramos nuestros objetivos contra el gobierno espurio en evitar los daños que pueda hacer con medidas antisociales y antipopulares, pero tenemos funciones fundamentalmente constructivas; y no solamente estas propuestas, sino la creación de este movimiento, que tendrá carácter municipal”.
Urge un viraje económico
Mario di Constanzo, encargado de Hacienda, destaca que la labor del gabinete de López Obrador será traducir en iniciativas de ley el trabajo técnico que ya se tenía desde finales de 2004 y sustentó las ofertas de campaña contenidas en los 50 puntos del Proyecto Alternativo de Nación.
Di Constanzo, quien a su paso por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) fue alumno del virtual secretario de Hacienda de Calderón, Agustín Carstens, formó parte del equipo económico de la campaña presidencial encabezado por Rogelio Ramírez de la O (ahora asesor del gobierno de López Obrador junto con Elena Poniatowska, José María Pérez Gay, Ignacio Marván y Federico Arreola).
“El diseño de iniciativas es la continuación de ese trabajo, que fue muy serio y que no queremos que se desperdicie, porque además nos estamos dando cuenta que los hechos nos están dando la razón, hay que cambiar el modelo económico de este país”, sostiene Di Constanzo, encargado también de coordinar los trabajos para la creación de una comisión de la verdad para investigar el Fobaproa.
Exasesor de las comisiones de Hacienda y Vigilancia de la Cámara de Diputados, el especialista resalta la seriedad del modelo de gabinete adoptado por López Obrador: es la misma forma de gobierno alterno que en Noruega, por ejemplo, “ha logrado quitar a primeros ministros, porque llega un momento en que la confrontación es tal (que lo amerita) y los hechos te van dando la razón.
“En nuestro caso, el objetivo final no es quitar secretarios, sino convencer de que hay un proyecto económico y social alternativo y que está concebido como una necesidad, no como un capricho. Por eso es que nuestras propuestas tienen que ser muy objetivas, basadas en los hechos y en los números”.
Di Constanzo, quien pronto entregará una propuesta de presupuesto de egresos que será enviada a través de Ortiz Pinchetti a los legisladores del FAP, reconoce que su exmaestro es “excelente” como tal, pero señala: “No sé cómo Agustín Carstens vaya a rebasar al PRD por la izquierda. Yo creo que va a rebasar a Vicente Fox por la derecha, por su formación. Su escuela es de orden ortodoxo y la ortodoxia nos ha llevado donde estamos, es necesario cambiar el modelo”.
El economista cree en la posibilidad de que al menos en materia de finanzas públicas, las propuestas del gabinete de López Obrador sean apoyadas por los legisladores del FAP y por miembros de otras bancadas, tomando en cuenta que “en los últimos decretos del presupuesto se ha buscado reducir la discrecionalidad del Ejecutivo y estas propuestas no son ajenas a ello. Es algo muy sensato, porque la evidencia, los datos están ahí, la realidad y los hechos nos dan la razón”.
Luego resalta las características del equipo, al que fue llamado dos días antes de su anuncio formal: “Creemos en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y creemos que es verdaderamente urgente redefinir las reglas del juego de este país en todos los ámbitos. Es un momento decisivo porque los problemas se han ahondado durante los últimos seis años, el país tiene su infraestructura más deteriorada que hace seis años y requiere urgentemente restaurar y elevar el nivel de vida de sus habitantes”.
Trabajo conjunto
También en entrevista, la secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda, Laura Itzel Castillo Juárez, justifica el perfil del gabinete al que pertenece: “Somos gente de entera confianza de Andrés Manuel, pero además con experiencia en la administración pública con él, y en algunos casos también hemos trabajado políticamente en el partido, cuando él fue presidente del PRD, como es mi caso, el de Asa Cristina Laurell y Raquel Sosa”.
Con las excepciones de Luis Linares y Gustavo Iruegas, que no tenían un acercamiento visible, y de Di Constanzo, que estuvo en el equipo económico de la campaña, el resto del equipo de gobierno de López Obrador trabajó con él en la jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
Hija del fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores, Heberto Castillo, Laura Itzel puntualiza que por la seriedad de la encomienda que les dio López Obrador, “no está en las aspiraciones de los que estamos en el gabinete buscar cargos de representación popular”.
–¿Los que quedaron en el gabinete son los más leales a López Obrador? –se le cuestiona.
–Hay mucha gente que le es leal, pero no todos caben en el gabinete, para eso están la Convención Nacional Democrática, el Frente Amplio Progresista y los partidos políticos que han venido trabajando en conjunto. En nuestro caso, tenemos un compromiso político, pertenecemos a un equipo de trabajo que encabeza Andrés Manuel.
Castillo admite que el “gabinete” de López Obrador será sometido a muchos cuestionamientos: “Ya sabemos que la lucha es difícil, pero estamos acostumbrados a la adversidad. Creemos que pueden burlarse, pero lo importante va a ser la consecuencia en las acciones que realicemos y eso es lo que nos dará la presencia y el respeto.
“Sabemos que nos estamos enfrentando a un cerco informativo; por eso es importante el trabajo que se realiza con la gente, el trabajo de la Convención y del Frente Amplio, dentro de esta lucha que se está dando desde la izquierda”.
Separación de poderes
Aun cuando las iniciativas que presentará el gobierno de López Obrador tienen de manera general el apoyo de los legisladores de los partidos que lo apoyaron en su candidatura presidencial, pasarán por un análisis profundo antes de ser llevadas al debate con otras fracciones legislativas, señalan los coordinadores del PRD en el Senado y en la Cámara de Diputados, Carlos Navarrete Ruiz y Javier González Garza, respectivamente.
Navarrete señala que para los legisladores del Frente Amplio la labor de los 12 miembros del gabinete de López Obrador significa “un respaldo muy importante para la elaboración de propuestas legislativas, que nosotros recibiremos y evaluaremos, y de ser necesario ampliaremos y presentaremos en las cámaras del Congreso”.
–¿No necesariamente las impulsarán?
–No, por supuesto que no, por una sencilla razón: nosotros creemos en el principio de la separación de poderes, y ellos son integrantes de un Ejecutivo legítimo, pero Ejecutivo al fin.
“Nosotros somos parte del Legislativo. Hay que tener muy claro que aunque Andrés Manuel no esté despachando en Los Pinos, en los hechos el 20 de noviembre asume la titularidad del Ejecutivo en nuestro esquema, y en él nunca hemos sido partidarios de una supeditación de poderes, sino de la separación de poderes. Habrá colaboración, habrá contacto, nadie depende de uno ni de otro, el gobierno legítimo tiene su gabinete, su propia definición, y el Legislativo es un poder en sí, que tiene su propio grado de autonomía”.
Por su parte, el diputado González Garza agrega: “El hecho concreto es que se establece un vínculo, y por supuesto que vamos a discutir con ese gobierno las distintas propuestas, pero ellos no van asumir las labores de legisladores.
“Ellos son un gobierno que va a tener sus funciones y van a ser explícitas el 20 de noviembre; van a tener el contacto con nosotros, que somos los legisladores de todo el Frente, del PRD, del PT y Convergencia, que tenemos una forma de discutir esas cosas, tenemos estatutos que nos obligan, vamos a discutir internamente y con el partido esas propuestas, que naturalmente van a ser bienvenidas.”
