TELEVISA LINCHA A LA INTELIGENCIA.

Aunque es un poco extenso este tema, conviene detenernos a reflexionar lo que dicen los editorialistas de los principales diarios del país, que anoche fueron calificados por Joaquín López Dóriga- a quien se tiene que "disculpar" porque el guey lo que hace es defender la chuleta, o porque como dicen en mi tierra, "no se va a poner a trompear la canoa"-Fueron calificados, decía yo: "Como una minoría poseedora de la verdad". Bueno, pues esa "minoría", que si le funcionan las neuronas, hoy dicen:

Miguel Angel Granados Chapa en el Reforma:

Miguel Ángel Granados Chapa.
Por qué el Presidente.
Es ingenuo suponer que Fox vete una ley que favorece a los consorcios televisivos, con los que lo unen intereses.
Acaso lo sea menos demandar que asuma el compromiso de no designar miembros de la Cofetel a quienes hayan participado en la reforma impuesta irracionalmente.

Hoy será dictaminada la minuta llegada al Senado en diciembre, desde San Lázaro, que reforma las leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión. Contra toda suerte de argumentos, hasta ahora no refutados, la mayoría de los senadores, pertenecientes a las bancadas del PRI, el PAN y el Verde, aprobarán pasado mañana ese dictamen.
Es necesario que ese documento sea difundido y analizado, porque pudiera ocurrir que contenga razones convincentes que obliguen a eliminar la noción ahora prevaleciente de que se ha entregado el Poder Legislativo a los grandes consorcios de la televisión, que lo utilizan en su provecho y el de algunos otros beneficiarios menores.
En noviembre pasado sorpresivamente se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a las leyes mencionadas, que fue dictaminada al vapor y aprobada con mayor celeridad todavía. En sólo siete minutos, sin oradores en pro ni en contra, ni tampoco votos diferentes de los 327 que lo favorecieron, el dictamen fue aprobado el 1o. de diciembre y remitido al Senado para que con premura semejante se aprobara también.
Muchos diputados han confesado que no conocieron la iniciativa ni el dictamen y votaron en aplicación de un pervertido mecanismo por el cual los legisladores fían en sus compañeros dictaminadores, sin entrar a examinar los contenidos que aprueban.
Más de 100 remitieron una carta al Senado confesando su omisión y pidiendo que se revisara a fondo de la minuta. Con ello desmintieron la conseja esparcida por los senadores que promueven el dictamen de hoy, de que la Cámara no estaba dispuesta a retomar el debate de la minuta si ésta les fuera devuelta.

Examinada por propia decisión o a instancias del Senado, la minuta no ha merecido aprobación de casi ningún organismo, agrupación civil o personas serias y expertas. Algunas cámaras, como la Canieti y la propia de la industria de radio y televisión criticaron fundadamente el documento aprobado en San Lázaro, pero después recularon. Su mudanza obedeció a una ruda campaña de convencimiento emprendida por Televisa. Cuando pudo, esa televisora obligó a cambiar de parecer, y cuando no, de plano simuló apoyos que no existieron.

La Sociedad Interamericana de Prensa desmintió que se hubiera declarado a favor de la minuta.Por donde quiera que se la vea, la reforma es lesiva para los más diversos intereses, y sólo satisface los de sus promotores. Uno de sus más evidentes despropósitos es el que consagra el uso privado e inequitativo del espacio radioeléctrico liberado por la conversión tecnológica del sistema analógico al digital.

Una comparación con países que recientemente practicaron tal conversión muestra que en Estados Unidos, la Gran Bretaña y Australia (países no sospechosos de padecer la influencia de Venezuela), el gobierno recuperó la señal liberada, la puso a subasta pública, facilitó la entrada de nuevos concesionarios y con ello obtuvo ingresos de hasta 28 mil millones de dólares, en el caso norteamericano.

Por efecto de la reforma que hoy será aprobada en comisiones, los concesionarios actuales gozarán los beneficios del espacio libre, y se convertirán en competidores de los prestadores de servicios de telefonía e internet sin el menor esfuerzo (Reforma, 24 de marzo).De ese tamaño son el resto de los defectos de la ley. Por eso será aberrante y aun monstruosa su aprobación. Los senadores no pueden alegar inadvertencia como los diputados. Les ha quedado claro el conjunto de efectos perniciosos que genera la ley. Si se empecinan (como todo indica) en aprobarla no obstante esa evidencia, harán también transparente su dependencia del poder televisivo. No la esconderá ninguna argucia, como la de reformar una reforma que podrían no aprobar.

