EDITORIALISTAS DE LA JORNADA

Enrique Calderón Alzati

Red Escolar, un proyecto educativo en riesgo

Declaraciones reiteradas de los funcionarios educativos del actual gobierno parecieran indicar un interés genuino por mejorar la calidad de la educación (que buena falta hace) mediante la utilización de la tecnología y de manera concreta de las tecnologías digitales o informáticas.

Sin embargo, la tecnología no resuelve ningún problema por sí misma, ni logra beneficio alguno cuando se utiliza para hacer lo mismo que se ha hecho siempre con instrumentos más primitivos; esto lo saben empresas e instituciones que pensaron en que comprar e instalar computadoras era suficiente para resolver sus problemas de operación y que terminaron no resolviendo nada. En educación, este error se ha cometido varias veces aquí, como en otros países, a partir sobre todo de lo atractivas que resultan las gráficas e imágenes que las computadoras pueden generar, aunque resulten irrelevantes. Grandes dispendios se han dado así, a partir de buenos propósitos carentes de sustento pedagógico.Leer más...

Miguel Concha

Nuevo régimen político ciudadano

El grado de complejidad de las sociedades contemporáneas requiere del concurso de los diversos actores sociales y de la propia ciudadanía para la regulación de la vida social y política nacional. De aquí que la legitimidad de un gobierno democrático y la eficacia de sus funciones dependan hoy también de su capacidad de concertación con los distintos grupos de la sociedad, así como de su voluntad para garantizar a éstos su condición de ciudadanos. Pues bien, con las expectativas generadas por una posible reforma del Estado, y con el ánimo de seguir contribuyendo al desarrollo político del país, diversas organizaciones civiles, sindicales y campesinas, que conforman el Espacio Tripartita, abrieron -a pesar de que la ley aprobada en la materia no lo contempla- vías de interlocución y negociación con el Congreso, con el fin de promover iniciativas, pero sobre todo para explicitar el enfoque y alcance que debiera contener dicha reforma.Leer más...

Enrique Dussel* / I

Partido político y gobierno: ¿identidad o diferencia?

Hace unos días un colega escribió un interesante artículo en este diario sobre el partido político. Indicó como conclusión, si no lo he interpretado mal, que el partido político tiene que ser fiel al gobierno (cuando el representante elegido es del mismo partido) y ayudarlo en sus logros. Por ello es criticable el enfrentamiento del dirigente de un partido político con el representante elegido del mismo partido que es gobierno. Sin embargo, si esto fuera llevado a su extremo, el partido tendería a ser una institución de la sociedad política como tal: se identificarían Estado y partido, y este último tendería a ser "partido único" o al menos "partido de Estado". Esto, opino, no es conveniente.Leer más...

Arturo Alcalde Justiniani

IFE, en casa del herrero...

La precariedad de nuestra vida democrática se confirma con el trato discriminatorio que dan a sus trabajadores algunas instituciones públicas. Estas, frecuentemente sostienen dos caras; por un lado, en el discurso, promueven la legalidad, los valores y garantías constitucionales, y por el otro, practican conductas que limitan estos derechos. Es común ser farol de la calle cuando de derechos laborales se trata.

Un caso emblemático es el Instituto Federal Electoral (IFE), organismo público autónomo por disposición constitucional, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual, por este carácter, no actualiza la hipótesis de excepción que en materia laboral rige para el apartado B del artículo 123 constitucional, exclusivo para los trabajadores al servicio de los poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores; en consecuencia, debe regular sus relaciones de trabajo por las normas generales del apartado A. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en jurisprudencia identificada como 1/96, ha sostenido este criterio; sin embargo, el Congreso de la Unión, al emitir el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), señala que las relaciones de trabajo quedarán sujetas "al régimen establecido en la fracción XIV del artículo 123 de la Constitución", si bien no aclara a cuál de los dos apartados se refiere, ya que ambos tienen su respectiva fracción XIV. Indebidamente, en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal, creado por el Consejo General de dicho instituto, en su artículo 26 se refiere al apartado B del precepto constitucional citado, a pesar de no tener facultades para ello.Leer más...

México SA

Carlos Fernández-Vega

Castigo a proveedores del IMSS

Licitaciones dudosas

Concursos afectan a empresas nacionales

¿Apoyo a las micro y pequeñas empresas?

Parece que el gobierno calderonista está decidido no sólo a eliminar varios capítulos de la seguridad social en el país para sacar adelante su tercera "solución definitiva" y fortalecer, dice, las finanzas del IMSS, sino que, mediante licitaciones dudosas, por decir lo menos, y severos retrasos en el pago de facturas a proveedores, pretende matar por inanición a las pequeñas y medianas empresas del sector industrial médico y farmacéutico que intentan participar en la cadena de abasto del Instituto.

A tal grado ha llegado el intento, que las organizaciones de esas ramas productivas, asociadas a la Canacintra, tuvieron que pedir ayuda a los diputados, dada la cerrazón del IMSS, organismo que, de acuerdo con la denuncia, desde 2004 realiza sus licitaciones con base en "una ilegal interpretación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento", condenado a las pequeñas y medianas empresas del sector a dedicarse a otras actividades.Leer más...

Desfiladero

Jaime Avilés

En la PGJDF, lo peor del salinismo: Diego y Lozano

Dos subprocuradores, gente de Morales Lechuga

En Homicidios, un colaborador de Chapa Bezanilla

Más evidencias contra Félix Cárdenas y Rubalcava.

El 15 de junio, La Jornada divulgó el contenido de una agenda que, durante 2003, la secretaria Nora Patricia Millán Sánchez le llevó, día tras día, de enero a diciembre, a Carlos Ahumada Kurtz (en adelante CAK). En ella había una lista de "Gastos de Promoción de Ventas" (GPV) con los nombres de muchas personas que recibían dinero del novelesco corruptor. Entre esos beneficiarios estaban Ignacio Morales Lechuga, que fue procurador de la República en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, y el juez Alberto Rubalcava Ramírez, que el pasado mes de mayo dejó a CAK en libertad.

Tras la publicación de estos datos, Rubalcava afirmó en entrevista con Agustín Salgado y Raúl Llanos (La Jornada, 19 de junio): "desconozco por qué aparecen mi nombre y teléfono" en la agenda. Y para zafarse, mencionó la nota de Gabriela Romero Sánchez, quien marcó el número correspondiente al domicilio del juez y oyó una voz que le decía: "ya no vive aquí" (La Jornada, 16 de junio).Leer más...