Renovar al tribunal electoral.
jorge carrasco araizaga México, D.F., 20 de agosto (apro).-
Flavio Galván Rivera no se quiere ir del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Renunció a la presidencia del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral del país pero hasta ahí. Se queda, dice, como uno de los siete magistrados que integran la Sala Superior del TEPJF.
La nueva presidenta, María del Carmen Alanís, dice que hará del tribunal “un ejemplo de transparencia”, pero oculta con mentiras no sólo la profunda división que existe entre los magistrados sino la red de funcionarios internos y externos –empezando por la presidencia de la República– que se disputan el control del TEPJF.
Salvador Olimpo Nava Gomar, el magistrado que llegó con las credenciales de la transparencia por delante, se esconde desatado el escándalo en torno de la compra de un edificio para el tribunal en el DF, en el que un familiar suyo está involucrado y sobre el que había expresado interés reiterado.
Alejandro Luna Ramos, el magistrado que llegó al tribunal de la mano de su hermana Margarita, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suma a la supuesta unanimidad en la elección de Alanís, pero reclama su derecho de “antigüedad” para quedarse con la presidencia.
Los magistrados Constancio Carrasco Daza y Pedro Esteban Penagos también dicen sumarse a la unanimidad pero marcan su distancia. Y el magistrado Manuel González Oropeza mantiene su lejanía de todos y todo cuanto ocurre en el tribunal.
Son los mismos magistrados que apenas en noviembre del año pasado fueron designados por el Senado, a propuesta de la Suprema Corte, para ocupar durante diez años el órgano jurisdiccional encargado de resolver las disputas electorales.
Su tarea era de por sí difícil, puesto que heredaron una institución desacreditada por buena parte del país, dado el polémico dictamen con el que la anterior integración de la Sala Superior avaló la elección de Felipe Calderón como presidente de la República.
Fue un aval pese a las innumerables y graves irregularidades del proceso electoral reconocidas por el mismo tribunal.
La tarea de los nuevos magistrados era no sólo de reconstrucción, sino de establecimiento de una verdadera autonomía como parte integrante del Poder Judicial de la Federación. Pero su ahora presidenta es una de las personas más cercanas a Margarita Zavala, la esposa de Calderón Hinojosa.
Más allá de la amistad, Zavala forma parte del grupo político de Calderón, como lo demostró durante su activismo durante el proceso del 2006.
La autonomía e independencia de Alanís también está en duda por sus antecedentes en la creación del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina (PASC). Varios de los fundadores y promotores de ese partido son ahora sus estrechos colaboradores, empezando por su coordinador de asesores, Patricio Ballados Villagómez.
Los magistrados electorales federales y quienes desde afuera se disputan su control, incluida la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), colocaron al TEPJF en la peor crisis desde su creación, en 1996, cuando reemplazó al Tribunal Federal Electoral (Trife).
No se cumple aún un año de la llegada de los nuevos magistrados y ya están sometidos a un gran desgaste. Como está el tribunal ahora, no se encuentra en condiciones de enfrentar el proceso electoral federal intermedio de 2009 y mucho menos la elección presidencial del 2012.
Si bien su nombramiento es por una década, el Congreso puede establecer cambios en la integración del tribunal en el marco de la reforma del Estado. Algunas modificaciones estaban previstas en la discusiones de la reforma electoral, pero ahora ya hay quienes consideran una renovación del órgano jurisdiccional.
De ocurrir, ese recambio tendría que ser “escalonado” –como ocurre en la Corte, donde cada dos o tres años sale un par de ministros–, pues la renovación de todos los magistrados al mismo tiempo desataría descarnadas disputas por el control, justo como la que se vive en estos momentos en el TEPJF.