Queda el recurso del veto presidencial. Es candorosa la esperanza de que el presidente Fox, que hizo en octubre de 2002 un enorme regalo a los intereses ahora beneficiados de nuevo, se abstenga de hacerles otro obsequio aun mayor.

Tiene sentido político, sin embargo, recordarle que dos organismos pertenecientes a su gobierno, la Comisión Federal de Competencia Económica, y la de telecomunicaciones, se opusieron de modo contundente e irrefutable a la reforma, sin que sus razones hayan sido ya no digamos combatidas sino ni siquiera escuchadas y sujetas a análisis.Tal vez si se pregunta al Presidente si está dispuesto a vetar la ley, respondería con su célebre elusión: ¿Y yo por qué? La respuesta se halla en los documentos de la Cofeco y la Cofetel. Incurrirá en responsabilidad si conociendo, como está obligado a conocer los argumentos de esas oficinas, los pasa por alto.

Si no se atreviera a frenar la vigencia de la ley, quedará incluido en el grupo de cómplices hasta ahora formado por diputados y senadores. Puede escapar a ese negro destino, que la historia registrará, si al menos veta el artículo transitorio que lo obliga a designar en breve a los comisionados de la Cofetel absurdamente erigida en autoridad máxima en materia de radio y televisión.

Si tampoco se atreviera a dar ese paso, si sus propios intereses se lo impidieran, lo menos que podría hacer es un compromiso para que tales comisionados no sean directamente servidores, o sirvientes, de Televisa y TV Azteca. El Presidente debe obligarse a no proponer a nadie que, como el diputado Javier Orozco, haya tenido participación directa en la reforma, tal como se pretendió hacer al negarle acceso a Guillermo Ortiz a la junta de gobierno del IPAB.

Cajón de Sastre.
Congruente consigo mismo y con su credo democrático, Francisco José Paoli no adoptó una posición de última hora ante la abusiva ley que el presidente del PAN ordenó aprobar a sus senadores. Reprochó a Santiago Creel los permisos para juegos de azar entregados a Televisa, y no se unió al equipo de campaña del ex secretario de Gobernación cuanto éste parecía tener las cartas del triunfo en la mano.

En su libro La transición incompleta, Paoli considera que Creel tenía dentro del PAN un flanco débil "como recipiendario de apoyos de grupos poderosos, que no ponen ni pondrán por delante los intereses de la nación, sino los suyos". Y en diciembre pasado, a la semana siguiente de la reforma aprobada por la extraña unanimidad de los diputados, la puso en cuestión como el resto de sus compañeros participantes en el Primer Plano del Canal 11. La irritación que la renuncia de Paoli a su inclusión en la lista de candidatos plurinominales al Senado provocó en Manuel Espino revela la incapacidad del dirigente panista de entender las convicciones ajenas.

Pablo Marentes en el Universal:

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Pablo Marentes
28 de marzo de 2006
Blindados

LOS consorcios de radio y de televisión mantienen blindados a los grupos gobernantes y las élites empresariales de los penetrantes cambios sociales que comenzaron a generarse a partir de mayo de 1985, cuya complejidad y magnitud han crecido durante los pasados 20 años.

Salvo raras excepciones, concretadas en tres o cuatro programas noticiosos que difunden Radio Monitor y Radio Fórmula, y en algunos reportajes y colaboraciones semanales propiciados por el experimentado, el sabio Joaquín López-Dóriga, la radio y la televisión están dedicadas a emocionar a algunos grupos de población urbana mediante programas de ayuda altruista y telenovelas con producción costosa que emulan a las viejas series inglesas, pero con escasa originalidad y menor inteligencia.

La radio y la televisión no informan, no inducen la reflexión, no entretienen ni divierten con inteligencia, no contribuyen a educar, ni dan a conocer bienes y servicios cuya calidad y utilidad estén garantizadas por el productor o el distribuidor.

No contribuyeron al análisis de las reformas a los artículos 27 y 130 implantadas durante la lectura del informe presidencial del 1 de septiembre de 1991; no explicaron el surgimiento del Ejército Zapatista de Libreación Nacional, ni analizaron los efectos de los asesinatos del candidato Luis Donaldo Colosio y de Francisco Ruiz Massieu, ni de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, ni el colapso en 1994 de los endebles cimientos de la economía nacional al ser englobada -engullida- por las maquinarias comerciales de EU y de la Unión Eropea, ni las consecuencias de la triangulación de exportaciones procedentes de los tigres de la Cuenca del Pacífico. Ni del tsunami manufacturero, comercial y de servicios originado en China y en la India, agravado por el creciente contrabando.