Ambos legisladores reconocen la importancia que tendrá la figura de López Obrador para las elecciones intermedias de 2009, lo que, dicen, evitará que se repita la experiencia de 1991, cuando después de crecer con la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, volvió a caer al 8.3% de los votos.
“Para nosotros 2009 es un punto de referencia muy importante –apunta Navarrete–. Todos tenemos que trabajar para mantener nuestro movimiento de lucha, nuestro prestigio como fuerza política y nuestro liderazgo con López Obrador”.
Para González Garza, la gira que López Obrador realizará por el país después de su toma de posesión tendrá “un efecto social muy importante, y todo tiene que ver con cuestiones electorales, pero eso no nos preocupa. Lo que está en el centro de la discusión es cómo lograr la reconstrucción de las instituciones en el país, porque en nuestra opinión hay instituciones que están destrozadas y que no tiene sentido continuarlas en el país sin cambiarlas y sin reconstruirlas”.
El coordinador de los diputados perredistas dice que para la organización de la ceremonia en la que López Obrador tomará posesión como presidente legítimo, cada uno de los 126 legisladores de su fracción aportó 23 mil pesos, puesto que hay una “voluntad política” de su grupo por impulsar el gabinete de López Obrador y sus propuestas.
Ello, dice, se debe a que “no hemos encontrado otra forma de detener ese vasallaje en el país y este encumbramiento de los hombres más ricos junto con el poder político. Si no nos ponemos como meta el defender a los más pobres, de verdad vamos a seguir en una situación absurda y va a reventar el país”.
Y el senador Carlos Navarrete evalúa: “Andrés Manuel se va a convertir en la conciencia nacional sobre un gobierno de minoría con enormes debilidades, como el de Calderón. Ahí hay total unidad en una ruta de esta naturaleza, porque todos, más allá de los matices internos que cada quien tenga, coincidimos en un hecho: el Frente Amplio, los partidos, los legisladores y los gobernantes requerimos que nuestro movimiento no se debilite ni decaiga, sino que se mantenga vigente y movilizado. Esa es nuestra fortaleza pública y nuestro sustento. Y ya veremos en 2009 si fue exitoso o no el camino que trazamos”. l
Calderón: un camino sembrado de minas
Enrique Semo
Por lo menos en tres ocasiones, las fuerzas policiacas han demostrado en Michoacán y en Oaxaca su ineficacia ante los movimientos populares, mientras el Ejército se resiste a reprimir en forma abierta. Divididas, las guerrillas han vuelto a hacer sentir su presencia con actos de terrorismo que no por ineficaces dejan de ser premonitorios. El sentimiento de inseguridad –quizá mayor que la realidad de la amenaza– invade a sectores cada vez más numerosos de la población y afecta los negocios y el turismo.
En materia de legitimidad, la situación no es mejor. A la falta de confianza en el Estado como guardián del orden, debe sumarse el hecho de que un sector importante de la población desconoce los resultados de la elección del 2 de julio y manifiesta activamente su oposición a la investidura de Felipe Calderón. Su confianza en el sistema ha sido fuertemente sacudida y su disposición a expresar abiertamente su descontento dura ya cuatro meses sin dar signos de amainar.
El respeto tradicional que inspiraba la figura del presidente ha sido sumamente debilitado por las frivolidades y el amateurismo político de Vicente Fox, llevados hasta el absurdo en los últimos meses de su gobierno. El conflicto de Oaxaca, que cumple ya más de cinco meses sin solución, exhibe la crisis del viejo sistema político en las regiones más relegadas del país, la incapacidad del gobierno federal para enfrentarla y la creciente beligerancia de los sectores populares más pobres y desprotegidos.
La simpatía ciudadana-moderna que había concitado el triunfo de la alternancia en la Presidencia en el año 2000 ha sido despilfarrada. Las corruptelas, la farsa de la familia presidencial y los abusos en la campaña electoral de Fox, que logró unir en su persona los defectos del pasado priista y los del presente conservador panista, han restaurado el escepticismo en las posibilidades de una democracia ciudadana.
La preeminencia de figuras como las de Manuel Espino, que revive el neofascismo del Yunque y el MURO; de Ulises Ruiz, paradigma del cacique ancestral, y Elba Esther Gordillo, símbolo del viejo gangsterismo sindical volcado a la intriga en el nivel presidencial, profundiza la sensación de que la ola del pasado nos ha alcanzado para inundarlo todo una vez más. Crece el peligro de la reconstitución del Estado-mafia dedicado a vender protección a quien quiera y pueda pagarla –que naturalmente son lo más ricos– sin más brújula que los intereses inmediatos de sus miembros.
La confianza en el modelo neoliberal que rige nuestra economía desde hace un cuarto de siglo está llegando a su nivel más bajo desde la explosión de esperanzas causada por la firma del TLC que nos iba a proyectar entre fanfarrias y luces de bengala al primer mundo. Atrincherado en la defensa a ultranza de la estabilidad macroeconómica, el gobierno saliente preservó intacta la administración y la orientación económica que nos rige desde 1982. Durante seis años más, sus políticas siguieron engrosando las filas de los pobres, los marginados, los desocupados y los emigrantes. Como en el resto de América Latina, las mayorías están hartas de esas políticas y miran hacia cambios que el Estado no ha podido suscitar a lo largo de toda una generación. Pero incluso la posibilidad de esos cambios se ha visto aplastada por el reciente fraude electoral y la insistencia de Felipe Calderón en repetir los viejos clichés de la política económica vigente.
El creciente poder del gran dinero, manifiesto en la monopolización de la economía, su intervención directa en la campaña electoral y la Ley Televisa, han reducido considerablemente la autonomía del Estado, su capacidad de maniobrar y de sacrificar intereses inmediatos para salvar dominios históricos.
En la escena internacional, el debilitamiento del Estado mexicano ha sido aún más marcado. Su relación privilegiada con Estados Unidos, orgullo de los rancheros Bush y Fox, se ha venido abajo en la construcción del muro fronterizo y la incapacidad del gobierno foxista de arrancar una sola concesión para los emigrantes mexicanos. En América Latina, el Estado mexicano no sólo ha perdido su condición de líder, sino que se enfrenta a serios problemas con las corrientes dominantes. Trabado en su apoyo intransigente al ALCA, sus pleitos con Fidel Castro, Néstor Kirchner y Hugo Chávez, así como sus desaires a Evo Morales, el gobierno foxista deja detrás de sí un panorama diplomático desastroso que será muy difícil mejorar.
Gramsci decía que en el espacio que existe entre el monopolio de la violencia y la hegemonía sólo puede darse la corrupción y el fraude. Y como en el Estado mexicano de hoy este espacio es muy grande, en él naufragan muchas reformas bien intencionadas.
Felipe Calderón llega a la silla presidencial cuestionado y debilitado. Pero la silla misma, con todo lo que representa, se está tambaleando. Estamos ante un Estado débil en extremo porque ha sido excluyente, pasivo e ineficiente ante los retos internos y externos; insensible a las demandas populares, tolerante con los vicios del pasado, ciego al ascenso de los monopolios que están amenazando con ahogarlo, incapaz de levantar la economía, se interna en un sendero sembrado de minas de alto peligro. l
"Transparencia" a modo
Daniel Lizárraga
Vicente Fox desplegó en las últimas semanas una intensa campaña promocional en radio en la que se adjudica la autoría de la Ley de Transparencia. Incluso se jacta en sus spots de que cualquier ciudadano puede saber cuánto gana él como presidente.
