Por Eduardo Ibarra Aguirre
En plenos preparativos para los festejos del centenario de la Revolución mexicana, Javier Lozano Alarcón , experto en comunicaciones y más que torpe secretario del Trabajo, dicta cátedra al país desde Cananea, Sonora, sobre las formas con las que el gobierno del empleo y del estado de derecho pretende afrontar las movilizaciones y huelgas obreras, aplazar las reivindicaciones de los asalariados y defender los intereses de los monopolios y oligopolios.
Al ser declarada inexistente la huelga minera que comenzó el 30 de julio de 2007, por la sumisa Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y hacerla valer con el uso de la fuerza policíaca y --según diversas fuentes-- militar, Lozano Alarcón no reparó, seguramente más por razones ideológicas que por ignorancia, que del 31 de mayo al 3 de junio de 1906 allá se escribieron páginas de la historia obrera y de la revolución. Y que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se dispone a festejar con bombo y platillo.
Cinco meses y 11 días necesitó el titular de la STPS –autor también del protagónico anuncio de que procedería con una demanda judicial por calumnia frente al empresario asiático que lo exhibió como pistolero del Partido Acción Nacional: “Coopelas o cuello” – para que por medio de la JFCA declarara la inexistencia de la huelga por incumplimiento del “requisito del estallido oportuno”.
Los tardíos descubrimientos no logran ocultar que desde antes de la notificación de la autoridad laboral a los dirigentes sindicales, 800 agentes de la Policía Federal Preventiva , del Ejército –según el reportero Ulises Gutiérrez Ruelas y el laboralista Néstor del Buen Lozano -- y de los cuerpos policíacos del gobierno de José Eduardo Robinson Bours Castelo , se concentraron en la segunda mina de cobre más extensa e importante de la aldea global, después de la del Teniente , en Chile. Y a las 10 de la mañana del viernes 11 iniciaron el ataque con saldo de 40 heridos y cinco desaparecidos.
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