Ni la radio ni la televisión analizan los factores que desataron el desmesurado, exorbitado, inagotable éxodo de 10 millones de mexicanos hacia EU, que despobló de trabajadores y padres y madres de familia los campos de Michoacán, Oaxaca, Durango y Zacatecas, y que ha convertido al país en un dependiente alimentario.

Ese conjunto de cambios ha desatado en México uno de los procesos de movilización social más vastos, más profundos que una nación contemporánea haya experimentado. El regreso anual de centenas de miles de algunos migrantes -cargados de ropa, enseres domésticos y experiencias nuevas- se convierte en detonante de demandas existenciales y exigencias de ocupaciones remuneradas, mejor educación, medicina social y programas de capacitación.

La movilización social hace que aumente la población políticamente relevante, es decir, el número de individuos a los que el gobierno debe tomar en cuenta. Remito a los interesados en el fenómeno de movilización social a que me refiero, a la lectura del precursor análisis de factores de rápido cambio social que publicara Karl Deutsch -el autor de Los nervios del gobierno- en septiembre de 1961 en el número 55 del American Political Science Review, cuya lúcida traducción se encuentra en el capítulo quinto de Las naciones en crisis del mismo autor, página 110, Fondo de Cultura Económica, 1981.

El fenómeno que analiza y documenta Deutsch tiene implicaciones hoy en México. Lo define como un proceso durante el cual se erosionan antiguos usos económicos y se rompen viejas lealtades sociales y sicológicas; los individuos adoptan nuevas formas de comportamiento y los sistemas políticos pierden estabilidad porque se deterioran los mecanismos de control social. En los países en donde el proceso se ha presentado, los gobiernos se han visto obligados a extender sus servicios y a incrementar su capacidad de respuesta a las demandas de los grupos de movilizados. También ha forzado a las élites -políticas y empresariales- a transformar su comportamiento frente a la población.

Dentro de un proceso de movilización social, los medios de comunicación deben transformarse en instrumentos de envío y recepción de mensajes de las élites hacia los diversos grupos, y de captación de los mensajes de la población hacia las élites. Si así no ocurre, las élites corren el riesgo de perder contacto con los estratos sociales movilizados, y se desatarán desfiles, manifestaciones, disturbios y huelgas. Y crecen los auditorios que ponen atención a los mensajes políticos. Si la élite no transforma sus maneras de comunicarse surgen los estallidos. La investigación de los últimos 30 años así los registra y documenta.

La televisión y la radio no pueden ser vistas como dos oportunidades más para hacer negocios privados. Ambos son instrumentos para la comunicación cuyo empleo debe efectuarse con base en claras y sencillas normas que permitan en cada momento someterlos -como está sometido cualquier gobierno constitucional al imperativo de normas supremas- a los controles y equilibrios inventados por los padres fundadores del sistema constitucional estadounidense tan encomiado por los dirigentes tradicionales políticos y empresariales mexicanos. Que no confundan los concesionarios los checks y balances con cheques y estados financieros. Se trata de controles y equilibrios que permiten corregir con eficacia inmediata las imperfecciones de la vida de relación social y los excesos y desmesuras del mercado.

La televisión -al aire y a través de sistemas restringidos y de paga- y la radio han venido funcionando sólo para los mighty mexicans, cuya existencia propaló el profesor Hank González en aquella edición que hace 30 años patrocinó de la celebrada revista Town and Country. Poco o casi nada dicen de las necesidades de los grupos que constituyen los inadvertidos, los ignorados 100 millones de niños, adolescentes, adultos y viejos que componen el "resto" de la población nacional.

El registro histórico que puede salvar el sexenio de Vicente Fox podría ser su bien probado respeto a la libertad de opinión y de expresión. Y la orden que hoy podría dar a los senadores de su partido para que se decidan por un ordenamiento que propicie que la radio y la tv mexicanas cumplan las funciones sociales inherentes a esos medios en la cambiante sociedad contemporánea.
Profesor de la FCPyS de la UNAM

Porfirio Muñoz Ledo en el Universal:


Porfirio Muñoz Ledo
28 de marzo de 2006
Detener la infamia

Está a punto de consumarse un insólito atentado contra la autonomía de decisión del Congreso y la autoridad de las instituciones republicanas respecto de los poderes de facto que están obligadas a regular. Tras varias semanas de intenso cabildeo parlamentario y de abierta presión social, finalmente un grupo numeroso de senadores del PAN se comprometió a votar en favor del controvertido proyecto de Ley Federal de Radio y Televisión.
A pesar de la viva reacción de los actores económicos y ciudadanos que suscitó en su contra, y del resultado abrumadoramente adverso a la minuta de las audiencias senatoriales, se impuso finalmente la venalidad, el contubernio político y, en última instancia, el pragmatismo ramplón de quienes dicen encarnar la dignidad de la democracia.
El fiel de la balanza se inclinó por el vuelco de los legisladores del PAN, a quienes, en el más puro estilo caciquil, su dirigente nacional les hizo saber que Televisa había ofrecido consentir a su candidato presidencial a cambio de la sumisión parlamentaria. La democratización convertida en subasta del Estado. El soborno confeso que los hará perder el honor sin ganar con ello las elecciones.
No todo está terminado, sin embargo. El llamado a congelar el proceso de aprobación de la ley pudiera surtir efectos en la medida que se conjugue la movilización social y la firme determinación de los senadores que se oponen al proyecto. Sería aconsejable también la acción política de los partidos que decidiesen salvar la limpieza de la elección y la equidad de la contienda.

Una vez más es audible el silencio cómplice del Consejo General del IFE. La injerencia indebida de empresas concesionarias en la redacción y aprobación de la ley es notorio. Patente es también el ofrecimiento de colocar su poder a lado de uno o dos de los candidatos presidenciales. El instituto debería formular un enérgico pronunciamiento al respecto y tomar todas las medidas legales a su alcance para evitar un abuso que de modo tan flagrante contraría su mandato constitucional.

Se ha hecho ya un llamado al Presidente de la República para que, si la ley fuese aprobada, interpusiera el derecho de veto que le confieren los apartados "B" y "C" del artículo 72 de nuestra Carta Magna. Tal actitud obligaría a la conformación de una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso. El Ejecutivo asumiría por este acto la responsabilidad final del contenido de la ley y, aunque parezca ilusorio, aprovecharía una oportunidad irrepetible para recuperar el liderazgo de la transición.

Queda todavía un recurso extremo: la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que podrían intentar -según lo dispuesto en las fracciones "A" y "B" del segundo apartado del articulo 105- el 33% de los diputados o de los senadores federales. De acuerdo a ese procedimiento, las minorías del Congreso podrían ejercer su derecho a objetar decisiones legislativas que implicasen contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución.

El argumento que fundaría semejante acción es simple y, a mi manera de ver, irrebatible. Habida cuenta de que el régimen competencial definido en el articulo 124 establece que todas las facultades de las autoridades federales deben ser expresamente concedidas por la propia Constitución, y de que el articulo 73 no se refiere en ninguna de sus fracciones a la radio y a la televisión, el Congreso de la Unión carece de facultad para legislar en la materia.
En rigor, esta incongruencia existe desde la expedición de la ley vigente de 1960, pero nunca había sido controvertida por la vía jurisdiccional. Los actores de ese ordenamiento quisieron eludir, por una parte, la cuestión del contenido de las emisiones y otorgar, por la otra, potestades supremas al Ejecutivo de la Unión en este campo. Esa fue la razón por lo que derivaron de modo espurio dicho ordenamiento de los artículos 27 y 48 constitucionales.
Se trataba de equiparar las industrias de radio y televisión con otras dedicadas a la utilización de recursos naturales que se encuentran bajo el dominio directo de la nación. De esta manera, la mención "espacio situado sobre el territorio nacional", que aparece en el párrafo cuarto del artículo 27, fue motivo suficiente para equiparar esas actividades con la explotación de los yacimientos minerales y de los hidrocarburos. Así se justificó que el supuesto aprovechamiento del aire por los particulares sólo podría realizarse mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo federal.

