UNO DE LOS ARGUMENTOS CENTRALES DE LA COALICÓN SE HA VISTO FORTALECIDO.

Ganar el argumento.

Mauricio Merino.
12 de agosto de 2006.

Decir que una de las claves de la contienda democrática está en la aceptabilidad de la derrota es ya un lugar común. Pero el mayor desafío de un sistema electoral es construir las condiciones para que, en efecto, la derrota sea aceptable. Que no dependa de la buena voluntad de los candidatos y de los partidos, sino de la transparencia de los procedimientos y de la certeza inobjetable de los resultados. Cuando alguna de esas condiciones falla, el objetivo principal del sistema electoral se pone en jaque.

En ese sentido, la coalición Por el Bien de Todos ha ganado mucho con las decisiones tomadas hasta ahora por el Tribunal Electoral. No sólo consiguió que esa instancia aceptara volver a contar los votos emitidos en buena parte de las casillas en las que perdió la elección, sino que ha logrado acreditar que muchas de las actas verificadas no responden fielmente al contenido de los paquetes electorales. Cuando escribo este artículo, todavía no se sabe de qué tamaño es la diferencia, ni es posible sacar ninguna conclusión sobre el sentido de los recuentos. Tampoco sabemos si obedecen a un patrón sistemático que daña siempre e invariablemente a López Obrador, o si se trata de un comportamiento errático que, sin embargo, deja los porcentajes de los votos contados prácticamente intactos.

Hasta el día de hoy, es todavía imposible hacer afirmaciones firmes sobre los datos que arroja este recuento parcial. Pero ya sabemos que efectivamente hay un número más o menos amplio de actas que no reflejan con exactitud lo que ocurrió en la jornada del 2 de julio.

Este dato se ha convertido en un hecho público y es, también, una prueba plena registrada legalmente por los jueces y los magistrados designados por el Consejo de la Judicatura para llevar a cabo esta diligencia. Pero sobre todo, es un argumento de oro para los fines de la coalición: López Obrador se ha obstinado en afirmar que las cuentas que dio el IFE no eran correctas, porque las actas de casilla no reflejaban el contenido real de los votos depositados en cada urna. De esas actas se tomaron los números para llevar a cabo los cómputos distritales, y de ahí que las diferencias detectadas en este proceso de revisión acrediten que, en efecto, las sumas efectuadas no fueron exactas.

En los estudios que realizó Javier Aparicio (CIDE) sobre el contenido de las poco más de 2 mil 800 casillas que en su momento se revisaron por los consejos distritales del IFE, se observó que, al volver a contar, López Obrador ganaba poco más de dos votos en las casillas donde aparecía derrotado, pero perdía más de 11 en las casillas que había ganado. El resultado agregado de ese recuento no sólo confirmó el triunfo de Felipe Calderón sino que incluso lo acrecentó por centésimas. Pero a la luz de la evidencia derivada en lo que va de este segundo ejercicio de verificación, mucho más amplio y situado específicamente en las casillas donde la coalición se llamó a agravio, se ha comprobado que un número todavía incierto de las actas electorales que sirvieron de base para los cómputos efectuados por el IFE no reflejaron los datos exactos.

Aunque al redactar estas líneas todavía no existe información suficiente para formular afirmaciones definitivas sobre el ejercicio que está en curso, los dos partidos que compiten por el primer lugar ya sacaron sus conclusiones: los voceros de la coalición han divulgado que las modificaciones realizadas hasta ahora revelarían que López Obrador ganó los comicios, mientras que los seguidores de Felipe Calderón han sostenido que los resultados ya lo confirman como el vencedor de las elecciones. Pero la verdad es que nadie puede anticipar el resultado final. Hay que esperar a que el Tribunal Electoral verifique la evidencia reunida en el ejercicio y tome cualquiera de las decisiones jurídicas que siguen abiertas para dirimir el desenlace de este proceso todavía incierto.

Pero lo que ya es evidente es que uno de los argumentos centrales de López Obrador se ha visto fortalecido por las diferencias entre un número más o menos alto de actas y los votos contados por segunda ocasión. Más allá de cualquier otra consideración política o jurídica, lo que hemos visto hasta ahora es que esas diferencias existen y que abonan a las dudas ya inevitables sobre el contenido del resto de las casillas.

Detrás de ese dato vendrán, seguramente, toda clase de explicaciones y debates. La coalición insistirá en que son la prueba de un fraude monumental y el PAN en que no son más que errores insustanciales.

Lo cierto es que no sabemos con absoluta certeza cuántas actas están bien levantadas y cuántas no. Y por lo tanto, si se sigue un razonamiento lógico elemental, tampoco podemos estar seguros de la veracidad de los cómputos efectuados hasta ahora. En estos días de blanco y negro, los matices importan más que nunca. Por eso anoto en seguida que, antes de sacar conclusiones tronantes, es necesario esperar a que este ejercicio parcial ofrezca cifras puntuales. Hay que saber a ciencia cierta de qué porcentaje de actas equivocadas estamos hablando, de qué magnitud son las diferencias respecto de los votos nuevamente contados, en qué medida benefician o perjudican a los dos candidatos punteros y qué efectos producen las correcciones sobre el conjunto de la elección. De momento, sabemos muy poco. Pero ya es un hecho que en efecto hubo errores e irregularidades en muchas casillas, cuya sola existencia agrega nuevas y mayores sospechas sobre el resultado en conjunto, pues nadie sensato podría sostener que esos errores solamente existen en las casillas seleccionadas, mientras que el resto es absolutamente impecable. De ahí su importancia política: la coalición ha ganado un nuevo argumento, lógicamente impecable, para insistir en el recuento total.

Hay que dejar que el Tribunal concluya su tarea. Todavía no tenemos un presidente electo, ni tampoco un fraude probado. El proceso electoral sigue en curso, y sigo creyendo que ese órgano está preparado para hacer coincidir su veredicto con la verdad. Creo con franqueza que nuestro sistema institucional cuenta con los medios para llevarnos a buen puerto. No será el que prefieran los partidos políticos, pero sí el que se derive de la aplicación puntual de la ley.