El Proceso de esta semana no sólo balconea otra cochinada de los Bribiesca y de la martuchis, sino que además da a conocer que el dueño de Cinépolis es socio de los Bribiesca:
La magia de los apellidos
Felipe Cobián, Verónica Espinosa y Miguel Ángel Infante
Una hebra más del enorme tejido de negocios tramado por los hermanos Bribiesca Sahagún y su madre al amparo del poder presidencial tiene por nombre José Felipe Tomé Velázquez. Se trata de un joven hombre de negocios originario de Irapuato, Guanajuato, “dueño” de un complejo residencial de superlujo que se construye desde hace dos años en Puerto Vallarta, Jalisco. Habitantes sobre todo de la primera ciudad no tienen dudas: Tomé Velázquez es “prestanombres” de Marta Sahagún y sus hijos.
PUERTO VALLARTA, JAL.- Es un mediodía de viernes. Un par de jóvenes robustos en traje de baño, hijos de magnates o magnates ellos mismos, conversan despreocupados entre sí, perdida su vista en la bahía. Uno está de pie; el otro, más obeso y quien luce una delgada barba de patilla a patilla, está sentado en un redondo y amplio mueble de mimbre, donde recibe masaje y caricias de una mujer.
Están en la desvanecida orilla de mármol travertino de una alberca que semeja a la playa misma. A sus pies, un espejo de limpísimas aguas azules donde se confunden mar y cielo se retrata y reproduce al infinito en las torres de cristal del lujoso desarrollo Residencial Península, que está a sus espaldas.
Personal de intendencia jura que al menos uno de esos personajes –primeros residentes de alguna de las tres torres, de 26 pisos cada una, del lujoso desarrollo residencial– era hijo de Marta Sahagún. “Uno de ellos viene seguido, a veces cada 15 días y es muy déspota”, asegura una mujer.
En el lobby, de blancos muros, columnas y piso de mármol, contrastan los tapetes hechos a mano con miles de retazos de carnaza bajo exóticas mesas de centro de troncos de árbol cortados a tajo y laqueados en negro. Vigilantes de alfarería –copias de los guerreros de terracota, como aquellos con los que una vez se retrataron Vicente Fox y Marta Sahagún en Xi’an, China, durante su periplo de gira oficial-luna de miel, con previa escala en Mongolia– y algunos enseres y pinturas modernas forman parte del decorado.
El conjunto, presidido por un centro comercial y con salón de apuestas, será realzado por una monumental fuente circular que lanzará el agua a decenas de metros de altura. Posee spa, gimnasio, un amplio y cómodo centro de negocios y club-bar para los residentes.
Lo componen tres esbeltas torres de 90 metros de altura –26 pisos– que “combinan una atmósfera de abundancia exótica con el diseño vanguardista y de alta tecnología”, según reza su publicidad. Los cristales templados de 12 milímetros de espesor “son a prueba de huracanes y sismos”, dicen los promotores de ventas.
Cada uno de los edificios, cuya construcción se inició hace dos años, tendrá 94 departamentos –cuatro por piso, en un área total de más de 900 metros cuadrados–, con dos y tres recámaras, cuarto de servicio y dos baños terminados en granito. Tendrán cocina integral con cubiertas también de granito importado y acabados en maderas finas.
La amplitud va de los 187 metros cuadrados a los 287. Sus precios varían de 400 mil a casi 700 mil dólares. En la cima hay, aparte, dos penthouses cuyos precios –todo de contado– superan los 900 mil dólares.
En una caseta de vigilancia, guardias privados impiden el paso a los extraños, salvo los propios condóminos o las personas interesadas en alguno de los pocos departamentos que quedan de un total de los 192 construidos, incluidos cuatro penthouses, y de los 96 que están en proceso en la tercera torre. Los posibles clientes deben ir acompañados de un vendedor de la promotora Lemmus; unos y otros tienen que identificarse plenamente y anotarse en el libro de visitas.
“El prestanombres”
Entre las fuentes consultadas en el entorno de Residencial Península y en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, existe la certeza de que los hermanos Bribiesca y su madre, Marta Sahagún, forman parte del negocio que representa Residencial Península, S.A. de C.V.