Al ser evidente, no obstante, que el Congreso de la Unión carece de facultad explícita para legislar en la materia, se arguyó que el artículo 48 establece que, entre otros bienes de la nación, el espacio aéreo depende directamente del gobierno de la Federación. De lo que no se deduce de modo alguno la facultad para regular el funcionamiento de industrias que además de propagarse por otros medios físicos, deben ponerse en consonancia con derechos sociales y ciudadanos consagrados por la Constitución.
No pudieron prever los autores de esa ley que la televisión por satélite y la televisión por cable habrían de transmitirse por espacios distintos a los comprendidos en esos artículos. Menos aún que en la reforma constitucional posterior quedaría establecido el derecho a la información como una garantía fundamental de los mexicanos.
De acuerdo a esas consideraciones, el que escribe, siendo titular de la Secretaría de Educación Pública, propuso formalmente que las disposiciones sustantivas sobre la radio y la televisión quedaran estipuladas en el artículo tercero constitucional, de manera que esas actividades quedasen sujetas a los principios y valores contenidos en dicho artículo.
Podría pensarse por último en una nueva iniciativa que abarcará tanto las reformas constitucionales indispensables como el vasto espectro de cuestiones implicadas en un ordenamiento moderno sobre la materia. Deberían considerarse para este intento de síntesis los principales proyectos legislativos presentados durante los últimos años, algunos de los cuales tuvieron el apoyo de varios partidos y que a lo largo de este sainete fueron sospechosamente olvidados.
Un proyecto de esta naturaleza restauraría la dignidad del Poder Legislativo y podría ser debatido por el próximo Congreso, una vez que se diluya la capacidad de intimidación de los señores de la pantalla y el miedo pueril de sus rehenes.

Alberto Assis Nassif en el Universal:


Alberto Aziz Nassif
28 de marzo de 2006
Subastar al Estado

TODO indica que los intereses de unos cuantos ganan una batalla decisiva, doblegan al Estado y lastiman el espacio público. Las televisoras privadas logran imponer su proyecto, conocido como "ley Televisa". Primero fue un procedimiento veloz en la Cámara de Diputados, en donde todos los partidos aprobaron, sin discusión ni conocimiento, una nueva ley de radio y televisión en diciembre pasado; luego vino la segunda ronda en el Senado, que después de hacer una amplia consulta, decidirá hoy su aprobación en comisiones y luego pasará al pleno, prácticamente en los mismos términos del proyecto que llegó de San Lázaro.

De forma extraña la cobertura de la campaña electoral y el estancamiento de los candidatos del PAN y del PRI, segundo y tercer lugar en las encuestas de opinión, han logrado generar un clima de intercambio pueril entre la televisión y la política: apoyos a Calderón y Madrazo a cambio de las nuevas reglas. ¡Qué bonito país! A pesar de la opinión en contra de los especialistas, de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y de la Comisión Federal de Competencia (CFC), a pesar de que vamos a un régimen que mantiene la discrecionalidad en el otorgamiento de las concesiones del espacio radioeléctrico, a pesar de que se concentrará más el pastel de los grandes medios y se afectará a las radios comunitarias y culturales, a pesar de los argumentos y razones, de los foros y los desplegados, ahora un grupo de senadores del PAN y del PRI, el llamado "PRIAN", decidió aprobar las reformas a la ley de radio y televisión. Los intereses de corto plazo, la desesperación de campañas que no crecen a pesar del gasto publicitario, y la maquinaria, se impondrán.

Los riesgos de una regulación débil ponen de nuevo en crisis al Estado frente a los poderes fácticos. La Cofetel fue muy explícita en su evaluación de la minuta del pasado 15 de marzo y señaló que se "reduciría aún más la capacidad del Estado de ejercer su rectoría en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, para asegurar el interés público y el desarrollo del sector en un ambiente de convergencia y competencia" (EL UNIVERSAL, 24/III/2006).
Pero qué importan esas profundidades, lo que realmente le importa a los partidos políticos, al PRI y al PAN, es ganar la elección del 2 de julio y para ello están dispuestos a vender su alma a los poderes fácticos. A quién le preocupa la concentración, la discrecionalidad y una regulación de juguete, parece que sólo a unos cuantos senadores disidentes de la línea oficial de sus partidos y de sus candidatos a la Presidencia. ¿Qué más está dispuesto a subastar el "PRIAN" para sacar adelante sus apoyos de corto plazo?

Curioso país en donde la democracia no ha generado una ampliación de los espacios públicos para debatir los grandes temas de la agenda nacional. Con las reformas a la ley de radio y televisión lo que los ciudadanos hemos visto es que la independencia del Poder Legislativo se ha pervertido: de la tutela del Poder Ejecutivo se sometió a los intereses de los poderes fácticos. ¿Dónde quedaron el debate y los consensos que se formaron en el Senado durante los últimos tres meses? Estamos ante decisiones que huelen a una oligarquía concentradora. En estos días observaremos un episodio similar, pero más grave por sus consecuencias, al que sucedió con la reforma al tiempo estatal de 12.5% que fue graciosamente cedido por el gobierno foxista.
La ciudadanía toma nota que varios senadores lucran entre su posición legislativa y sus negocios privados, sin caer legalmente en un conflicto de intereses. En otros países, como Estados Unidos o Canadá, no lo podrían hacer porque existe una prohibición explícita y un código de ética. En México todo está permitido, por eso vemos esos amasijos de intereses que destruyen las fronteras entre lo público y lo privado.