General Romano López: Honorabilidad cuestionada.
regina martínez Jalapa, Ver., 20 de agosto (apro).-
El tránsito del generan brigadier Valentín Romano López por el gobierno de Veracruz, en el periodo de Miguel Alemán Velasco, fue tan o más polémico que su reciente nombramiento como coordinador de Seguridad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Y es que en su calidad de subsecretario de Seguridad Pública estatal, Valentín Romano se vio envuelto en diversos hechos de corrupción y, más tarde, ya como titular de esa dependencia, se vio involucrado en asuntos relacionados con el narcotráfico, concretamente en la protección de las operaciones de Albino Quintero Meraz y Osiel Cárdenas Guillén.
En mayo del 2002, el operador del cartel del Golfo en tierras veracruzanas, Albino Quintero, alias “Don Beto”, fue detenido por elementos del Ejército Mexicano y de la Procuraduría General de la República (PGR) en su residencia del lujoso fraccionamiento Costa de Oro, en Boca del Río, de donde era vecino del entonces gobernador Alemán Velasco.
Los primeros indicios de su presunta participación en el narcotráfico ocurrieron cuando un diario local del puerto de Veracruz, publicó un informe del FBI --que la embajada de Estados Unidos filtró a la Agencia Federal de Investigaciones (AFI)--, en que inculpaba a Romano López, entre otros miembros del Comité Estatal de Seguridad Pública, de haber recibido dinero de la organización de Quintero Meraz.
En su momento, la PGR inició una investigación. Sin embargo, no pudo probar la relación del general brigadier retirado con el narcotráfico. Aún así, la PGR dejó abierto el expediente.
La labor de Valentín Romano como servidor público tampoco fue del todo limpia: diputados de oposición lo acusaron en su momento de presuntos hechos de corrupción, sobre todo por la adquisición de chalecos antibalas que fueron confeccionados en el penal de Pacho Viejo.
Según las denuncias públicas que se hicieron en aquel tiempo, los chalecos no cumplían con las normas mínimas de seguridad. Los propios policías a su mando se quejaron de que sus vidas corrían peligro. A pesar de que diputados perredistas y panistas demandaron a la Contraloría del Estado que realizara una auditoría para conocer el monto de la inversión en el equipo, no pasó nada.Leer más...
Nuevo León: Polémica por el legado histórico de Santiago Vidaurri.
arturo rodríguez garcía Monterrey, N.L., 20 de agosto (apro).-
La intención de erigir una estatua en honor a Santiago Vidaurri, exgobernador de Nuevo León en el siglo XIX, desató una polémica en medios académicos y gubernamentales de esta entidad y de Coahuila, pues la historia oficial de México lo identifica como un “vendepatrias”, “pro separatista” que se adhirió al imperio de Maximiliano.
La polémica alcanzó a la Secretaría de Educación Pública, que encabeza en la entidad Reyes Tamez Guerra, a la editorial Santillana y a los historiadores César Morado, Ismael Vidales y Jesús Ávila, coautores de un libro de historia regional para secundaria plagado de múltiples errores.
Aunque la dependencia encabezada por el exfuncionario foxista, se ha desligado de la edición del material y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INHA) negó la autorización para instalar la estatua de dos metros, en el municipio de Lampazos de Naranjo, Nuevo León, donde nació Vidaurri, la polémica continúa, arreciada por historiadores vidaurristas que promueven el homenaje, y sus contrapartes juaristas que rechazan cualquier reconocimiento.
La figura de Santiago Vidaurri es polémica: su activismo en favor de la Reforma, la promulgación del Plan Restaurador de la Libertad, cuyos conceptos eran, en ciertos aspectos, más aventajados que los contenidos en el Plan de Ayutla, así como su impulso a la industrialización de Nuevo León, son invocados como argumentos de su valor histórico; pero su fin opacó sus postulados liberales y terminó por convertirlo en un “traidor a la patria”, recluido en la ignominia histórica, quedó reducido como una figura regional que fue abandonado por los liberales de la época, luego de su adhesión al gobierno de Maximiliano.Leer más...
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lunes, agosto 20, 2007
DEL PROCESO.
Publicadas por Armando Garcia Medina a la/s 4:54 p.m.
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