ACCION DE INCONSTITUCIONAIDAD.

Javier Corral, senador panista, escribe en el Universal:


La opción moral.

Javier Corral Jurado.
09 de mayo de 2006.

Con insistencia reiterada, no pocos reporteros y analistas nos preguntaron la semana pasada si teníamos confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la Acción de Inconstitucionalidad que 47 senadores de la República presentamos en contra de la "Ley Televisa". Me extrañó sobremanera el énfasis que algunos hicieron en torno de las presiones y el riesgo que nuestra demanda puede correr en el máximo tribunal.

Sin ingenuidades, pero también sin la desconfianza sistemática y la duda metódica sobre nuestras instituciones, varios senadores expresamos nuestra esperanza en la Corte, opinamos sobre una impresión distinta que tenemos de nuestros ministros.

No descartamos que el conjunto de actores beneficiados se moverá, lo sabemos porque hemos sentido que en medio está una maquinaria de intereses para asegurarse negocios adicionales, y sobre todo la articulación de lo político, lo económico y lo cultural en un solo acto legislativo.

Aunque constituye en efecto un comportamiento vergonzoso tanto del Congreso como del Presidente al aprobar y luego promulgar esas reformas contrarias al interés público y a la Constitución, el logro de haber llevado a tantos a esa cesión de soberanía estatal sobre el espectro radioeléctrico es explicable en torno de la dinámica de rentabilidad político-electoral en la que se procesó y resolvió la decisión.

La valoración, hay que recordarlo varias veces, no tuvo nada que ver con los contenidos de las reformas, sino con el momento político que vivivimos, la rentabilidad en los medios que ello pudiera conseguir, o la animadversión que de ellos se desatará por el rechazo.

En el caso de la Corte, no creo que esa sea la dinámica bajo la que se estudie y resuelva la sentencia. Ni los ministros se encuentran rehenes de la dictadura del spot, o del posicionamiento televisivo para hacerse valer o destacar, ni se encuentran en medio de una disputa electoral para ratificar sus cargos.

El periodo de actuación de los ministros es, en su mayoría, todavía de un largo aliento, a cuatro de ellos les quedan 12años por delante. Y sobre sus biografías no se acreditan faltas o conductas vulnerables que las televisoras puedan aprovechar en una eventual acción de intimidación o chantaje.

Quienes presentamos la acción de inconstitucionalidad estamos conscientes de que las presiones estarán ahí, pero nos atenemos, por supuesto, a la contundencia de los argumentos que hemos presentado en los 21 conceptos de violación constitucional, y a que la Corte ha ido conquistando para sí una fuerza mayor, basada no sólo en la ampliación de sus facultades para conocer de las controversias que se susciten entre los poderes federales y los niveles de gobierno entre sí, y declarar la inconstitucionalidad de leyes con efectos generales, sino también por su desempeño ético y profesional. Que no a todos nos gusta cada sentencia de la Corte, eso es cierto, pero es otra cosa.

Además de la opción moral que tomamos de denunciar y exhibir la rendición en nuestra propia Cámara, convencidos de un deber y conscientes del daño patrimonial, político, social y cultural que al Estado le ocasiona la "Ley Televisa", tampoco podíamos, bajo ninguna circunstancia, dejar de combatir jurídicamente a través de la cantera de la Constitución una legislación que la contraría en 27 artículos, y que es fruto no sólo de un proceso legislativo a expensas del chantaje, sino de un desequilibrio de poderes quizá el más delicado que hayamos conocido: la imposición del poder fáctico de la televisión sobre los poderes constitucionales.

Para eso nació la acción de inconstitucionalidad, para subordinar la totalidad de los actos del poder público a la Constitución y a las leyes, y no a intereses estrictamente particulares. Para eso se abrió la posibilidad de que una tercera parte de los integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión la pudiéramos ejercer: frente al abuso de las férreas disciplinas partidarias o los atropellos de mayorías conjuntadas en el mercadeo de bienes del dominio de la nación por favores electorales.

Desde diciembre de 1994, en que se reformó el artículo 105 de la Constitución para incorporar la acción de inconstitucionalidad, es la primera vez que una tercera parte del Senado hace uso de este derecho. Somos 36.7%. La pluralidad de quienes la promovemos la dota de una enorme legitimidad: 15 somos del PAN, 16 del PRI, 15 del PRD, y uno del partido Convergencia. Representamos a 29 entidades de las 32 que componen el pacto federal.

Estamos los 40 que votamos en contra de la reforma, dos de quienes se abstuvieron, y cinco de quienes votaron a favor. No existe ningún impedimento legal o constitucional para que los senadores que votaron a favor de la legislación que ahora se impugna suscriban la demanda, y así lo ha considerado la propia Suprema Corte de Justicia en varios criterios. Todos lo hacemos por deber y conciencia.

Le daremos seguimiento a esta acción.

Una razón mas para votar por AMLO y la mayoría perredista para el Congreso.