Sin embargo, la actitud de Fox resulta paradójica, pues parte del derroche de recursos del erario durante su gobierno se ha podido conocer mediante investigaciones periodísticas, y no porque él haya proporcionado la información públicamente.
En la campaña radiofónica se inserta el siguiente diálogo entre un papá y su hija:
–Papá, podemos saber cuánto gana el presidente...
–Si, mi hija.
–¿Y en qué gasta el dinero el gobierno?
–También.
–¿Pero y si no nos quiere decir, pa’?
–Tienen qué, mi hija. El presidente Fox propuso una ley que obliga a decirnos cómo se gasta el dinero. Hagamos cuentas claras.
Pero no todo ha sido tan claro. La reportera Arelí Quintero, de Diario Monitor, quien escribió el libro La familia presidencial bajo sospecha de corrupción en coautoría con Anabel Hernández, visitó uno de los ranchos del presidente Fox, ubicado en los alrededores de Nuevo Jesús del Monte, Guanajuato.
“Fui a ver qué pasaba con ese rancho que habíamos descubierto. Ya camino al lugar preciso en el cual se encuentra, en un estrecho camino, me topé de frente con el presidente Fox, quien venía manejando una camioneta Hummer. Atrás de él, venía otra Hummer con miembros del Estado Mayor Presidencial. Las dos (camionetas) eran color gris.
“A Vicente Fox lo vi de frente. Me tuve que subir a un montículo de arena para dejarlo pasar. No hay forma de que diga que no era él”, dice Quintero.
En sus declaraciones patrimoniales, el jefe del Ejecutivo federal no ha reportado la compra de una camioneta Hummer, cuyo precio en el mercado va de 43 mil a 78 mil 504 dólares.
Y existen otros subterfugios a los que recurre el gobierno foxista para presumir que se están transparentando todas las acciones públicas, como Compranet, un mecanismo alterno para la rendición de cuentas en torno de las compras que se realizan en Los Pinos.
Pero fue precisamente mediante ese sistema que Fox recibió su primer golpe mediático: el 19 de julio de 2001, Milenio diario dio cuenta de la adquisición de toallas para la cabaña de la familia Fox por 4 mil 25 pesos, así como de juegos de sábanas por 38 mil pesos.
A partir de este momento, Los Pinos se convirtió en el lugar donde convergieron una buena parte de las solicitudes de información.
El presidente Fox no se opuso a la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información pública (IFAI) –creado por decreto el 24 de diciembre de 2002, según reportó el Diario Oficial de la Federación–, aunque en el último tramo de su gobierno maniobra para que Alonso Lujambio quede al frente del instituto.
Desde que entró en vigor la Ley de Transparencia, en junio de 2003, comenzaron las peticiones ante el IFAI para conocer los emolumentos de los servidores públicos. Y aunque se pudo conocer cuánto ganan algunos de los funcionarios públicos gracias a la ley de transparencia informativa, durante la administración foxista se han acumulado más de 100 amparos contra la apertura de archivos oficiales. También dejará como herencia 5 millones de expedientes reservados.
El IFAI asegura que la Presidencia de la República se ha mantenido desde 2001 en el bloque de las 20 dependencias con más solicitudes totales de información: 2 mil 177, sin contabilizar lo que se acumule al final del presente año.
En internet sólo se encuentra información sobre el monto de las compras realizado por la residencia oficial de Los Pinos, pero el presidente Fox aún no explica qué hizo con los 24 millones de pesos que depositó el gobierno de Ernesto Zedillo en un fideicomiso privado en Inbursa destinado supuestamente al equipo de transición durante los últimos meses de 2000.
En el 2002, Fox envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para conformar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica.
La propuesta del gobierno foxista no consideraba la creación de un organismo autónomo como el IFAI. Fueron los legisladores quienes retomaron las propuestas del Grupo Oaxaca, integrado por especialistas que elaboraron la norma sobre transparencia que ahora está en vigor.
Subterfugios presidenciales
Ante las críticas por el uso de recursos públicos que repercutían en la imagen de Fox y de su esposa Marta Sahagún, la Presidencia comenzó a acotar paulatinamente los márgenes para acceder a los archivos con datos sobre La Pareja, como los bautizó el periodista Julio Scherer García en su libro más reciente.
Uno de esos archivos se refiere a la solicitud de este reportero, en julio de 2003, sobre los gastos en prendas de vestir hechos por Sahagún con cargo al erario federal. Aunque Presidencia se opuso rotundamente a difundir los nombres de las marcas de prestigio usadas por la consorte del presidente Fox, sus funcionarios sucumbieron ante el IFAI. Los cinco comisionados encabezados por María Marván le ordenaron entregar las facturas, en las cuales consta el desembolso de más de 300 mil pesos durante un año. Un ejemplo del derroche: en un día de compras por Polanco, la primera dama gastó 84 mil pesos en bolsas y otros accesorios.
Ese mismo año, 2004, cuando se les pidió de nuevo una relación de los gastos de Marta Sahagún en guardarropa, Presidencia respondió que se habían cancelado los recursos para ese rubro.
La residencia oficial de Los Pinos se oponía a abrir sus archivos y sólo cuando los casos fueron impugnados ante el IFAI la información fluyó hacia la prensa.
Entre el 12 de junio de 2003 y el 31 de diciembre de 2005 diversas instancias oficiales presentaron 101 amparos contra el IFAI. Entre las principales destacan la Secretaría de Energía (Sener), Luz y Fuerza del Centro (LyFC), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Lo mismo hicieron otros organismos como Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), así como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Cuando los juzgados fallaron en contra de estos organismos, surgió otra modalidad: 11 funcionarios del IPAB, de la CNBV y de la Subsecretaría de Egresos de Hacienda fueron alentados por sus jefes para presentar amparos en lo individual, alegando que si cumplían las órdenes del IFAI irían a la cárcel por violar el secreto bancario. Todos perdieron los litigios.
Revés del IFAI
En enero de 2006, en una inédita sentencia el IFAI reveló que, de manera injustificada, un grupo de funcionarios de Los Pinos se negó a revelar qué regalos recibió la esposa del presidente Vicente Fox durante los últimos dos años y quiénes los enviaron.
En el expediente de 24 páginas, los comisionados del IFAI detallaron cómo desde la residencia oficial de Los Pinos se protegió a Marta Sahagún, pues los funcionarios no atendieron la petición interpuesta por diversos medios de comunicación, entre ellos Proceso, y se negaron a solicitar la información a las oficinas de la consorte del presidente Fox.
Este reportero recibió un oficio de Los Pinos en el cual se le insinúa que podría ser sujeto de alguna denuncia penal si divulga los nombres de quienes enviaron regalos al presidente Fox.
Dice el oficio: “La Unidad de Enlace cuenta con un CD que contiene información pública sistematizada en la lista de regalos enviados al C. presidente de la República, el cual incluye los nombres de las personas que los hicieron. Así mismo, en cumplimiento con los estándares internacionales y la legislación, la información puede imprimirse, reproducirse, respaldarse y procesarse sin problema alguno; en este sentido, sólo hacemos de su conocimiento que, de acuerdo con la legislación aplicable, es su responsabilidad el uso, difusión, comercialización, alteración total o parcial que se le dé a la información entregada”.
