LAS TURBIEDADES EN LA ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS DEL IFAI Y EL IFE.

El IFAI y el IFE.

Jesús González Schmal.
07 de octubre de 2006.

De los últimos estragos que está causando el foxismo en el ocaso del sexenio, es lo ocurrido en el Instituto Federal de Acceso a la Información, donde logra, a cuatro años de su creación, dar el más triste espectáculo de opacidad y manipulación para nombrar a sus nuevos integrantes y excluir a los que, debiendo ser ratificados (después del periodo transitorio, para los próximos siete años), no ofrecían las garantías de incondicionalidad que seguramente se requerían a fin de ocultar la información que será solicitada para conocer las entrañas de tan turbio sexenio.

La transparencia, se ha dicho hasta la saciedad, es la mejor medida del ejercicio de un gobierno democrático. Un sistema que se jacte de ser demócrata y no garantice el servicio de transparencia en sus actos, es una simulación que tiene efectos perniciosos y es peor que una autocracia, porque supone un engaño y un fraude a la ciudadanía que creyó en las promesas electorales de campaña.

La transparencia, cuyo contenido es el de la información accesible a todos, entraña también que el órgano encargado de propiciar y cumplir dicho acceso sea el primero que, en su régimen interno, cumpla con la obligación no sólo de observar la Constitución de la República y su propia ley, sino además ser ejemplo de nitidez y claridad de sus actos y determinaciones.

Es el caso que en las propuestas de tres comisionados que concluyeron su periodo de los primeros cuatro años, pero que podían ser ratificados para los siguientes siete, la decisión de proponer o no, a uno o a todos, para su ratificación, fue hecha por el Presidente de la República en forma discrecional sin el mínimo respeto al principio constitucional que obliga a toda autoridad a fundamentar y a motivar sus resoluciones.

Tal unilateralidad llegó al extremo de nombrar como nuevo comisionado a Alonso Lujambio y negar su ratificación a Horacio Aguilar Álvarez. El primero en ejercicio de sus indiscutibles derechos fue asesor en la campaña de Felipe Calderón y había sido consejero del IFE (y por consiguiente estaba impedido para cualquier cargo en la administración cuya elección calificó), donde destacó en la defensa de los Amigos de Fox para eximir al PAN de la sanción que lo hubiera llevado hasta la pérdida del registro por haber recibido apoyo económico del extranjero y de sociedades mercantiles nacionales. El segundo, siendo panista también, es consecuente y profesa los principios éticos en la política, que antepone los intereses de la nación a los mismos de su propio partido.

Por ello es una aportación que debe reconocerse la que hace Aguilar Álvarez al interponer un amparo en protección de sus garantías de legalidad al haber sido destituido del cargo sin que se dieran las razones y la evaluación comparativa con otros comisionados respecto de su calificación profesional y de desempeño. Fácil le hubiera sido plegarse a la decisión del Presidente cual si fuera el monarca que dice la última palabra, y cargar en su conciencia la colaboración pasiva a la arbitrariedad y el daño a una institución tan importante como el IFAI.
La lucha de Aguilar Álvarez se inscribe con otras por las mismas causas de intervención presidencial arbitraria en organismos autónomos, como la destitución en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de la que fuera magistrada Aurora Cortina, que ha tenido que recurrir a la Corte Internacional de Derechos Humanos donde se admitió su denuncia. Igual ocurrió en el IFE donde, por designio presidencial, no se reeligió a dos de los mejores vocales que tuvo el órgano electoral: Jaime Cárdenas y Jesús Cantú, y en cambio, como está ocurriendo ahora en el IFAI, metieron a nuevos vocales, como Luis Carlos Ugalde, cuya actuación ha quedado en evidencia en las últimas elecciones.

Los organismos autónomos deben seguirlo siendo. Indebidamente se le dotó al Presidente del derecho a proponer a sus integrantes con facultades del Congreso para impugnar esas decisiones. Ello ha dado lugar a la práctica nociva en la que el PAN y el PRI se coluden en el respaldo a esos nombramientos presidenciales a cambio de un respaldo de posiciones y beneficios. Lo ocurrido en el IFE y ahora en el IFAI es desastroso. Debemos rectificar, para que no se expongan las conquistas populares como la ciudadanización de los órganos de control electoral y el que tiene la encomienda de defender el derecho humano a la información.