El eslabón fundamental que los une al negocio, indican esas fuentes, es José Felipe Tomé Velázquez, un contador público de tan sólo 33 años de edad, de ascendencia libanesa y exitoso empresario del ramo maquilador textil.
Más aún, los informantes consultados señalan a Tomé Velázquez como “el prestanombres de Marta Sahagún”.
El empresario forma parte de una reconocida familia de Irapuato, algunos de cuyos integrantes son también prominentes hombres de negocios y tienen mucha influencia en la vida económica y política de la región.
Es egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey. Cuando murió su padre, a mediados de los noventa, se hizo cargo de las empresas que le dejó, junto con pesadas deudas que tuvo que afrontar junto con su madre, Bertha Guillermina Velázquez Verdad, conocida en la alta sociedad irapuatense como La Mema, muy vinculada a trabajos altruistas en la ciudad.
La familia pidió préstamos a los bancos para saldar deudas y salvar sus empresas, entre éstas varias maquiladoras textiles y una fábrica de pantalones de mezclilla de exportación.
Al parecer fue por medio de La Mema como José Felipe conoció a Vicente Fox cuando éste era gobernador de Guanajuato. Se dice que Fox quedó gratamente impresionado por el empuje del joven empresario, con quien inició una amistad. Este vínculo coincidía con el interés de la administración de Fox por fomentar las maquiladoras, incluso con incentivos económicos. El gobernador incluso lo invitaba con frecuencia a sus giras internacionales como parte de la comitiva empresarial.
En una gira que hizo Fox cuando pidió licencia para separarse de la gubernatura para ser candidato del PAN a la Presidencia, uno de sus eventos tuvo lugar en una de las maquiladoras de los Tomé Velázquez en la comunidad de Malvas, en Irapuato.
Entre personas del círculo del empresario también hay versiones en el sentido de que cuando Fox ganó la Presidencia de la República, le ofreció a José Felipe un cargo en el gabinete, pero éste declinó la invitación. Sin embargo, ambos continuaron su relación de amistad.
La versión que circula en Irapuato –donde ya no reside de fijo, pues ahora vive en Guadalajara– es que su relación de negocios no es con Fox, sino con Marta Sahagún.
Fue más o menos a principios del sexenio foxista cuando Tomé Velázquez fue haciendo a un lado la maquila para incursionar en el negocio inmobiliario.
Todas las facilidades
El desarrollo habitacional de súper lujo en el que presuntamente tienen participación los Bribiesca Sahagún, la madre de éstos y José Felipe Tomé es muy parecido a los que existen en la costa de Miami, Florida. Consta en realidad de cuatro edificios: el centro comercial y las tres torres –la tercera está en construcción y su estilo rompe con la arquitectura típica de Puerto Vallarta.
Su construcción se inició en 2005 con inusitada rapidez y contó con todo tipo de permisos oficiales, que fluyeron sin contratiempos aun cuando eso implicó invadir, así como modificar el cauce y la desembocadura del río Pitillal, sobre todo en su margen derecha. Para el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Puerto Vallarta, esta celeridad en lo que respecta a trámites y facilidades constituye un hecho insólito.
En ese año, el entonces presidente municipal de Puerto Vallarta, Gustavo González Villaseñor, apoyado por la mayoría priista en el cabildo, aprobó un nuevo plan de desarrollo urbano que permitió el cambio de uso de suelo en zonas exclusivamente hoteleras para convertirlas en habitacionales.
A raíz de ello, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, Óscar Abel Rivero Estrada, presentó en los primeros meses de 2006 una denuncia penal por abuso de autoridad en contra de los regidores, incluido el alcalde, y del síndico Miguel Ángel Yerena Ruiz. También presentó una solicitud ante el Congreso de Jalisco para que se le fincara un juicio político a todos los funcionarios que participaron en el cambio de uso de suelo, entre ellos Carlos Manzano, titular de Planeación Urbana, el secretario Antonio Lugo y otros funcionarios municipales.
Esa autorización de cambio de uso de suelo también favoreció al constructor Elías Saccal, quien en la margen izquierda (sur) del río Pitillal, en vecindad con las torres de Residencial Península, tiene en proceso de construcción otras tres torres de dimensiones similares a las anteriores, en el desarrollo Grand Venetian.