Y recientemente, la Secretaría de Gobernación notificó a la reportera de El Universal Lilia Saúl que el dinero público invertido en la campaña de promoción de obras sociales en 2006, así como el impacto de los spots de Presidencia en radio y televisión, deberían permanecer en secreto durante dos años. Sin embargo, esta información tuvo que ser abierta por el IFAI.
Tarde, mal y con tachaduras
Antonio Jáquez
El presidente Fox propuso una ley que lo obliga a decirnos cómo se gasta el dinero”, presume el gobierno en uno de sus promocionales de cierre de sexenio, dedicado a exaltar el papel de la transparencia y la democracia como claves de la felicidad ciudadana o algo así.
Los hechos cuentan otra historia. El gobierno de Vicente Fox abrió las puertas de la información, pero al mismo tiempo reforzó las cerraduras de las zonas más sensibles del aparato federal, entre ellas la Presidencia de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
En otras palabras: se informa cuánto gana el presidente –aunque sólo sea para probar la generosidad con la que Fox se trata a sí mismo: 57% de aumento a su percepción legal durante el sexenio, según documentó Reforma el jueves 16–, pero se oculta o maquilla la información referida a sus inversiones bancarias o a sus bienes inmuebles.
El proceso de búsqueda de información incómoda sorprendería al propio Kafka. Algunos hilos de la madeja:
El 2 de noviembre del año pasado, solicitamos a la Presidencia de la República, a través de la Unidad de Enlace, datos específicos sobre el fideicomiso 201 que aparece en las declaraciones patrimoniales de Fox: bienes inmuebles e inversiones que lo integran, y el trámite relacionado con la casa ubicada en Contadero, en la delegación Cuajimalpa.
La respuesta llegó una semana después: “aunque la información solicitada no corresponde al marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental… hacemos de su conocimiento” que los datos requeridos se encuentran en el “hipervínculo” de Presidencia. Además, “con el ánimo de apoyarle”, dice la Unidad de Enlace presidencial, remiten al solicitante a la Secretaría de la Función Pública, a la que corresponde “recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores públicos… y verificar su contenido mediante las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables”.
La Secretaría de la Función Pública recogió la pelota que le aventó Presidencia y, a su vez, hizo malabares:
Remitió al solicitante a la declaración patrimonial del “Alto Funcionario” (o sea el presidente Fox), en la que por supuesto no se registran con precisión las datos sobre la integración del fideicomiso 201, pero reveló de pasada que “la forma de operación de la casa ubicada en Cuajimalpa fue de contado” (sic) –es decir, borrando las pistas del origen del dinero al estilo mafioso.
Este escamoteo quiso ocultar la información que Proceso averiguó y publicó en su momento (edición 1515): la casa de Cuajimalpa se la regaló a Fox el empresario nuevoleonés Roberto González Barrera, cabeza de Maseca y Banorte, que también ha sido dadivoso con la fundación que preside Marta Sahagún. En la casa de Cuajimalpa reside actualmente Lilian de la Concha, aún esposa de Fox según el canon católico.
Amigos del PRI
En enero de 2004, el reportero solicitó, a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, permiso para consultar expedientes del Cisen resguardados por la Coordinación de Inteligencia para la Prevención, organismo adscrito a la Policía Federal Preventiva (PFP). Los archivos fueron descubiertos en una bodega, a principios de sexenio, según confirmó a Proceso el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alejandro Gertz, y dijo que eran decenas de miles de fojas que fueron olvidadas o dejadas ahí por funcionarios de la era priista.
La PFP se tardó casi tres meses en responder que los expedientes “están clasificados como reservados” y simplemente enlistó el “rubro temático” de los legajos: terrorismo, guerrilla y grupos subversivos; secuestro y extorsión; tráfico de armas; tráfico de personas; narcotráfico; falsificación de documentos; contrabando y, entre otros, robo de vehículos, de transporte, de mercancías y de valores.
Promovimos ante el IFAI un recurso de revisión. La clasificación de documentos “es inadmisible en un régimen democrático”, argumentamos. Aún más, “ni siquiera la intimidad de los funcionarios públicos debería ser tratada como un asunto reservado, mucho menos aquellos temas que tienen que ver con sus funciones”.
El IFAI admitió el recurso de revisión y, el 14 de abril, le pidió a la PFP que manifestara “lo que a su derecho convenga”. La dependencia contestó el 27 de abril… ratificando su decisión de considerar reservados los expedientes con un alegato deslumbrante:
“Dicha información tiene la característica de ser delicada y por tal motivo fue clasificada íntegramente como reservada y no debe proporcionarse porque su difusión podría obstaculizar las estrategias para combatir las acciones delictivas, de prevención y persecución de delitos, por lo que dar a conocer estos delitos evidentemente comprometerían en el presente y en el futuro la seguridad pública.”
Se entiende la reserva del gobierno, considerando que sus “estrategias” para combatir la delincuencia maravillan a todos por su eficacia… para lograr el efecto contrario. De cualquier modo, el IFAI resolvió, en julio de 2005, que la PFP “elaborara y entregara, en los casos que así procediera”, la versión pública de los expedientes materia del recurso, eliminando las partes o secciones reservadas o confidenciales y señalando los fundamentos jurídicos y los plazos de reserva correspondientes. Y le dio a la PFP 120 días hábiles para que cumpliera la resolución, plazo que empezó a correr el 21 de septiembre de 2004 y concluyó el 29 de marzo del año siguiente.
La víspera de que se agotara el plazo, el IFAI recibió un comunicado insólito del coordinador de Inteligencia de la PFP, Arturo Fabre Bandini, en el que le notifica que la información resguardada “en 116 cajas”, con unas 200 mil fojas, fue “devuelta” al Cisen “mediante acta de entrega-recepción del 07 de marzo de 2005”.
El IFAI procedió a denunciar los hechos ante el Órgano Interno de Control de la PFP –que depende de la Secretaría de la Función Pública– en el lenguaje cifrado de la cautela:
Los oficios referidos por la PFP sugieren “la comisión de una conducta anómala, que merece un análisis más particular, pues se colige que la actuación realizada (la devolución al Cisen de los expedientes) aparenta una forma de evadir el cumplimiento de la resolución de mérito”.
Además, apuntó el IFAI, “aun suponiendo, sin conceder, que se estuvieran practicando diligencias para la atención de la resolución, resulta fuera de toda lógica (o sea irracional) que si el argumento original planteado por la PFP radicó en ‘la dificultad de procesar en un plazo corto documentación voluminosa’, no es factible pensar que a diecisiete días hábiles del vencimiento del plazo concedido no se hubiera realizado acción alguna sobre dicha documentación… y lo ya trabajado y procesado debió, en todo caso, ser proporcionado por la autoridad al recurrente”.
Si ya se había trabajado en este sentido, añadió el IFAI en su denuncia, “lo lógico hubiera resultado que se detuviera la entrega-recepción, se terminaran los trabajos correspondientes a la atención de la resolución y continuara la entrega de manera posterior, puesto que dicha documentación estaba vinculada a un compromiso legal de mayor importancia que un trámite administrativo de entrega-recepción”.
