En México, como en Colombia, la lucha social se criminaliza

1. La primera gran marcha de las dos últimas décadas, de la derecha y los empresarios (vestidos de blanco) se realizó en México el 27 de junio de 2004. Fue una manifestación convocada por empresarios y medios de información, por medio de sus organizaciones derechistas (entre ellas México Unido), precedida de varios miles de espots en radio y televisión, para protestar contra los secuestros de empresarios y la delincuencia desatada en la Ciudad de México, la cual era gobernada por López Obrador. Aunque se negaba que no era contra el gobierno de AMLO (que desde un año antes todas las encuestan lo colocaban con mucho en primer lugar para ganar la Presidencia), la realidad es que esa marcha blanca de medio millón de personas formó parte de la campaña presidencial de panistas, empresarios y alto clero, al mismo tiempo que sirvió para denunciar a AMLO por no haber dado su apoyo a la marcha. La derecha se anotó un éxito y realizó contactos.

2. La marcha derechista de ayer lunes 4 en Colombia fue convocada por el gobierno del asesino presidente Álvaro Uribe para despertar a la derecha y reiterarle su apoyo frente a los avances de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que llevan más de 43 años luchando en la selva contra gobiernos proyanquis que buscan acabarla como fuerza de oposición. Las demandas de la marcha de medio millón de colombianos fueron contra las FARC y contra los llamados secuestros de empresarios, políticos y militares, secuestros que sólo le sirven a la guerrilla para intercambiar con sus presos en manos del gobierno. Por eso las FARC dicen: “les entregamos nuestros presos y ustedes nos entregan los suyos” o también: “si quieren que dejemos de secuestrar a los ricos dejen de asesinar al pueblo y de encarcelar a los luchadores sociales”. Pero parte del pueblo, manipulado y pagado por el gobierno de Uribe, salió a protestar contra las FARC

3. Hace unos días en Mérida Yucatán los empresarios, el clero y los medios de información sacaron a la calle, en el aristocrático Paseo de Montejo, a dos mil personas vestidas de blanco y con velas en la mano. Los organizadores pertenecían a la organización México Unido que organizó la marcha en el DF en 2004. Algunas personas quisieron desfilar con mantas contra el gobierno de Calderón, las alzas de alimentos, los miserables salarios, etcétera y se les expulsó con el argumento que era “marcha por la paz y contra la delincuencia” y que no cabían otro tipo de demandas. Incluso se impidió la palabra a una funcionaria de gobierno representante de los derechos de la mujer. Luego de la marcha los medios dedicaron loas a los organizadores de las clases altas por su “gran capacidad de convocatoria”. Hoy se ha publicado que en Monterrey y en Mérida se realizaron marchas en apoyo al gobierno de Colombia. ¿Qué pasa?

4. Sucede que con el panismo (como antes con el salinismo) en el gobierno y el ejército en las calles de muchos estados, la derecha empresarial se siente muy fortalecida. Ante las protestas de trabajadores, los exaltados medios de información y empresarios, entre otros, exigen al gobierno “la aplicación de todo el peso de la ley y el respeto a los ‘derechos’ de terceros”. Quieren los dueños del capital y el poder confinar las marchas de la Ciudad de México a lugares donde no afecten la circulación vehicular, pero sobre todo a donde nadie las vea. De preferencia cuando todos duermen y sin hacer el menor ruido. Olvidan los poderosos que las protestas son un derecho irrenunciable de los pueblos y que la represión gubernamental a ellas es un delito que viola los derechos humanos. Los dueños del poder quisieran tener una masa inclinada a servir sin protestar, a producir riqueza sin pedir nada a cambio. Pero los pueblos despiertan y nadie podrá frenarlos.

5. El Estado mexicano, según “La Red de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos”, frente a las acciones organizadas de protesta social por el aumento de la desigualdad, la concentración de la riqueza y el retroceso en el goce de los derechos sociales, responde de forma represiva: cierra espacios de diálogo, desata la represión policial, descalifica a quienes se manifiestan y protestan, militariza la vida civil y criminaliza la protesta. Se registran detenciones arbitrarias; equiparan a los luchadores sociales con delincuentes; les agravan las acusaciones, imputándoles delitos políticos o contra la seguridad nacional; se ilegaliza la protesta social y falta un proceso legal que pueda ser convincente. La política de criminalización de la protesta social implica acciones represivas policíacas que “nunca son investigadas y sancionadas y, al mismo tiempo, implica hacer legal la injusticia y utilizar la ley para sancionar a quienes se enfrentan al Estado exigiendo sus derechos.

Nota completa aquí