Sin embargo, fuentes de la Delegación Jalisco de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sostienen que mientras por un lado se ejerce una estricta vigilancia en contra de Grand Venetian en cuanto a permisos de construcción, altura de los edificios, impacto ambiental y respeto de zonas federales, Residencial Península fue dejado en completa libertad para establecerse. “No sabemos por qué goza de tantos privilegios”, dicen.
Con base en la Ley de Acceso a la Información Pública, este semanario solicitó información al ayuntamiento vallartense en lo que atañe a las licencias municipales. Sin embargo, la presidencia municipal no solamente negó estos datos, sino que mantiene un hermetismo sistemático en todo lo referente al desarrollo habitacional.
La empresa Residencial Península, S.A. de C.V., fue constituida con un capital social de tan sólo 100 mil pesos, pero sus inversiones aquí –la compañía anunció también la construcción de un desarrollo similar en Cancún, donde se dice que afectaría un manglar– oscilan entre 100 y 120 millones de dólares. Una de las tres torres del conjunto está totalmente concluida. La segunda está a punto de terminarse y la tercera, que se destinará parcialmente a un exclusivo hotel, lleva casi 20% de avance.
De acuerdo con la escritura pública número 37164, fechada el 7 de enero de 2005, los propietarios de la compañía inmobiliaria son el propio Tomé Velázquez, en su calidad de apoderado general de Desarrollo Comercial León, S.A. de C.V., y el arquitecto Alejandro Báez Meza. El primero con 999 acciones de 100 pesos cada una, y el segundo con una acción de 100 pesos.
El notario público suplente Luis Robles Brambila, adscrito a la Notaría 18 de Guadalajara, elaboró el documento correspondiente.
Según el acta pública, el predio en donde se asienta Residencial Península tiene una superficie de 56 mil 800 metros cuadrados, 30 mil de ellos ganados al mar, según sus antiguos propietarios, quienes posteriormente lo vendieron a sus actuales dueños. Alejandro Báez Meza hizo diversos trámites oficiales ante dependencias como la Semarnat, el ayuntamiento e incluso la Comisión Nacional del Agua, por el hecho de que el terreno colinda con la playa y el río Pitillal.
José Felipe Tomé declaró ante el notario ser de Irapuato, Guanajuato, soltero y contador público. Dijo que nació el 21 de mayo de 1974 y puso como su domicilio las oficinas administrativas del centro comercial Galerías de Zapopan, ubicadas en el número 150 de la calle Rafael Sanzio, inmueble aportado por Báez Meza, también originario de Irapuato, aunque 10 años mayor que el primero.
Originalmente, la empresa Desarrollo Comercial León, S.A. de C.V., tuvo su sede en la Ciudad de México y formó parte del consorcio constructor Ingenieros Civiles Asociados (ICA), pero fue vendida cuando empezó a tener problemas económicos. Tomé Velázquez y su familia decidieron adquirirla y trasladaron la sede a Irapuato, por medio de una asamblea ordinaria efectuada el 17 de septiembre de 2001.
En esa misma fecha se protocolizó la renuncia de quienes fungían como integrantes del Consejo de Administración: Bernardo Quintana Isaac, Jorge José Borja Navarrete, José Luis Guerrero Álvarez, Sergio Montaño León, Saturnino Juárez Reynoso, Bernardo Sepúlveda Amor, Luis Fernando Zárate Rocha, Jorge Aguirre Quintana y el secretario y prosecretario, Luis Carlos Romendia Díaz y Quirico Gerardo Seriña Garza, respectivamente. También renunciaron los contadores Joaquín Gómez Álvarez y Arturo García Chávez como comisarios propietario y suplente.
Así mismo, se nombró como comisario al priista José Aben Amar González Herrera, abogado irapuatense que fue secretario de Gobierno y alcalde de Irapuato (escritura 33558), y compraron las acciones Guillermina Velázquez de Tomé, Gustavo Felipe Tomé Velázquez, José Felipe Tomé Velázquez y Juan Carlos Pérez Aceves. En el acto se otorgó poder amplísimo y general a José Felipe Tomé.