Y mediante un oficio suscrito por el secretario ejecutivo del IFAI, Ángel Trinidad Zaldívar, el pleno le solicita al Órgano Interno de Control “deslindar a través del procedimiento administrativo disciplinario respectivo las responsabilidades a que haya lugar por el incumplimiento a los supuestos establecidos en la Ley Federal de Transparencia”.
Además, el IFAI demanda que se “se cumpla en todos sus términos la resolución” referida, realizando todas las gestiones necesarias, incluyendo la solicitud al Cisen del reenvío de la documentación para que la Policía Federal Preventiva se encuentre en aptitudes físicas de atender lo ordenado por la autoridad competente, es decir el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública”.
Con su celeridad usual, la Secretaría de la Función Pública tardó más de un año en investigar los hechos y en aplicar las sanciones, en el mayor de los sigilos para no incomodar a nadie. Supuestamente, en septiembre pasado fue sancionado por “negligencia” Fabre Bandini, titular de Inteligencia de la PFP.
Pero el fondo de la resolución sigue sin acatarse: entregar los expedientes del Cisen que estuvieron bajo custodia de la PFP más de tres años.
Amigos de Fox
En junio de 2004, Proceso intentó seguirle la pista a los dineros de la campaña presidencial de Fox, agotada ya la averiguación del Instituto Federal Electoral sobre el tema. Se solicitó al IFE el expediente completo del caso Amigos de Fox, en particular la información dada al organismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Le secretaria ejecutiva del organismo, María del Carmen Alanís, fijó un plazo de 15 días hábiles para dar respuesta a la petición.
El 6 de agosto, la Unidad de Enlace del IFE notificó:
“Es jurídicamente imposible atender en su totalidad la solicitud formulada… por lo tanto se niega el acceso a la información clasificada como confidencial y temporalmente reservada”. En la resolución respectiva, el Comité de Información del IFE alegó que “la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública expresa que se podrá clasificar como información reservada aquella cuya difusión pueda comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional”.
El mismo día, el IFE avisó que los documentos “clasificados como públicos… se encuentran a su disposición”, previo depósito. En tal caso, se consiguieron primero 12 mil 556 copias, por las que hubo que pagar 12 mil 556 pesos: a peso la copia. En barata, el IFE apuntó que “si se desea que la información sea enviada a su domicilio, le pido hacerlo de nuestro conocimiento, a efecto de evaluar el costo respectivo”.
El 23 de agosto, la misma Unidad de Enlace informó que estaba disponible otro paquete de documentos, que se facilitaría una vez que se hiciera el pago correspondiente a 14 mil 655 copias. Al día siguiente, se avisó al solicitante que estaba ya listo el tercer paquete de documentos con un total de 6 mil 441 “copias simples”.
Los documentos entregados por el IFE son una tomadura de pelo: la mayoría de los papeles contienen tachaduras que encubren nombres, cifras o datos. La historia bancaria de Amigos de Fox sigue cubierta por un velo denso de complicidades.
Interpusimos un recurso de revisión ante el IFE el 17 de agosto de 2004, en el que señalamos:
“De acuerdo con la legislación vigente, los ciudadanos pueden solicitar cualquier información relativa al uso de los recursos públicos que reciben los partidos políticos, por lo que no es válido el argumento de que los datos referidos a los mismos deben mantenerse en reserva porque atentan contra ‘la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional’. Este argumento a favor de la secrecía equivale a considerar que los manejos económicos de los partidos políticos atentan contra la seguridad nacional.”
Tres meses después, el 25 de noviembre, respondió mediante un “Acuerdo de la Comisión del Consejo para la Transparencia y el Acceso a la Información”, que consta de apenas 40 cuartillas y que básicamente ratifica la resolución de agosto, que clasificó como reservada una serie de documentos. La lista de éstos contenida en el acuerdo es en sí misma reveladora:
“Traducción de cuentas por la Procuraduría General de la República”, “Información bancaria de la Cuenta de la C. Carlota Robinson Kauachi”, “Respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de las cuentas del Instituto Internacional de Finanzas”, “Respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de las cuentas de Fox Brothers SPR de RL”, “Información y documentación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, respecto de Éxito con Fox, A.C.”, “Escrito por el cual la embajada de Estados Unidos da respuesta a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, “Información bancaria, respuesta de diversas instituciones bancarias, contratos de apertura y estados de cuenta y cheques de la persona moral Fox Brothers”, etcétera.
La denuncia reciente de los abogados de Fox y Lino Korrodi, uno de sus recaudadores en la campaña de 2000, por no pagarles los honorarios pactados, reabrió la discusión pública del caso Amigos de Fox. Ante ello, solicitamos de nuevo al IFE, el miércoles 15, el expediente completo del caso, “sin tachaduras ni obstrucciones visuales de ningún tipo”.
MONTERREY Y EL DECLIVE DE LA OLIGARQUIA LOCAL:
Declive empresarial
Arturo Rodríguez García
MONTERREY, N.L.- Las legendarias empresas que dieron orgullo a este estado y constituyeron los pilares de su crecimiento y desarrollo económicos empiezan a desaparecer.
Son varios los factores por los que las antes acaudaladas familias nuevoleonesas perdieron su poderío: malos manejos financieros de sus empresas, estrategias fallidas de adecuación a la pujante economía de servicios, absorción de algunas firmas por compañías extranjeras o la quiebra.
El declive de los grandes consorcios industriales regiomontanos es innegable, a pesar de que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) es de 4.09%, de que la aportación de esta economía al PIB nacional es de 8.6%, de que ocupa el segundo lugar per cápita entre los estados de la federación y de que capta 18.4% de la Inversión Extranjera Directa en el ámbito nacional.
En su Información Económica Básica, el propio gobierno estatal considera sólo a dos de las principales empresas tradicionales de capital regional: Cemex y Vitro.
Los censos económicos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática dan cuenta de cómo las empresas industriales sucumbieron ante las de servicios durante las últimas décadas. En la actualidad, según el INEGI, 70.7% de los consorcios asentados en Monterrey se dedican a la prestación de servicios, y sólo 28.5% a las actividades industriales.
Para algunos expertos la explicación es sencilla: los industriales de Monterrey son malos financieros o dependen de los negocios que hacen con el gobierno federal y el mercado interno. No supieron adaptarse al proceso de globalización, lo que se refleja en los resultados adversos que sufrieron con los bancos Serfin, Confía, Bancomer y Seguros Comercial América, entre otras.
En 1986, con el cierre de la compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, uno de los símbolos del otrora poderoso empresariado de la región, comenzaron a sentirse los embates económicos.
Los orígenes
Creada en 1900, la Fundidora fue, junto con la Cervecería Cuauhtémoc –consorcio que inició sus actividades en 1881–, la punta de lanza de la industrialización de Monterrey. Ambas se constituyeron en “empresas madre” y activaron la tradición industrial de Monterrey.
La Maestranza, como se conoció a la Fundidora, fue creada por un grupo de accionistas encabezados por Jesús Ferrara; uno de sus socios era Isaac Garza, quien a su vez había fundado Cervecería Cuauhtémoc, compañía que dio origen a otras bajo la conducción de Eugenio Garza Sada, hijo de Isaac.
