FOX EL MITÓMANO.

Jueves 12 de octubre de 2006
Neil Harvey*/ I

La salud en Chiapas.

En medio de la crisis poselectoral, donde el derecho al sufragio efectivo quedó en cuestión, cabe recordar que la democracia no se reduce a un sistema electoral, sino que también debe estar basada en el respeto a los derechos civiles, sociales y culturales. Si el fraude electoral vulnera los derechos políticos de los ciudadanos, los diversos movimientos populares en el país también exigen sus derechos a la libertad de expresión, la educación, la salud, la seguridad alimentaria, y todo lo que permite a la gente vivir con dignidad y justicia. Por lo tanto, los intentos de transformar el sistema político no deben separarse de las condiciones en que vive la mayoría de las personas, ni deben perder de vista que muchas de las soluciones a los problemas actuales podrían estar en manos de esa misma mayoría.

Dos textos recientes sobre la salud en Chiapas nos permiten comprender mejor este punto.

Por un lado, se acaba de publicar un nuevo informe llamado Pueblos excluidos, comunidades erosionadas: la situación del derecho a la salud en Chiapas, México, coordinado por El Colegio de La Frontera Sur, el Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos-Defensoría del Derecho a la Salud y Physicians for Human Rights (Médicos por los Derechos Humanos).

Este reporte presenta los resultados de una encuesta aplicada en 2000-01 a casi 3 mil familias en 46 comunidades ubicadas en las regiones Altos, Selva y Norte de la llamada zona de conflicto. Es un texto imprescindible para todos los que se interesen por el bienestar de las comunidades indígenas chiapanecas, tanto por los datos alarmantes sobre la situación de la salud en la entidad como por las recomendaciones dirigidas hacia el gobierno mexicano, todas fundamentadas en la legislación internacional correspondiente.

Los investigadores del informe señalan con mucho detalle las múltiples barreras económicas, políticas y culturales que impiden el goce del derecho a la salud en Chiapas, ya que es el estado con menor gasto en salud (581 pesos per cápita, comparado con 2 mil 255 pesos en Baja California Sur, por ejemplo). También es el estado con menos personas cubiertas por el sistema de seguridad social (17.6 por ciento versus 40.1 por ciento a escala nacional).

Existe entonces una relación inversa entre las tasas de marginación y el gasto en salud, ya que el gasto es 20 veces mayor para la población asegurada que la no asegurada. La falta de servicios afecta de forma desproporcionada a las mujeres indígenas (la mayoría de las cuales no habla español), debido a que son las que tienen más contacto con el sistema oficial por necesidades de salud reproductiva e infantil.

Muy pocos médicos entienden las lenguas indígenas y muchas veces no toman en cuenta las costumbres culturales o condiciones sociales en que viven sus pacientes. Estas inequidades representan una discriminación de clase, de etnia y de género, y por lo tanto una violación sistemática del derecho a la salud.

Los autores tambien señalan que la falta de acceso a los servicios de salud se debe al hecho de que muchas veces las unidades médicas no cuentan con equipo, medicamentos y personal suficientes. En no pocos casos, los médicos exigen que los mismos pacientes compren sus propias jeringas (cosa díficil en comunidades que están lejos de los centros urbanos), mientras sigue siendo frecuente el maltrato que reciben los enfermos en las clínicas u hospitales. Todo ello provoca la desconfianza de los indígenas y los aleja de los servicios que deben recibir como un derecho.

La manera en que el gobierno ha respondido a los conflictos en el estado agrega otras barreras de tipo político.

Se destaca el uso clientelar del programa Progresa-Oportunidades, el cual condiciona la prestación de servicios de salud al apoyo al gobierno. En vez de resolver los problemas que dieron origen al conflicto armado, los programas asistenciales profundizan las divisiones y enfrentamientos en las comunidades, dejando resultados muy lamentables.

Por ejemplo, todos los problemas señalados llevan a una muy baja atención de las enfermedades letales que son, sin embargo, prevenibles y curables, como es la tuberculosis pulmonar. Chiapas es el estado con el mayor índice de TBP y menor gasto en su tratamiento, pero aún más preocupante es la falta de diagnóstico de muchos de estos casos debido a las barreras ya mencionadas. En otras palabras, la discriminación no sólo niega el derecho social a la salud, sino también esconde una realidad todavía más grave. En el estudio referido, los investigadores detectaron a 29 casos de TBP, 16 más de los que los servicios de salud habían identificado para la misma zona.

El informe termina haciendo una serie de recomendaciones al gobierno mexicano, entre las cuales se destacan la implementacion de los acuerdos de San Andrés y el apoyo a los sistemas locales de salud en regiones autónomas. Aboga por una democracia incluyente y reformas legislativas y jurídicas para incluir el recurso al amparo en casos de violación de derechos a la salud. Subraya los problemas que enfrentan las comunidades divididas, que no cuentan ni con la unidad de las familias en las comunidades de oposición, ni gozan del apoyo oficial visto en las comunidades pro gobierno.

Los autores insisten en el hecho de que cualquier programa o proyecto de salud deba buscar reducir conflictos intracomunitarios, además de mejorar las condiciones de salud. Es decir, que el acceso a ésta no debe seguir siendo motivo de divisiones y enfrentamientos. Todas estas propuestas son necesarias y positivas, pero, dado el poco interés del gobierno en implementarlas, es preciso valorar los esfuerzos de los pueblos indígenas para resolver sus problemas de salud, tema que abundaremos en la segunda parte de este artículo.

* Profesor-investigador de la Universidad Estatal de Nuevo México, Las Cruces