DE JUICIOS, TRAMPOSOS Y VIDEOS.

Por la comisión de diversos actos y omisiones que afectaron la equidad de los comicios presidenciales, el presidente del TEPJF, Leonel Castillo, dio entrada ayer a un juicio de inconformidad presentado por ciudadanos contra Luis Carlos Ugalde, titular del IFE, y ocho consejeros electorales, mientras la coalición Por el Bien de Todos solicitó la anulación de 65 por ciento de las casillas en las que se ordenó el recuento de votos, debido a multiples irregularidades y a la falta de certeza en los resultados.

Denunciará la coalición a implicados por video de Ahumada en la maquinación contra AMLO
Admite el TEPJF demanda de juicio contra Ugalde y el IFE
Tres ciudadanos acusan al Consejo General de "actos y omisiones "que afectaron la equidad.

ALONSO URRUTIA

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Leonel Castillo, dio entrada este sábado a un juicio de inconformidad promovido por ciudadanos en contra del consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, y de los otros ocho consejeros, por "actos y omisiones" que afectaron la equidad en las elecciones para la Presidencia de la República.

En tanto, los 374 juicios de inconformidad que revisa el TEPJF, los cuales fueron presentados por el Partido Acción Nacional y la coalición Por el Bien de Todos, también relacionados con la citada elección presidencial, continúan en su análisis y desahogo. Por lo pronto, ayer los magistrados seguían colocando en estrados diversos requerimientos sobre cada uno de los juicios, aunque cada vez en menor número respecto a los días pasados.

Requerimiento de listas nominales en 10 distritos.
Es así que al menos en una decena de distritos, los integrantes del tribunal electoral solicitaron al respectivo presidente del consejo distrital del IFE el número de ciudadanos que conforme a la lista nominal se les haya colocado el sello de "votó". En otros casos se piden aun listados nominales, o bien, datos sobre el número de sufragios depositados en la urna.

Dicha información es requerida a efecto de contrastarla con los números contenidos en las diversas actas levantadas en las casillas en que, de acuerdo con las denuncias que ha presentado la coalición, ha habido diversas inconsistencias en cuanto a las cifras registradas durante los cómputos, y que el IFE no subsanó al momento de realizarse los conteos distritales.

Destaca el hecho de que conforme se acerca la fecha en que los magistrados deben dar su veredicto sobre los comicios, los requerimientos se realizan con un tiempo más reducido para cumplirlo; es el caso de la magistrada Alfonsina Bertha Navarro, quien este sábado fijó seis horas al consejero presidente del distrito 3, de Tamaulipas, con cabecera en Río Bravo, para que le remita los datos respecto a si 85 ciudadanos que enlista en el oficio efectivamente se encuentran en el listado nominal correspondiente.

En relación con la demanda promovida por los ciudadanos Ernesto Zubieta Arroyo, Justino Flores Presa y Karina Hernández Vargas, Leonel Castillo le dio entrada y se le asignó el juicio de inconformidad 373, con la clave SUP-JIN-375/2006. En la documentación colocada en los estrados del TEPJF sólo se habla de actos y omisiones de los consejeros, sin especificar concretamente a qué se refieren estas conductas.

En la lista de la querella penal incluso estará el presidente Fox, informa Jesús Ortega
ANDREA BECERRIL, ALONSO URRUTIA Y AGUSTIN SALGADO

La coalición Por el Bien de Todos anunció que prepara denuncias electorales y penales contra funcionarios y legisladores que, según lo revelado en el video del empresario Carlos Ahumada Kurtz, están involucrados en el complot que desde Los Pinos se aplicó para impedir que Andrés Manuel López Obrador llegara a la Presidencia de la República.

En conferencia de prensa, Jesús Ortega señaló que las denuncias serán contra Diego Fernández de Cevallos, Santiago Creel, ex secretario de Gobernación; Rafael Macedo de la Concha, ex titular de la Procuraduría General de la República, e incluso contra el propio presidente Fox, por haber participado en la conjura denunciada desde 2004 por el PRD, y de la que ahora hay pruebas.

Precisó que aunque no confían ni en la PGR ni en la Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), van a interponer las denuncias porque hay delitos, como tráfico de influencias y asociación delictuosa entre servidores públicos.

En la vertiente comicial, se informó que PRD, PT y Convergencia preparan el expediente que entregarían al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que pretenden vincular el nuevo video del empresario argentino con el juicio de inconformidad que promovieron en el distrito 15, del Distrito Federal, donde se impugna la elección presidencial en su conjunto por diversas circunstancias que alteraron la equidad de la contienda.

De acuerdo con la coalición, se busca asociar la evidencia que se desprende de este video, en el que se detecta la relación de Ahumada con el gobierno federal y connotados miembros del PAN, con lo sucedido concretamente en la contienda electoral, y que se expresó en diversas acciones -agravios, define- en que incurrió el Estado para incidir en los resultados de los comicios presidenciales.

En principio, el video podría ser entregado este domingo, a efecto de que sea considerado como prueba relacionada con el denominado juicio madre de la coalición Por el Bien de Todos. El objetivo central es que el TEPJF no declare la validez de la elección presidencial, apelando a la denominada nulidad por causal abstracta.
Fernández de Cevallos, sin justificación

Respecto a la participación del senador Fernández de Cevallos, Ortega señaló que sus justificaciones carecen de fundamento, ya que sostiene que su preocupación fue que se hiciera justicia, y por eso "aconsejó" a Ahumada que presentara denuncias, aunque al final el panista se quedó con los videos y no los hizo llegar a las autoridades judiciales, sino a una televisora, para así dar inicio a los videoescándalos.