Para abastecer a la cervecería de envases, empaques, embalajes y otros insumos se crearon varios departamentos, que más tarde dieron origen a otras divisiones: en 1909 se fundó Vidriera Monterrey, conocida hoy como Vitro; en 1921 Fábricas Monterrey (Famosa); en 1929 Malta, S.A.; en 1936 la cartonera Titán, S.A., y Valores Industriales (Visa, hoy Femsa); en 1940 Almacenes y Silos; en 1943 Hojalata y Lámina, S.A. (Hylsa); en 1945 Celulosa y Derivados (Cydsa), entre otras. Todas pertenecientes al Grupo Cuauhtémoc, que se desmembró al morir Eugenio Garza Sada, en 1973.
En 1921 se formó el Grupo Gamesa, propiedad de la familia Santos; Cementos Hidalgo, fundada en 1906, se fusionó con Cementos Monterrey, para crear Cementos Mexicanos (Cemex) en 1931. En 1935 Jesús Ferrara constituyó Cigarrera La Moderna; al año siguiente Industrias Monterrey (IMSA), de las familias Clariond Reyes y Canales Clariond, iniciaron sus actividades textiles; y en 1945 se formó Protexa, productora de impermeabilizantes que posteriormente amplió sus actividades a la fabricación de tubería subterránea y plataformas submarinas.
Los grupos empresariales regiomontanos supieron aprovechar la Segunda Guerra Mundial y beneficiarse del paternalismo del gobierno. En la década de los setenta, Nuevo León producía hasta el 10% del PIB nacional. En 1974, el conglomerado del Grupo Cuauhtémoc se fraccionó en cuatro holdings: VISA, al frente de la cual quedó Eugenio Garza Lagüera; Vitro, que fue asumida por Adrián Sada; Cydsa, dirigida por Andrés Marcelo Sada, y Alfa, que a finales de los setenta participó en casi todas las ramas productivas en el país, quedó bajo el control de Bernardo Garza Sada.
El reino perdido
La década de los ochenta fue catastrófica para los grupos industriales regiomontanos. Durante el auge petrolero de 1980 y 1981, éstos incrementaron ampliamente sus ganancias, pero la crisis financiera de 1982 los obligó a pactar con el gobierno federal, particularmente el de Carlos Salinas. Las empresas se reorganizaron y por primera vez colocaron en puestos directivos a personas ajenas a las familias tradicionales. Fue el comienzo de la debacle.
A mediados de los ochenta, los empresarios regiomontanos ya arrastraban adeudos que ni con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) pudieron atenuar durante la década siguiente, aunque finalmente sí se beneficiaron de él.
Estatizada por el gobierno en los setenta, Miguel de la Madrid determinó el cierre de Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey en 1986, con lo que dejó libre el mercado libre a Hylsa y a IMSA. Cuatro años después, la trasnacional Pepsico adquirió el 80% de las acciones de la empresa galletera Gamesa, de los hermanos Alberto y Manuel Santos de Hoyos. El Grupo Santos se quedó solo con seis ingenios azucareros.
Otros núcleos formados en la tradición industrial regiomontana también quebraron. El caso de Protexa es uno de los más llamativos. Al principio esta empresa abastecía a Pemex de material para la construcción de plataformas submarinas y otras edificaciones, pero perdió los contratos con la paraestatal por falta de competitividad, en particular los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, conocidos como Pidiregas.
Aunque Protexa aún se encuentra en operación no ha logrado sortear su crisis. Para colmo, los hermanos Humberto y Xavier Lobo Morales, los principales accionistas, se disputan con fiereza el control de las empresas de ese consorcio.
La caída del imperio Garza Sada
Uno de los casos más escandalosos de la debacle empresarial en Monterrey es el de Alejandro Garza Lagüera y su yerno, Alfonso Romo Garza, a quien se atribuye la pérdida de otra empresa emblemática: Cigarrera La Moderna, que fue vendida a British American Tobbaco Mexico por mil 700 millones de dólares en 1997. Parte de los recursos obtenidos en esa transacción sirvieron para pagar las deudas, otros más se invirtieron en negocios relacionados con la agrotecnología a través de la empresa Seminis.
A su vez, Savia, subsidiaria de Grupo Pulsar, dirigida por Alfonso Romo, concentró sus recursos en la fusión de Seguros Comercial con Seguros América, así como en la casa de cambio Vector, Empaques Ponderosa, algunos negocios inmobiliarios, telemarketing en diversos medios de comunicación y otros servicios.
Alfonso Romo también ha protagonizado otras querellas. Su suegra lo demandó por la supuesta venta irregular de acciones de la Cigarrera La Moderna, que hasta ahora se mantiene en tribunales. Además, Romo llevó a la quiebra a su empresa Pulsar y de paso hizo perder mil 200 millones de dólares al exdictador chileno Augusto Pinochet, quien se había asociado en un proyecto de producción de transgénicos con Pulsar.
Romo se ha convertido en un empleado más de las empresas que fundó, mientras que Alejandro Garza mantiene sus acciones en Cydsa, otra empresa que se derrumba estrepitosamente.
Dirigida actualmente por Tomás González Sada, Cydsa es una de las muestras más recientes de la caída del empresariado de Monterrey, particularmente de las familias Garza Sada. Creada en 1945, Cydsa inició con la producción de insumos para la industria textil, pero pronto se expandió a la producción de película de celulosa y hacia la industria llantera; en 1958 abrió una planta eléctrica; finalmente, en 1961 incursionó en la producción de químicos, en alianza con la estadunidense Allied Chemical.
Luego de una serie de desincorporaciones y desinversiones en 2003 y 2004, Cydsa prácticamente abandonó sus actividades textiles. González Sada perdió el control de la compañía, agobiado por fuertes adeudos que no pudo liquidar en los plazos establecidos.
El caso del holding Vitro, que dirige Federico Sada González, tiene menos sobresaltos. En 1986 el grupo decidió incursionar en línea blanca, con la creación de Vitromatic, S.A., pero seis años después vendió esa empresa a la trasnacional Whirpool. Antes, en 2001, para salvar su precaria situación, se asoció con AFG Industries Inc. Y en 2003 desincorporó Envases Cuautitlán, S.A. de C.V., además de vender otras empresas de menor tamaño.
En contrapartida, Grupo Alfa, dirigido por Dionisio Garza Medina, hizo llevadera su crisis a partir de desinversiones y desincorporaciones de empresas, acciones que han sido elogiadas en medios académicos y revistas especializadas. No obstante, para sobrevivir el corporativo tuvo que vender sus empresas Akra, Terza, Enertek y Total Home, así como la siderúrgica Hylsamex, que transfirió en 2005 al Grupo Techint, una trasnacional con intereses en la industria acerera. El costo de esa transacción: 2 mil 250 millones de dólares.
La venta de Hylsamex provocó que el Grupo Alfa tuviera una caída de 44% en su utilidad neta durante el segundo trimestre de 2006, en relación con el período correspondiente de 2005. Y es que Hylsamex, fundada en 1943, era la tercera siderúrgica más grande de México. Su venta marcó otro hito: fue la mayor desinversión de un conglomerado de capital nacional desde la crisis de 1982.
No obstante, Hylsamex continúa bajo control nuevoleonés, ya que para sus operaciones en México y el Consejo de Administración, la trasnacional Techint nombró como presidente a Alejandro Elizondo Barragán, hermano del exgobernador de Nuevo León Fernando Elizondo, quien actualmente es senador por el PAN.