México está urgido de tener espacios de regulación pública que tengan transparencia; es necesario terminar con la discrecionalidad y con el tufo concentrador en el que se mueven los grandes concesionarios de los medios masivos. Mirar los cambios tecnológicos y un futuro que ya llegó obliga a pensar en la construcción de espacios que sean realmente públicos. Sin embargo, si los senadores aprueban la minuta que ya aprobaron los diputados, se comprometerá de forma importante las capacidades reguladores del Estado y se dará un paso firme hacia la concentración. En pocas palabras, estaremos ante una regulación débil, un espacio radioeléctrico repartido de forma discrecional y un beneficio concentrador para las grandes televisoras comerciales. Sin duda, son tiempos oscuros de una democracia que cada vez resulta más fallida.
Quizás el fondo del problema no sea sólo el momento electoral y el estancamiento de las campañas del "PRIAN", que son factores de contexto, sino la creación de un modelo de vinculación entre política electoral, dinero público y medios masivos. Como el huevo de la serpiente de la reforma electoral de 1996 -esa que posibilitó la autonomía de los organismos electorales, garantizó condiciones de equidad en la competencia e hizo factible la alternancia en el poder-, ahora se ha desarrollado un modelo electoral muy caro, con campañas demasiado largas y un vaciamiento político sustituido por estrategias de mercadotecnia mediáticas.

Tenemos partidos con financiamientos millonarios que canalizan la mayoría de sus recursos a los medios masivos, principalmente a la televisión; el dinero sale de las urnas públicas para llegar a las cajas de las televisoras. Con ello los partidos hacen campañas llenas de mercadotecnia y la ciudadanía se intoxica de spots. Con ese modelo los partidos han desgastado a una democracia incipiente. El siguiente eslabón de esta cadena de errores dará por resultado una reforma a la ley de radio y televisión al gusto, modo y necesidades de las grandes empresas de televisión comercial.

La pregunta ciudadana es sobre la utilidad y el valor del proceso electoral. Ahora que todos los días los candidatos de cada partido piden el voto ciudadano y prometen el cielo en la tierra, habrá que recordar lo que hacen los legisladores con el poder que les fue confiado y con la representación que ejercen: defender los intereses particulares y dar la espalda al interés del país. Salvo excepciones dignas de llamarse senadores de la República, lo que tenemos en el Poder Legislativo es una marabunta depredadora que sólo se representa a sí misma. Tiempos oscuros porque lo que vendrá en la próxima legislatura será exactamente igual, sólo que reciclado.

Atención lobbistas, es tiempo de hacer ofertas porque el Estado mexicano está en subasta, hay barata, el segundo y el tercer lugar de la carrera presidencial necesitan apoyos. ¡Qué vergüenza!
Investigador del CIESAS

Gabriel Sosa Plata en el Universal:


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Gabriel Sosa Plata
28 de marzo de 2006
"Ley Televisa": las traiciones y el silencio

Con el afán de defender canonjías para su futuro político y apoyar cualquier causa para que sus candidatos a la Presidencia logren mejorar sus menguadas posiciones en las encuestas, 26 senadores del PRI y 19 del PAN decidieron apoyar la denominada "Ley Televisa". Esto ocurrió, como se sabe, durante reuniones realizadas la semana pasada, en las que las fracciones parlamentarias de ambos partidos tomaron una posición en torno de la cuestionada minuta que aprobaron por los diputados y que se prevé sea votada hoy en favor en comisiones.

De un día para otro, como ocurrió con la Cámara Nacional de la Industria de la Electrónica y las Telecomunicaciones, el Grupo Fórmula y otros empresarios del sector, diversos senadores renunciaron no sólo a sus principios éticos y convicciones, sino también traicionaron a grupos de la sociedad a los cuales habían manifestado estar en contra de la modificación a las leyes de radiodifusión y telecomunicaciones por sus enormes deficiencias.
Del PAN destaca el caso de la hermana del candidato presidencial de ese partido, la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, quien durante una reunión sostenida hace días con representantes de los más de 80 concesionarios de radio que se oponen a la aprobación de la "ley Televisa" dijo apoyar su causa y que buscaría convencer a otros senadores para votar en contra de la reforma. De igual manera los azuzó para llevar a cabo una amplia movilización de rechazo hacia la minuta, incluyendo plantones fuera del recinto legislativo. Sin embargo, el pasado jueves se sumó a la línea marcada por el presidente de su partido, Manuel Espino, de apoyar la minuta.

