FOX A BUSH: "A SUS ÓRDENES JEFE".

Ruiz Harrell escribe en el Reforma:


Rafael Ruiz Harrell.

Soberanía traicionada.

Como son irremediables, se responde con carcajadas a las tonterías de Vicente Fox. Se las tolera considerándolas uno más de los tristes destinos con que nos castigan las circunstancias. Sólo que incluso ahí hay límites y excesos imperdonables.

Uno es reciente: tuvo el descaro de olvidar que defender nuestra soberanía es uno de sus deberes fundamentales y, en lugar de hacerlo, actuó como si le pagaran para representar la estadounidense.El asunto es surrealista. Pretender controlar el tráfico de drogas combatiendo el narcomenudeo es como combatir una enfermedad cuidando los reflejos de los síntomas y desatendiendo las causas.

No obstante, de ahí partió el problema: a principio de 2004 y al parecer por recomendación del entonces procurador general de la República, Rafael Macedo, Fox envió al Senado una iniciativa reformando la Ley General de Salud y algunos artículos del Código Penal Federal para quitarle al narcotráfico su reservado carácter de delito federal.

Se trataba de facultar a las autoridades estatales y municipales para que participaran en el combate cuerpo a cuerpo contra el comercio al menudeo -a fin de cuentas la estrategia era militar-, mientras las federales seguían dirigiendo las grandes maniobras.Hacía décadas ya que policías y ministerios públicos locales venían reclamando su tajada. Que el jugoso negocio de intervenir en el todavía más jugoso negocio del narcotráfico estuviera reservado a los cuerpos federales, era motivo de roces cada vez más hondos y frecuentes.

El problema se resolvió por sí solo: el consumo de sustancias de uso ilícito creció con tal rapidez y a tal grado que aun repartiendo facultades y coordinando jerarquías había ganancias de sobra para todos. Sólo había una pequeña dificultad práctica: ¿cómo se evitaba que, en uso de su discrecionalidad, los policías locales y los agentes del MP de los estados trataran de ganarse unos centavitos extorsionando a los consumidores a los que descubrieran con cantidades de droga apenas suficientes para su propio y personal consumo? ¿Cuál era la línea que separaba al consumidor del narcomenudista? ¿O había que darle manos libres a las autoridades estatales y municipales aunque las cárceles terminaran llenas, no de quienes lucran con la droga, sino de aquellos adictos que no tienen con qué comprar su libertad por el tortuoso camino del cohecho?

Treinta años atrás ya se debatía cómo responder estas preguntas. La reforma que recibió en 1974 el capítulo de delitos contra la salud del Código Penal aplicable en materia federal, señalaba que no sería sancionado el "adicto" al que se descubriera "por una sola vez" en posesión de tal cantidad de drogas de uso ilícito que estuviera "destinada a su propio e inmediato consumo" (Art. 195).

Con algunas variables, la fórmula sobrevivió hasta 1993, cuando se elaboró una absurda tabla determinando qué penas correspondían a la cantidad de droga descubierta en posesión de la persona. El desmedido crecimiento del número de reos federales demostró la prudencia del procedimiento anterior: fuera de abultar las estadísticas, encarcelar a quienes poseyeran cantidades insignificantes era tan inútil como injusto.

La dificultad resultó apremiante al aumentar el narcomenudeo y, todavía más, al considerar la posibilidad de que las autoridades locales auxiliaran en esto a las federales.

Los senadores aprobaron a fines de 2005 la iniciativa de Fox sin cambios mayores, pero los diputados, al recibirla, advirtieron que la única manera de no abrirle de par en par la puerta a la corrupción era definir con toda exactitud qué cantidades mínimas debían quedar fuera del ámbito de la ley penal.

Al pedir la opinión del secretario de Seguridad Pública Federal, Eduardo Medina-Mora, quedó claro que la experiencia acumulada podía servir para precisar qué cantidades era razonable pasar por alto. El propósito no era redescubrir el Mediterráneo, sino llevar a la ley lo que ya se sabía. Tampoco era legislar novedades, sino imponerle a las autoridades locales los límites que las federales habían estado obedeciendo.

El pasado 25 de abril la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa presidencial con algunas modificaciones y la regresó a la de Senadores para su aprobación final. Esto ocurrió el pasado 28 de abril.Al aprobarse la ley, todo mundo sabía que las cantidades minúsculas que quedaron excluidas servían a un solo fin: impedir que fueran a dar a la cárcel los adictos a las drogas que deberían recibir ayuda.

Los únicos que no lo entendieron -o que no quisieron entenderlo porque bisnes es bisnes- fueron los funcionarios de Washington. Y bastaron las protestas del Procurador estadounidense, de la titular de la DEA y de otras autoridades semejantes para que Fox, asustado, se apresurara a vetar la ley que él había promovido y sus funcionarios habían suscrito. Le bastó percibir un susurro de desaprobación del norte para olvidar que su deber es con los ciudadanos mexicanos.Por lo que se ve, además de tener que tolerarle a Fox ineptitudes y burradas sin fin, también es necesario aguantarle sus deslealtades. Ojalá y en esta ocasión, y a pesar de la oposición panista, los demás miembros del Senado mantengan lo que aprobaron.

Una razón mas para votar por AMLO y la mayoría perredista al Congreso.