Las sobrevivientes
El único holding industrial derivado de Grupo Cuauhtémoc que escapa a los desastres de sus primos es Fomento Económico Mexicano (Femsa), propietario de Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, así como de la cadena comercial Oxxo y de la embotelladora de Coca Cola más grande de América Latina.
Femsa (antes Visa) fue presidida por Eugenio Garza Lagüera, expresidente de Bancomer y cabeza visible del clan Garza Sada hasta hace unos años. Cuando Eugenio se retiró lo relevó su yerno José Antonio Fernández, quien actualmente preside el corporativo.
Luego de la venta de Bancomer, operación realizada por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el capital de Eugenio Garza entró en franca recuperación. El empresario concentró su atención en el acaparamiento de la producción y distribución de Coca Cola en América Latina, así como en la operación de Amoxxo, subsidiaria que controla la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo. Y es que la venta de Bancomer al grupo español Bilbao Vizcaya Argentaria estuvo exenta de impuestos.
En meses recientes se comenzó a hablar de una posible desincorporación de la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma del Grupo Femsa, la empresa madre de lo que fuera el imperio de los Garza Sada. De hecho, varias trasnacionales están interesadas en esa operación.
El único caso de éxito es Cemex, el consorcio cementero de Lorenzo Zambrano que, a diferencia de las empresas derivadas de Grupo Cuauhtémoc que optaron por una diversificación desordenada, se concentró en el control del mercado cementero en el país y eliminó, vía fusiones-absorciones, a la competencia. A partir de 2000, la empresa de Lorenzo Zambrano comenzó a comprar varias cementeras en diferentes partes del mundo.
Beneficios de la política
A partir del sexenio de Carlos Salinas (1988–1994), los industriales regiomontanos comenzaron a relacionarse abiertamente con la clase política. Alfonso Romo acercó a sus parientes políticos con ésta: Alberto Santos fue senador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) poco antes de perder Gamesa; el otro ejemplo es Federico Sada, quien es objeto de las burlas de las familias de abolengo en Monterrey por su cercanía con el presidente Vicente Fox y su esposa Marta Sahagún. Desde el 2000, Liliana Melo de Sada, la esposa de Federico, empezó a cultivar la cercanía con la pareja presidencial. Los dos matrimonios viajan juntos y se reúnen con frecuencia.
El caso más notable de la cercanía de los empresarios regios con el poder es el de IMSA, el consorcio de las familias Clariond Reyes y Canales Clariond. Benjamín Clariond, quien milita en el PRI, sustituyó a Sócrates Rizzo en la gubernatura en los últimos meses de su gestión; mientras que su primo, Fernando Canales Clariond, militante del Partido Acción Nacional (PAN), llegó por méritos propios a la gubernatura, cargo que abandonó para incorporarse al gabinete foxista, primero como secretario de Economía y luego de Energía. Ambas dependencias han sido vitales para la sobrevivencia del negocio familiar.
Aunque IMSA sorteó mejor la crisis de los ochenta y los noventa, no está exento de descalabros. Tuvo que desincorporar su división de acumuladores LTH, que se había convertido en poco tiempo en uno de los pilares del corporativo. Además, vendió sus operaciones en Chile, que se encontraban bajo la vicepresidencia de Fernando Canales Stelzer, hijo del secretario de Energía, quien este año abandonó su cargo en el corporativo y encontró acogida en la política, como síndico del ayuntamiento de San Pedro Garza García.
Así, endeudadas, inmersas en escándalos familiares y golpeadas por la competencia global, las otrora adineradas familias regias esperan que Felipe Calderón tome posesión para buscar un acercamiento con su gobierno. l
Interéses de familia
Luciano Campos Garza
MONTERREY, NL.- Una sociedad de inversionistas pretende construir el fraccionamiento Valle de Reyes en el parque nacional Cumbres de Monterrey, área natural protegida que en octubre último fue declarada patrimonio de la humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas.
Grupos de ecologistas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el cabildo de Santa Catarina se oponen a la construcción de este desarrollo inmobiliario, en el que se invertirían 500 millones de dólares y abarcaría una superficie de 2 mil 500 hectáreas.
El parque nacional Cumbres de Monterrey, ubicado en la Sierra Madre Oriental, fue creado el 4 de octubre de 1939 por un decreto del presidente de la República Lázaro Cárdenas del Río. Con el avance de la mancha urbana se modificaron los límites de esa reserva situada en un espacio boscoso de gran diversidad natural que se reparte en ocho municipios: García, Santa Catrina, San Pedro, Monterrey, Allende, Montemorelos, Santiago y Rayones.
En 1996 se intentó crear el fraccionamiento Valle de Reyes en terrenos de Santa Catarina, municipio que se localiza al oriente de Monterrey. Se invertirían 200 millones de dólares. Pero las protestas de los ecologistas impidieron que se concretara. Ese mismo año, el gobierno de Benjamín Clariond Reyes negó el permiso para el desarrollo inmobiliario.
En marzo de 1998, Proceso (edición 1116) publicó una nota sobre las razones que echaron abajo el proyecto. En ese entonces se supo que uno de los interesados era Salomón Marcuschamer, socio en la constructora Javer, de Enrique Catalán, cuñado del entonces presidente Ernesto Zedillo. Supuestamente los propietarios de la inmobiliaria Dos Carlos también habían utilizado su amistad con un hermano del mandatario, Rodolfo Zedillo, quien les ayudó a superar los problemas que se les presentaron.
Cuando se difundieron los nexos de los inversionistas con el presidente, los trámites fueron suspendidos. Y aunque en mayo de 2000 el cabildo de Santa Catarina consideró la posibilidad de revivir el plan, el gobierno del estado negó el permiso definitivamente.
Ambición compartida
En ese mismo año un grupo de propietarios de tierras se amparó contra el decreto por el cual el presidente Ernesto Zedillo declaró el parque nacional Cumbres de Monterrey de 177 mil 395 hectáreas, zona protegida.
Luis Francisco González Parás, hermano del actual gobernador, José Natividad, es parte de la firma de abogados que representó a esos propietarios y además adquirió un predio cerca de la zona.
Cuando reinició la controversia sobre el proyecto, Natividad González Parás aclaró que el terreno Luis Francisco no está en el ejido El Potrero, en la zona conocida como Cañón de Ballesteros, donde se construirá el fraccionamiento, y que lo adquirió antes de que fuera anunciado el desarrollo inmobiliario, que incluye un campo de golf.
“Hasta donde sé, no tengo los datos precisos, en primer lugar, esa propiedad se adquirió antes de que yo fuera gobernador, con otro grupo de empresarios. Hasta donde sé no está ubicada en el Valle de Reyes”, dijo al respecto ante medios locales el pasado viernes 3.
Y sobre la autorización para el fraccionamiento manifestó: “La planificación municipal corresponde a los ayuntamientos y nosotros vamos a cuidar que se aplique la ley; vamos a procurar que se resuelvan los problemas de irregularidad y deformaciones que afectan el medio ambiente, y vamos a cuidar la naturaleza”.
Días después, el mandatario consideró que “en la medida en que se regularice todo eso se puede evitar el deterioro natural, no podemos llegar y sacarlos con la fuerza pública; son propietarios. Tienen títulos de propiedad, ya están posesionados, ya están viviendo en esos lugares y lo que queremos es regularizar esas zonas”, expresó.