Del PRI sorprendió también el voto en favor del senador José Bonilla Robles, quien en todo momento rechazó la "Ley Televisa" y trabajó políticamente en el Senado y en el interior de su bancada para abrir espacios de interlocución con opositores a la reforma. Como pequeño radiodifusor de Zacatecas, y aun en contra de la opinión de la cúpula de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), dominada por Televisa, coincidía con otros empresarios del sector que de aprobarse la minuta se pone en riesgo la permanencia de decenas de radiodifusoras en el país, porque no les genera ninguno de los beneficios de la convergencia tecnológica y propicia la concentración de frecuencias en los grandes concesionarios.

Pero el 23 de marzo, como todo político pragmático, decidió cambiar de opinión por una razón de peso: él, al igual que uno de sus hijos, Francisco Javier Bonilla, está en la lista plurinominal de candidatos a diputado federal. Prefirió acatar las órdenes de Televisa a través de la dirigencia de su partido y no correr el riesgo de ser excluido de ese listado que también se ha convertido en un instrumento de presión, de chantaje político.

Mutis de la SCT.
Por parte del Ejecutivo Federal, su silencio ha sido un aval a la minuta y una actitud de complicidad. Cuando se discutía la reforma ciudadana impulsada por la Subcomisión de Radio y Televisión del Senado en 2004 y 2005, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) hizo llegar un amplio documento a los senadores en el que puntualmente establecía las deficiencias que a su parecer contenía el anteproyecto de dictamen.

Ahora Pedro Cerisola guarda silencio. La dependencia que encabeza ha dicho que esperarán la decisión del Congreso para dar su opinión. ¿Por qué antes sí y ahora no hablan de la minuta aprobada por los diputados? Quizás porque la reforma ciudadana impulsada por Javier Corral, Manuel Bartlett, César Raúl Ojeda y varias decenas de senadores no contaba con el aval de Televisa. El gobierno del presidente Vicente Fox tiene la oportunidad histórica de decir a la sociedad que en México todavía existe gobierno y visión de Estado en asuntos tan importantes, como el de los medios de comunicación, y demostrar que ninguna empresa, por poderosa que sea, puede estar encima de las instituciones del país.

También su gobierno puede aprovechar el momento para no quedar marcado en la historia como una de las administraciones que más han otorgado beneficios a las televisoras mediante la drástica reducción del tiempo fiscal de 12.5% a1.25%, el impulso de una política de televisión digital hecha al gusto de Televisa y Televisión Azteca, el refrendo de sus concesiones hasta el año 2021, el incremento descomunal de la publicidad comercial en los canales de televisión al autorizar, vía reglamento, los infomerciales de larga duración y el otorgamiento de permisos a Televisa para operar casinos y salas de juego.

Como se ha comentado en los últimos días, el presidente Vicente Fox puede vetar la reforma que esta semana aprueben los senadores. Analistas aseguran que es impensable que eso ocurra por los compromisos políticos que se tienen con las grandes empresas de radio y televisión que lo apoyaron en 2000 y por la cercanía de su esposa Marta Sahagún con Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa.

Pero queda el beneficio de la duda. El vocero presidencial Rubén Aguilar ha dicho que es necesaria una reforma en materia de radio y televisión que promueva la competencia, se otorguen garantías de transparencia en las concesiones y se afiance la capacidad reguladora del sector (revista Este País, septiembre de 2005), aspecto que evidentemente no cumple la "Ley Televisa". Por su parte, el subsecretariode Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Enrique Aranda, dijo la semana pasada que "a primera vista existen elementos que nos llevan a considerar que la minuta tendría que ser revisada por los senadores, con el ánimo de enriquecerla e incorporar las propuestas emanadas de los foros de consulta".

Ojalá el presidente Fox haga caso de las voces que, dentro de su gobierno, con una visión menos pragmática y reduccionista, han hablado de las repercusiones negativas que tendría para el país la aprobación de la "ley Televisa".

Y el Editorial de la Jornada:
Editorial
La ley Televisa no debe pasar
Este día en el Senado de la República debe ser dictaminado el paquete de reformas a las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, un documento elaborado al gusto de las dos empresas que conforman el duopolio televisivo, a contrapelo de la opinión mayoritaria de la sociedad y de los intereses de la nación.
De de ser aprobada la minuta, según dijo en entrevista con este diario el senador Javier Corral Jurado, se generaría un quebranto de al menos mil millones de dólares a las arcas nacionales, además de que representaría la claudicación del Estado como rector de los bienes públicos y como regulador de las telecomunicaciones. Asimismo, en términos de competencia, su entrada en vigor se traduciría en prácticas desleales en favor de Televisa y Tv Azteca y en detrimento de los concesionarios menores de radio y televisión y de los medios electrónicos públicos y sociales.

