MANIOBRA CERTERA: LA POSTURA DEL PRD Y PT EN EL CONGRESO EL DIA UNO.

REFORMA.
Miguel Ángel Granados Chapa.

El día del último Informe.

No se atentó contra ninguna institución, ni contra la investidura presidencial ni contra el pueblo, como alegó Vicente Fox. Ni se inhibió la libertad de expresión del Presidente, que la posee en grado mayor que ningún otro.

Muchos de los asistentes a la inauguración de sesiones del Congreso emitieron sus declaraciones de indignación contra los grupos perredistas que tomaron la tribuna en San Lázaro sólo de dientes para afuera, para efectos mediáticos. Mientras el acontecimiento ocurría, sin embargo, parecían hallarse en el entreacto de una representación teatral en que el público se desplaza para saludar, para ver y ser visto: saludaban a sus conocidos lejanos, formaban corrillos donde se expresaban frases divertidas o se narraban anécdotas sabrosas (a juzgar por las risas y aun carcajadas), hacían llamadas telefónicas, deambulaban entre amenidades.Quizá no cobraron conciencia de lo que acontecía sino hasta más tarde. O tal vez no les importaba. O acaso se sentían aliviados, temerosos como hubieran estado de que el conflicto anunciado se manifestara de modo violento, por lo menos con empellones, hasta llegar a las manos o algo peor. El hecho es que había más ambiente de desenfado y aun jolgorio que de preocupación y cólera (aunque por supuesto hubo muchos que las vivieron) por la toma de la tribuna, una de las posibilidades imaginadas para lograr el propósito perredista de impedir que el presidente Fox ofreciera desde la Cámara en que tomó posesión hace casi seis años, su mensaje de despedida.

Fue una maniobra certera, en el momento adecuado a sus fines, con un motivo irrecusable. Antes de que el senador Carlos Navarrete se refiriera al sitio de San Lázaro (en que se concretaba la que denunció como inconstitucional suspensión de garantías), habían formulado al gobierno federal semejante reproche los diputados Ricardo Cantú y Alejandro Chanona, al fin y al cabo miembros de los partidos que con el PRD formaron la coalición Por el Bien de Todos.

Pero también se produjo contra ella la diputada Martha Hilda González Calderón, la joven vocera del Partido Revolucionario Institucional, la tercera fuerza en la Cámara: "no entendemos ni aceptamos el estado de sitio con el que la fuerza pública mantiene cercado el palacio legislativo", dijo.

Sólo minutos después de esa expresión, la repitió a su manera Navarrete, que el domingo pasado había advertido al presidente Fox que el viernes siguiente sabría de qué madera están hechos los legisladores perredistas. Blandiendo un ejemplar de la Constitución, recitó su artículo 29, que establece las circunstancias en que pueden suspenderse las garantías y reprochó a Fox haber ordenado ese estado de excepción en torno al recinto parlamentario. Renunció entonces a su propio turno en la ronda en que ya seis legisladores habían expuesto la posición de sus grupos. Atribuyéndolo al desproporcionado cerco de seguridad notorio fuera y dentro de la Cámara, no expresó la de su partido "pues no existen las condiciones para que el Congreso sesione".

Más adelante el propio presidente de la mesa directiva, un atribulado Jorge Zermeño, haría suyo ese diagnóstico. Mientras tanto se esforzaba por hacer que los diputados y senadores perredistas que salían de sus curules volvieran a ellas. Era un pedido inútil: más de 150 sillas quedaron vacías, de pie sus ocupantes en los varios niveles de la tribuna desde la que se dirigen los debates y hablan los oradores.De allí no se movieron los perredistas ni siquiera cuando, al cabo de la primera media hora de su plantón, vino y se fue el presidente Fox, advertido por su correligionario el presidente del Congreso de que no había condiciones para que leyera el mensaje postrero, y tras entregar a un secretario de la mesa, panista también, el informe por escrito que previene la Constitución.

Ya había admitido el propio Zermeño esa posibilidad dos días antes de la fecha. Sólo cerca de las 10 de la noche, sólo ellos presentes en el salón de plenos, bajaron los perredistas de la tribuna, cuando conocieron el pedido para que cesara el sitio militar y policiaco.

