Así dice el título del e-mail que me envía un lector con la siguiente nota del diario Tribuna de Campeche:
Destruyen viviendas en el Ejido San Antonio Ebulá
Una escuela del Conafe, la tienda comunitaria y al menos otras ocho viviendas más --unas de palos y cartón y otras de bloques y cemento-- del Ejido San Antonio Ebulá, fueron destruidas con maquinaria pesada y "agentes de seguridad privada" al servicio del presunto propietario del predio, Carlos Daniel Escalante Castillo, cuñado del jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Juan Camilo Mouriño Terrazo.
Aunque de acuerdo con las versiones oficiales sólo se trató de una "inspección ocular", los afectados, entre ellos Martha Elena Vives y Gerardo Cahuich, éste último propietario de la tienda, aseguraron que fue un operativo de desalojo estratégicamente planeado en que participaron patrullas y camionetas de la Policía Estatal Preventiva y guardias privados.
"No sólo destruyeron mi tienda sino me robaron la mercancía, que cargaron en una camioneta. Los vigilantes privados me retuvieron a la fuerza, me secuestraron, y para liberarme me pidieron a cambio seis borregos", añadió Cahuich.
Ante este hecho que consideraron un abuso de autoridad, dijeron que al menos 48 familias iniciarán la disputa legal por los terrenos de San Antonio Ebulá, donde la mayoría asentó su hogar hace 30 años.
Martha Elena Vives aseguró que no es la primera vez que enfrentan una amenaza de desalojo, sólo que ahora se enfrentan a un personaje poderoso, Carlos Daniel Escalante Castillo, cuñado del jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.
Pedro Caamal y Candelario Alonso, asesores de los afectados, aseguraron que "no hay ninguna invasión", pues los que viven ahí tienen en trámite sus títulos de propiedad. Incluso el terreno que pelea Escalante Castillo, denominado La Victoria, que se encuentra en San Antonio Ebulá, no debe tener título de propiedad.
Escalante Castillo adquirió "lo que dice ser su predio", a través de una persona que primero se lo compró a Guadalupe Candelaria Beltrán Acosta, primera posesionaria del área donde está La Victoria.
Cuando los afectados iniciaron hace años el trámite de los títulos de propiedad "recibieron la ayuda de Beltrán Acosta, quien se unió a la lucha, pero también se benefició, al adjudicarse varias hectáreas". Los habitantes, en su mayoría de muy escasos recursos que sobreviven con actividades agrícolas, consiguieron una bomba de agua y la Escuela Primaria "Niños Héroes", que coordinó la Conafe, los cuales fueron destruidos.
Según Pedro Caamal, abogado, y Candelario Alonso, gestor social, Beltrán Acosta vendió después parte de sus 80 hectáreas a un "hombre de mucho dinero, que hizo lo propio con Escalante Castillo. La Victoria dividió a la comunidad y quedó en posesión de Escalante, quien argumenta que su predio fue invadido, pero eso lo tiene que demostrar".
Concepción Sansores Ambrosio, otra presunta propietaria, presentó denuncia por despojo de bien inmueble y solicitó la orden de desalojo y la intervención de la fuerza pública.
Hasta ayer la autoridad ministerial seguía sin acreditar dicho delito expuesto en el expediente C/C.H./1662/2ª/2007.
El predio de Escalante es custodiado por agentes de seguridad privada y anteayer se procedió a la destrucción de las viviendas de los presuntos "invasores", a fin de intimidarlos.
La construcción que protege la maquina de la bomba, igual fue dañada, y derribaron otros predios más. Hay casas donde viven personas de dinero, que se encuentran en la misma zona, "pero están intactas, y no sabemos porqué". Ayer esperaban el arribo de policías para desalojarlos, pero hasta el cierre de esta edición no había ocurrido nada.
Para que vean que lo que menos les importa a los panistas es el bienestar del pueblo.
Una razón más para apoyar al peje en el 2007.
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