LA SFP Y LA CARABINA DE AMBROSIO.

Privó la impunidad

lunes, 22 de enero de 2007

La Secretaría de la Función Pública (SFP) tuvo escaso éxito durante el sexenio de Vicente Fox / Pocas sanciones a funcionarios y ridícula recuperación de los dineros robados MEXICO, D.F., 21 de enero (LA JORNADA).- Escaso éxito tuvo el sistema de sanciones e inhabilitación de funcionarios públicos que durante el sexenio de Vicente Fox impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) a quienes incurrieron en presuntos actos de corrupción, irregularidades y, finalmente, quebranto del patrimonio de la hacienda pública. Además que sólo se recuperó menos del uno por ciento de los más de 20 mil millones de pesos que se impuso por sanciones económicas a los funcionarios que incurrieron en irregularidades, en el caso de los expedientes de los llamados "peces gordos", --a quienes la SFP prometió detener al inicio del sexenio de Vicente Fox y de los cuales no hubo uno solo-- poco se sabe de los procedimientos que la Función Pública inició en su contra, del cumplimiento de las sentencias, del curso seguido en los tribunales judiciales y de los recursos que, finalmente, se hayan recuperado por cada funcionario sancionado. De hecho, el sexenio concluyó con la exoneración por parte de la SFP de los hermanos Bribiesca Sahagún, además que se borraron las huellas de los presuntos ilícitos en que incurrió el conocido fiscal de hierro, Francisco Gil Díaz, quien en su carácter de ex subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) constituyó en 1993, con recursos del erario, la empresa ISOSA (Integradora de Servicios Operativos, SA) y los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II. Vale recordar que mediante ISOSA y los fideicomisos referidos, Gil Díaz causó un daño a la hacienda pública superior a los diez mil millones de pesos, además que se traspasaron al fideicomiso Aduanas I, alrededor de 200 millones de pesos del erario y otros 46 mil millones de pesos en bienes federales, según la Auditoría Superior de la Federación. De este polémico asunto hizo declaraciones el titular de la SFP, Eduardo Romero Ramos, dos meses antes de dejar la dependencia, y hasta prometió a los medios de comunicación que antes de concluir el mandato de Fox, se daría a conocer el procedimiento de liquidación de los fideicomisos y de ISOSA, incluyendo el manejo de los recursos multimillonarios que implicaban. Sin embargo, hasta ahora se desconoce en qué términos se efectuó el proceso de liquidación referido. Y no sólo eso. También quedaron en el limbo los resultados de las auditorías que se practicaron en contra de Dolores Creel Miranda, quien se desempeñó como titular de la Unidad de Proyectos Especiales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), y a quien en marzo de 2005, se le acusó de un presunto daño patrimonial por 633 mil 361 pesos. Sobre ese caso, Romero Ramos dijo también que se darían a conocer las observaciones derivadas de las auditorías, lo cual aseguró que no pasaría de diciembre pasado. Pero tampoco hubo resultados, ni de las investigaciones que, supuestamente, realizaron al ex secretario de Gobernación y actual senador del PAN, Santiago Creel Miranda, en contra de quien presentó una denuncia ante la SFP el dirigente de la asociación Dí no a los casinos, que dirige Daniel Olivares Villagómez, por la presunta expedición irregular de permisos para la apertura de salas de juego y apuestas en el territorio nacional, y en particular a Televisa. Otra promesa que quedó sin cumplirse, por parte de Romero Ramos, se relaciona con la indagatoria sobre la gestión del fiscal para movimientos sociales y políticos del pasado (Femospp), Ignacio Carrillo Prieto, acusado de manejos irregulares del presupuestos superiores a los 20 millones de pesos. Meses antes de dejar la SFP, Romero aseguró que estaba por concluir la auditoría practicada a Carrillo Prieto y hasta la "solventación de las irregularidades", de las cuales ha omitido informar la dependencia. Incluso, este diario presentó un recurso ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) por la negativa de la SFP, en mayo de 2006, a dar a conocer esa información. Luego de la orden del IFAI de entregar una versión pública de la auditoría a la Femospp y las irregularidades "solventadas", la SFP informó el 10 de enero pasado que se tendrán que pagar tres mil 800 pesos por esa versión. Entre otros casos que resultaron un fracaso, resalta el del Pemexgate, por el cual se trató de imponer una multa de dos mil 842 millones 299 mil 492 pesos al ex director de Petróleos Mexicanos, Rogelio Montemayor Seguy, y otros cinco ex funcionarios de la paraestatal que, finalmente, acudieron al amparo para evitar el pago de esa sanción, aunque fueron inhabilitados como servidores públicos hasta por diez años. Esto, además del asunto del ex director de Telecomm, Carlos Mier, a quien se le acusó de incurrir en daño patrimonial por un monto de seis millones 422 mil pesos; el asunto del ex titular del Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic), Guido Máximo Belsasso Prister, acusado de tráfico de influencias, y cuyo expediente negó la SFP a este diario bajo el argumento de que se encuentra vigente un juicio de nulidad. Esto, sin olvidar el desvío de un millón 733 mil pesos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), entre algunas de las irregularidades cometidas por la hoy legisladora del DF, Carmen Segura Rangel, ex titular de la Coordinación de Protección Civil en Gobernación, así como la exoneración por parte de la SFP de la asociación que dirigía Marta Sahagún de Fox, Vamos México, no obstante que la Auditoría Superior de la Federación detectó diversas irregularidades cometidas por conducto del fideicomiso Transforma México, en perjuicio de la Lotería Nacional.