AMPLIACIÓN DE DENUNCIA CONTRA SEGURO POPULAR

Nos llegó este boletín sobre la ampliación de la denuncia contra el seguro popular:

Presenta Laurell ampliación de denuncia por daño patrimonial contra el Seguro Popular por las credenciales “TUSALUD”

México, Distrito Federal
Miércoles 05 de diciembre de 2007




* El monto se incrementa a mil millones de pesos, afirma

* La inhabilitación del Comisionado por fraude menor, subraya

* Lentitud y omisiones en la investigación de la SFP, denuncia

* Hay obstrucción de la Ley de Transparencia, acusa

La Secretaría de Salud del Gobierno Legítimo de México presentó este día una ampliación de la denuncia presentada el 21 de mayo de 2007 ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), por un presunto daño patrimonial de 368 millones de pesos en perjuicio de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud en la compra de las credenciales “TUSALUD” a la empresa Image Technology México SA de CV.

La ampliación de la denuncia, explicó la secretaria de Salud, Asa Cristina Laurell, se hace por la autorización de un aumento en el monto del contrato por 44.2 millones de pesos, de los cuales se tiene documentado el ejercicio de por lo menos 24 millones.

Por otra parte, explicó, se exige que sea incluido en la investigación de la SFP la licitación y ejecución del contrato CNPSS/S/LP/056/06 de 2006, adjudicado a la misma empresa en asociación con Cosmocolor SA de CV.

Expresó que dicho contrato, por un monto de 558.6 millones pesos, se refiere a las mismas credenciales y el llamado proceso de “Enrolamiento (sic) al Seguro Popular”; es decir, existe la presunción de que el daño patrimonial pueda alcanzar un monto cercano a mil millones de pesos.

La denuncia original se refiere a la compra 3.7 millones de credenciales familiares “TUSALUD” para los afiliados al Seguro Popular. Cabe recordar que esta denuncia obedeció a que las credenciales adquiridas no cumplen con las características reglamentarias y no tendrán ningún uso, aseguró.

Asimismo manifestó que la licitación correspondiente, ganada por las empresas Image Technology México SA de CV. y E-Siglo SA de CV despertó sospechas entre otros concursantes por parecer hecha a la medida de las empresas vencedoras.

El 31 de mayo de 2007, el Comisionado del Sistema de Protección Social en Salud durante el gobierno de Fox y expresidente de “Amigos de Fox”, Juan Antonio Fernández, fue inhabilitado por la SFP (expediente 15/2007-BIS) por 10 años “por abuso de autoridad” y multado con 454 mil pesos, recordó.

Sin embargo aclaró que la citada inhabilitación fue por un viaje personal y acompañado por su novia, a Singapur y Honolulú, con cargo al erario público. Las distintas investigaciones sobre las credenciales “TUSALUD” y el “Enrolamiento” siguen abiertas desde hace meses y no se ha dado ningún fallo.

Por tanto, expresó que no existe ninguna sanción administrativa ni resarcimiento del daño al erario público, ni mucho menos una denuncia penal respecto a estas investigaciones.

Este proceder es igual al que se aplicó a la coordinadora general del Sistema Nacional de Protección Civil, Carmen Segura Rangel, que fue sancionada con un simulacro de inhabilitación por 10 años y una multa muy inferior a la que hubiese correspondido al presunto fraude con los recursos del Fonden, observó.

Adicionalmente fue protegida con fuero como asambleísta en el Distrito Federal por el PAN, destacó.

La simulación y dilación indefinida de la conclusión de las investigaciones sobre fraudes y desviación de recursos y las correspondientes denuncias penales son la estrategia de impunidad que caracteriza a los gobierno de derecha, afirmó.

Torciendo la Ley de Transparencia

Hizo énfasis en que la investigación de los ciudadanos con el apoyo de la Secretaría de Salud del Gobierno Legítimo ha puesto de manifiesto la lentitud y virtual inutilidad de la Ley de Transparencia.

Las gestiones formales de información se iniciaron a finales de noviembres del 2006 ante el IFAI. Por las indicaciones recibidas, se reformularon dos nuevas solicitudes el 8 y 9 de marzo de 2007, mismas que a la fecha –nueve meses después– no han recibido respuesta, a pesar de ser las pruebas definitivas –facturas pagadas y bienes entregados– para juzgar este caso, denunciaron.

El IFAI ordenó a la Secretaría de Salud instruir al promoverte cómo solicitar esta información, en vista de que había sido mandada a la Secretaría de la Función Pública, misma el día de ayer que pidió prórroga hasta el 21 de enero, 2008, informó.

La Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud invariablemente han solicitado prórroga con la consecuente duplicación de los tiempos de entrega de la información; táctica que implica posponer la entrega de las respuestas 40 días hábiles, agregó.

Después de este plazo, comunicó que ahora responden habitualmente que la información solicitada es inexistente o reservada con base en argumentos mal fundamentados. Esto ha obligado a hacer uso del recurso de revisión ante el IFAI que por regla general implican otros 15 días hábiles, añadió.

Al proceder el recurso de revisión –mencionó— el IFAI ocupa los 20 días hábiles legales, para posteriormente solicitar prórroga argumentando falta de elementos, para emitir la solución con lo que se suman otros 20 días hábiles de retrazo.

Emitida la resolución del IFAI, la Secretaría de Salud tiene otros 10 días hábiles para cumplir con la resolución del IFAI. De esta manera, se suman 105 días hábiles lo que se traduce en aproximadamente siete meses, destacó. (ver anexo).

Adicionalmente, prosiguió, es frecuente que no se entrega la información completa, por ejemplo, dejando fuera los anexos de un contrato. A raíz de este procedimiento de la SSA, el ciudadano se ve obligado a subdividir el pedido de información en distintas peticiones.

Por ejemplo, respecto al contratos CNPSS/020/07 se han hecho once peticiones de información y siete recursos de revisión, mencionó.

Informó que en todos los casos el IFAI ha dictaminado los recursos a favor del promoverte. Es decir las prórrogas, la declaratoria de reserva de la información o su inexistencia sólo ha servido para prolongar los tiempos y evitar responder, acusó.

A raíz de los reiterados obstáculos una ciudadana promovió ante la Secretaría de la Función Pública, el 29 de octubre de 2007, que sean sancionados los miembros del Comité de Información de la Secretaría de Salud y de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, sin que hasta la fecha exista respuesta alguna.

Una razón más para apoyar al peje en el 2007.