En una asamblea extraordinaria, según escritura 3385 del 12 de mayo de 2004, se acordó un aumento del capital social en 50 millones de pesos. En una asamblea extraordinaria (escritura 1957, inscrita el 15 de diciembre de 2005), los nuevos socios acordaron la escisión de la sociedad, sin que ésta se extinguiera, para transmitir parte de los activos, pasivos y capital social a otra denominada Citicapital, S.A. de C.V., “por conveniencia legal y patrimonial”, según se asentó en el registro.
Citicapital fue la constructora de Plaza Galerías en Guadalajara y ahora lo es de Residencial Península.
Según consta en la escritura 1886 del 7 de diciembre de 2005, Administradora de Inmuebles del Centro, S.A. de C.V. –accionista a su vez de Desarrollo Comercial León–, vendió acciones al hermano menor de José Felipe, Gustavo Tomé Velázquez, quien a su vez vendió otras acciones a diferentes compradores. Así mismo, José, María Graciela y Paola del Carmen Tomé Rodríguez, primos de José Felipe y de Gustavo, le donaron acciones a su padre, José Tomé Elías, hermano de Felipe Tomé, fallecido hace 15 años y padre de los Tomé Velázquez.
José Tomé Elías, de 62 años de edad, fue detenido en Irapuato por órdenes del Juzgado Séptimo de lo Penal de Tlalnepantla (Causa 207/2007-1) a principios de octubre y conducido a una prisión del Estado de México, en donde permaneció al menos dos semanas debido a un presunto fraude por 70 mil dólares cometido en agravio de Textiles KN de Oriente, S.A. de C.V., propiedad de su socio Kamel Nacif, quien fue acusado de pederastia por la periodista Lydia Cacho.
En asamblea extraordinaria, según escritura 1879 inscrita el 7 de diciembre de 2005, Guillermina Velázquez viuda de Tomé se retiró de Desarrollo Comercial León y donó sus acciones a sus hijos José Felipe y Gustavo Felipe Tomé, que representan un capital de 60 millones 800 mil pesos. Al mismo tiempo el capital social se incrementó en 10 millones de pesos. José Felipe y Gustavo se quedaron con 3 millones 900 mil acciones cada uno, en tanto que María Graciela y Paola Tomé Rodríguez se quedaron con 333 mil 333 acciones, cada una con un valor de un peso.
En lo que se refiere a la presunta relación de negocios entre Tomé Velázquez y los Bribiesca Sahagún, se les identifica como propietarios del centro comercial Plaza Galerías de Guadalajara (Operadora Galgua, S.A. de C.V.), en sociedad con el michoacano Enrique Ramírez Villalón, dueño de Cinépolis, así como con el español Manuel Ramón Asís Orta, entre otras personas. (Con información de Gloria Reza.)
Vaya vaya... me pregunto si esto explica la renuencia de Cinépolis a exhibir el trailer de FRAUDE: México 2006.
La otra nota que está cañona del Proceso de esta semana tiene que ver con la manera en la que Pemex ha estado permitiendo que las empresas PRIVADAS para exploración y extracción operen en condiciones de alto peligro para los trabajadores. Y OJO: esto ocurrió también cuando fecal era secretario de energía:
Amor por la transa, desdén por la vida
Jesusa Cervantes y Patricia Dávila Y Rosa Santana
Como ha venido informando Proceso, desde hace años el gobierno federal conoce la precariedad con la que operan las empresas contratadas por Pemex, especialmente Oceanografía, auspiciada por los hermanos Bribiesca Sahagún. La administración de Felipe Calderón –que como secretario de Energía contribuyó a mantener ese estado de cosas– no hizo caso de investigaciones oficiales ni de graves accidentes anteriores. Pero el colapso de la plataforma Usumacinta provocó 24 muertes y exhibió el carácter criminal del contubernio entre la paraestatal y los contratistas.
Los graves accidentes ocurridos en la zona petrolera conocida como Sonda de Campeche no se deben a las condiciones climatológicas adversas, sino al contubernio entre la alta burocracia del gobierno federal y contratistas que se benefician del tráfico de influencias, sin importarles la vida de las 15 mil personas que trabajan en ese lugar.
