DEL PROCESO.

Purga en el Tribunal

jenaro villamil México, D.F., 14 de agosto (apro).-

Los métodos extraños del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para operar la salida de Flavio Galván Sosa y su relevo por María del Carmen Alanís, sólo han logrado agudizar la crisis de credibilidad que éste organismo heredó de su papel en el proceso electoral de 2006 y alentar la suspicacia en torno al organismo que se ha convertido en el verdadero árbitro de los comicios y de la vida interna de los partidos.

Nadie duda de la importancia que ha adquirido éste tribunal desde su creación, en 1996, y su transformación en los últimos años en una especie de megárbrito de la vida política, a raíz de los intentos fallidos por realizar reformas electorales que eviten la creciente judicialización de las contiendas.

Por esta razón resulta doblemente preocupante que, entre las herméticas paredes del edificio de la avenida Carlota Armero, un grupo de notables magistrados decida operar una especie de purga interna sin informarle a la opinión pública sobre los alcances de los cambios.

La lucha parece concentrarse más en posiciones de poder que en idílicos problemas de salud (como justificó Flavio Galván su salida), en salarios y prebendas (y vaya que los magistrados se despachan con la cuchara grande: 165 mil 659 pesos mensuales más prestaciones que cualquier funcionario público envidiaría) y no en aspectos sustantivos relacionados con las últimas contiendas (la guerra sucia en Baja California y el estado de excepción bajo el cual se realizaron los comicios en Oaxaca).

El término de purga no es exagerado. Tras la salida de Flavio Galván Sosa se encuentran no sólo indicios de tráfico de favores y posible corrupción que apunta hacia la excoordinadora de asesores de Galván, María Inés Aguilar, sino también a un cambio de orientación jurídico-política en la presidencia del tribunal. Algunos elementos son claves para explicar esta situación:

--María del Carmen Alanís, la nueva magistrada presidenta, prácticamente le ha apostado al olvido para que nadie cuestione su abrupta renuncia como secretaria ejecutiva del IFE, en vísperas del inicio del proceso electoral, en un gesto que tuvo mucho de berrinche y poco de sustancia. La hija del exprocuador Alanís Fuentes prácticamente ha evadido todas aquellas tronantes denuncias que hizo en su carta de despedida del IFE, con el cual deberá tener un trato cotidiano.

Su vínculo con el entorno panista no se reduce sólo a su amistad con Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, ni con Lía Limón, hija del exsecretario de Educación, Miguel Limón Rojas, y exesposa de Luis Carlos Ugalde, consejero-presidente del IFE.

Entre sus principales colaboradores se encuentra Enrique Figueroa Avila, su secretario de Estudio y Cuenta, quien antes trabajó en el tribunal electoral capitalino con el magistrado Rodolfo Terrazas Salgado, cercano en todas sus posiciones al PAN. Para mayor precisión, Terrazas Salgado es esposo de Odette Rivas, propuesta por Acción Nacional para ocupar su cargo de comisionada en el Consejo de la Información en el Distrito Federal durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Además de estas relaciones, quienes la conocen saben que María del Carmen Alanís fue siempre crítica de jurisprudencias que adoptó el tribunal, como la causal de nulidad abstracta que muchos reclamaron que se aplicara en el proceso electoral de 2006.

--En el lugar que ocupó María Inés Aguilar como coordinadora de asesores del magistrado presidente quedó Patricio Ballados, excoordinador del voto de los mexicanos en el extranjero. Ballados se vincula al entorno del especialista y exfuncionario Jorge Alcocer, así como al del
expresidente del IFE, José Woldenberg. Su papel en la promoción del voto de los mexicanos en el extranjero fue finalmente muy pobre, tanto por la falta de apoyos institucionales, como por las limitaciones propias de la reforma.

En todo caso, lo que se trasluce en estos enroques es una especie de transfusión política de una parte de los cuadros operativos del IFE hacia el tribunal electoral, en medio de la discusión de una reforma electoral que nuevamente encuentra resistencias en el entorno del calderonismo y entre los poderes fácticos que alientan la opacidad política.

La SCJN evitará acusar a funcionarios en sus investigaciones

jorge carrasco araizaga México, D.F., 14 de agosto (apro).-

Las investigaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre violaciones a los derechos humanos se limitarán a señalar a las autoridades involucradas, sin acusar a funcionarios en particular.

Además, esas autoridades tendrán derecho de audiencia, lo que en principio beneficiará al gobernador de Puebla, Mario Marín, el gober precioso, quien en una investigación previa de la Corte fue directamente mencionado en una “concertación de autoridades” para violar las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho.

Sin hacer ningún tipo de recomendación a alguna autoridad del Poder Ejecutivo o Legislativo en particular, la Corte se limitará a entregar los resultados de su investigación a las autoridades competentes.

Esas decisiones fueron tomadas por el pleno de ministros de la Corte, quienes en tres sesiones privadas, realizadas entre el jueves de la semana pasada y este martes, definieron las reglas que aplicarán en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 97 de la Constitución para realizar investigaciones en el caso de graves violaciones a las garantías individuales.

Al cabo de las discusiones, el ministro Sergio Valls Hernández, informó que el resto de las reglas serán dadas a conocer la próxima semana luego de que se redacten las modificaciones al proyecto de lineamientos que él mismo presentó junto con sus homólogos Mariano Azuela y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

Las reglas incluyen artículos transitorios para los casos de Puebla, Oaxaca y San Salvador Atenco que la Corte decidió investigar antes de que discutieran éstas.Leer más...