De los 33 amparos promovidos contra el decreto de 2000, sólo seis prosperaron. Los propietarios que obtuvieron un triunfo legal fueron quienes estaban representados por el despacho de abogados Santos-Elizondo-Cantú-Rivera-González-De la Garza S.C., del cual forma parte Luis Francisco González Parás. Entre los litigantes locales, a este bufete se le conoce como El Despacho Imperial, por su poder político. Y sus socios son Los Divinos.
De acuerdo con información proporcionada por la oficina central de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en la Ciudad de México, los dueños de predios que consiguieron ampararse son Luis Francisco González Parás (amparo 263/2000); Inmobiliaria Dos Carlos S.A. de C.V. (1545/2000); Desarrollo Inmobiliario Omega (1095/2003); José María Garza Ponce (1115/2003); Margaret Ellen Sánchez Beber de Prado (1090/03), y Francisco Javier Gutiérrez Villarreal (1103/2003-II).
Albazo en el ayuntamiento
Con el fin de establecer bases legales para la construcción del fraccionamiento, el cabildo priista de Santa Catarina realizó una maniobra apresurada: la alcaldesa Irma Adriana Garza Villarreal renunció al cargo cinco días antes de que concluyera su gestión, con el argumento de que el gobernador le pidió integrarse a su gabinete.
En su lugar fue designado Ramiro Ayala, quien el pasado 28 de octubre, en una sesión extraordinaria de cabildo que sólo duró 12 minutos, encabezó la reunión para aprobar el Plan de Desarrollo Sustentable de La Huasteca 2006-2030, que incluye el proyecto inmobiliario Valle de Reyes en el Cañón de Ballesteros del parque nacional Cumbres de Monterrey.
La delegada de Semarnat en Nuevo León, Concepción Guadalupe Garza Rodríguez, se queja de la premura de aquella sesión, pues el ayuntamiento no le informó de la consulta pública que alega haber realizado. “Hubo declaraciones en la prensa, en las que decían que esto se iba a dejar para la siguiente administración, y de repente llaman a la sesión extraordinaria y lo votan en 12 minutos. Pensamos que un plan urbano no puede aprobarse al vapor; hay que estudiarlo, verlo, pues implica muchísimas cosas.
“Nosotros vamos a tratar de que se cuide el parque hasta donde se pueda, porque la ley nos obliga a los funcionarios federales, estatales y municipales a defender el interés público antes que el privado. Vamos a pugnar por que no se urbanice ahí, vamos a defender el parque”, reitera.
A su vez, Fernando Seriñá Garza, director del parque nacional y delegado de la Conanp en Nuevo León, señala que en el decreto promulgado por Zedillo para proteger el área ecológica no se permite, por ejemplo, la construcción de carreteras, y se pueden erigir casas solamente en alguno de los 34 núcleos poblacionales.
El caso es que ninguno de los propietarios que ganaron el amparo tiene predios en zonas habitadas. De todas formas, dice el funcionario, todos los dueños de terrenos deben someterse al Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, lo mismo que a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su reglamento.
“Valle de Reyes se está vendiendo dentro de un programa de desarrollo sustentable propuesto por el cabildo, pero no es suficiente. Los poblados deben crecer de acuerdo con el plan de Desarrollo Urbano, y para ello es necesario considerar el decreto del parque. Por lo que se ve, para el ayuntamiento no existieron el parque ni el decreto”, observa.
Seriñá Garza muestra el Diario Oficial en el que se publicó el decreto que establece que Cumbres de Monterrey es un área natural protegida con carácter de parque nacional; en el artículo décimo cuarto se formulan las restricciones en el uso del espacio natural. En el punto XII se especifica que se prohíbe “el desarrollo o construcción de campos de golf”.
“Es falso que todo Valle de Reyes haya ganado un amparo contra el parque. En efecto, hay predios que están amparados con sentencia a su favor, pero son como islas dentro del propio Valle de Reyes. A la inmensa mayoría de ese valle se le aplica el decreto”, especifica el delegado de la Conanp.
“Miopes con poder”
El pasado 8 de septiembre, el subconsejo científico del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, integrado por 10 especialistas en ciencias naturales, entregó a la alcaldesa Irma Adriana Garza Villarreal un documento en el cual se indica que el plan de desarrollo en La Huasteca “no es un proyecto sustentable, por el contrario, implica la destrucción de ecosistemas y posterior urbanización con graves consecuencias ambientales”.
Según los científicos, se encuentran en riesgo los ecosistemas que integran el área de la Huasteca: matorral submontano, bosque de encino-matorral submontano, bosque de encino-pino, matorral-rosetófilo, y vegetación galería y pastizal. También están amenazadas por lo menos dos especies de anfibios, 35 de reptiles, 76 de aves andantes, 25 de aves migratorias, así como 26 especies de mamíferos.
Por último, Seriñá Garza hace un reclamo: “Hay en Monterrey demasiados miopes con poder, que creen que el desarrollo no sustentable es desarrollo. Ojalá que despierte Monterrey, porque si no, cuando lo haga despertará en un desierto y la gente será pobre.
“Hicimos una propuesta, y aunque la conocieron el municipio de Santa Catarina y la Agencia de Protección al Ambiente del Estado de Nuevo León, nunca hubo una respuesta. Por eso creemos que si este plan se desarrolla a pesar de lo que hagamos, desde el punto de vista técnico, legal y de conciencia, perderán México y los ecosistemas, como siempre. Ese plan de desarrollo y aprovechamiento sustentable de La Huasteca, irónicamente, lleva un nombre que no le corresponde.”
El director de la Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano del gobierno de Nuevo León, Luis David Ortiz Salinas, salió en defensa del fraccionamiento:
“Hay muchos que no quisieran el desarrollo. En cuanto a lo jurídico, sí es susceptible de desarrollarse. Soy un firme creyente en respetar la propiedad privada y la ley. Y si hay una solución que proteja a esta empresa que tiene derecho a desarrollarse, lo que podemos hacer es ver qué condiciones deberá tener ese desarrollo para que sea sustentable y no se perjudique la ecología.”
Ortiz Salinas es cuñado y suplente en la senaduría de Fernando Elizondo Barragán, integrante del Despacho Imperial, quien está casado con Verónica Ortiz Salinas, directora de Vamos México.
El domingo 12, el alcalde electo de Santa Catarina, Dionisio Herrera Duque, anunció que congelaría el proyecto Valle de Reyes hasta que la ciudadanía decida qué hacer al respecto. Sin embargo, dijo que el pleito legal seguirá su curso, pues los fraccionadores están empecinados en aniquilar un espacio natural que aporta casi la mitad del agua que se consume en Monterrey y su área metropolitana.
Herrera comentó que el pasado fin de semana la comisión de Ecología del Congreso de Nuevo León le solicitó formalmente que impida que el polémico acuerdo de cabildo sea publicado en el Periódico Oficial.
Por lo pronto, el edil panista podría impedir la depredación en el Cañón de Ballesteros debido a que la anterior administración municipal cometió un grave error: después de que el cabildo sesionó y aprobó la urbanización en La Huasteca, olvidó publicar la resolución en el Periódico Oficial, y si no aparece ahí no puede aplicarse.
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