Prueba de ello es que desde 2004 el entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, y su jefe de asesores, César Nava, conocían las condiciones de inseguridad en que laboraban los trabajadores petroleros.
El pasado martes 23, a 32 kilómetros mar adentro, un accidente sorprendió a 81 trabajadores de la plataforma Usumacinta, propiedad de la empresa Perforadora Central, S.A. de C.V., cuyo dueño es Patricio Álvarez. Las “malas condiciones meteorológicas” provocaron que la plataforma golpeara el pozo Kab-101, lo que causó una fuga de aceite y gas, según el comunicado de la empresa.
Sin embargo, y a pesar de los reportes sobre el clima adverso, los encargados de la plataforma y los del pozo (funcionarios de Pemex) no dieron la alerta a tiempo. El comunicado de Perforadora Central indica que la turbulencia inició al mediodía, pero el personal de Pemex cerró las válvulas de los pozos Kab-101 y Kab-121 dos horas y 20 minutos después.
Para el secretario general de la Asociación Sindical de Oficiales de Máquinas de la Marina Mercante Nacional, el capitán Enrique Pacheco Georges, la acción tardía de Pemex ocasionó que “ante lo tóxico del gas, los empleados abandonaran la zona a bordo de dos naves salvavidas conocidas como mandarinas, las cuales técnicamente debieron soportar el golpe con el mar. Sin embargo, no pudieron evitar que el agua se filtrara, dejando a la deriva a los 81 empleados”. El peritaje deberá probar si la plataforma, las naves salvavidas y los pozos contaban con las medidas de seguridad, dice.
Fuentes de Pemex sostienen que el viernes 26 varios inspectores de la paraestatal iniciaron la revisión de más de 100 plataformas ubicadas en la Sonda de Campeche y detectaron que por lo menos tres de las mandarinas, similares a la que sucumbió el martes 23, presentan fisuras en su estructura de fibra de vidrio o están parchadas.
Así mismo, expertos de la paraestatal que también pidieron anonimato –“por lo delicado que está el asunto”, dijeron–, detallan que la plataforma siniestrada es de tipo MAT y “está diseñada para pantanos, lagos y lagunas, no para el mar”. Las MAT, “a diferencia de las de patas independientes, que son para mar, no se clavan en el lecho marino, sólo se asientan, porque en los pantanos, lagos y lagunas, para los que fueron diseñadas, no hay corrientes”.
Y revelan que la plataforma Usumacinta no fue la única dañada por el temporal. También quedó afectada la Carolina, que pertenece a la compañía Pride y es de tipo MAT, “pues sufrió una inclinación de 16 pulgadas por socavamiento de arena”.
El aviso de 2004
El 19 de febrero de 2004, cuando Felipe Calderón era secretario de Energía y César Nava su jefe de asesores, cuatro empleados de Perforadora Central denunciaron ante Pemex y el Senado las condiciones de inseguridad en que trabajaban.
El Órgano Interno de Control de Pemex realizó una inspección y corroboró las quejas. Las anomalías quedaron plasmadas en el expediente SPC/0429/2004. No obstante, los denunciantes fueron despedidos en octubre del año siguiente.
Perforadora Central renta a Pemex varias plataformas, como la Usumacinta y la Grijalva, y cobra 31 mil 950 dólares diarios por cada una; la Tonalá, por la que recibe 53 mil 950 dólares, y la Hakuryu-V, que le da ingresos por 51 mil 500 dólares.
Según la página de Compranet, durante el sexenio de Vicente Fox, cuando César Nava era el abogado de Pemex, Perforadora Central recibió tan sólo de Pemex Exploración y Producción mil 257 millones 139 mil 960 pesos. Al iniciar la administración de Calderón, se le otorgó un contrato por 144 millones 87 mil 488 pesos, bajo la licitación 18575107-048-07.
Los trabajadores de esa compañía están registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con uno o dos salarios mínimos, a pesar de que ganan 700 pesos diarios; carecen de seguro de vida y su afiliación al IMSS sólo tiene vigencia los días que están en altamar.