Sin trivializar pero sin magnificar tampoco el mecanismo empleado por los perredistas, hay que recordar que en los parlamentos además de la discusión y de la votación hay recursos lícitos de actuación, como el abandono de las sesiones para romper el quórum, o la inscripción de decenas de oradores para cansar a la asamblea antes de que se vote un punto controvertido.

La medida extrema, rayana en la acción directa pero no violenta (aunque puede dar origen a ella) es encaramarse a la tribuna para diferir una sesión o reventarla. Los perredistas no se cansan de recordarle a Fox que se sumó a esa práctica más de una vez en los turbulentos días de la LIV Legislatura a la que perteneció.

No me reprochen los lectores (sobre todo los que practican sobre mis textos un marcaje personal y que con tonos diversos los critican) complacencia con este modo de actuar de las bancadas perredistas. No la tengo ni podría tenerla porque mis convicciones son contrarias a la ruptura de las formas, y porque me falta confianza en grupos parlamentarios formados a partir de conveniencias personales, contrarias a los propósitos generales de la causa de que se valen para medrar. Mirar durante todo el tiempo que duró la toma de la tribuna que detrás del compungido presidente de los debates se erguía el senador hidalguense José Guadarrama como abanderado de la legalidad, siendo que sistemáticamente ha encarnado lo contrario, casi me impulsaba a advertir de algún modo a Zermeño contra el eventual riesgo que tenía a sus espaldas.

El golpe asestado a Fox al impedirle leer su mensaje postrero ante el Congreso forma parte de la respuesta perredista a los agravios que atribuyen al presidente de la República, sobre todo su ilegal intervención en el proceso electoral, en que contendió como si fuera de nuevo candidato. Pero estuvo alimentado por las desavenencias con que se iniciaron las tareas en la Cámara de Diputados, debido a la decisión panista de impedir que un legislador del PRD presidiera la mesa directiva durante el primer año.

Héctor Larios, el rígido y rudo coordinador de los diputados panistas, tiene una profunda desconfianza (por no hablar de aversión) a las hordas perredistas, como llama a sus compañeros de Cámara. Dice haberles exigido una garantía de comportamiento institucional y que no la recibió. Además de encabezar el Congreso este septiembre, el presidente de la Cámara deberá publicar el bando solemne que hace conocer la declaratoria de Presidente electo y, más importante, dar posesión de su cargo al próximo titular del Ejecutivo.

Sus renuencias previas se confirmaron, dice, con el comportamiento de las bancadas perredistas y deslizó una amenaza: solicitar al Instituto Federal Electoral la cancelación del registro del PRD. Se requeriría para llegar a ese extremo una interpretación alambicada, pero de seguro hallaría el pedido un ambiente favorable en el sesgado consejo general del IFE: El código electoral dispone que esa sanción extrema puede ser aplicada si un partido "deja de cumplir los requisitos necesarios" para obtenerlo. Uno de ellos es contar con una declaración de principios que incluya "la obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen".

Esta vez las bancadas perredistas no atentaron contra ninguna institución. No lo hicieron contra la investidura presidencial y menos contra el pueblo como alegó el presidente Fox. No es obligatoria la lectura de un mensaje ante el Congreso, ni se inhibió al no ocurrir la de este viernes la libertad de expresión del Presidente, que la posee en grado mayor que ningún mexicano. Menos de dos horas después de que cumplió su deber constitucional estaba ya al aire en cadena nacional, siendo atendido sin duda por un público mayor del que hubiera escuchado sus palabras en condiciones ordinarias.

Los legisladores perredistas ilustran la complejidad del movimiento de que forman parte. Es al mismo tiempo contestatario e institucional. Sin esquizofrenia es posible que los gobernantes y miembros de cuerpos deliberantes caminen portadores de esas dos cachuchas, que caminen en el filo de la navaja. Pero puede llegar un momento en que las conductas correspondientes se hagan incompatibles. El nuevo discurso antiinstitucionalista de López Obrador embate contra ellos, en tanto que son parte de una institución, como embate contra quienes gobiernan y gobernarán el Distrito Federal y otras entidades.