Asimismo, recalcó que Santiago Creel incluso es incapaz de dar la cara "para explicar su deleznable comportamiento en esa conjura contra López Obrador y el sistema legal del país".

Lo grave -dijo- es que Creel aprovechó su cargo de secretario de Gobernación para tratar de eliminar de la contienda presidencial a López Obrador, y sólo por ello, si tuviera elemental dignidad o vergüenza no tomaría posesión como senador de la República.

En ese contexto, agregó, es explicable que la Presidencia guarde silencio en torno al video de Ahumada, ya que no tienen cómo explicar la ilegal participación de Vicente Fox en ese "sucio asunto". Aclaró que en la coalición no temen que Ahumada declare sobre este asunto, y tampoco que se den a conocer todos los videos, ya que seguramente saldrán nuevas evidencias del complot contra López Obrador.

Por su parte, Bernardo Bátiz Vázquez, titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), aseguró que solicitará formalmente una copia del video presentado ayer por la periodista Carmen Aristegui, con la finalidad de incluirlo en una averiguación previa contra Ahumada Kurtz, la cual todavía se encuentra en proceso de integración, y negó que dichas imágenes hayan sido filtradas por el Gobierno del Distrito Federal.

Entrevistado al término de la reunión del gabinete de seguridad y procuración de justicia, el abogado estableció: "Cuando nosotros hemos tenido videos, que fueron los que encontramos en el cateo (realizado en las oficinas de grupo Quart, ubicadas en avenida Revolución), de inmediato los presentamos ante las autoridades correspondientes. "Solamente uno, y después de que lo entregamos al juez que llevaba el asunto, lo presentamos ante los medios de comunicación, porque nos pareció importante. Esa es la forma en que nosotros trabajamos.

"El gobierno de la ciudad no tiene el video, ni lo ha tenido en ningún momento. Como ustedes saben, fue un medio de comunicación el que lo dio a conocer y, como en otras ocasiones, se pueden reservar su fuente", abundó. Recordó que en varias ocasiones la PGJDF ha realizado los trámites necesarios ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para que dicha dependencia federal solicite al gobierno de Cuba el video completo que se le tomó al empresario argentino en el momento que declaraba ante las autoridades de la isla.

El tribunal electoral, parte del sistema, asume el dirigente perredista Leonel Cota
Luego del video, sólo quien tenga línea "torcerá la ley"
ELIO HENRIQUEZ Y ANGELES MARISCAL CORRESPONSALES

Tuxtla Gutierrez, Chis., 19 de agosto. La divulgación del video que ha puesto al descubierto la conjura contra Andrés Manuel López Obrador servirá para que la sociedad tenga una visión propia de cómo se dio "el linchamiento" contra el tabasqueño, afirmó Leonel Cota Montaño, dirigente nacional del PRD.

Entrevistado en Tuxtla Gutiérrez, dijo que la nueva grabación confirma que el objetivo de los videoescándalos "no era hacer justicia, sino medrar políticamente" para que el ex jefe de Gobierno de la ciudad de México no fuera presidente de la República. "Era un secreto a voces en el país que la elite del poder había planeado la conjura, como habíamos expresado. Parece que en este país los delitos se cometen en función de los videos. Hemos caído en una desafortunada proclividad de los medios para juzgar sólo lo que se ve a la luz de los videos, no de la ley", añadió.

Admitió que de haberse divulgado antes del 2 de julio, la grabación de Ahumada hubieran causado "un enorme impacto, pero (no hacerlo) fue parte de la manipulación que se ha dado en el país de asuntos políticos, a conveniencia de los grandes empresarios".

Aseveró que ahora las repercusiones "serán menores porque, desafortunadamente, el país se maneja bajo estos intereses; pero finalmente tendrá impacto en la sociedad, que no mide las circunstancias que atraviesa el país con la misma actitud de los grandes intereses".

-¿Estos videos podrían fortalecer los análisis que realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?
-El tribunal tiene todos los elementos para anular casillas, y las propias elecciones federales. Desde luego, lo vemos con toda claridad: son parte del sistema (los magistrados), pero hay evidencias claras, y sólo quien tenga línea y una conducta en que no se respete la aplicación de la ley va a torcer las cosas. En lo personal, tengo la convicción de que la línea está dictada; finalmente, los funcionarios del tribunal son los mejor pagados del mundo, y eso pesa.

"Cuando vencimos en el intento del desafuero, los grupos de poder intentaron sacar adelante la candidatura de Felipe Calderón, y como no les dio la medida, recurrieron al fraude", consideró.

Por su lado, el senador perredista Antonio Soto puntualizó que el contenido del video difundido el pasado viernes debería ser determinante en la decisión que tomarán los magistrados del TEPJF sobre la elección presidencial del 2 de julio.

Si bien las videograbaciones muestran hechos anteriores al proceso comicial, dijo que reflejan una operación del Estado mexicano, esto es, "la utilización de las instituciones en favor y en contra de candidatos y partidos", subrayó. El tribunal debe actuar con ética y en congruencia con la Constitución y anular la elección. No tiene otra alternativa, sobre todo porque una de sus funciones es garantizar que los comicios reúnan los requisitos de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia.

Con información de Georgina Saldierna