En la Sonda de Campeche, Pemex mantiene contrato con más de 20 empresas, las cuales cuentan con cerca de 100 embarcaciones y diversas plataformas. La mayoría de esas embarcaciones datan de hace dos décadas o más, y no cuentan con medidas de seguridad apropiadas para proteger el equipo y a los trabajadores; además, las refacciones que utilizan son recicladas. Lo mismo sucede con los buques, que con frecuencia van sobrecargados de pasajeros, mientras que las naves salvavidas no funcionan bien y el personal que las tripula es insuficiente.
Este tipo de anomalías, de las que están al tanto la Secretaría de Energía y Pemex, provoca accidentes como el del martes 23. Uno de los empleados despedidos de Perforadora Central dice en entrevista que en 1995, cuando el huracán Rosana azotó la región, la empresa mantuvo a sus empleados a la deriva en las embarcaciones durante un mes. “Tuvimos que comer papas y chayotes podridos porque se acabó la comida y nos dejaron encerrados con el argumento de que venían otros huracanes”, relata.
Pero es otra la empresa que tiene el récord en violaciones a la normatividad. Se trata de Oceanografía, la empresa ligada a los hijos de Marta Sahagún e involucrada en una red criminal que obtenía ganancias con sobreprecios, uso de información privilegiada y tráfico de influencias en colusión con exfuncionarios de Pemex, según la investigación de la Contaloría Interna de la paraestatal que difundió este semanario en su edición antepasada (Proceso 1615).
El jueves 11, a raíz de un incendio, se hundió la embarcación Seba’an con 176 trabajadores, de los cuales uno resultó muerto. El capitán Pacheco Georges, con 23 años como navegante, comenta que este accidente “puso en duda la acuciosidad y efectividad de las inspecciones que realiza el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (Fidena), bajo contrato millonario, a todas las embarcaciones que operan para Pemex en la Sonda de Campeche”.
También recuerda que en junio pasado la tripulación de Seba’an denunció un percance en el departamento de máquinas que duró 12 horas.
Por su parte, la Organización Marítima Internacional, encargada de hacer las verificaciones del funcionamiento correcto de las embarcaciones en todo el mundo, reportó que este buque registró tres deficiencias en 2001, pero no especifica cuáles, y no realizó la verificación del 31 de julio de 2007, es decir, dos meses antes de que provocaran el hundimiento por falta de extinguidores. La última revisión fue en 2004.
Empleados de Oceanografía, que solicitaron el anonimato por temor a un despido, relataron que en septiembre pasado la embarcación Caballo Azteca, también propiedad de esta empresa y que trabaja 28 días por 14 de descanso, se rebelaron en protesta porque durante 72 horas no recibieron comida cuando estaban en altamar. En esa ocasión, Oceanografía culpó al mal clima, pero la verdad es que éstos, los propietarios de la empresa, tenían una deuda con sus proveedores, que “decidieron suspender la entrega de víveres para obligarla a pagar”, comentó uno de los empleados.
Otra de las empresas favoritas de Pemex, Protexa, también enfrentó hace seis años disturbios en una de sus embarcaciones, luego de que los trabajadores se rebelaron cuando estaban en altamar. Luchaban por crear un sindicato que les garantizara el pago de sus prestaciones.
Según recuerdan los inconformes, los dueños de la empresa llamaron en su auxilio a elementos de la Armada, ya que se trata de una jurisdicción federal. Los trabajadores trataron de impedir el descenso de dos helicópteros de la Marina, pero otros efectivos abordaron las naves, los sometieron a golpes y los esposaron. Dos de esos empleados aún están en la cárcel Cobe de Campeche bajo el cargo de motín.
A pesar de las quejas, esta empresa recibió recientemente (bajo la licitación 18575108-058-07) un contrato para que su barco El Tolteca, construido en 1955, realice trabajos de instalación, recuperación, adecuación y mantenimiento de las estructuras, equipos, líneas de proceso y servicios de apoyo a la operación en Pemex Exploración y Producción en el Golfo de México, por una renta diaria de 300 mil dólares.
Ejemplo de otro tipo de anomalía es la embarcación “chatarra” Orión, que utilizó la empresa Naval Mexicana y la cual se hundió en abril de 2006 en la Sonda de Campeche, con 900 mil litros de combustóleo que aún permanecen en el fondo del mar.
