LOS ENJUAGUES.

REFORMA
Miguel Ángel Granados Chapa.

Sexagésima legislatura.

En 2000, presidió la coordinación de la Cámara un priista, porque su grupo era la primera fuerza en San Lázaro. En 2003 se repitió la historia porque se mantuvo esa relación. Con la misma lógica, en 2006 debería presidir la Junta un panista y la directiva un perredista. Pero no.

Con malos indicios se instaló el martes la sexagésima legislatura (número ordinal que se acumula desde la primera elegida conforme a la Constitución de 1857). Hace nueve años, cuando el PRI perdió al parecer para siempre la mayoría en la Cámara de Diputados, el gobierno de Ernesto Zedillo, a través de su secretario de Gobernación Emilio Chuayffet intentó dar un golpe de mano, al desconocer la instalación de la Cámara lograda por la mayoría opositora con 260 legisladores y pretender erigir una nueva con sólo los 239 priistas. La intentona fracasó, pero había caminado al punto de que los priistas se reunieron en San Lázaro con aquel propósito.

Lo ocurrido allí mismo el martes adquiere un relieve semejante, con el añadido de que esta vez la maniobra ha empezado a consumarse.Se trata del abuso de la fracción panista, que no ha vacilado en infringir la ley en combinación con el grupo priista, al que se enfrentaba en 1997, con tal de evitar que la bancada perredista asuma la cabeza de uno de los dos órganos de gobierno, como le correspondería.

Para tener clara la dimensión del problema recordemos que el Congreso se rige por una ley orgánica aprobada apenas en 1999, y que ha estado vigente sólo en dos legislaturas, las elegidas en 2000 y 2003.Ese ordenamiento estableció dos órganos de gobierno nuevos: la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de duración anual. El primero, la Junta, sustituyó a los antiguos mecanismos de control del partido dominante, la Gran Comisión y la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

La componen los coordinadores de cada uno de los grupos parlamentarios (que se constituyen con por lo menos cinco diputados de un partido). A la cabeza de esa Junta, reza el artículo 31 de esa ley, debe estar, por tres años, es decir "por la duración de la legislatura, el coordinador de aquel grupo parlamentario que por sí mismo cuente con la mayoría absoluta de la Cámara".

Como eso ya no ocurre, el propio texto establece la alternativa, que se practicó en las dos legislaturas anteriores: "en el caso de que ningún grupo parlamentario se encuentre en el supuesto señalado en el párrafo anterior, la responsabilidad de presidir la junta tendrá una duración anual. Esta encomienda se desempeñará sucesivamente por los coordinadores de los grupos, en orden decreciente del número de legisladores que los integren".

Por ese motivo al iniciarse cada una de las dos legislaturas anteriores correspondió al coordinador priista presidir la Junta, porque su bancada estaba integrada por la minoría más grande. Este año no es ya así. Esta vez el PRI fue echado por los votantes al tercer lugar y la cabeza de la Junta corresponde al PAN cuya bancada tiene interés y necesidad, sin embargo, de encabezar la Mesa Directiva, el otro órgano de gobierno de la Cámara.

A diferencia de la presidencia de la Junta, determinada por la ley, la presidencia de la Mesa Directiva en el primer año de cada legislatura se ha escogido por acuerdo entre los líderes parlamentarios, que presentan una planilla única para su votación, pues la Mesa debe ser elegida por el pleno de la Cámara.Se estimó prudente en ambas ocasiones que presidiera la Mesa un miembro de la segunda bancada más numerosa, en razonable equilibrio con la que ocupa el primer lugar, y que como queda dicho encabeza la Junta.

De esa manera, fueron panistas (Ricardo García Cervantes y Juan de Dios Castro) quienes encabezaron la Mesa Directiva en el primer año de las legislaturas LVIII y LIX, mientras que las priistas Beatriz Paredes y Elba Esther Gordillo presidieron la Junta.

Este año, conforme a esa lógica legal y práctica, encabezaría la Junta el coordinador panista Héctor Larios, porque su grupo es el más numeroso, y sería elegido un perredista para presidir la Mesa Directiva, porque la fracción del PRD es la segunda más poblada. Pero el PAN decidió que eso no ocurriera y contó para consumar su propósito con la convenenciera colaboración del grupo priista encabezado por Emilio Gamboa. De ese modo fue elegido el martes Jorge Zermeño, del PAN.

En aplicación estricta de la legislación vigente, Larios debería asumir la presidencia de la Junta y de esa manera el blanquiazul dirigiría los dos órganos de gobierno. Para que no sea tan vistoso el abuso, aunque el abuso de todos modos se cometa, Larios y Gamboa pactaron que éste presida la Junta. La ley lo impide pero eso es un obstáculo sin importancia.

Hoy mismo, como inicial tarea legislativa, sin que haya comisiones y en consecuencia sea imposible emitir dictamen al respecto, será modificada la ley orgánica. Con semejante inverecundia hubieran podido simplemente violar la ley, como lo han hecho antes en perjuicio de cada grupo perredista en las legislaturas anteriores: para evitar que un miembro de esa bancada presida una Mesa Directiva de duración anual, como lo establece la ley, cuando no hubo más remedio que elegir a un integrante del PRD se le recortó a unos meses un lapso que legalmente es inmodificable.

El afán de exclusión que dominó la decisión panista fue, además de mezquino, torpe. Si un perredista presidiera mañana la sesión inaugural del Congreso su conducta institucional hubiera de suyo moderado la de sus compañeros. En cambio, esos legisladores que se consideran ya agraviados por el curso del proceso electoral, y que ahora reciben ese golpe que los margina, carecerán de incentivos para observar el comportamiento deseado por las buenas conciencias.

Cajón de Sastre.
Si la Secretaría de Gobernación tuviera voluntad de servicio a los ciudadanos, le sería fácil responder a la solicitud de Ventura Gutiérrez, que encabeza la Alianza Braceroproa 4264, de trabajadores migrantes mexicanos a los que se birlaron desde hace más de 60 años las aportaciones que hicieron mientras laboraron legalmente en Estados Unidos, en su duda sobre la oriundez del presidente Fox y la eventual ilegalidad de su asunción al poder.

Al presentar al registro civil a su hijo mayor, y tocayo, el señor José Luis Fox Pont se declaró americano el 13 de febrero de 1941. Pero años después, el 4 de marzo de 1946, el propio Fox Pont obtuvo el certificado de nacionalidad 416, por haber acreditado su nacimiento en la ciudad de Irapuato, el 11 de mayo de 1912, y por acogerse al privilegio de optar por la nacionalidad mexicana siendo, como era, hijo de padre extranjero.

Al menos eso se hizo constar en el dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que declaró a Vicente Fox Presidente electo.