El cabildeo realizado para la imposición de esta normativa ha sido tan evidente, escandaloso y repudiable como los tratos telefónicos entre el góber precioso, Mario Marín, y el rey de la mezclilla, Kamel Nacif: los senadores panistas y priístas dispuestos a cometer este atraco a los bienes nacionales ni siquiera se han molestado en ocultar que su interés en aprobar esta ley no fue dictada por los intereses del país, sino por el afán de gratificar a las televisoras para que éstas otorguen un trato favorable a los candidatos presidenciales de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional.
Una vez más ­como ocurrió con el atropello pactado por Marín y Nacif contra la periodista Lydia Cacho­ el poder del dinero privado está a punto de imponerse a las instituciones del poder público.

Más allá de la indecencia que se ha revelado en la alineación de una mayoría de senadores tricolores y blanquiazules dispuestos a aprobar el engendro de reformas legales, es inevitable advertir en estos pactos el afán de proyectar, más allá del presente sexenio, la correlación de fuerzas en la que se ha basado el cogobierno de facto entre el PRI y el PAN.

Con ese espíritu se busca reducir al próximo gobierno a la condición de mero administrador de hechos consumados, bajo el signo de un proyecto gubernamental gerencial, privatizador, enterrador de la soberanía, obsecuente a la ortodoxia neoliberal y servidor de los grandes capitales.

Por esas razones, la tentativa de modificar al gusto de Televisa y Tv Azteca las leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones ha generado un clamor de rechazo que reúne a sistemas de transmisión educativa y cultural, centrales sindicales, productores independientes, trabajadores del ramo, académicos, cineastas, escritores, organizaciones no gubernamentales y medios informativos.

Incluso instancias oficiales, como las comisiones federales de Telecomunicaciones y de Competencia, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, han manifestado fundadas críticas a la minuta de la ley Televisa, en tanto un grupo de senadores de los tres principales partidos ha pedido detener el proceso para que sea la próxima legislatura la que examine y dictamine el asunto.

Es necesario que los legisladores cooptados por las presiones corporativas del duopolio televisivo escuchen este clamor social y se abstengan de servir con su voto a una iniciativa que resultaría devastadora para las arcas públicas, la libertad de expresión, la libre competencia, la rectoría del Estado y el desarrollo nacional. Todavía están a tiempo.

Esta es la expresión de lo mas granado de la inteligencia de algunos medios, faltan mas, Milenio, Proceso, etc.
Joaquín López anoche acusó a "un reducido número de medios que se sienten dueños de la verdad absoluta", y no lo culpo, él tiene que defender la chuleta, o como dicen en mi tierra "no se vale estar tragando y trompeando la canoa". Pero estos "dueños de la verdad absoluta", son la voz de millones de ciudadanos mexicanos que ya estamos hasta la madre de las trácalas de gentes como Azcárraga and Co., como Diego Fernandez de Cevallos, como Emilio Gamboa Patrón,como Roberto Hernandez, o como el gallero fracasado Bernardo Gomez que se siente dueño de vidas y haciendas, que como dice el PEJE no tienen llenadero, y quieren seguir sangrando a la nación.
Ya anoche mismo, otro peón de televisa llamado Roy Campos, de la encuestadora Mito-ski, desliza muy sutilmente que el PEJE cayó un puntito,por lo de las "chachalacas-Chavez" y que Fecal subió un puntito, y Madrazo no se movió. Que FeCal ya "nadamás" está a siete puntos del puntero. Todo es cuestión de echar a andar la maquinaria mediática para en los 90 días que faltan irnosdeslizando el "empate técnico". Esto, cuando todos sabemos que ni FeCal ni Madrazo han subido ni un diez y seis de pulgada, y a la contra, se han ido cayendo estrepitosamente en las preferencias electorales. Ya lo veremos en las próximas encuestas de los medios impresos.
Por lo pronto, a nosotros no nos queda mas que estar alertas y seguir desenmascarando a los hipócritas y ambiciosos vendepatrias, y pedirle a la ciudadanía que no se dejen engañar por estos mafiosos.
Por todo esto tenemos cien millones de razones para votar por AMLO y la mayoría perredista al Congreso.