Inmovilismo burocrático
Además de Perforadora Central, las empresas contratadas por Pemex para la Sonda de Campeche son: Oceanografía, Protexa, Naval Mexicana, Cotemar, Marítima Mexicana, Naviera Integral, Consultoría y Servicios Petroleros, Duncan & Cossío, Náutica Salta Mar, Petronaval, Naviera Armamex, Halliburton de México, Dowell Schlumberger de México, Texas Oilfiel Produc & Services, Tide Water, Global Marine, Sodexho México, Goimar, Waterford de México, Servicios Integrales R y G. y Oilpachs Enterprice Internacional.
Para obtener un contrato de Pemex, cualquier empresa debe cumplir dos requisitos básicos: contar con el seguro y, previo a ello, cumplir con la certificación que marca el convenio de la Organización Marítima Internacional de la ONU, que fue suscrito por México.
De acuerdo con esta organización, la empresa que tiene más embarcaciones canceladas es Tide Water, debido a la falta de verificación oportuna. Por cierto, esta misma instancia internacional reporta en su página de internet que la plataforma Usumacinta entró en operación en 2003 y a cuatro meses de haber reportado su última verificación (25 de junio de 2007) sufrió uno de los mayores percances de la historia, que costó decenas de vidas.
Pese a los errores cometidos por los propietarios de esas empresas, las autoridades siguen otorgándoles contratos. Los funcionarios federales alegan que accidentes como el del martes 23 se deben a un problema climático. El director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, durante su visita a Campeche el jueves 25, aseguró incluso que “la tragedia no se pudo haber evitado”.
No obstante, el capitán y secretario general del sindicato de la Marina Mercante, Enrique Pacheco, explica que en cada operación de las empresas intervienen dos factores: el marítimo y el laboral. Los funcionarios encargados de que se cumplan las normas en ambos aspectos son los de Pemex, la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Pacheco Georges y la presidenta del grupo ambientalista Marea Azul, Lourdes Rodríguez Vadillo, sostienen que el accidente de la plataforma Usumacinta no se debió al clima. Así mismo, la comisión de legisladores que se conformó a raíz del hundimiento del Seba’an el jueves 11 debe solicitar a las empresas contratadas por Pemex los certificados expedidos por la Organización Marítima Internacional para cada una de sus embarcaciones.
El lunes 15 –ocho días antes del accidente de la plataforma Usumacinta– la comisión legislativa, integrada por el presidente de la comisión de Marina de la Cámara de Diputados, José Manuel del Río Virgen, los senadores Tomás del Toro del Villar y Sebastián Calderón Centeno, más el diputado Miguel Ángel Peyrot Solís, realizaron una visita a la Sonda de Campeche motivados por las denuncias contra la empresa Perforadora Central, que se vienen arrastrando desde 2004.
Ahí comprobaron las pésimas condiciones de seguridad y violaciones laborales que enfrentan los empleados de esas compañías. El capitán Pacheco, que acompañó a los legisladores, informó a las autoridades competentes sobre los riesgos que implica esa situación para los trabajadores. Nada impidió, sin embargo, la tragedia del martes 23.
Pacheco comentó que el viernes 26 tuvo otra reunión con los integrantes de la comisión legislativa y con funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, quienes sólo hicieron promesas de corregir los problemas que se conocen desde hace años.
Graduado en 1984 de la Escuela Naútica, con 23 años en la marina mercante y 12 en la organización sindical, el capitán asegura que desde hace tres sexenios, incluyendo el de Felipe Calderón, ha habido un “contubernio” entre las autoridades del sector energético y los dueños de las empresas.
Razón por la cual volvemos a preguntar: ¿para ESO quieren privatizar Pemex? Con razón salió Pemex a decir que los 21 muertos de la plataforma Usumacinta no fueron por culpa de las empresas PRIVADAS que la operan, sino por culpa "del clima." Sí, del clima de RAPIÑA, IMPUNIDAD y CORRUPCIÓN que hay en el PAN y que permite que esas chingaderas ocurran.
Una razón más para apoyar al peje en el 2007.
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